Amnistía Internacional España - Derechos Humanos

Artículos

• Reino Unido: Propuesta de nuevo examen para directores y propietarios en la Premier League, incorporando derechos humanos

  6 de agosto — Reino Unido, Arabia Saudí, Deportes, Empresas
  Amnistía Internacional (AI) ha pedido a la Premier League inglesa que actualice su examen para propietarios y directores, y ha enviado una propuesta de examen actualizado al director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters. Tras criticar el actual examen como un mecanismo “irremediablemente inútil” para la tarea de garantizar un escrutinio adecuado de los historiales de derechos humanos de quienes intentan comprar clubes ingleses de fútbol, Amnistía ha encargado un nuevo examen que tiene en cuenta los derechos humanos a los abogados corporativos David Chivers QC y Seamus Woods, de Erskine Chambers, junto con un detallado análisis jurídico. La Premier League ha apoyado recientemente las protestas de solidaridad de Black Lives Matter (La vida de las personas negras importa) organizadas por jugadores y clubes, mientras que Amnistía también ha alabado a los clubes —incluidos muchos de la Premier League— por el papel que han desempeñado en el proyecto Football Welcomes, que celebra la contribución de las personas refugiadas al deporte. El examen actual no tiene en cuenta los derechos humanos La intervención de AI tiene lugar mientras el intento, sumamente controvertido, de un consorcio de compradores —entre los que se encuentra el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí— de adquirir el Newcastle United Football Club ha situado el foco sobre los problemas de derechos humanos que rodean a la propiedad de clubes de la Premier League. El análisis jurídico de Amnistía muestra que el actual examen para propietarios y directores tiene numerosas deficiencias graves. Por ejemplo, el examen prohíbe que alguien que esté en un registro de delincuentes sexuales se convierta en propietario o director, pero no tiene una prohibición equivalente para quienes sean cómplices de actos de tortura, esclavitud, trata de personas o incluso crímenes de guerra. El análisis de AI —“Cambios propuestos en el examen de normas para propietarios y directores de la Premier League para abordar los derechos humanos internacionales y la discriminación”— señala que la expresión “derechos humanos” ni siquiera aparece en el texto del examen a pesar de que se supone que el fútbol inglés cumple las normas de la FIFA; el artículo 3 de los estatutos de la FIFA dice que el órgano internacional de fútbol “tiene el firme compromiso de respetar los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional”. Entre otras cosas, el nuevo examen de AI pide a la junta directiva de la Premier League que considere si un propietario o director potencial ha sido cómplice de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o ha incurrido en cualquier conducta que sea contraria a la política antidiscriminación de la Premier League. La Premier League debe actuar frente al lavado de imagen mediante el deporte En abril, Amnistía escribió a Richard Masters para exponerle su preocupación por la compra del Newcastle, y advirtió de que formaba parte de los esfuerzos de Arabia Saudí por “lavar”, mediante el deporte, su historial de derechos humanos, utilizando la inversión en deporte de alto nivel como herramienta de “cambio de imagen” para desviar la atención de los problemas de derechos humanos. Bajo el liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salman, en Arabia Saudí se ha llevado a cabo una campaña de represión, en la que se ha detenido, torturado y juzgado a personas que criticaban al gobierno o que defendían los derechos humanos, entre ellas personas destacadas dedicadas al activismo en favor de los derechos de las mujeres. En octubre de 2018, el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí de Estambul, en un homicidio que, según ha declarado la ONU, fue “supervisado, planeado y aprobado por autoridades de alto nivel” del Estado saudí. (Más información sobre la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí, aquí.) AI advirtió de que la Premier League amenazaba con “convertirse en el chivo expiatorio” de los esfuerzos de Arabia Saudí por lavar su imagen mediante el deporte, a menos que considerara exhaustivamente la situación de los derechos humanos en el país como parte de su escrutinio sobre el acuerdo respecto al Newcastle, un escrutinio que su actual examen para propietarios y directores no proporciona. Tras el fracaso, la semana pasada, del acuerdo saudí sobre el Newcastle, Amnistía declaró que el intento de compra había sido un “intento flagrante” de lavar la imagen de Arabia Saudí mediante el deporte, y que las autoridades saudíes trataban de “hacerse con la pasión, el prestigio y el orgullo del fútbol de Tyneside”. La nueva carta de AI a Richard Masters insta al director de la Premier League a prestar “atenta consideración” al examen mejorado propuesto, y ofrece celebrar una reunión entre la Premier League, Amnistía y David Chivers QC para debatir el asunto más a fondo. Kate Allen, directora de Amnistía Internacional Reino Unido, ha declarado: “La controversia en torno al acuerdo saudí sobre el Newcastle ha sido una importante llamada de atención: la Premier League debe poner urgentemente su casa en orden”. “El actual examen para propietarios y directores es irremediablemente inútil a la hora de cribar quién posee y dirige clubes ingleses de fútbol. Necesita una revisión a fondo.” “Ahora mismo, cualquiera que desee lavar su reputación mediante el deporte comprando un equipo de fútbol inglés puede hacerlo sabiendo que ni siquiera su implicación en crímenes de guerra o tortura lo impedirá.” “El examen para propietarios y directores sencillamente no se ha mantenido al paso de las tendencias modernas en cuanto a la posesión de equipos de fútbol internacionales, no hablemos ya de la práctica de las potencias extranjeras de comprar su participación en el deporte.” “El fútbol puede ser una fuerza real para el bien, como ha demostrado el excelente proyecto Football Welcomes, pero el fútbol de más alto nivel debe resolver este espinoso asunto de la propiedad.” Football Welcomes Football Welcomes es una iniciativa de Amnistía Internacional Reino Unido que celebra la contribución al deporte de jugadores procedentes de entornos de refugiados, al tiempo que destaca el papel que el fútbol y sus clubes desempeñan en la creación de comunidades que den la bienvenida a personas refugiadas y solicitantes de asilo. A lo largo del fin de semana de Football Welcomes en abril, clubes de todo el mundo organizaron partidos o torneos especiales, ofrecieron entradas gratuitas a partidos y organizaron giras por estadios y visitas a jugadores. En 2019 participaron casi 180 clubes, entre ellos más de la mitad de los de la Premier League. El fin de semana destaca también el trabajo que gran parte de la comunidad de clubes de fútbol confía en que se realice durante el año para dar la bienvenida a las personas refugiadas. Mediante el proyecto comunitario Football Welcomes, AI trabaja en estrecha colaboración con Leicester City in the Community, Aston Villa Foundation, Middlesbrough FC Foundation, Club Doncaster Foundation y Liverpool County FA/Liverpool FC para crear más comunidades que den la bienvenida a personas refugiadas y solicitantes de asilo.

• Ucrania: Cuatro años después, las víctimas de desaparición forzada siguen sin recibir justicia

  6 de agosto — Ucrania, Desaparición forzada
  Cuatro años después de que Amnistía Internacional y Human Rights Watch revelaran la práctica de la detención secreta de civiles por parte de los dos bandos del conflicto en el este de Ucrania, ninguna de las víctimas ha recibido justicia, verdad o reparación. En una declaración conjunta publicada hoy, las dos organizaciones han manifestado que no se ha procesado ni a una sola persona sospechosa de estar implicada en esta práctica. “Mientras las personas que estuvieron recluidas en las prisiones secretas del Servicio de Seguridad de Ucrania siguen aguardando la verdad, la justicia y la reparación, la agencia sigue negando hechos bien fundamentados y culpando a la ‘propaganda rusa’ de las denuncias a las que prefiere no enfrentarse”, ha manifestado Marie Struthers, directora de la Oficina Regional para Europa Oriental y Asia Central de Amnistía Internacional. “El Servicio de Seguridad de Ucrania tiene un nuevo director pero, por desgracia, mantiene su política de negación pública. Hasta que todas las personas sospechosas de ser penalmente responsables penal sean identificadas y llevadas ante la justicia en juicios justos, la impunidad constante significa que la población civil de las dos partes del conflicto seguirá expuesta a atroces violaciones de derechos humanos.” En abril de 2018, Amnistía Internacional recibió una carta del Servicio de Seguridad de Ucrania que decía que no tenía ninguna prisión secreta, pero dentro del mismo sobre había un recorte de un catálogo de muebles que mostraba un lujoso dormitorio. “El recorte no tenía ninguna relevancia para la carta, y ya pretendiera ser una broma o una pista sobre ciertas instalaciones de sueño que se negaban oficialmente, esta respuesta encarna la sensación de impunidad por violaciones graves de derechos humanos.” En el otro lado de la línea del conflicto, en los territorios bajo el control de grupos armados respaldados por Rusia, la situación se ha deteriorado. Las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional descritos hace cuatro años en el informe You Don’t Exist, continúan imparables en las denominadas “repúblicas populares” de Donetsk y Luhansk. Allí, las autoridades de facto siguen privando ilegalmente a civiles de su libertad mientras ocultan su suerte y su paradero durante semanas, y en ocasiones meses, y mientras someten a estas personas a violencia física y abusos psicológicos. “Los dos bandos del conflicto armado en el este de Ucrania deben tomar medidas para abordar las atroces violaciones de derechos humanos cometidas en los territorios bajo su control. La población de Ucrania no se merece nada que esté por debajo de la justicia total por estos abusos, lo que significa verdad y reparación para las víctimas, y procesamiento en procedimientos judiciales con las debidas garantías para los sospechosos de ser penalmente responsables”, ha manifestado Marie Struthers. Información complementaria Hace cuatro años, Amnistía Internacional y Human Rights Watch publicaron un informe conjunto: You Don’t Exist, que revelaba los crímenes de derecho internacional y los abusos y violaciones de derechos humanos —incluida la detención prolongada y arbitraria de civiles, y la tortura y otros malos tratos— cometidos tanto por las autoridades ucranianas como por grupos armados respaldados por Rusia. Para el 12 de diciembre de 2016, las autoridades ucranianas liberaron a todas las personas que se sabía que estaban presas y habían sido sometidas a desaparición forzada en instalaciones secretas del Servicio de Seguridad de Ucrania, pero no reconocieron ni su detención ni su liberación. Las autoridades de-facto en los territorios bajo el control de grupos armados siguen “deteniendo” a civiles y recluyéndolos sin revelar su suerte ni su paradero durante semanas, lo que constituye desaparición forzada; además, también los someten a tortura y otros malos tratos, sin proporcionarles recurso a la justicia o remedios legales.

• Prisiones afectadas por el coronavirus continúan llenas de defensores y defensoras de derechos humanos

  6 de agosto — India, Colombia, México, Azerbaiyán, Turquía, Irán, Coronavirus, Defensores y defensoras de derechos humanos
  Gobiernos a los que se alabó por dejar en libertad a personas presas en respuesta a los brotes de COVID-19 han excluido a los defensores y defensoras de los derechos humanos de las medidas y continúan practicando detenciones de activistas, periodistas y personas críticas, manifestó hoy Amnistía Internacional. En un nuevo informe, “Atreverse a defender los derechos humanos durante una pandemia”, en el que se documentan ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos cometidos durante la crisis de la COVID-19, la organización pone de manifiesto la hipocresía de los gobiernos que, como en el caso de Egipto, India, Irán y Turquía, han dejado a presos y presas de conciencia consumirse en condiciones atroces al mismo tiempo que publicitaban ampliamente los programas de excarcelación. “La COVID-19 ha sido un castigo añadido para los defensores y defensoras de los derechos humanos que están injustamente encarcelados, y también se ha utilizado como pretexto para cometer nuevos actos de hostigamiento, persecución e incluso homicidio”, afirmó Lisa Maracani, investigadora de Amnistía Internacional sobre defensores y defensoras de los derechos humanos. “La exclusión de los defensores y defensoras de los derechos humanos de las medidas de libertad subraya el carácter político de su encarcelamiento. En Turquía, por ejemplo, periodistas, profesionales de la abogacía, activistas y opositores políticos detenidos en espera de juicio por cargos infundados continúan entre rejas pese a las medidas del gobierno, en virtud de las cuales más de 100.000 personas quedaron en libertad en abril. Es evidente que el gobierno turco le teme a la crítica aún más que a la pandemia.” El nuevo informe documenta ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos perpetrados durante el periodo de la COVID-19 en 46 países, y muestra cómo la legislación sobre “noticias falsas”, las restricciones de la circulación, la menor protección policial y la mayor intolerancia a la crítica han dado lugar a una nueva oleada de represión en todo el mundo contra quienes han denunciado irregularidades en el sector sanitario y quienes han señalado respuestas inadecuadas a la pandemia. Amnistía Internacional ha identificado a 131 personas defensoras de los derechos humanos en todo el mundo que han sido víctima de hostigamiento, enjuiciamiento, homicidio o encarcelamiento bajo pretextos relacionados con la COVID-19, aunque es probable que esta cifra represente sólo la punta del iceberg. “En lugar de hacer sitio a los defensores y defensoras de los derechos humanos para que apoyen sus esfuerzos dirigidos a abordar la pandemia y a prepararse para una recuperación justa, los Estados están tomando medidas contraproducentes para silenciar a las personas consideradas opositoras”, manifestó Lisa Maracani. Exclusión de las medidas de libertad El 25 de marzo de 2020, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos instó a todos los Estados a poner en libertad “a todas las personas recluidas ilícitamente, entre ellas las presas y presos políticos y las que están detenidas por sus opiniones críticas y disidentes”, en respuesta a la pandemia de COVID-19. No obstante, varios países excluyeron a los defensores y defensoras de los derechos humanos de las medidas para descongestionar las prisiones y otros lugares de detención. En India, por ejemplo, muchos estudiantes y activistas que habían participado en protestas pacíficas contra la Ley de Ciudadanía, que es discriminatoria, continúan detenidas injustamente. En Egipto, el gobierno no puso en libertad a defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos únicamente por expresar su opinión, ni a miles de otros presos y presas preventivos, muchos de los cuales se enfrentan a cargos de “terrorismo” excesivamente imprecisos entre motivos de preocupación por el incumplimiento de las garantías procesales. En Turquía, las medidas de descongestión han excluido expresamente a las personas detenidas en espera de juicio y a las que se encuentran en prisión preventiva o han sido declaradas culpables en aplicación de la legislación antiterrorista turca, excesivamente general. Entre ellas hay activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, personas del mundo académico y otras personas que se han pronunciado en contra del gobierno.  En Irán, las autoridades anunciaron que habían puesto en libertad temporalmente a 85.000 personas presas, pero muchos defensores y defensoras de los derechos humanos continúan recluidos por cargos de motivación política en condiciones atroces. Entre ellos se encuentra Narges Mohammadi, defensora de los derechos humanos que padece graves problemas de salud preexistentes y presenta síntomas de enfermedad que parecen ser de COVID-19. Las autoridades continúan negando a Narges Mohammadi atención médica en prisión, y rechazan informarla de los resultados de una prueba de COVID-19 que se le realizó el 8 de julio. Durante la crisis, las autoridades iraníes también han seguido deteniendo arbitrariamente y encarcelando a personas que defienden los derechos humanos. En otros países en que el hacinamiento en las prisiones ya es grave, los gobiernos han seguido deteniendo a defensores y defensoras de los derechos humanos por cargos falsos, agravando el problema y poniendo en peligro a más personas. En Azerbaiyán, por ejemplo, el gobierno ha desatado una nueva oleada de detenciones y procesamientos judiciales contra decenas de activistas políticos, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, con frecuencia en respuesta a críticas con respecto a su gestión de la pandemia. Entre las personas detenidas se encuentra el activista de oposición Tofig Yagublu, acusado falsamente de vandalismo, y el defensor de los derechos humanos Elchin Mammad, detenido por cargos de robo días después de haber publicado un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. También se han denunciado nuevas detenciones de defensores y defensoras de los derechos humanos en Túnez, Marruecos, Níger, Zimbabue y Angola, entre otros países. “Ahora que una gran parte de Europa ha superado el pico de COVID-19, es vital que la comunidad internacional no dé la espalda a las situaciones terribles que se viven en países en los que el número de infectados está aumentando”, afirmó Lisa Maracani. “La cooperación internacional también debe presionar a los gobiernos para que dejen en libertad a las personas que están en prisión por el mero hecho de ejercer de forma pacífica sus derechos humanos y ahora corren grave peligro de contraer la COVID-19.” “Blanco fácil” Amnistía Internacional también advirtió de que las medidas de confinamiento que restringen la circulación han puesto en peligro a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, convirtiéndolos en blanco fácil de quienes quieren silenciarlos. En Colombia y México, por ejemplo, se han reducido las medidas de protección policial. En Honduras, el incidente reciente más grave es la posible desaparición forzada de cinco jóvenes, cuatro de los cuales son activistas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Unos hombres vestidos con uniforme policial se los llevaron el 18 de julio de sus hogares y desde entonces no se les ha visto. En Colombia, la organización de la sociedad civil INDEPAZ denunció 166 homicidios durante el primer semestre de 2020. Entre las víctimas se encuentra Carlota Isabel Salinas Pérez, activistas de los derechos de las mujeres a la que mataron a la puerta de su casa en marzo. Carlota era una lideresa comunitaria, y el día en que la mataron había estado colectando alimentos para familias necesitadas. “Ahora más que nunca, el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos es esencial para luchar por la igualdad en el acceso a atención médica, alimentos y alojamiento, e informar a la ciudadanía sobre el virus y las formas de protegerse. Los gobiernos que explotan esta crisis para atacar a quienes defienden los derechos humanos deben saber que se les está vigilando de cerca”, manifestó Lisa Maracani. “Es esencial que los gobiernos brinden protección efectiva a las personas que defienden los derechos humanos y garanticen su seguridad frente a quienes intentan utilizar la pandemia para silenciarlas.”

• Líbano: La explosión de Beirut debe ser investigada de forma independiente

  5 de agosto — Líbano
  En respuesta a la devastadora explosión ocurrida ayer en Beirut que mató a decenas de personas y dejó miles de heridos más, Julie Verhaar, Secretaria General en funciones de Amnistía Internacional, dijo: "Las horribles escenas posteriores a la explosión de ayer fueron devastadoras para un país que ya sufría bajo la presión de múltiples crisis. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias en este trágico momento. "Sea cual sea la causa de la explosión, incluida la posibilidad de que una gran cantidad de nitrato de amonio se almacenara de forma insegura, Amnistía Internacional pide que se establezca rápidamente un mecanismo internacional para investigar cómo pudo ocurrir algo así". "Amnistía Internacional también pide a la comunidad internacional que aumente urgentemente la ayuda humanitaria a Líbano en un momento en que el país ya estaba luchando contra la grave crisis económica, así como contra la pandemia de la COVID-19". Información de contexto Ayer (4 de agosto), una explosión en la zona portuaria de Beirut (Líbano), mató al menos a 100 personas y se estima que dejó 4.000 heridos más. El presidente del Líbano, Michael Aoun, ha dicho que la explosión fue causada por 2.750 toneladas de nitrato de amonio que se guardaban de forma insegura en un almacén. Hoy se ha declarado un período oficial de luto de tres días, ya que los equipos de rescate siguen buscando entre los escombros a los supervivientes. Amnistía Internacional cree que es necesario llevar a cabo una investigación internacional, libre de toda posible interferencia política nacional, para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

• Mujeres indígenas exigen mayor protección en la lucha de décadas por sus territorios en la Amazonía

  5 de agosto — Ecuador, Defensores y defensoras de derechos humanos, Derechos económicos, sociales y culturales, Empresas
  Las mujeres indígenas ecuatorianas de la selva amazónica piden mayor protección frente a las amenazas de muerte y los ataques mientras continúan su lucha en defensa de sus tierras ancestrales. El colectivo Mujeres Amazónicas lleva muchos años protestando contra el saqueo de sus tierras por empresas petroleras, mineras y madereras. Cuentan con el apoyo de Amnistía Internacional, que, según la activista ambiental Patricia Gualinga (una de las portavoces del colectivo), lleva años ayudando a llamar la atención del mundo sobre la campaña de estas mujeres. “Destruir la Amazonía es la destrucción del mundo” —dijo Gualinga a Amnistía Internacional en marzo—. “Si no se dan cuenta de eso, estamos perdidos.” Explotación de tierras del pueblo Sarayaku En 2002 y 2003, la petrolera argentina CGC irrumpió en el territorio del pueblo Sarayaku. Desplegó guardias de seguridad militares y privados, construyó carreteras y deforestó terreno, destruyendo árboles y plantas de gran valor ecológico, cultural y espiritual para la comunidad indígena. Además, como parte de sus operaciones de perforación, la empresa enterró 1.400 kilos de un explosivo llamado pentolita en territorio Sarayaku, poniendo en peligro la vida de sus habitantes y obligándolos a abandonar parte de sus tierras ancestrales. “Enterraron 50 cargas explosivas por la noche, y quienes lo hicieron sabían que era muy peligroso” —explica Gualinga—. “Yo me vi obligada a ser una defensora de derechos humanos porque las petroleras violentaban los derechos de mi pueblo Sarayaku.” En 2012, Amnistía Internacional ayudó al pueblo Sarayaku a denunciar al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber autorizado a CGC a colocar explosivos y perforar sus tierras ancestrales en busca de petróleo sin contar con el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad indígena, y por negarse a reparar los daños ocasionados y a proteger a estas personas frente a abusos en el futuro. Ganaron la causa, y fue un triunfo histórico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Ecuador por violar el derecho a la integridad física de los miembros de la comunidad Sarayaku y poner en grave peligro su derecho a la vida. El tribunal resolvió asimismo que el gobierno ecuatoriano era responsable de violar el derecho de la comunidad Sarayaku a ser consultada, así como su propiedad comunal y su identidad cultural. Sin embargo, a pesar de esta gran victoria, casi ocho años después las autoridades no han acatado la sentencia de la Corte. Los explosivos continúan enterrados en territorio Sarayaku y Patricia sigue sufriendo ataques y recibiendo amenazas de muerte. Gualinga afirma: “Los explosivos están aquí, y esto refleja lo que puede pasarles a otras comunidades si no perseveramos en la lucha. Debemos seguir presionando para que se cumpla todo lo que dispuso el tribunal. Porque sabemos que las empresas internacionales continuarán haciendo lo posible por ignorarnos, y no podemos dejar que lo hagan.” La unión hace la fuerza Gualinga piensa que, a través del movimiento de protesta de las mujeres, la unión hace la fuerza de las mujeres indígenas. “En 2018 amenazaron con matarnos” —cuenta de sus agresores, a quienes las autoridades ecuatorianas no han identificado y llevado ante la justicia—, “y a algunas de mis compañeras dirigentes les quemaron la casa hasta los cimientos. No fue una amenaza contra mi pueblo; fue una amenaza directa contra mí.” “Por definición, las mujeres corren mayor peligro que los hombres. Se las puede amenazar sexual y físicamente; para los hombres es diferente. Las mujeres nos unimos porque tenemos que hacerlo, porque sabemos que juntas somos más fuertes y estamos más protegidas en múltiples niveles.” “Al agruparnos, nos protegemos. Esa es la razón de ser de Mujeres Amazónicas: no estar solas para no ser tan vulnerables.” El 13 de noviembre de 2019, la comunidad Sarayaku presentó una demanda ante la Corte Constitucional del Ecuador para reclamar que las autoridades cumplieran lo dispuesto por la Corte Interamericana en 2012. Y en marzo de 2020, Mujeres Amazónicas organizó una marcha multitudinaria de mujeres indígenas por las calles de la capital, Quito, para entregar al gobierno ecuatoriano una solicitud de mayor protección. El 19 de junio de 2020, la Corte Constitucional del Ecuador admitió la demanda, pero podría tardar años en dictar sentencia. Desde marzo de 2020, la comunidad Sarayaku también se enfrenta a graves dificultades a causa de las inundaciones y, más recientemente, de la propagación de la COVID-19 entre sus habitantes, que se suman a las que ya atravesaba esta remota comunidad de la selva tropical. “Solamente piensan que los pueblos indígenas están luchando porque violentan nuestros derechos” —afirma Gualinga—, “pero estamos luchando por el bienestar de sus hijos, que tienen tanto derecho como nosotros a respirar aire limpio. Luchamos para defender su oxígeno, el futuro de su planeta. Luchamos por su bienestar.” Amnistía Internacional lleva muchos años apoyando a Mujeres Amazónicas y pide a las autoridades ecuatorianas que garanticen la protección efectiva de defensores y defensoras de los derechos humanos como Patricia, para que puedan hacer oír su voz en condiciones seguras y continuar su labor de defensa de los derechos humanos sin miedo a sufrir represalias. Gualinga afirma que el apoyo de Amnistía Internacional al movimiento de protesta ha sido fundamental, porque ha sacado a relucir los rostros de las mujeres que luchan para defender la naturaleza y los derechos humanos. “Hemos servido de inspiración a otras comunidades —asegura—, hemos permitido que mujeres marginadas alcen su voz y hemos obligado a petroleras a marcharse del país.” “Todo ello a costa de correr graves riesgos e invertir mucho tiempo y energía. Merece la pena. Porque el planeta aún existe; porque la naturaleza está de nuestra parte. Y que el mundo sepa que la Amazonía es rica en biodiversidad, en cultura y en vida.”

0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |...