Amnistía Internacional España - Derechos Humanos

Artículos

• Nepal: Libertad inmediata para activistas de derechos humanos

  27 de enero — Nepal, Defensores y defensoras de derechos humanos, Libertad de expresión
  Ante la detención de más de una decena de activistas, varios de ellos miembros y personal de Amnistía Internacional Nepal, como su director, Nirajan Thapaliya, y los expresidentes Charan Parsai y Rajan Kuikel, el director de Amnistía Internacional para Asia Meridional, Biraj Patnaik, ha manifestado: “Las autoridades nepalíes deben poner en libertad inmediata e incondicional a nuestro personal y a simpatizantes y otros activistas detenidos solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. “Estos y estas activistas tienen todo el derecho de protestar contra la decisión del Partido Comunista de Nepal, en el poder, de nombrar presidente del Parlamento Federal a Agni Sapkota, que está acusado de responsabilidad de delitos cometidos durante la década de conflicto interno que sufrió el país. Agni Sapkota debe ser sometido a una investigación independiente y efectiva, tal como ha ordenado el Tribunal Supremo de Nepal. Las autoridades nepalíes deben poner en libertad inmediata a nuestro personal y a otros activistas detenidos solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica Biraj Patnaik, Amnistía Internacional “Protestar pacíficamente no es un delito. En lugar de detener a nuestro personal y simpatizantes, las autoridades deberían dedicar su energía a investigar a personas acusadas de delitos graves y hacer que respondan ante la justicia en juicios justos”. Información complementaria El 25 de enero, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Human Rights Watch y TRIAL International emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que las recientes medidas adoptadas por el gobierno eran un grave revés para el proceso de justicia transicional de Nepal. Las cuatro organizaciones instaban asimismo al Partido Comunista de Nepal (NCP), en el poder, a que reconsiderara el nombramiento de Sapkota como presidente del Parlamento Federal hasta que se hubiera efectuado una investigación exhaustiva e independiente. El NCP nombró este mes a Agni Sapkota presidente de la Cámara Baja del Parlamento. Sapkota, parlamentario y miembro de la comisión permanente del partido, es una de las seis personas a las que la policía nepalí investiga por su presunta participación en el secuestro y muerte, en abril de 2005, de Arjun Lama, residente del distrito de Kavre. En marzo de 2008, el Tribunal Supremo ordenó a la policía que abriera un expediente contra Sapkota por el secuestro y homicidio de Lama y que llevara a cabo una investigación completa con arreglo a la legislación nepalí. La policía ha hecho caso omiso de la orden.

• Irak: Aumenta el número de muertes en las protestas al reanudar las fuerzas de seguridad la represión brutal

  23 de enero — Irak, Libertad de expresión, Uso excesivo de la fuerza
  Escalofriantes testimonios de testigos presenciales y el análisis de vídeos verificados por Amnistía Internacional confirman que las fuerzas de seguridad han reanudado su campaña de violencia mortal contra manifestantes en gran medida pacíficos en Bagdad y varias ciudades del sur de Irak. Así lo ha anunciado hoy la organización. La represión del reinicio de las protestas entre el 20 y el 22 de enero se ha cobrado al menos 10 víctimas mortales en Bagdad, Basora, Karbala y Diala, según la Alta Comisión de Derechos Humanos de Irak, y activistas de Basora informaron ayer de dos muertes más. Decenas de personas han resultado heridas o han sido detenidas y, en algunos casos, sometidas a tortura y otros malos tratos. El Programa de Respuesta a la Crisis de Amnistía Internacional ha verificado vídeos grabados en varios lugares críticos en los últimos días, que confirman que se está utilizando otra vez munición real contra manifestantes desarmados, así como el empleo, observado por primera vez desde noviembre, de mortíferas granadas de gas lacrimógeno de uso militar. “Estas preocupantes comprobaciones indican que las fuerzas de seguridad iraquíes han reanudado su campaña letal de represión contra manifestantes que no hacen más que ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Este último recrudecimiento de la violencia es una clara indicación de que las autoridades iraquíes no tienen intención alguna de poner verdaderamente fin a estas graves violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de investigación para Oriente Medio de Amnistía Internacional. “Se debe poner fin de inmediato al empleo de fuerza letal para silenciar la disidencia. Las autoridades han tenido meses para prescindir de la represión violenta. Las personas que participan en las protestas tienen derecho a esperar que las fuerzas de seguridad las protejan, no que las maten y mutilen arbitrariamente. Se debe poner fin sin demora a esta espiral atroz de homicidios deliberados, tortura y represión Lynn Maalouf, Amnistía Internacional Uso de munición real Dos jóvenes entrevistados por Amnistía Internacional han descrito escalofriantes escenas que se produjeron el 21 de enero en el paso elevado de la autopista de Mohammed al Qasim de Bagdad, unos 1,2 kilómetros al noreste de la plaza de Tahrir, punto de convergencia de las protestas desde octubre. Uno de ellos ha contado así lo ocurrido al intervenir las fuerzas de seguridad: “[Tres manifestantes] murieron porque les dispararon en la cabeza. Algunos manifestantes estaban en la autopista, y había enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad utilizaron munición real contra los manifestantes para alejarlos de la autopista, y en algunos casos los agarraron por los brazos y los arrojaron por el paso elevado, que está a unos cinco o siete metros del suelo.” El Programa de Respuesta a la Crisis de Amnistía Internacional ha geolocalizado y verificado múltiples vídeos que muestran parte de lo ocurrido en el paso elevado de la autopista el 21 de enero. En uno de ellos se ven claramente múltiples vehículos con el logotipo de una unidad de élite de armas tácticas y especiales que depende del primer ministro. Uso de gas lacrimógeno para matar, no para dispersar En varios vídeos del paso elevado de la autopista Mohammed al Qasim del 21 de enero se ve a hombres uniformados y con la cara cubierta que lanzan granadas de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza de los manifestantes a corta distancia. Amnistía Internacional ha documentado ya cómo esta táctica –el empleo de gas lacrimógeno y granadas de humo de uso militar fabricadas en Irán y Serbia– mató a decenas de manifestantes en octubre y noviembre. Resulta preocupante que, en un vídeo grabado por un fotógrafo iraquí, uno de los tiradores parezca estar haciendo una especie de danza triunfal tras disparar contra los manifestantes que hay debajo. Una persona que participó en esa protesta del 21 de enero ha contado: “Vi a uno de los antidisturbios disparar un bote de gas lacrimógeno contra la cara de un muchacho. Era un crío. Estaba a soló uno o dos metros cuando [el antidisturbios] le disparó en la cara. Fue tremendo. Como una ejecución. Fue un caos instantáneo. Pensé que seguramente había muerto, pero sobrevivió, aunque su estado es crítico. Ayer murió otro muchacho al recibir el impacto de un bote en la cabeza, pero yo no lo vi.” Múltiples vídeos muy gráficos publicados en las redes sociales muestran el momento en que se sube a las víctimas de estos ataques en vehículos de tipo tuk-tuk para sacarlas del lugar. Según los vídeos y los testimonios de testigos presenciales, una paramédica que estaba ayudando a manifestantes heridos fue detenida por las fuerzas de seguridad, que la retuvieron hasta el día siguiente. Incursión armada en un barrio residencial Tras los sucesos violentos ocurridos en el centro de Bagdad del 21 de enero, una persona que fue testigo presencial ha dicho a Amnistía Internacional que, esa noche, miembros armados de la Guardia Presidencial persiguieron a manifestantes por la calles de Al Dora, barrio residencial y comercial situado varios kilómetros al sur del centro. Un joven que ha participado en las protestas celebradas allí desde octubre ha contado a Amnistía Internacional: “Las fuerzas presidenciales del principal puesto de control que había allí recibieron refuerzos. Un camión lleno [...] Eran todos hombres armados, que comenzaron a disparar al aire y a perseguir a la gente. Golpeaban a la gente y se la llevaban. A muchachos muy jóvenes. Echamos a correr por la calle Al Tuma. Había cafeterías y un gimnasio, y la gente empezó a meterse corriendo en las tiendas. La sacaban de las tiendas y se la llevaban. También se llevaban a cualquiera de la tienda que intentara ayudar a los manifestantes. Comenzaron a quitar el teléfono a la gente que estaba grabando y se llevaban a todo el que se negaba a dárselo. La organización ha verificado imágenes de Al Dora que corroboran que las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra manifestantes que huían el 21 de enero después de anochecer. Represión sangrienta en Basora  Activistas de Basora han descrito cómo las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente las protestas el 21 y el 22 de enero por medios como propinar brutales palizas y disparar munición real. Una persona, activista, que prestó primeros auxilios a manifestantes ha contado: “Las fuerzas de seguridad estaban utilizando los medios más duros y más sucios contra los manifestantes, y las palizas duraban mucho, hasta que [a los manifestantes] se les rompía la ropa y [algunos] perdían el conocimiento, y luego los ponían en la parte trasera de los vehículos de las Fuerzas de Choque [fuerzas de seguridad de Basora, dependientes del Ministerio del Interior].” La organización ha visto indicios fotográficos de graves heridas en la espalda de una persona participante en las protestas, que coinciden con palizas que podrían constituir tortura. Ayer apareció en la redes sociales un vídeo, grabado aparentemente cerca de la Dirección de la Policía de Al Maqal, en el que se oía gritar a personas detenidas. Un manifestante de Basora ha explicado así a Amnistía Internacional cómo la represión violenta se ha intensificado en los últimos días a medida que han llegado diversas fuerzas de seguridad distintas para dispersar las protestas: “Estaban tratando de dispersar las protestas, incluso intentaban dispersar cualquier tipo de reunión con fuerza excesiva. Vi muchas veces a las fuerzas de seguridad arrastrar a la gente por el suelo y golpearla. Algunas personas eran menores de edad, de 14 o 15 años como mucho. Cuando los manifestantes golpeados volvían a la zona principal de las protestas tenían marcas de porra y de palos en el cuerpo.” También ha descrito la intensa violencia ejercida por las fuerzas de seguridad el 21 al 22 de enero por la noche con diversas armas letales y “menos letales”: “Durante las dos últimas noches ha sido igual: las fuerzas de seguridad llegan entre las once o las doce de la noche, cuando hay menos manifestantes, y empiezan a disparar. Es como si vinieran sólo a matarnos.” Amnistía Internacional ha verificado vídeos que muestran a las fuerzas de seguridad disparando munición real en Basora y a una persona aparentemente herida a la que llevan por la calle Dinar el 21 de enero. “Se debe poner fin sin demora a esta espiral atroz de homicidios deliberados, tortura y represión”, ha afirmado Lynn Maalouf. “En los últimos cuatro meses, miles de personas han sido víctimas de homicidio ilegítimo, resultado heridas o detenidas arbitrariamente en Irak. Las autoridades iraquíes deben proceder con urgencia a poner freno a las fuerzas de seguridad, retirar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos e iniciar investigaciones exhaustivas e independientes para garantizar que se rinde cuentas y se proporciona reparación a las víctimas y sus familias. El mundo está observando y no espera menos.”

• Myanmar: Un tribunal mundial ordena a Myanmar que proteja a la población rohingya

  23 de enero — Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Gambia, Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, Discriminación, Homicidios indiscriminados, Jurisdicción Universal, Mujeres, Menores, Organismos internacionales, Refugio
  En respuesta a la sentencia dictada hoy por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordena a Myanmar que adopte “medidas provisionales” para prevenir actos de genocidio contra la comunidad rohingya, Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional, ha declarado: “La decisión de hoy transmite un mensaje a los altos mandos de Myanmar: el mundo no tolerará sus atrocidades, y no aceptará ciegamente su retórica vacía sobre la sobre la realidad actual del estado de Rajine. Se calcula que a 600.000 rohingyas que permanecen en ese estado se les niegan de forma habitual y sistemática sus derechos más fundamentales. Estas personas corren un riesgo real de sufrir nuevas atrocidades”. “Myanmar debe cumplir la resolución de la CIJ y tomar medidas inmediatas para poner fin a las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo contra la comunidad y para impedir la destrucción de pruebas.” “La decisión se ha anunciado tan sólo unos días después de que Myanmar publicara un informe resumido de las conclusiones de la ‘Comisión Independiente de Investigación’ establecida por el gobierno. La Comisión no fue ni independiente ni imparcial, y no puede considerarse un esfuerzo creíble para investigar estos crímenes contra la población rohingya. Mientras tanto, no se ha realizado ningún esfuerzo por investigar las graves y amplias violaciones de derechos humanos cometidas contra otras minorías étnicas o en otros puntos del país.” “Hasta que todas las personas responsables de violaciones graves de derechos humanos —incluidas las que tienen responsabilidad de mando— rindan cuentas de sus actos, estos atroces crímenes seguirán imperando. El Consejo de seguridad de la ONU debe remitir urgentemente la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional.” Información general El 11 de noviembre de 2019, Gambia presentó una causa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que acusaba a Myanmar de incumplir sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre el Genocidio, de 1948. La denuncia incluía una petición urgente para que la Corte ordene “medidas provisionales” destinadas a prevenir todos los actos que puedan constituir delito de genocidio contra la población rohingya o contribuir a él, y proteger a la comunidad frente a nuevos daños mientras se juzga el caso. Las vistas públicas sobre las medidas provisionales se celebraron en La Haya del 10 al 20 de diciembre de 2019. La delegación de Myanmar, encabezada por la consejera de Estado y lideresa de facto Aung San Suu Kyi, rechazó las acusaciones de genocidio e instó al tribunal a rechazar el caso y denegar las medidas provisionales. El lunes 20 de enero de 2020, la Comisión Independiente de Investigación establecida por el gobierno de Myanmar presentó su informe final al presidente de Myanmar. La Comisión concluyó que, aunque las fuerzas de seguridad de Myanmar podían haber sido responsables de crímenes de guerra y “uso desproporcionado de la fuerza”, no había indicios de intención genocida. El informe completo aún no se ha hecho público.

• Líbano: Tras un fin de semana de violencia, el gobierno debe poner freno a las fuerzas de seguridad

  23 de enero — Líbano, Libertad de expresión, Uso excesivo de la fuerza
  Amnistía Internacional ha declarado hoy que el uso ilegítimo por las Fuerzas de Seguridad Interna (ISF) de balas de goma causó heridas a cientos de manifestantes, algunos de los cuales sufrieron lesiones graves, en uno de los fines de semana más violentos desde que comenzaron las protestas en Líbano. Ante la probabilidad de que continúen las protestas en las próximas semanas, el recién formado gobierno de Líbano debe dar prioridad, con carácter urgente, a poner freno a las fuerzas de seguridad e investigar el uso ilegítimo y excesivo de la fuerza, las palizas, las amenazas de violación y las detenciones arbitrarias de manifestantes para evitar que se repitan. Amnistía Internacional entrevistó a 13 testigos presenciales, dos profesionales de la medicina entre ellos, y analizó decenas de imágenes y vídeos que corroboraban los testimonios y las conclusiones, además de estudiar las declaraciones oficiales relacionadas con estos sucesos. Los datos recabados muestran que la policía antidisturbios de las ISF usó balas de goma a corta distancia, además de un cañón de agua, gas lacrimógeno y golpes con porras cuando trataban de dispersar a quienes se manifestaban en Beirut el sábado y el domingo. La policía detuvo arbitrariamente a decenas de manifestantes y al menos dos mujeres confirmaron a Amnistía Internacional que agentes de policía las habían amenazado con violarlas. La Cruz Roja libanesa anunció que al menos 409 manifestantes habían resultado heridos durante las dos noches, cuando la policía antidisturbios se enfrentó a quienes protestaban. “El grado de violencia policial documentado el sábado y el domingo no tenía precedentes e indicaba una clara intensificación por parte de las autoridades. Durante las dos noches más violentas desde que comenzaron las protestas en Líbano hace casi cien días, las fuerzas de seguridad apuntaron con balas de goma a la parte superior del cuerpo de quienes se manifestaban y lanzaron gas lacrimógeno y usaron un cañón de agua a corta distancia, todo lo cual causa lesiones concretas a las personas”, afirmó Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “El nuevo titular del Ministerio del Interior debe poner freno inmediatamente a las ISF y ordenarles que cumplan las normas internacionales y respeten el derecho de reunión. Los actos de violencia cometidos por una minoría de manifestantes no justifican una dispersión violenta, sino que deberían haber sido abordados de forma selectiva. Las autoridades judiciales tienen ahora un papel crucial a la hora de investigar los sucesos del fin de semana y proporcionar un resarcimiento a las víctimas, así como de transmitir con firmeza que no se tolerará esta violencia”. Durante el fin de semana, el director general de las ISF, Emad Othman, y la entonces ministra del Interior provisional Raya Haffar al Hassan afirmaron que el uso de la fuerza había sido en respuesta a actos de “violencia y vandalismo que manifestantes no pacíficos” estaban cometiendo contra miembros de las ISF y bienes públicos y particulares. Según su versión, la noche del 18 de enero, debido a estos actos, habían resultado heridos 142 soldados, siete agentes y tres heridos graves entre ellos. Durante las protestas del sábado, la ministra Al Hassan hizo una declaración pidiendo a los “manifestantes pacíficos” que salieran de la plaza donde se celebraba la protesta para “no ser heridos”. Según testigos presenciales y vídeos publicados en Internet, algunas decenas de manifestantes lanzaron a la policía antidisturbios piedras, petardos, señales de tráfico y plantas que había en la calle con el fin de pasar al otro lado de las barricadas y acercarse más al Parlamento. Sin embargo, como ha aclarado el relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el hecho de que una minoría de manifestantes cometa actos de violencia a título individual no convierte toda una protesta en un acto no pacífico ni justifica su dispersión forzosa. El 18 de enero, la Cruz Roja libanesa prestó atención médica a 140 manifestantes en el terreno e informó de que se había trasladado al hospital a otros 169 con lesiones como asfixia, heridas graves y extremidades rotas. Al día siguiente, la entidad informó de otras 100 personas heridas. Este alarmante grado de violencia de las fuerzas de seguridad debe detenerse de inmediato y los responsables deben responder de sus actos sin demora Heba Morayef, Amnistía Internacional Uso ilegítimo de balas de goma Las fotos, vídeos, testimonios e historiales médicos que ha analizado Amnistía mostraban que la policía antidisturbios había disparado a menudo directamente a la multitud a la altura del pecho y que muchas de las heridas de los manifestantes estaban en la parte superior del cuerpo, concretamente en ojos, cuello, pecho, brazo y estómago. En algunos casos, la policía disparó a los manifestantes a corta distancia, lo que indica que disparaban para herir. Según las normas y directrices internacionales sobre el uso de la fuerza, las balas de goma sólo pueden emplearse como medio selectivo para parar a personas que están cometiendo actos violentos contra otras personas porque pueden causar lesiones graves. Además, a fin de reducir al mínimo las heridas, como norma general, sólo pueden dirigirse a la parte inferior del cuerpo y nunca han de usarse como medio general para dispersar una multitud. Michel Razzouk, de 47 años, dijo a Amnistía Internacional que, la noche del 18 de enero, le habían disparado a corta distancia y que luego un grupo de policías antidisturbios empezó a pegarle. “Sentí que me había impactado algo que me dejó sin respiración. Sentí como que me caía encima un peso enorme y no sabía qué me estaba pasando. Un tipo me había disparado directamente al estómago; estaba a unos cuatro o cinco metros. No estoy seguro de que los demás policías se dieran cuenta siquiera de que me había disparado, y empezaron a pegarme. Me sentía paralizado y no podía moverme; fue entonces cuando me di cuenta de que me pasaba algo. Me decían: ‘de pie, de pie’, pero no podía levantarme. Me pegaron durante unos 15 minutos hasta que se dieron cuenta de que algo pasaba”. Mientras estaba inmovilizado en el suelo con la herida, un agente ordenó que lo detuvieran y se lo llevaran. Pero entonces intervino un equipo de protección civil que finalmente logró llevar a Michel al hospital. Amnistía Internacional obtuvo imágenes de la extracción de la bala de goma del estómago de Michel con el cartucho intacto, lo que indica que había sido disparada a corta distancia. Otro manifestante, Jean George Prince, fue herido por una bala de goma el 18 de enero. Dijo a Amnistía Internacional que estaba protestando pacíficamente, cerca del hotel Le Grey, cuando una bala de goma le alcanzó en la cara. Sufrió una laceración completa del labio inferior y fue sometido a cirugía reconstructiva. “Éramos manifestantes pacíficos, estábamos en una fila delante de la policía antidisturbios. No estábamos yendo hacia ellos. Estaban a sólo cuatro o cinco metros [...] Vi a uno de ellos disparando y apuntando directamente a la gente. Vi a un tipo que recibió un disparo a mi lado. Luego recibí un disparo en la cara que me tiró de espaldas [...] Nos hirieron a tres [...] Yo tengo más de 50 puntos de sutura dentro y fuera de la boca y en la barbilla después de cuatro horas de cirugía”, dijo a la organización. Una manifestante que no quiso que se hiciera público su nombre contó a Amnistía Internacional que participaba en las protestas el 19 de enero, cerca de la plaza de Nejmeh, cuando vio a un miembro de la policía antidisturbios apuntándole directamente a corta distancia. Cuando trató de huir, una bala de goma le desgarró una oreja. “Estaba allí, de pie. No había nadie a mi lado. No había otros manifestantes realizando actos violentos ni había ningún peligro inmediato. Lo vi [al soldado] salir de detrás de un muro. Me miró a los ojos y me apuntó con su arma [...] Una bala de goma pasó justo junto a mi oreja izquierda. Me desgarró la oreja y no podía oír [...] También tenía hinchado el lado izquierdo de la cara. En el servicio de urgencias, y cuando me estaban cosiendo la oreja, dos miembros de las ISF entraron en la habitación preguntándome mi nombre. No se lo di [...] Estaban apuntando los nombres de todos los manifestantes heridos que habían ingresado en el AUH [Hospital de la Universidad Estadounidense].” Amnistía Internacional entrevistó también a tres testigos presenciales que informaron de la que policía antidisturbios les había disparado directamente balas de goma el sábado por la noche, cuando corrían hacia la calle Gemmayzeh para huir de la zona. Un cirujano [que ha pedido que no se revele su nombre] que intervino en varias operaciones en el hospital de Hotel Dieu explicó que habían tratado cuatro casos de heridas de bala de goma en la cabeza, una de cuyas víctimas perdió la vista de forma permanentemente. Detenciones, palizas y amenazas de violación El Comité de Abogados Defensores de Manifestantes confirmó que la noche del 18 de enero, las fuerzas de seguridad habían detenido al menos a 43 manifestantes y los había trasladado a la comisaría de El Helou. Once fueron puestos en libertad esa misma noche y el resto, a la mañana siguiente. Las ISF se quedaron con sus teléfonos móviles, alegando que se había dictado una orden judicial a tal fin. El Comité de Abogados dijo en sus redes sociales que las personas que protestaban habían sido golpeadas durante la detención, durante el traslado a la comisaría y dentro de la comisaría de El Helou. Según informes, la policía las pegó con manos y porras, las insultó y las amenazó con violencia física y sexual. Un vídeo difundido ampliamente en las redes sociales muestra a la policía golpeando a los manifestantes a medida que salían de los vehículos de las ISF, dentro de la comisaría de policía de El Helou. El director de las ISF prometió abrir una investigación sobre este incidente concreto. Amnistía Internacional habló con una manifestante [que ha pedido que no se revele su nombre] que presenció la detención arbitraria de un amigo suyo el sábado por la noche en la calle Pasteur de Beirut. Cuando preguntó a los policías a dónde se lo llevaban, la insultaron y la amenazaron con detenerla y violarla. Shatha Hassanieh, detenida el sábado por la noche, contó a Amnistía Internacional que estaba en Saifi, en el centro de Beirut, cuando la policía antidisturbios la detuvo sin cargos hacia las 8.30 de la noche; la pusieron en libertad unas horas después, a las 12.30 de la madrugada. Shatha explicó: “Cuando iba andando con el agente, se me acercaron otros de una forma agresiva para asustarme y me amenazaron con pegarme. Uno de ellos dijo: ‘van a violarte dentro’. Cuando llegamos al vehículo, los vi pegando a varios manifestantes detenidos”. Añadió: “En la comisaría de Helou, los vi pegar a cada manifestante detenido que salía del vehículo. Me tuvieron en una sala aparte durante media hora. No podía ver a los demás detenidos, pero les oía gritar”. “Este alarmante grado de violencia de las fuerzas de seguridad, sobre todo de la policía antidisturbios, debe detenerse de inmediato mediante una orden clara y transparente, y los responsables de esta constante de violencia deben responder de sus actos sin demora y de un modo que garantice un resarcimiento efectivo a las víctimas. En ausencia de una investigación rápida, exhaustiva, independiente, transparente e imparcial sobre las violaciones de derechos perpetradas el pasado fin de semana, lo que hemos visto seguirá ocurriendo y exacerbando una situación política ya inestable”, concluyó Heba Morayef. El 21 de enero de 2020, Marta Hurtado, portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos expresó preocupación por el aumento en los últimos días del número de enfrentamientos violentos en Líbano y pidió a las autoridades que llevaran a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente, transparente e imparcial sobre las denuncias de violencia policial.

• Agenda de derechos humanos para la Ministra de Asuntos Exteriores española en su visita a Marruecos

  22 de enero — España, Marruecos y el Sáhara Occidental, Inmigración, Defensores y defensoras de derechos humanos, Libertad de expresión, Mujeres, Orientación sexual e Identidad de género
  Ante el inminente viaje de la Ministra de Asuntos Exteriores,  Arancha González Laya, el próximo viernes 24 de enero a Marruecos, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al gobierno español para presentarle las principales preocupaciones y recomendaciones de la organización sobre la situación de derechos humanos en Marruecos. “El reino de Marruecos viola los derechos humanos, sobre todo en lo que respecta a libertad de expresión, derechos de las mujeres y personas LGBTI, y derechos de las personas migrantes y refugiadas”, asegura Olatz Cacho, responsable del trabajo sobre Marruecos de Amnistía Internacional en España. Libertad de expresión Las autoridades marroquíes hostigan a periodistas, blogueros, artistas y activistas por expresar sus puntos de vista pacíficamente. Durante 2019 se condenó al menos a cinco a penas de prisión por "insultar" a funcionarios públicos. Las autoridades marroquíes también limitaron los derechos a la libertad de asociación y reunión al evitar que algunos grupos críticos con las autoridades puedan operar, y usaron fuerza innecesaria o excesiva para dispersar manifestaciones en Marruecos y el Sáhara Occidental. A 43 personas se les confirmaron sus condenas a hasta 20 años de prisión en relación con protestas de justicia social en 2017 en la región del norte del Rif en un juicio manifiestamente injusto. Amnistía Internacional pide a la Ministra de Asuntos Exteriores que intercedan ante las autoridades marroquíes para promover activamente el respeto al ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica, especialmente en relación al Sáhara Occidental y al Rif. Esto incluye revocar las leyes que penalizan actividades relacionadas con el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión; no hacer uso excesivo de la fuerza en el control de manifestaciones; permitir la inscripción de las organizaciones independientes en el registro oficial, y poner fin a la intimidación de activistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, y a su procesamiento por cargos de aparente motivación política. 

 Situación de las mujeres Las mujeres se enfrentan a discriminación y violencia sexual en Marruecos. Aunque se aprobó una ley para la prevención de la violencia contra las mujeres en 2018, los mecanismos para su implementación siguen siendo débiles. Según una encuesta nacional sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres realizada entre enero y marzo de 2019, más de la mitad de las mujeres marroquíes habían sufrido violencia, pero solo el 6.6% de las supervivientes habían presentado denuncias ante las autoridades por falta de confianza en la capacidad de las mismas para llevar a cabo una investigación adecuada y llevar ante la justicia a los responsables. El aborto está penalizado en todas las circunstancias, a menos que la salud de la mujer embarazada esté en riesgo y su cónyuge acepte el procedimiento, lo que restringe la toma de decisiones autónoma de las mujeres. En todos los demás casos, las mujeres que buscan o se someten a un aborto así como cualquier profesional de la salud involucrado se arriesgan a ser encarcelados y sancionados. La organización solicita al gobierno español que en sus reuniones con las autoridades marroquíes apoye la despenalización urgente del aborto y pida la derogación de todas las demás leyes que discriminan a las mujeres. LGBTI La policía hostiga a las personas LGBTI debido a su orientación sexual o identidad de género. Las personas que sufren ataques homofóbicos y transfóbicos no presentan denuncias debido al riesgo de arresto bajo el Artículo 489 del Código Penal. Las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo son un delito punible con hasta tres años de prisión en virtud de este artículo. Las autoridades españolas deben trabajar reformar este artículo con el objetivo de que se respeten los derechos de las personas LGBTI y no sufran más discriminación ni persecución en Marruecos. Derechos de las personas refugiadas y migrantes: Acuerdo España Marruecos La cooperación entre España y Marruecos en materia de control fronterizo y migratorio y la expulsión ilegal de migrantes de terceros países desde Ceuta y Melilla a Marruecos plantean serias preocupaciones a raíz de reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes contra migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Desde el año 2005, cuando se intensificó esta colaboración entre ambos países, Amnistía Internacional no ha cesado de documentar casos de graves violaciones de derechos humanos cometidos en la frontera que no han sido investigados adecuadamente. La organización celebra la decisión de la retirada de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla adoptada por el Ministro del Interior, aunque considera que también habría que eliminar la concertina que está en el lado marroquí por presentar la misma peligrosidad. Por otro lado, Amnistía Internacional expresó su máxima preocupación por la introducción en la Ley de Extranjería española de la figura del "rechazo en frontera" únicamente aplicable en las ciudades de Ceuta y Melilla, a través de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, en un intento de amparar las expulsiones en caliente en el perímetro fronterizo de ambas ciudades. Amnistía Internacional también tiene preocupación por las expulsiones sumarias que se están realizando a través de la frontera, sin cumplir con todas las garantías previstas en la normativa española y en las normas internacionales. La organización pide que se revise la cooperación con Marruecos mientras no se garantice que las políticas de Marruecos de control migratorio tienen como prioridad el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.

0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |...