Amnistía Internacional España - Derechos Humanos

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• Camboya: Las amenazas del primer ministro a las usuarias de Facebook son irresponsables y peligrosas

  19 de febrero — Camboya, Discriminación, Mujeres
  En respuesta a los comentarios que hizo el lunes el primer ministro Hun Sen en un discurso, así como al hecho de que la policía haya publicado hoy la “confesión”, obtenida aparentemente con coacción, de una mujer, el director regional de Amnistía Internacional, Nicholas Bequelin, ha declarado: “La afirmación de Hun Sen de que la culpa de la violencia sexual y la trata de personas la tienen las mujeres por la elección de su forma de vestir en Facebook es un despreciable y peligroso ejemplo de culpabilización de las víctimas. Este discurso no hace más que perpetuar la violencia contra las mujeres y estigmatizar a las supervivientes de violencia de género. “La orden del primer ministro de rastrear y ‘educar’ a las mujeres representa una amenazadora aplicación del aparato de vigilancia del Estado para promover una agenda discriminatoria y patriarcal. Facebook debe negarse a atender toda solicitud discriminatoria que reciba de las autoridades camboyanas para bloquear perfiles de mujeres. “Que la policía imparta ‘educación’ moral a mujeres con coacción es intrínsecamente arbitrario. Ninguna de esas mujeres ha sido acusada de infringir la ley; la policía parece actuar si más motivos que satisfacer los caprichos personales de Hun Sen. “Estos hechos ponen de relieve el lamentable estado de la libertad de expresión en Camboya. En los últimos años, las autoridades camboyanas han utilizado cada vez más la vigilancia en Internet como arma para atacar a defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la oposición sin más razón que sus comunicaciones y publicaciones en Facebook.” INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Durante un discurso que pronunció ante el Consejo Nacional de la Mujer camboyano 17 de febrero de 2020, el primer ministro de Camboya, Hun Sen, ordenó a las autoridades tomar de inmediato medidas contra las mujeres que lleven ropa presuntamente “insinuante” al vender productos en canales en directo de Facebook Live. Según informes, un representante del Ministerio de Publicaciones y Telecomunicaciones ha respondido a ello indicando que éste pedirá a Facebook que bloquee los perfiles de mujeres que se parezcan valerse de estas prácticas. Hun Sen manifestó que las mujeres están menoscabando los valores culturales de Camboya y que tal conducta es la culpable de la violencia sexual. El primer ministro ordenó además a las autoridades públicas que localicen a esas mujeres y las “eduquen”, dando a entender que tienen atribuciones para rastrearlas basándose en sus actividad en Internet. El 19 de febrero, la Jefatura de la Policía Municipal de Phnom Penh publicó en Facebook un vídeo en el que se afirmaba que una mujer llamada Thai Sreyneang había sido “llevada” para su “educación” a la comisaría de policía de Tuol Kork, en Phnom Penh, donde firmó un documento por el que accedía a dejar de llevar ropa “insinuante” en Facebook. En el vídeo se ve a Thai Sreyneang disculparse por llevar ropa “que deshonra las tradiciones jemeres” y “afecta al honor de las mujeres camboyanas”. En el reciente informe del Comité de la ONU para La eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre Camboya se destaca la elevada concentración de mujeres que hay en el sector camboyano del trabajo informal debido a la desigualdad de género y se expresa preocupación por la existencia de dañinas normas sociales que justifican la violencia de género contra las mujeres y las niñas y culpan a las víctimas, en vez de a los perpetradores, y por la elevada prevalencia de tal violencia, particularmente en ámbito familiar, así como de las violaciones.

• Turquía: La detención de nuevo de Osman Kavala es pura crueldad, infligida de manera calculada

  18 de febrero — Turquía, Defensores y defensoras de derechos humanos, Detenciones arbitrarias, Juicio justo, Libertad de expresión
  La decisión de volver a detener a Osman Kavala por nuevos cargos sólo unas horas después de haber ordenado un tribunal dejarlo en libertad debe anularse de inmediato, para que sea puesto en libertad en el acto, ha manifestado Amnistía Internacional. “Esta decisión es pura crueldad, infligida de manera calculada. Que se haya ordenado su excarcelación al cabo de casi dos años y medio sólo para que le cierren sin contemplaciones la puerta de la libertad es un golpe devastador para Osman Kavala, su familia y todas las personas que piden justicia en Turquía”, ha afirmado Milena Buyum, responsable de campañas de Amnistía Internacional para Turquía. “Este último episodio de detención maliciosa ha hecho añicos las esperanzas de Osman Kavala, y también las de su familia, que lo aguardaba con los brazos abiertos.” “La cínica e indignante decisión de volver a detener a Osman Kavala no hace más que reafirmar nuestra determinación de continuar luchando por él. Es hora de que Turquía ponga fin a la represión implacable de las voces disidentes. Osman Kavala debe quedar en libertad de inmediato.”

• Turquía: Activistas de derechos humanos podrían ser condenados a 15 años en sentencia inminente

  18 de febrero — Turquía, Defensores y defensoras de derechos humanos, Detenciones arbitrarias, Juicio justo, Libertad de expresión
  Se espera que mañana se dicte sentencia en las causas judiciales de 11 defensores y defensoras de los derechos humanos, entre quienes figuran antiguos dirigentes y varios miembros de Amnistía Turquía, que llevan más de dos años y medio luchando contra cargos falsos y que podrían ser condenados a penas de hasta 15 años de cárcel si son declarados culpables. Con motivo de la vista, que se reanuda mañana en Estambul, Amnistía Internacional ha declarado que sólo la absolución de todas estas personas haría justicia a los 11 activistas detenidos el verano de 2017 por cargos infundados de terrorismo. Ente los defensores y defensoras de los derechos humanos juzgados figuran el expresidente de Amnistía Turquía, Taner Kılıç; su exdirectora, Idil Eser, y varios miembros más de Amnistía Turquía. “La difícil situación de estos y estas activistas muestra que Turquía se ha convertido en un país donde defender las libertades de otras personas puede costarte tu propia libertad y donde se criminaliza la lucha por los derechos humanos. Esta sentencia es una prueba de fuego para el sistema de justicia de Turquía; exigimos que se ponga fin ya a esta prolongada saga de injusticias”, afirmó Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa. “Desde el momento en que fueron detenidos, quedó claro que se trataba de un enjuiciamiento de motivación política encaminado a silenciar a la sociedad civil independiente dentro de Turquía. Tras meses en prisión y años ante los tribunales, y sin que se haya presentado ninguna prueba creíble para justificar los cargos formulados contra ellos, cualquier sentencia que no sea la absolución total para los 11 activistas sería un escándalo.” En el curso de diez vistas judiciales, las acusaciones de “terrorismo” formuladas contra los 11 procesados y procesadas han sido refutadas categóricamente, incluso con las propias pruebas de la fiscalía. El intento de la acusación de presentar actividades de derechos humanos legítimas como actos ilegítimos ha fracasado estrepitosamente. La sentencia debe reflejar esa realidad. Desde 2017, más de dos millones de personas de todo el mundo se han sumado a la petición de justicia para estas 11 personas, entre ellas, veintenas de figuras del mundo artístico, como Ben Stiller, Whoopi Goldberg, Edward Snowden, Peter Gabriel, Sting, Ai Weiwei, Anish Kapoor, Catherine Deneuve y Angélique Kidjo. En España, en apenas 15 días desde que se ha impulsado esta acción, más de 2.600 personas han enviado mensajes de solidaridad.  En una carta abierta escrita en 2017, cuando los 11 estaban aún en prisión, decenas de personalidades afirmaron: “Cuando se amordaza a defensores y defensoras de los derechos humanos, todos nuestros derechos se ponen en peligro. Son las personas que salen en nuestra defensa. Ahora nos toca a nosotros defenderlas a ellas”. Tras más de 14 meses en prisión, Taner Kılıç salió en libertad bajo fianza en agosto de 2018. Ocho de las diez personas restantes pasaron casi cuatro meses cada una entre rejas antes de quedar en libertad bajo fianza en octubre de 2017. Pero miles de personas más atrapadas en la profunda y amplia represión de la disidencia de Turquía siguen en la cárcel. Los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos han aumentado durante la oleada de represión que atenaza Turquía desde la tentativa de golpe de Estado de 2016. Las medidas enérgicas adoptadas por el gobierno tras el golpe se han traducido en una agresión constante contra la sociedad civil que ha desembocado en el cierre de más de 1.300 ONG y 180 medios de comunicación, y el despido arbitrario de casi 130.000 funcionarios y funcionarias públicos. “La importancia de la sentencia llega mucho más allá de la sala del tribunal. La absolución de estos 11 defensores y defensoras de los derechos humanos debería anunciar el comienzo del fin de la represión de la sociedad civil y el restablecimiento del respeto a los derechos humanos en Turquía”, concluyó Marie Struthers. “Los ojos del mundo estarán en la sala del tribunal. Cualquier sentencia que no sea una absolución será un escalofriante recordatorio de que la verdad y la justicia se han convertido en conceptos extraños en Turquía.” Más información La vista comenzará a las 7.00 horas GMT del 19 de febrero (10.00 de la mañana, hora local) ante el 35º Tribunal Penal para Delitos Graves de Estambul. Habrá una conferencia de prensa a las 6.30 de la mañana frente al tribunal. Asistirá a la vista en Estambul una delegación internacional de altos representantes de Amnistía Internacional de todo el mundo, entre quienes se encuentran: Kate Allen, directora de AI Reino Unido; John Peder Egenaes, director de AI Noruega; Anna Lindenfors, directora de AI Suecia; Gabriele Stein, presidenta de Amnistía Internacional Alemania; Stefanie Rinaldi, presidenta de Amnistía Suiza y Yolanda Vega, coordinadora de Turquía en AI España. Para obtener actualizaciones en directo desde el tribunal, sigan a @MilenaBuyum, @andrewegardner @KateAllenAI @amnistiaespana Información complementaria En la vista más reciente, celebrada en noviembre de 2019, el fiscal del Estado presentó su opinión final, en la que pedía que se declarara culpable a Taner Kılıç de “pertenencia a una organización terrorista”, y a Idil Eser, Özlem Dalkıran, Günal Kurşun, Veli Acu y Nejat Taştan de “ayudar, a sabiendas y voluntariamente, a una organización terrorista”. El fiscal pidió al tribunal que absolviera a Nalan Erkem, İlknur Üstün, Şeyhmus Özbekli, Ali Gharavi y Peter Steudtner. Si desean más información sobre el caso, visiten: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/cuenta-atras-para-la-justicia-en-turquia/ Encontrarán detalles de la vista de noviembre de 2019 en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/turkey-amnestys-exdirector-and-honorary-chair-must-be-acquitted-in-absurd-terror-trial/ En los dos últimos años y medio, más de dos millones de personas han pedido justicia para estas 11 personas. Entre las personalidades que han firmado cartas abiertas (en 2017) figuran: Edward Snowden, Catherine Deneuve, Ai Weiwei, Angélique Kidjo, Anish Kapoor, Peter Gabriel, Zoë Kravitz, Nazanin Boniadi, Don Cheadle, Marisa Tomei, Adam McKay, Paul Haggis, Joshua Malina, Fisher Stevens, Claire Danes, Ben Stiller, Whoopi Goldberg, Mike Farrell, Eva Orner, Peter Sarsgaard, Tim Roth, Kathy Najimy, Mark Ruffalo, Zach Galifianakis, Bruce Cohen, Shira Piven, Mike White, Tim Kring, James McAvoy, Francois Morel, Elif Shafak, Bianca Jagger, Juliet Stevenson, Juliette Binoche, Jane Birkin, Isabelle Huppert y Tanita Tikaram.

• Turquía: Osman Kavala y otras dos personas pueden ser condenados a cadena perpetua agravada en una histórica sentencia en el juicio del parque Gezi

  17 de febrero — Turquía, Defensores y defensoras de derechos humanos, Detenciones arbitrarias, Juicio justo, Libertad de expresión
  Ante la sentencia que está previsto que se dicte mañana en el llamado “juicio del parque Gezi” contra el dirigente de la sociedad civil Osman Kavala y otras 15 personas más por cargos falsos de “intento de derrocamiento del gobierno”, Milena Buyum, responsable de campañas de Amnistía Internacional Turquía, ha manifestado: “El resultado de este caso mostrará al resto del mundo si el respeto por los derechos humanos tiene cabida en el sistema de justicia turco.” “Pese a no haber presentado ni la más mínima prueba para respaldar su acusación de que Osman Kavala, Mücella Yapıcı y Yiğit Aksakoğlu estuvieron implicados en ninguna actividad delictiva, y menos aún que conspiraron para derrocar al gobierno, la fiscalía ha pedido cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, otras seis personas se enfrentan a penas de entre 15 y 20 años de cárcel. “Hasta ahora, el tribunal se ha negado a aplicar la categórica sentencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos, que ordena la puesta en libertad inmediata de Osman Kavala. Por el contrario, este apresuramiento por condenarlo a él y a otras ocho personas confirma que se trata de un procesamiento por motivos políticos cuyo objetivo es silenciar a Kavala y a toda la sociedad civil.” “Es hora de que Turquía ponga fin a la implacable represión de las voces críticas. Osman Kavala debe ser puesto en libertad de inmediato y todas las personas acusadas deben ser absueltas.” Información complementaria Osman Kavala está en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Silivri, en Estambul, desde el 1 de noviembre de 2017. Kavala, Yiğit Aksakoğlu —que también pasó ocho meses en prisión preventiva el año pasado— y 14 personas más están acusados de “hacer uso de coacción y violencia e intentar derrocar al gobierno o impedir, total o parcialmente, que desempeñe sus obligaciones”. Este mes, la fiscalía ha solicitado cadena perpetua agravada para Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu y Mücella Yapıcı por “intentar derrocar al gobierno” con las protestas del parque Gezi en 2013. Otras seis personas más juzgadas en la misma causa se enfrentan a penas de prisión de entre 15 a 20 años por ayudar en el intento de derrocamiento del gobierno. Las causas de siete personas también encausadas, que llevan fuera de Turquía desde el inicio del proceso, se verán independientemente. El 10 de diciembre de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Osman Kavala, dirigente de la sociedad civil, sufría detención arbitraria en Turquía desde noviembre de 2017. Este miércoles está previsto que se dicte otra histórica sentencia en las causas judiciales de 11 defensores y defensoras de los derechos humanos, entre quienes figuran el ex presidente, la ex directora y varios miembros de Amnistía Internacional Turquía, que llevan más de dos años y medio luchando contra cargos falsos y que podrían ser condenados a penas de hasta 15 años de cárcel si son declarados culpables.

• Oriente Medio y el Norte de África: Brutalidad y represión para responder a una nueva oleada de levantamientos masivos durante un “año de resistencia”

  17 de febrero — Oriente Próximo, Medio y Norte de Africa, Defensores y defensoras de derechos humanos, Desaparición forzada, Detenciones arbitrarias, Libertad de expresión, Tortura y malos tratos, Uso excesivo de la fuerza
  En todo Oriente Medio y el Norte de África, los gobiernos dieron muestras de su escalofriante determinación de sofocar las protestas con fuerza despiadada y pisotear los derechos de cientos de miles de manifestantes que salieron a la calle en demanda de justicia social y reformas políticas durante 2019. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, con motivo de la publicación de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la región. En el informe, "Los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África: Retrospectiva 2019", se describe cómo, en lugar de escuchar los motivos de queja de quienes se manifestaban, los gobiernos recurrieron una vez más a la represión implacable para silenciar las voces críticas pacíficas tanto en la calle como en Internet. Sólo en Irak e Irán, los medios letales utilizados por autoridades causaron centenares de muertes; en Líbano, la policía hizo uso ilícito y excesivo de la fuerza para disolver las manifestaciones, y en Argelia, las autoridades llevaron a cabo detenciones y procesamientos masivos para reprimir a quienes participaban en las protestas. En toda la región, los gobiernos detuvieron y procesaron a activistas por comentarios publicados en Internet a medida que el activismo recurría a los canales de las redes sociales para dar voz a la disidencia. “Dando estimulantes muestras de resistencia y determinación, la gente salió multitudinariamente a la calle desde Argelia hasta Irán, Irak y Líbano, en muchos casos arriesgando la vida, para exigir derechos humanos, dignidad y justicia social, y el fin de la corrupción. Esas personas demostraron que no dejarán que las intimidaciones de sus gobiernos las silencien”, ha declarado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África “El 2019 fue un año de resistencia en la región. También fue un año en el que se demostró que todavía había esperanza y que, a pesar de las sangrientas secuelas de los levantamientos de 2011 en Siria, Yemen y Libia y del catastrófico deterioro de la situación de los derechos humanos en Egipto, la fe de la gente en el poder colectivo de movilización en favor del cambio persistía.” Las protestas de Oriente Medio y el Norte de África eran un reflejo de las de quienes salieron a la calle en demanda de sus derechos desde Hong Kong hasta Chile. En Sudán, las protestas masivas, a las que las fuerzas de seguridad respondieron con brutales medios de represión, dieron lugar finalmente a un acuerdo político negociado con las asociaciones que las encabezaban. Represión de protestas en la calle En toda la región de Oriente Medio y el Norte de África, las autoridades se valieron de diversas tácticas para reprimir la oleada de protestas, como la detención arbitraria de miles de personas y, en algunos casos, el uso de fuerza excesiva, e incluso letal. Sólo en Irak e Irán murieron centenares de personas, al disparar las fuerzas de seguridad con munición real en las manifestaciones, y miles más resultaron heridas. En Irak, donde al menos 500 personas murieron en 2019 en manifestaciones, quienes participaban en éstas dieron extraordinarias muestras de resiliencia frente a los disparos con munición real, los ataques mortales de francotiradores y el empleo a corta distancia de granadas de gas lacrimógeno de uso militar que causaron terribles lesiones. En el caso de Irán, se recibieron informes creíbles según los cuales las fuerzas de seguridad mataron a más de 300 personas e hirieron a miles más en sólo cuatro días, del 15 al 18 de noviembre, para sofocar manifestaciones que habían estallado inicialmente en protesta contra el aumento del precio de los carburantes. Miles de personas más fueron detenidas y sometidas en muchos casos a desaparición forzada y tortura. En septiembre, las mujeres palestinas de Israel y los Territorios Ocupados salieron a la calle para protestar contra la violencia de género y la ocupación militar israelí. Las fuerzas israelíes mataron también a decenas de palestinos y palestinas durante manifestaciones en Gaza y Cisjordania. “La enorme cifra de muertes de manifestantes registrada en Irak e Irán ilustra hasta qué extremos estaban esos gobiernos dispuestos a llegar para silenciar todas las formas de disidencia”, ha señalado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Mientras tanto, en los Territorios Palestinos Ocupados, la policía israelí continuó haciendo uso de fuerza excesiva, e incluso letal, contra quienes se manifestaban.” En Argelia, donde las protestas masivas dieron lugar a la caída del presidente Abdelaziz Buteflika tras 20 años en el poder, las autoridades intentaron sofocarlas por medio de detenciones arbitrarias y procesamientos en gran escala de personas que se manifestaban pacíficamente. Aunque las protestas masivas de Líbano iniciadas en octubre, que dieron lugar a la dimisión del gobierno, comenzaron siendo en gran medida pacíficas, en varias ocasiones se respondió a ellas con uso ilícito y excesivo de la fuerza, sin que las fuerzas de seguridad protegieran de manera efectiva de los ataques de partidarios de grupos políticos rivales a quienes protestaban de manera pacífica. En Egipto, un inusual estallido de protestas que tomó a las autoridades por sorpresa en septiembre se reprimió con detenciones arbitrarias en gran escala, que se saldaron con más de 4.000 personas detenidas. “Los gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África dieron muestras de una absoluta falta de respeto por el derecho a protestar y a expresarse de manera pacífica”, ha añadido Heba Morayef. “En vez de aplicar una letal represión y recurrir a medidas como uso excesivo de la fuerza, tortura o detenciones arbitrarias y procesamientos masivos, las autoridades deben escuchar y abordar las demandas de justicia social y económica y de derechos políticos.” Represión de la disidencia en Internet Además de atacar a quienes se manifestaban de manera pacífica en la calle, a lo largo de 2019 los gobiernos de toda la región continuaron reprimiendo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Internet. Periodistas, blogueros y blogueras y activistas que publicaban en las redes sociales comentarios o vídeos considerados críticos con las autoridades estuvieron expuestos a sufrir detención, interrogatorio y procesamiento. Según cifras de Amnistía Internacional, en 12 países de la región hubo personas detenidas a quienes la organización consideró presos y presas de conciencia, y 136 fueron detenidas únicamente por ejercer de manera pacífica el derecho de expresión en Internet. Las autoridades abusaron también de su poder para impedir acceder o compartir información en Internet. Durante las protestas de Irán, las autoridades mantuvieron un bloqueo casi total de la red para impedir que se compartieran vídeos y fotografías de las fuerzas de seguridad matando e hiriendo de manera ilícita a manifestantes. En Egipto, las autoridades bloquearon aplicaciones de mensajería online para intentar sofocar las protestas. Las autoridades egipcias y palestinas recurrieron también a la censura de sitios web, en especial sitios de noticias. En Irán, las aplicaciones de redes sociales como Facebook, Telegram, Twitter y YouTube continuaron bloqueadas. Algunos gobiernos utilizaron también técnicas más sofisticadas de vigilancia online contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Las investigaciones de Amnistía Internacional pusieron de manifiesto cómo se había hecho uso de un programa espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group contra dos defensores marroquíes de los derechos humanos. Ese mismo programa se había utilizado anteriormente contra activistas en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, así como contra una persona que formaba parte del personal de Amnistía Internacional. Más en general, la organización registró en 2019 367 casos de detención de defensores y defensoras de los derechos humanos (240 detenidos arbitrariamente sólo en Irán) y 118 de procesamiento, y es probable que la verdadera cifra fuera mayor. “El hecho de que los gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África no muestren ninguna tolerancia en absoluto hacia la expresión pacífica en Internet revela hasta qué punto tienen miedo del poder de las ideas que ponen en entredicho el discurso oficial. Las autoridades deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los presos y presas de conciencia y dejar de hostigar a quienes expresan críticas y defienden los derechos humanos de manera pacífica”, ha afirmado Philip Luther. Señales de esperanza A pesar de la impunidad constante y generalizada en todo Oriente Medio y el Norte de África, en algunos casos se tomaron pequeñas, pero históricas, medidas de rendición de cuentas por persistentes violaciones de derechos humanos. El hecho de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara que se habían cometido crímenes de guerra en los Territorios Palestinos ocupados y que se debía abrir una investigación tan pronto como fuera confirmada su competencia territorial brindó una oportunidad decisiva para poner fin a decenios de impunidad. La CPI indicó que la investigación podría abarcar los homicidios de manifestantes cometidos por Israel en Gaza. Del mismo modo, la Comisión de la Verdad y la Dignidad de Túnez publicó su informe final y se iniciaron 78 juicios ante tribunales penales, ofreciendo así una inusual oportunidad para hacer rendir cuentas a las fuerzas de seguridad por abusos perpetrados en el pasado. Los limitados avances en los derechos de las mujeres, logrados tras años de campaña de los movimientos locales de mujeres, se vieron superados por la constante represión de quienes defendían tales derechos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, y, en general, por la falta de medidas para eliminar la discriminación generalizada de las mujeres. Arabia Saudí introdujo reformas largo tiempo esperadas en su sistema de tutela masculina, pero se vieron ensombrecidas por el hecho de que cinco defensoras de los derechos de las mujeres continuaran detenidas injustamente a lo largo de 2019 por su activismo. Varios Estados del Golfo anunciaron también reformas dirigidas a mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras migrantes, entre ellas la promesa de Qatar de abolir su sistema de patrocinio (kafala) y mejorar el acceso de las personas migrantes a la justicia. Jordania y Emiratos Árabes Unidos también dieron señales de tener intención de reformar el sistema de kafala. Sin embargo, la población trabajadora migrante continuó sufriendo explotación y abusos generalizados en toda la región. “Los gobiernos de toda la región deben entender que su represión de las protestas y el encarcelamiento de personas por expresar críticas o defender los derechos humanos de manera pacífica no silenciará las demandas de derechos económicos, sociales y políticos fundamentales. En vez de ordenar cometer graves crímenes y violaciones de derechos humanos, las autoridades deben garantizar los derechos políticos necesarios para que la gente exprese sus demandas socioeconómicas y haga rendir cuentas a sus gobiernos”, ha manifestado Heba Morayef.

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