Amnistía Internacional España - Derechos Humanos

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• Irán: Más de 100 manifestantes han muerto al darse luz verde para aplastar protestas

  20 de noviembre — Irán, Uso excesivo de la fuerza
  Amnistía Internacional ha afirmado hoy que imágenes de vídeo verificadas, testimonios de testigos presenciales e información de activistas de derechos humanos de fuera de Irán revelan una estremecedora constante de homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad iraníes, que están utilizando fuerza excesiva y medios letales para aplastar las protestas, en su mayoría pacíficas, en más de 100 ciudades de todo el país, desencadenadas por la subida del precio del combustible el 15 de noviembre. Al menos 106 manifestantes han perdido la vida en 21 ciudades, según informes creíbles recibidos por Amnistía Internacional. La organización cree que la cifra real de fallecimientos podría ser muy superior, pues algunas fuentes indican que han muerto hasta 200 personas. Los medios de comunicación estatales han informado sólo de algunas muertes de manifestantes, así como de la de al menos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad. Hay imágenes de vídeo que muestran a las fuerzas de seguridad empleando armas de fuego, cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar las protestas y golpeando a manifestantes con porras. Las imágenes de casquillos hallados posteriormente en el suelo, así como el consiguiente elevado número de muertos, indican que utilizaron fuego real. “Las autoridades deben poner fin de inmediato a esta brutal y mortífera represión y mostrar respeto a la vida humana”, declaró Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. La frecuencia y persistencia de los medios letales utilizados contra manifestantes pacíficos hacen temer seriamente que se trate de una política de Estado Philip Luther, Amnistía Internacional “La frecuencia y persistencia de los medios letales utilizados contra manifestantes pacíficos en estas protestas multitudinarias y en otras anteriores, así como la impunidad sistemática para las fuerzas de seguridad que matan a manifestantes, hacen temer seriamente que el uso intencionado y letal de armas de fuego para aplastar las protestas se ha convertido en un asunto de política de Estado”. Altos cargos del gobierno, incluido el líder supremo de Irán Ali Jamenei, han hecho declaraciones en las que califican a quienes protestan de “canallas” y dan luz verde a las fuerzas de seguridad para aplastar las manifestaciones. Según el derecho internacional, las fuerzas de seguridad sólo pueden recurrir al uso de medios letales cuando sea estrictamente inevitable para protegerse de un riesgo inminente de muerte o lesión grave. Amnistía Internacional pide también a las autoridades iraníes que respeten los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión, lo que incluye levantar el bloqueo casi total del acceso a Internet concebido para restringir la difusión al mundo exterior de información sobre la represión. Cientos de manifestantes bloquearon carreteras con sus coches estacionados como forma de protesta. Imágenes de vídeo verificadas recibidas por Amnistía Internacional muestran a la policía antidisturbios rompiendo ventanillas de coches cuyos conductores estaban aún en el interior. Según relatos de testigos presenciales corroborados por imágenes de vídeo examinadas por Amnistía Internacional, también hubo francotiradores que dispararon a la multitud desde tejados y, en un caso, un helicóptero. Aunque parece que la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, en algunos casos, con la intensificación de la represión de las fuerzas de seguridad, un pequeño número de personas ha lanzado piedras y provocado incendios y daños a bancos y seminarios. “Aun en el caso de que una pequeña minoría de manifestantes haya recurrido a la violencia, la policía debe actuar con moderación y usar sólo la fuerza estrictamente necesaria, proporcionada y legítima en respuesta a la violencia. La violencia de un puñado de personas no justifica una respuesta temeraria generalizada”, dijo Philip Luther. Según varios testigos presenciales, las fuerzas de seguridad están llevándose cadáveres y a personas heridas de las carreteras y hospitales. En una constante acorde con prácticas anteriores, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad se han negado a devolver los cuerpos de muchas de las víctimas a sus familias o han obligado a éstas a enterrar a sus seres queridos apresuradamente y sin que se les practicara una autopsia independiente para determinar las causas y circunstancias de la muerte. Esto es contrario al derecho y a las normas internacionales sobre la investigación de homicidios ilegítimos. Los medios de comunicación estatales informaron de que, a 17 de noviembre, habían sido detenidos más de 1.000 manifestantes desde que comenzaron las protestas. Entre las personas detenidas está la defensora de los derechos humanos Sepideh Gholian, arrestada el 17 de noviembre tras participar en las protestas por exhibir un cartel sobre los precios del combustible. Se desconoce su actual paradero y Amnistía Internacional teme que pueda sufrir tortura y otros malos tratos, dados los terribles antecedentes de las autoridades de torturas a personas defensoras de los derechos humanos detenidas. “Todas las personas detenidas exclusivamente por participar de forma pacífica en manifestaciones, expresar su apoyo a las protestas o criticar a las autoridades deben ser puestas en libertad de manera inmediata e incondicional. Todas las personas detenidas deben ser protegidas de la tortura y otros malos tratos”, dijo Philip Luther. La organización pide a la comunidad internacional, incluidas la ONU y la UE, que actúe de inmediato para exigir cuentas a las autoridades iraníes por cometer homicidios ilegítimos y reprimir con violencia el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Cierre de Internet El 16 de noviembre, menos de un día después del comienzo de las protestas, las autoridades impusieron un cierre casi total de Internet —aún vigente—, clausurando casi todos los medios de comunicación en línea para quienes están dentro de Irán. El bloqueo informativo resultante es un intento deliberado de las autoridades de impedir que se difundan imágenes y vídeos de los medios letales que están utilizando las fuerzas de seguridad. Según la ONG NetBlocks, desde que empezaron las protestas, la conectividad de Irán con el mundo exterior ha caído hasta el 4% de los niveles normales. Todas las redes móviles están desconectadas y hay un apagón casi total de Internet y las telecomunicaciones en el ámbito nacional, aunque algunas personas han podido acceder aún a Internet a través de redes privadas virtuales (VPN) y otros medios. “Desactivar deliberadamente las comunicaciones por Internet es un ataque sistemático al derecho a la libertad de expresión e indica que las autoridades tienen algo que ocultar. Las autoridades iraníes deben levantar inmediatamente todas las restricciones al acceso a Internet y las redes sociales, y permitir que las personas difundan información y expresen libremente sus opiniones”, afirmó Philip Luther. Represión sistemática y coordinada Diversas autoridades, incluido el líder supremo, presidente y presidente de la Magistratura, han demonizado a quienes protestan y han advertido de que las fuerzas de seguridad seguirán empleando la fuerza contra estas personas. El 16 de noviembre, el ministro del Interior iraní dijo que las autoridades no seguirán mostrando “tolerancia” y “autocontrol” hacia las personas que protestan, pese a los informes cada vez más numerosos sobre víctimas entre manifestantes. En un discurso pronunciado el 17 de noviembre, el líder supremo de Irán calificó a las quienes protestan de “canallas” a los que habían incitado a la violencia contrarrevolucionarios y enemigos extranjeros de Irán. Ordenó a las fuerzas de seguridad que “cumplieran su deber” de poner fin a las protestas, dándoles así efectivamente luz verde para que continuase la brutalidad. Los órganos judiciales y de seguridad también han enviado mensajes de texto amenazantes masivos en los que advertían a la gente de que permaneciera alejada de “reuniones ilegales” so pena de enfrentarse a acciones legales. “En lugar de dar luz verde a la brutalidad, las autoridades iraníes deben refrenar a sus fuerzas de seguridad para prevenir más derramamientos de sangre. La arraigada constante de impunidad por homicidios ilegítimos y lesiones en Irán continuará a menos que se hagan investigaciones independientes e imparciales sobre todos los presuntos casos de uso arbitrario y abusivo de la fuerza, y que quienes cometen estos graves delitos y violaciones rindan cuentas”, concluyó Philip Luther. “La ONU y sus Estados miembros a título individual deben denunciar públicamente la sangrienta represión de Irán y presionar a sus autoridades para que den acceso a observadores independientes de derechos humanos a los hospitales y centros de detención del país, levanten el bloqueo de Internet e inviten a las personas titulares de mandatos de la ONU a que hagan visitas de investigación”. Información complementaria El 15 de noviembre, estallaron las protestas tras el repentino anuncio del gobierno de una gran subida del precio del combustible que afecta negativamente a personas que ya atraviesan dificultades en medio de la crisis económica del país. Algunas de las personas que protestan corean consignas que piden una reforma radical del sistema político y otras han quemado retratos del actual líder supremo de Irán y de otros anteriores. A continuación ofrecemos el desglose, por ciudad y provincia, de las 106 muertes de las que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional hasta ahora. La organización obtuvo la información de informes cuya credibilidad y fiabilidad ha verificado mediante entrevistas a periodistas y activistas de derechos humanos que participaron en su elaboración y después ha cotejado los datos. Abadan, provincia de Juzestán: 2 Ahvaz, provincia de Juzestán: 2 Bandar-e Mahshahr y sus suburbios, provincia de Juzestán: 14 Behbahán, provincia de Juzestán: 8 Bukan, provincia de Azerbaiyán Occidental: 4 Bumahen, provincia de Teherán: 2 Isfahán, provincia de Isfahán: 1 Islamshahr, provincia de Teherán: 1 Yavanrud, provincia de Kermanshah: 14 Karaj, provincia de Alborz: 4 Kermanshah, provincia de Kermanshah: 16 Joramshahr, provincia de Joramshahr: 3 Mariwan, provincia de Kurdistán: 9 Ramhormoz, provincia de Juzestán: 6 Robatkarim, provincia de Teherán: 4 Sadra, provincia de Fars: 6 Sanandaj, provincia de Kurdistán: 1 Shahriyar, provincia de Teherán: 1 Shiraz, provincia de Fars: 6 Sirjan, provincia de Kermán: 1 Teherán, provincia de Teherán: 1 Amnistía Internacional está trabajando para verificar otros informes de homicidios de manifestantes en todo Irán.

• Irán: Más de 100 manifestantes han muerto después de que autoridades dieran luz verde para aplastar protestas

  20 de noviembre — Irán, Uso excesivo de la fuerza
  Amnistía Internacional ha afirmado hoy que imágenes de vídeo verificadas, testimonios de testigos presenciales e información de activistas de derechos humanos de fuera de Irán revelan una estremecedora constante de homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad iraníes, que están utilizando fuerza excesiva y medios letales para aplastar las protestas, en su mayoría pacíficas, en más de 100 ciudades de todo el país, desencadenadas por la subida del precio del combustible el 15 de noviembre. Al menos 106 manifestantes han perdido la vida en 21 ciudades, según informes creíbles recibidos por Amnistía Internacional. La organización cree que la cifra real de fallecimientos podría ser muy superior, pues algunas fuentes indican que han muerto hasta 200 personas. Los medios de comunicación estatales han informado sólo de algunas muertes de manifestantes, así como de la de al menos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad. Hay imágenes de vídeo que muestran a las fuerzas de seguridad empleando armas de fuego, cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar las protestas y golpeando a manifestantes con porras. Las imágenes de casquillos hallados posteriormente en el suelo, así como el consiguiente elevado número de muertos, indican que utilizaron fuego real. “Las autoridades deben poner fin de inmediato a esta brutal y mortífera represión y mostrar respeto a la vida humana”, declaró Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. La frecuencia y persistencia de los medios letales utilizados contra manifestantes pacíficos hacen temer seriamente que se estén convirtiendo en un asunto de política de Estado Philip Luther, Amnistía Internacional “La frecuencia y persistencia de los medios letales utilizados contra manifestantes pacíficos en estas protestas multitudinarias y en otras anteriores, así como la impunidad sistemática para las fuerzas de seguridad que matan a manifestantes, hacen temer seriamente que el uso intencionado y letal de armas de fuego para aplastar las protestas se ha convertido en un asunto de política de Estado”. Altos cargos del gobierno, incluido el líder supremo de Irán Ali Jamenei, han hecho declaraciones en las que califican a quienes protestan de “canallas” y dan luz verde a las fuerzas de seguridad para aplastar las manifestaciones. Según el derecho internacional, las fuerzas de seguridad sólo pueden recurrir al uso de medios letales cuando sea estrictamente inevitable para protegerse de un riesgo inminente de muerte o lesión grave. Amnistía Internacional pide también a las autoridades iraníes que respeten los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión, lo que incluye levantar el bloqueo casi total del acceso a Internet concebido para restringir la difusión al mundo exterior de información sobre la represión. Cientos de manifestantes bloquearon carreteras con sus coches estacionados como forma de protesta. Imágenes de vídeo verificadas recibidas por Amnistía Internacional muestran a la policía antidisturbios rompiendo ventanillas de coches cuyos conductores estaban aún en el interior. Según relatos de testigos presenciales corroborados por imágenes de vídeo examinadas por Amnistía Internacional, también hubo francotiradores que dispararon a la multitud desde tejados y, en un caso, un helicóptero. Aunque parece que la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, en algunos casos, con la intensificación de la represión de las fuerzas de seguridad, un pequeño número de personas ha lanzado piedras y provocado incendios y daños a bancos y seminarios. “Aun en el caso de que una pequeña minoría de manifestantes haya recurrido a la violencia, la policía debe actuar con moderación y usar sólo la fuerza estrictamente necesaria, proporcionada y legítima en respuesta a la violencia. La violencia de un puñado de personas no justifica una respuesta temeraria generalizada”, dijo Philip Luther. Según varios testigos presenciales, las fuerzas de seguridad están llevándose cadáveres y a personas heridas de las carreteras y hospitales. En una constante acorde con prácticas anteriores, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad se han negado a devolver los cuerpos de muchas de las víctimas a sus familias o han obligado a éstas a enterrar a sus seres queridos apresuradamente y sin que se les practicara una autopsia independiente para determinar las causas y circunstancias de la muerte. Esto es contrario al derecho y a las normas internacionales sobre la investigación de homicidios ilegítimos. Los medios de comunicación estatales informaron de que, a 17 de noviembre, habían sido detenidos más de 1.000 manifestantes desde que comenzaron las protestas. Entre las personas detenidas está la defensora de los derechos humanos Sepideh Gholian, arrestada el 17 de noviembre tras participar en las protestas por exhibir un cartel sobre los precios del combustible. Se desconoce su actual paradero y Amnistía Internacional teme que pueda sufrir tortura y otros malos tratos, dados los terribles antecedentes de las autoridades de torturas a personas defensoras de los derechos humanos detenidas. “Todas las personas detenidas exclusivamente por participar de forma pacífica en manifestaciones, expresar su apoyo a las protestas o criticar a las autoridades deben ser puestas en libertad de manera inmediata e incondicional. Todas las personas detenidas deben ser protegidas de la tortura y otros malos tratos”, dijo Philip Luther. La organización pide a la comunidad internacional, incluidas la ONU y la UE, que actúe de inmediato para exigir cuentas a las autoridades iraníes por cometer homicidios ilegítimos y reprimir con violencia el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Cierre de Internet El 16 de noviembre, menos de un día después del comienzo de las protestas, las autoridades impusieron un cierre casi total de Internet —aún vigente—, clausurando casi todos los medios de comunicación en línea para quienes están dentro de Irán. El bloqueo informativo resultante es un intento deliberado de las autoridades de impedir que se difundan imágenes y vídeos de los medios letales que están utilizando las fuerzas de seguridad. Según la ONG NetBlocks, desde que empezaron las protestas, la conectividad de Irán con el mundo exterior ha caído hasta el 4% de los niveles normales. Todas las redes móviles están desconectadas y hay un apagón casi total de Internet y las telecomunicaciones en el ámbito nacional, aunque algunas personas han podido acceder aún a Internet a través de redes privadas virtuales (VPN) y otros medios. “Desactivar deliberadamente las comunicaciones por Internet es un ataque sistemático al derecho a la libertad de expresión e indica que las autoridades tienen algo que ocultar. Las autoridades iraníes deben levantar inmediatamente todas las restricciones al acceso a Internet y las redes sociales, y permitir que las personas difundan información y expresen libremente sus opiniones”, afirmó Philip Luther. Represión sistemática y coordinada Diversas autoridades, incluido el líder supremo, presidente y presidente de la Magistratura, han demonizado a quienes protestan y han advertido de que las fuerzas de seguridad seguirán empleando la fuerza contra estas personas. El 16 de noviembre, el ministro del Interior iraní dijo que las autoridades no seguirán mostrando “tolerancia” y “autocontrol” hacia las personas que protestan, pese a los informes cada vez más numerosos sobre víctimas entre manifestantes. En un discurso pronunciado el 17 de noviembre, el líder supremo de Irán calificó a las quienes protestan de “canallas” a los que habían incitado a la violencia contrarrevolucionarios y enemigos extranjeros de Irán. Ordenó a las fuerzas de seguridad que “cumplieran su deber” de poner fin a las protestas, dándoles así efectivamente luz verde para que continuase la brutalidad. Los órganos judiciales y de seguridad también han enviado mensajes de texto amenazantes masivos en los que advertían a la gente de que permaneciera alejada de “reuniones ilegales” so pena de enfrentarse a acciones legales. “En lugar de dar luz verde a la brutalidad, las autoridades iraníes deben refrenar a sus fuerzas de seguridad para prevenir más derramamientos de sangre. La arraigada constante de impunidad por homicidios ilegítimos y lesiones en Irán continuará a menos que se hagan investigaciones independientes e imparciales sobre todos los presuntos casos de uso arbitrario y abusivo de la fuerza, y que quienes cometen estos graves delitos y violaciones rindan cuentas”, concluyó Philip Luther. “La ONU y sus Estados miembros a título individual deben denunciar públicamente la sangrienta represión de Irán y presionar a sus autoridades para que den acceso a observadores independientes de derechos humanos a los hospitales y centros de detención del país, levanten el bloqueo de Internet e inviten a las personas titulares de mandatos de la ONU a que hagan visitas de investigación”. Información complementaria El 15 de noviembre, estallaron las protestas tras el repentino anuncio del gobierno de una gran subida del precio del combustible que afecta negativamente a personas que ya atraviesan dificultades en medio de la crisis económica del país. Algunas de las personas que protestan corean consignas que piden una reforma radical del sistema político y otras han quemado retratos del actual líder supremo de Irán y de otros anteriores. A continuación ofrecemos el desglose, por ciudad y provincia, de las 106 muertes de las que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional hasta ahora. La organización obtuvo la información de informes cuya credibilidad y fiabilidad ha verificado mediante entrevistas a periodistas y activistas de derechos humanos que participaron en su elaboración y después ha cotejado los datos. Abadan, provincia de Juzestán: 2 Ahvaz, provincia de Juzestán: 2 Bandar-e Mahshahr y sus suburbios, provincia de Juzestán: 14 Behbahán, provincia de Juzestán: 8 Bukan, provincia de Azerbaiyán Occidental: 4 Bumahen, provincia de Teherán: 2 Isfahán, provincia de Isfahán: 1 Islamshahr, provincia de Teherán: 1 Yavanrud, provincia de Kermanshah: 14 Karaj, provincia de Alborz: 4 Kermanshah, provincia de Kermanshah: 16 Joramshahr, provincia de Joramshahr: 3 Mariwan, provincia de Kurdistán: 9 Ramhormoz, provincia de Juzestán: 6 Robatkarim, provincia de Teherán: 4 Sadra, provincia de Fars: 6 Sanandaj, provincia de Kurdistán: 1 Shahriyar, provincia de Teherán: 1 Shiraz, provincia de Fars: 6 Sirjan, provincia de Kermán: 1 Teherán, provincia de Teherán: 1 Amnistía Internacional está trabajando para verificar otros informes de homicidios de manifestantes en todo Irán.

• España: La condena por sedición a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, una amenaza a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica

  19 de noviembre — España, 'Procés' en Cataluña, Juicio justo, Libertad de expresión
  La vaguedad de la definición del delito de sedición y la interpretación que ha desembocado en la condena de los líderes catalanes podría tener un efecto paralizante perjudicial en las protestas pacíficas. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart deben ser puestos en libertad de forma inmediata y sus condenas deben ser anuladas. “La condena de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por sedición viola sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica; ambos deben ser puestos en libertad de forma inmediata”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, tras la publicación de su análisis de la sentencia dictada el mes pasado por el Tribunal Supremo español. Las penas de prisión impuestas a los dos líderes de la sociedad civil y a otros siete altos cargos catalanes son consecuencia de la vaguedad de la definición del delito de sedición en el Código Penal español y de la interpretación, excesivamente amplia y peligrosa, de esta definición que ha hecho el Tribunal Supremo. “Jordi Sànchez y Jordi Cuixart deben ser puestos en libertad de forma inmediata y sus condenas por sedición deben ser anuladas”, afirmó Daniel Joloy, asesor general de Política de Amnistía Internacional. “Al mismo tiempo que nuestro análisis no halló ningún factor que indicara que el juicio en su conjunto fuera injusto, es evidente que la interpretación que hizo el Tribunal Supremo del delito de sedición fue excesivamente amplia y se tradujo en la criminalización de unos actos de protesta legítimos”. Como ciudadanos particulares y líderes de organizaciones de la sociedad civil, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart tenían derecho a expresar sus opiniones  y a organizar reuniones pacíficas de apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña. Aun en el caso de que la finalidad de alguna de estas reuniones u otras acciones emprendidas por ellos fuera impedir el cumplimiento de una resolución judicial, el derecho internacional de los derechos humanos protege también la desobediencia civil pacífica. Presentar cargos excesivamente severos por actos de desobediencia civil restringe indebidamente el derecho de reunión pacífica y vulnera el derecho internacional. Tras haber observado todo el proceso, Amnistía Internacional concluye que las penas de nueve años de prisión impuestas a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart por sedición representan una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Asimismo, considera que el Tribunal Supremo no demostró que la imposición de unas condenas tan severas fuera proporcional a los actos pacíficos que se les imputaban. “Las penas impuestas a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart constituyen claramente una restricción excesiva y desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica", declaró Esteban Beltrán, director de Amnistía España. "El Parlamento debe revisar con carácter urgente la definición del delito de sedición para no criminalizar actos pacíficos de desobediencia civil ni restringir indebidamente la libertad de reunión pacífica o de expresión”. A Amnistía Internacional le preocupa, además, que el Tribunal vincule la gravedad del delito al hecho de que la oposición al cumplimiento de una orden judicial fuera "masiva o generalizada", pues abre así las puertas a la posibilidad de que las autoridades impongan un límite ilegítimo al número de personas que pueden ejercer simultáneamente su derecho a protestar pacíficamente. La falta de claridad que rodea la definición del delito de sedición en el Código Penal que ha interpretado el Tribunal permite la imposición de restricciones indebidas a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Como consecuencia, se está criminalizando injustamente toda una serie de acciones directas no violentas. La vaguedad de la definición de la sedición y su interpretación excesivamente amplia también pone en cuestión las condenas por sedición impuestas a los dirigentes políticos catalanes. “Aunque cabe que los dirigentes políticos catalanes hubieran cometido un delito perseguible legítimamente teniendo en cuenta los cargos que ocupaban, su condena por sedición —un delito definido con excesiva vaguedad— vulnera el principio de legalidad. Las autoridades deben proporcionar un remedio adecuado a esta situación”, dijo Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña. “Todas las personas tienen derecho a saber si su conducta podría constituir delito. Pero esta sentencia demuestra que la vaguedad de la definición del delito de sedición permite que se utilice de forma excesiva. La interpretación que ha hecho de este delito el Tribunal Supremo tiene un efecto paralizante perjudicial que podría impedir que la ciudadanía participe en protestas pacíficas sin temor”. Información Complementaria Amnistía Internacional ha observado las actuaciones seguidas contra 12 dirigentes catalanes en relación con los hechos que tuvieron lugar en Cataluña en torno al referéndum del 1 de octubre de 2017, asistiendo incluso a todas las sesiones del juicio celebrado en Madrid. Las sentencias se hicieron públicas el 14 de octubre. Siete altos cargos catalanes, así como dos líderes de organizaciones de la sociedad civil, fueron condenados a penas de entre nueve y 13 años de cárcel e inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de sedición. Otros tres altos cargos fueron declarados culpables del delito de desobediencia y condenados a una multa y a inhabilitación para empleo o cargo público. Según el derecho internacional de los derechos humanos, las restricciones al derecho de reunión pacífica deben estar previstas en la ley y ser necesarias y proporcionadas para un interés público específico. Una manifestación no pierde su carácter pacífico porque se cometa alguna ilegalidad o porque algunos manifestantes hagan uso de la violencia. Además, aunque la conducta pacífica en el desarrollo de una protesta puede estar sometida a ciertas restricciones, éstas deben estar debidamente previstas en la ley. Todos los delitos han de estar formulados con suficiente claridad para permitir que las personas regulen su conducta en consecuencia. Más información: ESPAÑA: Análisis de la sentencia del Tribunal Supremo en la causa contra líderes catalanes

• Malasia: Los azotes con vara a cuatro hombres, una advertencia terrible a las personas LGBTI

  18 de noviembre — Malaisia, Orientación sexual e Identidad de género
  Cuatro hombres han sido azotados hoy tras ser declarados culpables de “intentar mantener relaciones sexuales contra natura”, ha afirmado Amnistía Internacional Malasia, en vista de las señales de una represión creciente de la comunidad LGBTI en el país. Otras seis personas serán juzgadas mañana por los mismos cargos. Amnistía Internacional pide a las autoridades que retiren los cargos de inmediato. "Estos castigos despiadados dictados contra personas LGBTI son los verdaderos crímenes que se están cometiendo aquí”, ha dicho Shamini Darshni Kaliemuthu, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Malasia. “La policía religiosa desplegó más de 50 agentes para tender una trampa a estos hombres en una operación encubierta, todo para formular acusaciones cargadas de odio e infligir castigos crueles y degradantes. Todo el asunto es un escándalo y una parodia de justicia.” El caso surgió cuando 11 hombres fueron acusados de “intentar mantener relaciones sexuales contra natura” tras una redada en un acto privado celebrado el año pasado en la que se practicaron detenciones arbitrarias. El director de JAIS, el departamento religioso malasio, explicó que después de vigilar a los hombres en la aplicación de mensajería WeChat, sus funcionarios pusieron en marcha una operación encubierta en la que participaron más de 50 agentes de la ley. Las autoridades deberían retirar los cargos contra otros seis hombres antes de que sufran el mismo trato injustificado Shamini Darshni Kaliemuthu, Amnistía Internacional El 7 de noviembre, el Tribunal Superior de la Sharia de Selangor vio la causa contra cinco de los hombres que se declararon culpables del cargo. Cuatro de ellos fueron condenados a una multa de 4.800 ringgits malasios, seis meses de prisión y seis azotes con vara. El quinto fue condenado a una multa de 4.900 ringgits, siete meses de cárcel y seis azotes con vara. De los cinco, cuatro han recibido hoy los azotes y después han quedado en libertad en espera de la apelación de su condena a prisión. El otro no ha recibido los azotes dado que tiene intención de recurrir la condena completa, incluidos los azotes. Los otros seis individuos que se han declarado inocentes serán juzgados el 19 de noviembre. “Las autoridades deberían retirar los cargos contra los seis hombres antes de que sufran el mismo trato injustificado”, ha dicho Shamini Darshni Kaliemuthu. “Las relaciones homosexuales no son delito. Pero las autoridades malasias están llegando a extremos terribles para vilipendiar a las personas LGBTI exigiendo estos castigos crueles.” Las personas LGBTI en Malasia se enfrentan a discriminación y penalización en virtud de la legislación vigente. Tanto el derecho común como el sistema de justicia de la sharia penalizan las relaciones homosexuales. Con el gobierno actual, las personas LGBTI sufren discriminación y persecución crecientes. En septiembre de 2018, dos mujeres recibieron seis azotes con vara por orden del Tribunal Superior de la Sharia de Terengganu por mantener “relaciones sexuales entre mujeres”, lo que despertó la indignación internacional. Los azotes con vara son una forma de castigo cruel, inhumano y degradante prohibida por el derecho internacional, y pueden constituir tortura. “Malasia debería estar creando un entorno en el que las personas LGBTI no sufran discriminación, y no tendiendo trampas o golpeando a personas inocentes —ha dicho Shamini Darshni Kaliemuthu—. Las autoridades malasias deben derogar toda ley represiva contra las personas LGBTI, proscribir los castigos crueles y ratificar la Convención de la ONU contra la Tortura.”

• Hong Kong: La policía debe frenar el enfrentamiento en los campus para evitar una tragedia aún mayor

  18 de noviembre — Hong Kong, Detenciones arbitrarias, Libertad de expresión, Uso excesivo de la fuerza
  Tras los enfrentamientos durante el asedio policial en la Universidad Politécnica, los más violentos que se han producido hasta la fecha en las protestas de Hong Kong, el director de Amnistía Internacional Hong Kong, Man-Kei Tam, ha manifestado: “Al sitiar la Universidad Politécnica y disparar gas lacrimógeno y balas de goma contra quienes intentaban huir, la policía de Hong Kong está volviendo a avivar las llamas de la violencia, cuando debería aplacarla. “La policía tiene la responsabilidad de apaciguar la situación, pero en lugar de ayudar a manifestantes heridos que están atrapados en el campus de la universidad, detiene ilegalmente al personal médico que intenta prestarles ayuda. “El carácter cada vez más violento de las protestas de Hong Kong y las lesiones que estas protestas están causando a transeúntes y otras personas es alarmante, pero la principal causa de esta escalada es la dura respuesta de la policía ante las protestas mayoritariamente pacíficas que se han producido en los últimos meses. Hoy, la policía ha amenazado con utilizar fuego real contra los manifestantes, una postura aún más agresiva que incrementa el riesgo de que se produzca una tragedia en las calles. “En un momento en que Hong Kong necesita sensatez y humanidad por parte de quienes están en el poder, lo que recibe es gas lacrimógeno, golpes y amenazas de uso de medios letales.” Información complementaria Desde el domingo, la policía mantiene sitiado el campus de la Universidad Politécnica de Hong Kong, en un enfrentamiento constante. La policía ha lanzado gas lacrimógeno y ha utilizado cañones de agua, intentando que la gente no se vaya del lugar, a lo que los manifestantes han respondido lanzando cócteles molotov. El Sindicato de Estudiantes de la Universidad Politécnica de Hong Kong afirma que todavía quedan en el campus cientos de manifestantes, personal médico voluntario, periodistas y trabajadores sociales. Muchas de estas personas están heridas. La policía ha acorralado a personal médico voluntario y periodistas que intentan salir del campus y, según los informes, ha detenido a más de 100 personas en la zona. A primeras horas de la mañana del lunes, un portavoz policial afirmó en un vídeo publicado en Facebook que la policía probablemente respondería con fuego real contra los manifestantes que atacaran con armas letales a los agentes. Según informan los medios de comunicación, desde entonces la policía ha realizado disparos de advertencia. Amnistía Internacional viene solicitando una investigación independiente y eficaz sobre el uso de la fuerza por la policía desde que en abril comenzaran las protestas masivas contra el proyecto de ley de extradición. Esto supondría investigar el uso excesivo de la fuerza por los agentes en la protesta mayoritariamente pacífica del 12 de junio, y las denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia.

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