Amnistía Internacional España - Derechos Humanos

Artículos

• Corea del Sur: Nuevo proyecto de ley antidiscriminación ofrece esperanza y seguridad a muchas personas

  16 de julio — Corea del Sur, Orientación sexual e Identidad de género
  Ante la introducción de un proyecto de ley que prohibirá la discriminación en Corea del Sur, incluso contra las personas LGBTI, Arnold Fang, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, ha declarado: “Una ley que proteja efectivamente a todas las personas de la discriminación, incluidas las personas LGBTI, podría hacer de Corea del Sur un país pionero en Asia por promulgar esta legislación. Esta es una iniciativa bienvenida que, de concretarse, daría esperanza y seguridad a muchas personas. “El derecho internacional prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. Si la legislación nacional de Corea del Sur prohíbe completamente la discriminación, sería un paso crucial para garantizar la igualdad de derechos para todas las personas consagrada en el derecho y las normas internacionales. “El presidente Moon Jae-in debe promover los esfuerzos para mejorar los derechos humanos en Corea del Sur y apoyar un debate auténtico de este proyecto de ley y de otras propuestas para eliminar la discriminación para todas las personas. Información complementaria El proyecto de ley antidiscriminación fue propuesto el 29 de junio de 2020 por el Partido de la Justicia, al que se sumaron algunos legisladores y legisladoras más. Esta es la séptima vez que se presenta ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley contra la discriminación, la primera desde 2006. En las ocasiones anteriores, la inclusión de disposiciones que prohibían la discriminación de las personas LGBTI fue especialmente polémica. El 8 de julio, el Partido Democrático, en el poder. indicó a los medios de comunicación que podría presentar un proyecto de ley similar contra la discriminación. En Corea del Sur, los partidos políticos pueden elaborar proyectos de ley diferentes sobre la misma cuestión cuando el debate no ha sido iniciado por el gobierno. Después se llega a un acuerdo sobre una versión final que puede ser aprobada por la mayoría en la Asamblea Nacional. La discriminación de las personas LGBTI en Corea del Sur sigue existiendo en diversas formas, algunas de ellas institucionalizadas. Las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo continúan estando penalizadas en las fuerzas armadas, a pesar de que no están prohibidas para la población general. Casi todos los hombres hacen el servicio militar y pasan al menos 21 meses en un entorno en el que la estigmatización o incluso la violencia contra las personas LGBTI están institucionalizadas. La pandemia de COVID-19 también ha dado más relieve a los prejuicios dominantes contra las personas LGBTI en Corea del Sur. En los casos en los que se supo que personas LGBTI habían dado positivo para el virus, los medios de comunicación y la población vincularon de forma discriminatoria e infundada la propagación de la COVID-19 a la orientación sexual o la identidad de género. Algunos gobiernos han utilizado la pandemia como justificación para reprimir a personas LGBTI y aprobar medidas que vulneran gravemente sus derechos o las estigmatizan. En virtud de las leyes y normas internacionales de derechos humanos, los gobiernos tienen la responsabilidad de respetar y proteger a las personas LGBTI. Esto incluye la adopción de políticas y leyes para prevenir su discriminación. La presentación de un proyecto de ley antidiscriminación en Corea del Sur aprovecha el impulso logrado por este tipo de leyes en otros países asiáticos. En Japón, se está debatiendo un proyecto de ley centrado en la discriminación de las personas LGBTI, mientras que Taiwán legalizó el matrimonio homosexual en 2019.

• España debe comprometerse ante la ONU a adoptar medidas que garanticen el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica

  16 de julio — España, 'Procés' en Cataluña, Libertad de expresión, Organismos internacionales, Salud
  Amnistía Internacional valora positivamente la colaboración de España con el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), y la aceptación de gran parte de las recomendaciones presentadas. Ahora es el momento de ponerlas en marcha. Hoy jueves, 16 de julio, Amnistía Internacional interviene en la sesión de adopción del Examen Periódico Universal (EPU) de España por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Por eso, la organización recuerda en su intervención que es necesario que España se comprometa y aborde con urgencia la implementación de medidas que protejan los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica; entre ellas, la modificación del delito de sedición en el Código Penal. Amnistía Internacional también insta a la prohibición del uso de las pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad, a reforzar un sistema público de salud, debilitado durante décadas por medidas de austeridad, y a garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica A Amnistía Internacional le preocupa que los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica no estén suficientemente garantizados. La organización valora positivamente que se hayan aceptado recomendaciones para reformar el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, unas reformas que deben abordarse sin demora. Y señala por un lado, que es urgente la reforma en el Código Penal del delito de sedición. La vaguedad en la definición de dicho delito, combinada con la interpretación del Tribunal Supremo sobre el mismo en la sentencia del 14 de octubre de 2019, podría tener un efecto paralizante para las protestas pacíficas. Con esta sentencia Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, fueron condenados a 9 años de prisión. Es necesario revisar urgentemente la definición del tipo penal de sedición para garantizar que no criminaliza el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica Ignacio Jovtis, Amnistía Internacional "Es necesario, que exista un compromiso para revisar sustancial y urgentemente la definición del tipo penal de sedición para garantizar que no criminaliza indebidamente el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica, ni impone penas desproporcionadas a actos de desobediencia civil pacífica como en el caso de los Jordis, que para Amnistía Internacional deberían ser puestos en libertad de forma inmediata", resaltó Ignacio Jovtis, portavoz de Amnistía Internacional que participará en esta sesión. Es también urgente una reforma del Código Penal en materia de libertad de expresión, eliminando aquellos delitos que no están en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos, como los delitos de enaltecimiento del terrorismo, de injurias a la Corona, y de ofensas a los sentimientos religiosos. Por otro, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como Ley Mordaza, desde el 1 de julio de 2015, fecha en la que entró en vigor, está restringiendo de forma ilegítima derechos humanos como el derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación, y de información. "Amnistía Internacional ha documentado cómo durante el estado de alarma en ocasiones ha sido aplicada de forma arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad, con un enfoque principalmente coercitivo y sin criterios claros de actuación, especialmente en el trato con personas vulnerables", manifestó Ignacio Jovtis. Según datos proporcionados por el Ministerio del Interior, durante el Estado de Alarma y hasta el 23 de mayo pasado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impusieron un total de 1.044.717 propuestas de sanción. Para Amnistía Internacional es especialmente importante que se eliminen los artículos de la ley relativos a las faltas de respeto a agentes de la autoridad y difusión no autorizada de imágenes de agentes por ser contrarios a los estándares internacionales. Uso excesivo de la fuerza El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad continúa siendo un motivo de preocupación. La organización acoge favorablemente que se hayan aceptado por parte del Estado español las recomendaciones relativas a garantizar una investigación efectiva de las denuncias de abusos policiales, incluyendo la incorporación de mecanismos independientes. Pero Amnistía Internacional vuelve a pedir al Estado español que prohíba el empleo de las pelotas de goma, un material antidisturbios que conlleva un elevado riesgo de causar lesiones graves debido a su gran imprecisión. Reforzar el sistema sanitario La actual crisis producida por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de reforzar el sistema de salud público español, mermado por la última década de políticas de austeridad. Los recortes en sanidad han tenido como consecuencia un deterioro de la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de la atención de la salud. Las medidas de austeridad que se adoptaron en un contexto de crisis económica provocaron que desde 2009 a 2013 el gasto sanitario público se hundiera. Y aunque a partir del 2014 comienza a subir la inversión, no se alcanzan los niveles de 2009. No obstante, acogemos con satisfacción la aceptación de las recomendaciones que instan al Gobierno a garantizar un acceso sin discriminación a la atención sanitaria a todas las personas que viven en España; además es imprescindible que se incremente el presupuesto de salud, especialmente en atención primaria y se garantice que el personal sanitario cuente con condiciones justas y seguras de trabajo. El 24,1 por ciento de los contagios por COVID-19 se ha producido entre profesionales de la sanidad. Verdad, justicia y reparación para víctimas del franquismo Sigue sin garantizarse el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Por ello, Amnistía Internacional pide al Estado español que se impulsen medidas con las que se pueda avanzar de forma efectiva en el reconocimiento de estos derechos. Algunas de estas medidas, serían la aplicación de las recomendaciones de organismos internacionales en relación con la Ley de Amnistía o con la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional, así como la promoción de una Comisión de la verdad con el mandato de investigar los abusos graves cometidos en esa época. Más información Amnistía Internacional ya envió a diversos Estados participantes un  documento con una serie de recomendaciones a España. El anterior EPU al que se sometió España se llevó a cabo en 2015. El próximo será en enero de 2025. ///FIN

• Guatemala: Amnistía Internacional declara a Bernardo Caal Xol preso de conciencia

  16 de julio — Guatemala, Presos de conciencia
  Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo maya q’eqchi’ y defensor de derechos humanos guatemalteco, es un preso de conciencia quien ha estado encarcelado injustamente por más de dos años, dijo hoy Amnistía Internacional. Desde 2015, Bernardo Caal ha defendido los derechos de las comunidades de Santa María Cahabón, quienes han sido afectadas por la construcción de la planta hidroeléctrica OXEC sobre los ríos Oxec y Cahabón en el departamento norteño de Alta Verapaz. Presentó una serie de recursos legales contra el proyecto y en 2017 las altas cortes reconocieron que se violó el derecho a la consulta libre, previa e informadas de las comunidades indígenas. Como represalia, Bernardo Caal fue acusado de realizar supuestos actos de violencia contra empleados de NETZONE SA, contratista de OXEC, el 15 de octubre de 2015. El 9 de noviembre de 2018, un tribunal lo condenó a siete años y cuatro meses de prisión por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado. “Tras haber revisado el expediente penal abierto contra Bernardo Caal, es claro que no hay evidencia sobre los delitos de que se le acusa. Por el contrario, el proceso en contra de Bernardo muestra los mismos patrones de criminalización contra defensores de derechos humanos que hemos documentado por años en el país. Por eso, hoy le nombramos preso de conciencia, exigimos su libertad y pedimos que la Fiscalía General haga una revisión de su caso e investigue a los funcionarios que llevaron la investigación”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Las autoridades guatemaltecas continúan silenciando y encarcelando a defensores de derechos humanos, esta vez ha sido Bernardo quien ha tenido que pasar más de dos años en prisión por ser una cara visible del pueblo q'eqchi Erika Guevara Rosas, Amnistía Internacional “Lamentablemente en Guatemala se sigue criminalizando a quienes alzan la voz para defender sus derechos. Las autoridades continúan usando la justicia penal para silenciar y encarcelar a defensores de derechos humanos, y esta vez ha sido Bernardo quien ha tenido que pasar más de dos años en prisión solo por ser una de las caras visibles de los reclamos del pueblo q’eqchi’. Las autoridades de Guatemala deben poner fin a estas prácticas injustas que atentan contra el derecho a defender derechos humanos”. En una carta pública remitida hoy a la Fiscal General María Consuelo Porras, Amnistía Internacional expresó su preocupación por las irregularidades y negligencias en el proceso penal contra Bernardo Caal –como la ausencia de elementos objetivos para sustentar la acusación– que coinciden con los patrones de criminalización previamente documentados por la organización en casos contra quienes defienden el territorio o el medioambiente. En 2016 y 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo A dictó dos sentencias absolutorias en otros casos de criminalización de defensores de derechos humanos en las que señaló el uso indebido de la justicia penal contra personas defensoras de derechos humanos y autoridades ancestrales en el país, sin que existieran pruebas ni delitos. Amnistía Internacional define como presos de conciencia a aquellas personas que sin haber utilizado la violencia ni haber promovido o su uso son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de su opinión política, religión u otras creencias, su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, orientación sexual o identidad de género, u otro estatus. Bernardo Caal es el primer preso de conciencia que declara la organización en Guatemala desde la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado interno en el país en 1996. Los abogados de Bernardo Caal han apelado su condena desde el 30 de noviembre de 2018. Sin embargo, el juicio ha sido retrasado injustificadamente y hasta la fecha no se ha podido celebrar la audiencia debido a que en cuatro ocasiones los magistrados designados no se presentaron o presentaron alguna excusa para no conocer del caso. La próxima audiencia está programada para el 28 de julio de 2020.

• Irán: Dos kurdos, ejecutados en un contexto de uso de la pena de muerte como arma de represión

  15 de julio — Irán, Pena de muerte
  Se está produciendo una alarmante escalada del uso de la pena de muerte contra manifestantes, disidentes y miembros de grupos minoritarios en Irán, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional a raíz de la ejecución el 13 de julio de dos kurdos en la prisión de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental. Diaku Rasoulzadeh y Saber Sheikh Abdollah habían sido declarados culpables y condenados a muerte en 2015 a partir únicamente de “confesiones” hechas presuntamente bajo tortura y pese a existir pruebas abrumadoras que apuntan a su inocencia. Unas horas después de la ejecución, un funcionario judicial anunció que se habían confirmado las condenas a muerte de tres hombres jóvenes impuestas en relación con las protestas contra el sistema de noviembre de 2019. Además, al menos cinco presos de la minoría kurda de Irán y otros tres de la minoría árabe ahwazí de Irán corren peligro de ser ejecutados. Otro kurdo continúa sometido a desaparición forzada, y se cree que ha sido fusilado en secreto. Amnistía Internacional pide a la UE y sus Estados miembros que intervengan con urgencia para salvar la vida de las personas que corren peligro de ser ejecutadas e insta a Irán a dejar de usar la pena de muerte para sembrar el miedo y silenciar a la oposición política. “Diaku Rasoulzadeh y Saber Sheikh Abdollah son las víctimas más recientes del sistema de justicia penal gravemente defectuoso de Irán, que se basa sistemáticamente en pruebas falsas, entre ellas ‘confesiones’ obtenidas bajo tortura y otros malos tratos, para dictar sentencias condenatorias. Utilizar las ejecuciones como instrumento para instigar el miedo y mantener un férreo control sobre la sociedad es de una crueldad sin límites”, afirmó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “La pena de muerte es siempre una pena cruel e inhumana. Las numerosas deficiencias y la falta absoluta de pruebas creíbles que empañan la causa de estos dos hombres ponen aún más de manifiesto el horror de su ejecución.” A Diaku Rasoulzadeh y Saber Sheikh Abdollah, de poco más de 20 y 30 años respectivamente, los sacaron de sus celdas en la prisión de Urmía el 13 de julio. Según información filtrada desde la prisión, los funcionarios penitenciarios les dijeron de forma engañosa que el Tribunal Supremo había anulado sus condenas a muerte y que iban a sacarlos de la prisión para volver a enjuiciarlos. En lugar de eso, los funcionarios penitenciarios los trasladaron a celdas de aislamiento y, en la madrugada del día siguiente, los ejecutaron sin dar aviso previo a sus abogados. La pena de muerte es siempre una pena cruel e inhumana. Las numerosas deficiencias y la falta absoluta de pruebas creíbles que empañan la causa de estos dos hombres ponen aún más de manifiesto el horror de su ejecución Diana Eltahawy, Amnistía Internacional Los dos hombres estaban en espera de ejecución desde 2015, cuando habían sido declarados culpables en relación con un ataque armado mortal perpetrado en 2010 en el que negaron reiteradamente haber participado. Su juicio fue manifiestamente injusto; el tribunal pasó por alto las coartadas sólidas de los hombres y se basó exclusivamente en “confesiones” presuntamente extraídas bajo tortura que, según sus abogados, les habían dictado funcionarios del Ministerio de Inteligencia y estaban plagadas de incoherencias. Escalofriante aumento del uso de la pena de muerte Estas últimas ejecuciones obedecen a un aumento escalofriante del uso de la pena de muerte por las autoridades iraníes con la intención aparente de intensificar el miedo y disuadir las protestas populares por el empeoramiento de la crisis política y económica en la que está sumido el país. Unas horas después de las ejecuciones de Urmía, el portavoz de la Magistratura anunció que el Tribunal Supremo había confirmado las condenas a muerte impuestas a tres hombres jóvenes en relación con las protestas de noviembre de 2019 de Teherán. Y ello pese a la condena internacional generalizada y la indignación de la opinión pública. Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi y Saeed Tamjidi también fueron sometidos a juicios manifiestamente injustos. El tribunal pasó por alto sus denuncias de tortura y otros malos tratos y se basó en las “confesiones” obtenidas de Amirhossein Moradi sin la presencia de abogados y, según informes, mediante palizas, descargas eléctricas y suspensión boca abajo, para declararlos culpables de “enemistad con Dios” (moharebeh) mediante la provocación de incendios y actos de vandalismo. Los acusados negaron los cargos. Pero, aunque las acusaciones fuesen ciertas, la provocación de incendios y los actos de vandalismo no alcanzan el umbral de “los más graves delitos” —es decir, los que conllevan un homicidio intencionado— a los que el derecho internacional restringe la imposición de la pena de muerte. Unos días antes, el 30 de junio de 2020, la Magistratura anunció que el disidente político y periodista Rouhollah Zam había sido condenado a muerte por “propagar la corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) a través de la gestión de un popular canal de noticias en las redes sociales conocido como AmadNews, al que las autoridades han acusado de incitar las protestas de diciembre de 2017 y enero de 2018. Durante los últimos meses, la televisión estatal ha retransmitido reiteradamente sus “confesiones” forzadas. Su apelación está pendiente de resolución ante la Corte Suprema. Al menos tres presos condenados a muerte de la minoría ahwazí de Irán, a saber, Hossein Silawi, Ali Khasraji y Naser Khafajian, y cinco presos condenados a muerte de la minoría kurda de Irán a los que se había detenido por tener o parecer tener vínculos con grupos kurdos políticos de oposición armados, en concreto Heydar Ghorbani, Houshmand Alipour, Saman Karimi, Arsalan Khodkam y Mohayyedin Ebrahimi, corren peligro de ser ejecutados. Todos ellos fueron condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos celebrados entre 2016 y 2020 y basados principalmente o exclusivamente en “confesiones” obtenidas sin la presencia de abogados y bajo tortura y otros malos tratos. Otro preso kurdo condenado a muerte, Hedayat Abdollahpour, se encuentra sometido a desaparición forzada desde el 9 de mayo de 2020, mientras las autoridades se niegan a revelar la verdad sobre su ejecución secreta y a devolver su cuerpo a su familia. Un séptimo preso kurdo, Mostafa Salimi, fue ejecutado el 12 de abril de 2020 en la ciudad de Saqqez, provincia de Kurdistán. La ejecución se llevó a cabo poco después de que volviesen a capturarlo, en presunta represalia por su fuga de prisión a finales de marzo entre protestas y disturbios por la propagación de COVID-19 en las cárceles iraníes. Amnistía Internacional teme que los presos condenados a muerte de minorías étnicas desfavorecidas de Irán corran especial peligro, dada la constante de ejecuciones de presos de estos grupos a manos de las autoridades ante la preocupación de que estallen protestas populares. “El creciente uso de la pena de muerte como arma política de represión en Irán es alarmante y merece la atención inmediata de la comunidad internacional. Sin una actuación diplomática y pública urgente, existe el riesgo de que la máquina ejecutora del Estado iraní continúe segando vidas”, manifestó Diana Eltahawy. Detalles sobre las ejecuciones más recientes en Urmía Diaku Rasoulzadeh, Saber Sheikh Abdollah y un tercer hombre, Hossein Osmani, fueron detenidos por separado en Mahabad en 2014. A continuación fueron trasladados a un centro de detención en Urmía en el que estuvieron recluidos sin acceso a sus abogados y su familia y principalmente en régimen de aislamiento durante más de un año. Según afirmaron, durante este periodo los torturaron reiteradamente con técnicas como brutales palizas, flagelación, descargas eléctricas, humillación sexual, suspensión del techo y amenazas de detener a sus familiares para que “confesaran” que habían participado en el ataque armado de 2010 y viajado a Irak para recibir instrucción militar. La Sección 1 del Tribunal Revolucionario de Mahabad, asignada a su caso, pasó por alto pruebas contundentes que demostraban que los tres hombres se encontraban en otro lugar en el momento del ataque, y no investigó las denuncias de tortura, ni siquiera después de que Hossein Osmani mostrase al juez las marcas en su cuerpo. Según información obtenida por Amnistía Internacional, funcionarios del Ministerio de Inteligencia habían amenazado a los hombres con nuevas torturas si en el juicio se retractaban de sus “confesiones”. Además, se les había hecho la falsa promesa de que si “cooperaban” se librarían de la pena de muerte. En enero de 2017, el Tribunal Supremo anuló sus sentencias condenatorias y sus condenas por falta de pruebas y devolvió las causas para que se celebrase un nuevo juicio. Posteriormente, la condena a muerte de Hossein Osmani fue reducida a una pena de 30 años de prisión, pero Saber Sheikh Abdollah y Diaku Rasoulzadeh fueron condenados a muerte de nuevo en octubre de 2017. Sus condenas fueron confirmadas a continuación sin que se abordasen sus motivos de preocupación por la tortura y pese a la falta de pruebas creíbles, y sus solicitudes de indulto, reiteradamente rechazadas. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena capital viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

• Israel y TPO: Miembro de Amnistía se dirigirá al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre su prohibición de viajar

  15 de julio — Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Defensores y defensoras de derechos humanos
  En el marco de una campaña internacional en curso, Laith Abu Zeyad, palestino residente en la Cisjordania ocupada y responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, tiene previsto dirigirse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU mañana en relación con la prohibición de viajar al extranjero que las autoridades israelíes le impusieron en octubre de 2019 por “razones de seguridad” no reveladas. “Dirigirse al Consejo de Derechos Humanos es una buena oportunidad para destacar el impacto devastador que esta prohibición punitiva de viajar ha tenido en la vida personal y profesional de Laith como activista de derechos humanos”, dijo Saleh Hegazi, director adjunto de Campañas para Oriente Medio de Amnistía Internaciona". “Las autoridades israelíes deben retirar esta prohibición de viajar, directamente relacionada con el trabajo de nuestro colega como defensor de los derechos humanos, y garantizar que tanto él como los demás defensores y defensoras de los derechos humanos pueden continuar con su labor fundamental sin miedo a sufrir represalias.” Las autoridades israelíes deben retirar esta prohibición de viajar, directamente relacionada con el trabajo de nuestro colega como defensor de los derechos humanos Las autoridades israelíes deben retirar esta prohibición de viajar, directamente relacionada con el trabajo de nuestro colega como defensor de los derechos humanos Saleh Hegazi, Amnistía Internacional El 31 de mayo, el Tribunal de Distrito de Jerusalén vio la solicitud de Amnistía de levantar la prohibición de viajar ilegítima. No obstante, en un duro revés para la justicia, y mostrando absoluto desprecio por la importancia de los derechos humanos, el juez ha aceptado la postura del servicio de seguridad israelí, basada en la “información secreta” que no permitieron que nuestro abogado examinara e impugnara, lo que supone una clara violación del derecho al debido proceso. El tribunal aún no ha emitido una decisión, pero el juez dio una indicación clara de que decidirá confirmar la prohibición. Ahora Amnistía Internacional se propone impugnar la prohibición de viajar en el Tribunal Supremo de Israel. La prohibición de viajar impuesta a Laith ilustra la escalofriante determinación de las autoridades israelíes de silenciar a las organizaciones y activistas de derechos humanos que critican al gobierno. También pone de manifiesto el carácter cruel e inhumano de sus políticas sobre la población palestina que vive bajo ocupación. Información complementaria El 25 de marzo de 2020, Amnistía Internacional presentó una solicitud al Tribunal de Distrito de Jerusalén para que se levante la prohibición de viajar impuesta a Laith Abu Zeyad. En septiembre de 2019, Laith Abu Zeyad solicitó un permiso humanitario en el puesto de control militar de Al Zaytuna (Hazatem), cercano a Jerusalén, para acompañar a su madre a recibir tratamiento médico en la ciudad. Su solicitud fue denegada el mismo día por “razones de seguridad”, sin mayor explicación. En diciembre se le prohibió visitar a su madre, que padecía cáncer, por lo que no tuvo la oportunidad de verla antes de su muerte. Laith Abu Zeyad estaba entre las personas detenidas arbitrariamente y torturadas por las fuerzas de seguridad palestinas en junio de 2018, durante la represión de una manifestación organizada por activistas palestinos en Ramala.

... | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |...