Amnistía Internacional España - Derechos Humanos

Artículos

• Francia: Absuelto de cargos infundados hombre que dio té a migrantes

  21 de noviembre — Buenas noticias, Francia, Inmigración, Refugio, Salud
  En respuesta a la decisión del tribunal de apelación de Grenoble de absolver a Pierre Mumber, guía de montaña que ofreció té caliente y ropa de abrigo a cuatro solicitantes de asilo de África Occidental en los Alpes y fue después declarado culpable de “facilitar la entrada irregular en el país”, Rym Khadhraoui, investigadora de Amnistía Internacional, ha manifestado: “Nos alegramos mucho de que Pierre Mumber haya sido absuelto hoy; es una victoria para el sentido común y para un hombre que no hizo absolutamente nada malo. “Lamentablemente, Pierre es una de las muchas personas que se exponen a sufrir hostigamiento, intimidación y ataques de las autoridades por ayudar a personas migrantes y refugiadas. No obstante, es alentador ver que los tribunales están rechazando esta aplicación indebida de la ley. Esperamos que, después de esta decisión, otras personas criminalizadas por actos de solidaridad en la frontera franco-italiana reciban felicitaciones, en vez de sanciones.” Información complementaria Pierre Mumber fue declarado culpable de facilitar la entrada ilegal, delito por el que se le impuso una condena condicional de tres meses. Esta sentencia ha sido ahora anulada en apelación.

• La vigilancia generalizada de Facebook y Google representa un peligro sin precedente para los derechos humanos

  21 de noviembre — Estados Unidos de América, Vigilancia, Empresas, Libertad de expresión
  La vigilancia omnipresente que ejercen Facebook y Google sobre miles de millones de personas representa un peligro sistémico para los derechos humanos, ha advertido Amnistía Internacional en un nuevo informe, la vez que ha pedido una transformación radical del modelo empresarial básico de los gigante tecnológicos. Surveillance Giants  (“Gigantes de la vigilancia”) muestra cómo el modelo empresarial, basado en la vigilancia, de Facebook y Google es intrínsecamente incompatible con el derecho a la privacidad y representa un peligro sistémico para diversos derechos más, como la libertad de opinión y de expresión, la libertad de pensamiento y el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. “Google y Facebook dominan actualmente nuestra vida, pues acumulan un poder sin igual sobre el mundo digital por medio de la recopilación y monetización de los datos personales de miles de millones de personas. Su control insidioso de nuestras vidas digitales menoscaba la esencia misma de la privacidad y es uno de los problemas de derechos humanos que definen nuestra época”, ha señalado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional. “Para proteger nuestros valores humanos básicos –dignidad, autonomía y privacidad– en la era digital es necesaria una transformación radical del modo en que las grandes empresas tecnológicas desarrollan sus actividades a fin de dar paso a una Internet basada en los derechos humanos.” Google y Facebook han establecido su dominio sobre los canales primarios de que depende la mayor parte del mundo –aparte de China– para hacer realidad sus derechos online. Sus diversas plataformas –como Facebook, Instagram, Google Search, YouTube y WhatsApp– facilitan nuestro modo de buscar y compartir información, entablar debates y participar en la sociedad. Asimismo, la mayoría de los teléfonos móviles del mundo funcionan con el sistema Android de Google. Aunque otras grandes empresas tecnológicas –como Apple, Amazon y Microsoft– han acumulado considerable poder en otras esferas, son las plataformas de Facebook y Google las que se han vuelto esenciales para nuestra forma de relacionarnos e interactuar, convirtiéndose, en efecto, en una nueva plaza pública global. Las grandes empresas tecnológicas ofrecen estos servicios a miles de millones de personas sin cobrarles ninguna tarifa. A cambio de ello, la gente cede sus datos personales íntimos y es rastreada continuamente en la web, y en el mundo físico también, por medio, por ejemplo, de dispositivos conectados. “Internet es esencial para que la gente disfrute de muchos de sus derechos, pero miles de millones de personas no tienen una opción significativa de acceso a este espacio público si no es con las condiciones dictadas por Facebook y Google”, ha afirmado Kumi Naidoo. “Para colmo, esta no es la Internet a la que la gente se adhirió cuando estas plataformas empezaron a funcionar. Google y Facebook han ido menoscabando nuestra privacidad con el tiempo. Ahora estamos en sus manos. O nos sometemos a esta maquinaria de vigilancia generalizada, en la que se aprovechan fácilmente nuestros datos para manipularnos e influenciarnos, o perdemos las ventajas del mundo digital. Este dilema no puede ser jamás legítimo. Tenemos que reclamar esta plaza pública esencial, para poder participar sin que se cometan abusos contra nuestros derechos.” La obtención y análisis de datos personales a esta escala sin precedente es incompatible con todos y cada uno de los elementos del derecho a la privacidad, incluidos el derecho a no sufrir injerencias en nuestra vida privada, el derecho a controlar la información sobre nuestra persona y el derecho a un espacio en el que podamos expresar libremente nuestra identidad. Algoritmos oportunistas Las plataformas de Google y Facebook están basadas en sistemas algorítmicos que procesan volúmenes inmensos de datos para inferir características increíblemente detalladas de las personas y conformar sus vivencias online. Los anunciantes pagan luego a Facebook y Google para dirigirse a la gente con anuncios o mensajes específicos. El escándalo de Cambridge Analytica puso de manifiesto la facilidad con que puede hacerse uso indebido de los datos de las personas de manera imprevista para manipularlas e influir en ellas. “Ya hemos visto que la enorme arquitectura publicitaria de Google y Facebook es un arma muy potente si cae en malas manos. No sólo puede hacerse uso indebido de ella con fines políticos, de consecuencias potencialmente desastrosas para la sociedad, sino que también permite todo tipo de nuevas tácticas publicitarias oportunistas, que hacen presa, por ejemplo, en personas vulnerables debido a enfermedades, problemas de salud mental o adiciones. Como estos anuncios están adaptados a nuestra persona, eluden el escrutinio público”, ha explicado Kumi Naidoo. Una nueva Internet Los gobiernos deben tomar con urgencia medidas para transformar el modelo empresarial basado en la vigilancia y protegernos de los abusos de las empresas contra los derechos humanos, entre ellas la aplicación de sólidas leyes de protección de datos y la regulación efectiva de las grandes empresas tecnológicas en consonancia con el derecho de los derechos humanos. En primer lugar, los gobiernos deben promulgar leyes para garantizar que las empresas como Google y Facebook no pueden condicionar el acceso a sus servicios a que la persona “dé su consentimiento” a la recopilación, procesamiento y distribución de sus datos personales con fines comerciales o publicitarios. Las empresas, incluidas Google y Facebook, tienen también la obligación de respetar los derechos humanos dondequiera y comoquiera que desarrollen sus actividades. “No se debe permitir a Facebook y Google dictar cómo debemos vivir online. Estas empresas han optado por determinado modelo empresarial basado en la vigilancia, que afecta a la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos humanos. La tecnología que sustenta Internet no es incompatible con nuestros derechos, pero el modelo empresarial que Facebook y Google han elegido sí lo es”, ha manifestado Kumi Naidoo. “Ha llegado la hora de reclamar este espacio público vital para todas las personas, no para unas cuantas empresas poderosas y que no rinden cuentas de Silicon Valley.” Facebook y Google han rechazado las conclusiones del informe. Las respuestas de las empresas se incluyen en él.

• Estados Unidos: La exoneración de Scott Warren, un gran triunfo

  20 de noviembre — Buenas noticias, Estados Unidos de América, Inmigración, Defensores y defensoras de derechos humanos
  En respuesta a la declaración de inocencia dictada hoy por un tribunal de Arizona respecto a los cargos formulados contra el doctor Scott Warren, voluntario de ayuda humanitaria, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha declarado: “El sentido común ha prevalecido hoy, cuando el jurado ha exonerado al doctor Scott Warren por una razón muy sencilla: la ayuda humanitaria nunca es delito. La administración Trump se equivoca al tratar de procesar a personas que solo intentan salvar vidas. Al amenazar al doctor Warren con un decenio de prisión, el gobierno estadounidense pretendía criminalizar la compasión y utilizar el mortífero desierto como arma contra las personas que realizan el peligroso viaje a Estados Unidos en busca de seguridad”. La administración Trump se equivoca al tratar de procesar a personas que solo intentan salvar vidas Erika Guevara Rosas, Amnistía Internacional Información complementaria Este era el segundo juicio al que se enfrentaba el doctor Warren por cargos de “dar refugio” a dos personas migrantes, por proporcionarles ayuda humanitaria en la localidad de Ajo, Arizona, donde vive. El primer juicio concluyó en juicio nulo el 2 de julio, cuando 8 de los 12 miembros del jurado votaron por absolverlo de todos los cargos pero no consiguieron llegar a una decisión unánime. En julio, Amnistía Internacional publicó un informe en el que documentaba el uso indebido del sistema de justicia penal que hace la administración Trump para amenazar, intimidar y castigar a quienes defienden los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México.

• Irán: Más de 100 manifestantes han muerto al darse luz verde para aplastar protestas

  20 de noviembre — Irán, Uso excesivo de la fuerza
  Amnistía Internacional ha afirmado hoy que imágenes de vídeo verificadas, testimonios de testigos presenciales e información de activistas de derechos humanos de fuera de Irán revelan una estremecedora constante de homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad iraníes, que están utilizando fuerza excesiva y medios letales para aplastar las protestas, en su mayoría pacíficas, en más de 100 ciudades de todo el país, desencadenadas por la subida del precio del combustible el 15 de noviembre. Al menos 106 manifestantes han perdido la vida en 21 ciudades, según informes creíbles recibidos por Amnistía Internacional. La organización cree que la cifra real de fallecimientos podría ser muy superior, pues algunas fuentes indican que han muerto hasta 200 personas. Los medios de comunicación estatales han informado sólo de algunas muertes de manifestantes, así como de la de al menos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad. Hay imágenes de vídeo que muestran a las fuerzas de seguridad empleando armas de fuego, cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar las protestas y golpeando a manifestantes con porras. Las imágenes de casquillos hallados posteriormente en el suelo, así como el consiguiente elevado número de muertos, indican que utilizaron fuego real. “Las autoridades deben poner fin de inmediato a esta brutal y mortífera represión y mostrar respeto a la vida humana”, declaró Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. La frecuencia y persistencia de los medios letales utilizados contra manifestantes pacíficos hacen temer seriamente que se trate de una política de Estado Philip Luther, Amnistía Internacional “La frecuencia y persistencia de los medios letales utilizados contra manifestantes pacíficos en estas protestas multitudinarias y en otras anteriores, así como la impunidad sistemática para las fuerzas de seguridad que matan a manifestantes, hacen temer seriamente que el uso intencionado y letal de armas de fuego para aplastar las protestas se ha convertido en un asunto de política de Estado”. Altos cargos del gobierno, incluido el líder supremo de Irán Ali Jamenei, han hecho declaraciones en las que califican a quienes protestan de “canallas” y dan luz verde a las fuerzas de seguridad para aplastar las manifestaciones. Según el derecho internacional, las fuerzas de seguridad sólo pueden recurrir al uso de medios letales cuando sea estrictamente inevitable para protegerse de un riesgo inminente de muerte o lesión grave. Amnistía Internacional pide también a las autoridades iraníes que respeten los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión, lo que incluye levantar el bloqueo casi total del acceso a Internet concebido para restringir la difusión al mundo exterior de información sobre la represión. Cientos de manifestantes bloquearon carreteras con sus coches estacionados como forma de protesta. Imágenes de vídeo verificadas recibidas por Amnistía Internacional muestran a la policía antidisturbios rompiendo ventanillas de coches cuyos conductores estaban aún en el interior. Según relatos de testigos presenciales corroborados por imágenes de vídeo examinadas por Amnistía Internacional, también hubo francotiradores que dispararon a la multitud desde tejados y, en un caso, un helicóptero. Aunque parece que la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, en algunos casos, con la intensificación de la represión de las fuerzas de seguridad, un pequeño número de personas ha lanzado piedras y provocado incendios y daños a bancos y seminarios. “Aun en el caso de que una pequeña minoría de manifestantes haya recurrido a la violencia, la policía debe actuar con moderación y usar sólo la fuerza estrictamente necesaria, proporcionada y legítima en respuesta a la violencia. La violencia de un puñado de personas no justifica una respuesta temeraria generalizada”, dijo Philip Luther. Según varios testigos presenciales, las fuerzas de seguridad están llevándose cadáveres y a personas heridas de las carreteras y hospitales. En una constante acorde con prácticas anteriores, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad se han negado a devolver los cuerpos de muchas de las víctimas a sus familias o han obligado a éstas a enterrar a sus seres queridos apresuradamente y sin que se les practicara una autopsia independiente para determinar las causas y circunstancias de la muerte. Esto es contrario al derecho y a las normas internacionales sobre la investigación de homicidios ilegítimos. Los medios de comunicación estatales informaron de que, a 17 de noviembre, habían sido detenidos más de 1.000 manifestantes desde que comenzaron las protestas. Entre las personas detenidas está la defensora de los derechos humanos Sepideh Gholian, arrestada el 17 de noviembre tras participar en las protestas por exhibir un cartel sobre los precios del combustible. Se desconoce su actual paradero y Amnistía Internacional teme que pueda sufrir tortura y otros malos tratos, dados los terribles antecedentes de las autoridades de torturas a personas defensoras de los derechos humanos detenidas. “Todas las personas detenidas exclusivamente por participar de forma pacífica en manifestaciones, expresar su apoyo a las protestas o criticar a las autoridades deben ser puestas en libertad de manera inmediata e incondicional. Todas las personas detenidas deben ser protegidas de la tortura y otros malos tratos”, dijo Philip Luther. La organización pide a la comunidad internacional, incluidas la ONU y la UE, que actúe de inmediato para exigir cuentas a las autoridades iraníes por cometer homicidios ilegítimos y reprimir con violencia el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Cierre de Internet El 16 de noviembre, menos de un día después del comienzo de las protestas, las autoridades impusieron un cierre casi total de Internet —aún vigente—, clausurando casi todos los medios de comunicación en línea para quienes están dentro de Irán. El bloqueo informativo resultante es un intento deliberado de las autoridades de impedir que se difundan imágenes y vídeos de los medios letales que están utilizando las fuerzas de seguridad. Según la ONG NetBlocks, desde que empezaron las protestas, la conectividad de Irán con el mundo exterior ha caído hasta el 4% de los niveles normales. Todas las redes móviles están desconectadas y hay un apagón casi total de Internet y las telecomunicaciones en el ámbito nacional, aunque algunas personas han podido acceder aún a Internet a través de redes privadas virtuales (VPN) y otros medios. “Desactivar deliberadamente las comunicaciones por Internet es un ataque sistemático al derecho a la libertad de expresión e indica que las autoridades tienen algo que ocultar. Las autoridades iraníes deben levantar inmediatamente todas las restricciones al acceso a Internet y las redes sociales, y permitir que las personas difundan información y expresen libremente sus opiniones”, afirmó Philip Luther. Represión sistemática y coordinada Diversas autoridades, incluido el líder supremo, presidente y presidente de la Magistratura, han demonizado a quienes protestan y han advertido de que las fuerzas de seguridad seguirán empleando la fuerza contra estas personas. El 16 de noviembre, el ministro del Interior iraní dijo que las autoridades no seguirán mostrando “tolerancia” y “autocontrol” hacia las personas que protestan, pese a los informes cada vez más numerosos sobre víctimas entre manifestantes. En un discurso pronunciado el 17 de noviembre, el líder supremo de Irán calificó a las quienes protestan de “canallas” a los que habían incitado a la violencia contrarrevolucionarios y enemigos extranjeros de Irán. Ordenó a las fuerzas de seguridad que “cumplieran su deber” de poner fin a las protestas, dándoles así efectivamente luz verde para que continuase la brutalidad. Los órganos judiciales y de seguridad también han enviado mensajes de texto amenazantes masivos en los que advertían a la gente de que permaneciera alejada de “reuniones ilegales” so pena de enfrentarse a acciones legales. “En lugar de dar luz verde a la brutalidad, las autoridades iraníes deben refrenar a sus fuerzas de seguridad para prevenir más derramamientos de sangre. La arraigada constante de impunidad por homicidios ilegítimos y lesiones en Irán continuará a menos que se hagan investigaciones independientes e imparciales sobre todos los presuntos casos de uso arbitrario y abusivo de la fuerza, y que quienes cometen estos graves delitos y violaciones rindan cuentas”, concluyó Philip Luther. “La ONU y sus Estados miembros a título individual deben denunciar públicamente la sangrienta represión de Irán y presionar a sus autoridades para que den acceso a observadores independientes de derechos humanos a los hospitales y centros de detención del país, levanten el bloqueo de Internet e inviten a las personas titulares de mandatos de la ONU a que hagan visitas de investigación”. Información complementaria El 15 de noviembre, estallaron las protestas tras el repentino anuncio del gobierno de una gran subida del precio del combustible que afecta negativamente a personas que ya atraviesan dificultades en medio de la crisis económica del país. Algunas de las personas que protestan corean consignas que piden una reforma radical del sistema político y otras han quemado retratos del actual líder supremo de Irán y de otros anteriores. A continuación ofrecemos el desglose, por ciudad y provincia, de las 106 muertes de las que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional hasta ahora. La organización obtuvo la información de informes cuya credibilidad y fiabilidad ha verificado mediante entrevistas a periodistas y activistas de derechos humanos que participaron en su elaboración y después ha cotejado los datos. Abadan, provincia de Juzestán: 2 Ahvaz, provincia de Juzestán: 2 Bandar-e Mahshahr y sus suburbios, provincia de Juzestán: 14 Behbahán, provincia de Juzestán: 8 Bukan, provincia de Azerbaiyán Occidental: 4 Bumahen, provincia de Teherán: 2 Isfahán, provincia de Isfahán: 1 Islamshahr, provincia de Teherán: 1 Yavanrud, provincia de Kermanshah: 14 Karaj, provincia de Alborz: 4 Kermanshah, provincia de Kermanshah: 16 Joramshahr, provincia de Joramshahr: 3 Mariwan, provincia de Kurdistán: 9 Ramhormoz, provincia de Juzestán: 6 Robatkarim, provincia de Teherán: 4 Sadra, provincia de Fars: 6 Sanandaj, provincia de Kurdistán: 1 Shahriyar, provincia de Teherán: 1 Shiraz, provincia de Fars: 6 Sirjan, provincia de Kermán: 1 Teherán, provincia de Teherán: 1 Amnistía Internacional está trabajando para verificar otros informes de homicidios de manifestantes en todo Irán.

• Irán: Más de 100 manifestantes han muerto después de que autoridades dieran luz verde para aplastar protestas

  20 de noviembre — Irán, Uso excesivo de la fuerza
  Amnistía Internacional ha afirmado hoy que imágenes de vídeo verificadas, testimonios de testigos presenciales e información de activistas de derechos humanos de fuera de Irán revelan una estremecedora constante de homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad iraníes, que están utilizando fuerza excesiva y medios letales para aplastar las protestas, en su mayoría pacíficas, en más de 100 ciudades de todo el país, desencadenadas por la subida del precio del combustible el 15 de noviembre. Al menos 106 manifestantes han perdido la vida en 21 ciudades, según informes creíbles recibidos por Amnistía Internacional. La organización cree que la cifra real de fallecimientos podría ser muy superior, pues algunas fuentes indican que han muerto hasta 200 personas. Los medios de comunicación estatales han informado sólo de algunas muertes de manifestantes, así como de la de al menos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad. Hay imágenes de vídeo que muestran a las fuerzas de seguridad empleando armas de fuego, cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar las protestas y golpeando a manifestantes con porras. Las imágenes de casquillos hallados posteriormente en el suelo, así como el consiguiente elevado número de muertos, indican que utilizaron fuego real. “Las autoridades deben poner fin de inmediato a esta brutal y mortífera represión y mostrar respeto a la vida humana”, declaró Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. La frecuencia y persistencia de los medios letales utilizados contra manifestantes pacíficos hacen temer seriamente que se estén convirtiendo en un asunto de política de Estado Philip Luther, Amnistía Internacional “La frecuencia y persistencia de los medios letales utilizados contra manifestantes pacíficos en estas protestas multitudinarias y en otras anteriores, así como la impunidad sistemática para las fuerzas de seguridad que matan a manifestantes, hacen temer seriamente que el uso intencionado y letal de armas de fuego para aplastar las protestas se ha convertido en un asunto de política de Estado”. Altos cargos del gobierno, incluido el líder supremo de Irán Ali Jamenei, han hecho declaraciones en las que califican a quienes protestan de “canallas” y dan luz verde a las fuerzas de seguridad para aplastar las manifestaciones. Según el derecho internacional, las fuerzas de seguridad sólo pueden recurrir al uso de medios letales cuando sea estrictamente inevitable para protegerse de un riesgo inminente de muerte o lesión grave. Amnistía Internacional pide también a las autoridades iraníes que respeten los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión, lo que incluye levantar el bloqueo casi total del acceso a Internet concebido para restringir la difusión al mundo exterior de información sobre la represión. Cientos de manifestantes bloquearon carreteras con sus coches estacionados como forma de protesta. Imágenes de vídeo verificadas recibidas por Amnistía Internacional muestran a la policía antidisturbios rompiendo ventanillas de coches cuyos conductores estaban aún en el interior. Según relatos de testigos presenciales corroborados por imágenes de vídeo examinadas por Amnistía Internacional, también hubo francotiradores que dispararon a la multitud desde tejados y, en un caso, un helicóptero. Aunque parece que la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, en algunos casos, con la intensificación de la represión de las fuerzas de seguridad, un pequeño número de personas ha lanzado piedras y provocado incendios y daños a bancos y seminarios. “Aun en el caso de que una pequeña minoría de manifestantes haya recurrido a la violencia, la policía debe actuar con moderación y usar sólo la fuerza estrictamente necesaria, proporcionada y legítima en respuesta a la violencia. La violencia de un puñado de personas no justifica una respuesta temeraria generalizada”, dijo Philip Luther. Según varios testigos presenciales, las fuerzas de seguridad están llevándose cadáveres y a personas heridas de las carreteras y hospitales. En una constante acorde con prácticas anteriores, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad se han negado a devolver los cuerpos de muchas de las víctimas a sus familias o han obligado a éstas a enterrar a sus seres queridos apresuradamente y sin que se les practicara una autopsia independiente para determinar las causas y circunstancias de la muerte. Esto es contrario al derecho y a las normas internacionales sobre la investigación de homicidios ilegítimos. Los medios de comunicación estatales informaron de que, a 17 de noviembre, habían sido detenidos más de 1.000 manifestantes desde que comenzaron las protestas. Entre las personas detenidas está la defensora de los derechos humanos Sepideh Gholian, arrestada el 17 de noviembre tras participar en las protestas por exhibir un cartel sobre los precios del combustible. Se desconoce su actual paradero y Amnistía Internacional teme que pueda sufrir tortura y otros malos tratos, dados los terribles antecedentes de las autoridades de torturas a personas defensoras de los derechos humanos detenidas. “Todas las personas detenidas exclusivamente por participar de forma pacífica en manifestaciones, expresar su apoyo a las protestas o criticar a las autoridades deben ser puestas en libertad de manera inmediata e incondicional. Todas las personas detenidas deben ser protegidas de la tortura y otros malos tratos”, dijo Philip Luther. La organización pide a la comunidad internacional, incluidas la ONU y la UE, que actúe de inmediato para exigir cuentas a las autoridades iraníes por cometer homicidios ilegítimos y reprimir con violencia el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Cierre de Internet El 16 de noviembre, menos de un día después del comienzo de las protestas, las autoridades impusieron un cierre casi total de Internet —aún vigente—, clausurando casi todos los medios de comunicación en línea para quienes están dentro de Irán. El bloqueo informativo resultante es un intento deliberado de las autoridades de impedir que se difundan imágenes y vídeos de los medios letales que están utilizando las fuerzas de seguridad. Según la ONG NetBlocks, desde que empezaron las protestas, la conectividad de Irán con el mundo exterior ha caído hasta el 4% de los niveles normales. Todas las redes móviles están desconectadas y hay un apagón casi total de Internet y las telecomunicaciones en el ámbito nacional, aunque algunas personas han podido acceder aún a Internet a través de redes privadas virtuales (VPN) y otros medios. “Desactivar deliberadamente las comunicaciones por Internet es un ataque sistemático al derecho a la libertad de expresión e indica que las autoridades tienen algo que ocultar. Las autoridades iraníes deben levantar inmediatamente todas las restricciones al acceso a Internet y las redes sociales, y permitir que las personas difundan información y expresen libremente sus opiniones”, afirmó Philip Luther. Represión sistemática y coordinada Diversas autoridades, incluido el líder supremo, presidente y presidente de la Magistratura, han demonizado a quienes protestan y han advertido de que las fuerzas de seguridad seguirán empleando la fuerza contra estas personas. El 16 de noviembre, el ministro del Interior iraní dijo que las autoridades no seguirán mostrando “tolerancia” y “autocontrol” hacia las personas que protestan, pese a los informes cada vez más numerosos sobre víctimas entre manifestantes. En un discurso pronunciado el 17 de noviembre, el líder supremo de Irán calificó a las quienes protestan de “canallas” a los que habían incitado a la violencia contrarrevolucionarios y enemigos extranjeros de Irán. Ordenó a las fuerzas de seguridad que “cumplieran su deber” de poner fin a las protestas, dándoles así efectivamente luz verde para que continuase la brutalidad. Los órganos judiciales y de seguridad también han enviado mensajes de texto amenazantes masivos en los que advertían a la gente de que permaneciera alejada de “reuniones ilegales” so pena de enfrentarse a acciones legales. “En lugar de dar luz verde a la brutalidad, las autoridades iraníes deben refrenar a sus fuerzas de seguridad para prevenir más derramamientos de sangre. La arraigada constante de impunidad por homicidios ilegítimos y lesiones en Irán continuará a menos que se hagan investigaciones independientes e imparciales sobre todos los presuntos casos de uso arbitrario y abusivo de la fuerza, y que quienes cometen estos graves delitos y violaciones rindan cuentas”, concluyó Philip Luther. “La ONU y sus Estados miembros a título individual deben denunciar públicamente la sangrienta represión de Irán y presionar a sus autoridades para que den acceso a observadores independientes de derechos humanos a los hospitales y centros de detención del país, levanten el bloqueo de Internet e inviten a las personas titulares de mandatos de la ONU a que hagan visitas de investigación”. Información complementaria El 15 de noviembre, estallaron las protestas tras el repentino anuncio del gobierno de una gran subida del precio del combustible que afecta negativamente a personas que ya atraviesan dificultades en medio de la crisis económica del país. Algunas de las personas que protestan corean consignas que piden una reforma radical del sistema político y otras han quemado retratos del actual líder supremo de Irán y de otros anteriores. A continuación ofrecemos el desglose, por ciudad y provincia, de las 106 muertes de las que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional hasta ahora. La organización obtuvo la información de informes cuya credibilidad y fiabilidad ha verificado mediante entrevistas a periodistas y activistas de derechos humanos que participaron en su elaboración y después ha cotejado los datos. Abadan, provincia de Juzestán: 2 Ahvaz, provincia de Juzestán: 2 Bandar-e Mahshahr y sus suburbios, provincia de Juzestán: 14 Behbahán, provincia de Juzestán: 8 Bukan, provincia de Azerbaiyán Occidental: 4 Bumahen, provincia de Teherán: 2 Isfahán, provincia de Isfahán: 1 Islamshahr, provincia de Teherán: 1 Yavanrud, provincia de Kermanshah: 14 Karaj, provincia de Alborz: 4 Kermanshah, provincia de Kermanshah: 16 Joramshahr, provincia de Joramshahr: 3 Mariwan, provincia de Kurdistán: 9 Ramhormoz, provincia de Juzestán: 6 Robatkarim, provincia de Teherán: 4 Sadra, provincia de Fars: 6 Sanandaj, provincia de Kurdistán: 1 Shahriyar, provincia de Teherán: 1 Shiraz, provincia de Fars: 6 Sirjan, provincia de Kermán: 1 Teherán, provincia de Teherán: 1 Amnistía Internacional está trabajando para verificar otros informes de homicidios de manifestantes en todo Irán.

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