Publicado en línea el Lunes 28 de junio de 2021, por Miguel Arróniz

Son perspectivas sombrías, las del futuro nacional, si no se realizan e implementan profundas reformas estructurales al sistema económico, jurídico y social que nos han impuesto. Las causas de los problemas que agobian al pueblo colombiano son plenamente identificables, igual que sus responsables.

Los responsables únicos, de toda la problemática y caos socioeconómico, político y fiscal nacional y del precario desarrollo integral, son los sucesivos gobiernos y con ellos, la clase política y gremios económicos que los secunda y usufructúa.

Para los usufructuarios del poder, la elección y permanencia en el poder, tiene que ser consonantes con los intereses económicos y de clase de élites, de gremios económicos y explotadores de las riquezas nacionales. En Colombia, siempre ocurre así, desde hace más de 200 años.

Esa caracterización política y utilitaria en la sucesión del poder político, fue disputada entre dos partidos, durante algo más de 150 años. Durante ese lapso de tiempo, el soporte económico, de dirigentes políticos y empresariales, fue la tenencia de la tierra, condición que perdura, con crecientes variables, a partir del plebiscito de 1957. Desde ese año, la politiquería y el clientelismo, en condiciones de dinámica creciente, sustituyeron las escasas ideas y principios, que tenuemente diferenciaban a conservadores y liberales.

Los períodos del miti-miti del poder público, fueron suficientes para dinamizar y consolidar la politiquería y el clientelismo y hacer del poder público el soporte inequívoco del poder económico y fuente de enriquecimiento de los representantes y usufructuarios del poder. Desde ahí, la corrupción en el manejo del presupuesto y el patrimonio público, se ha ido consolidando y perfeccionado e irradiando su efecto corrosivo a todas las ramas del poder público y a la misma sociedad.

A grandes rasgos, fue como llegamos a la Colombia de hoy, de caótico presente e incierto futuro. Condiciones de caos ético y moral generalizado, generadoras de la insoportable inequidad socioeconómica, son los antecedentes y causas del malestar social de hoy.

Los gobiernos, ante la imposibilidad de responder al electorado, por la satisfacción de sus derechos básicos, hacen todo tipo de maniobras, estadísticas, fiscales, informativas y promisorias, para embaucar y esperanzar a las mayorías, sin resolverles los problemas más apremiantes.

Con sofismas y malabares discursivos, se disculpan de lo que en muchas oportunidades constituyen crisis humanitarias, devenidas por la irresponsabilidad del poder, como en los reiterados caso de falta de servicios esenciales, como el agua potable, la sequía, los precarios servicios de salud, los altos índices de pobreza, miseria, inseguridad y violencia que padecen las mayorías nacionales.

Por su misma esencia perversa e irresponsable, los gobiernos, no toman medidas para combatir y derrotar la corrupción. Esta se convirtió en instrumento eficaz para mantener el poder político y económico y cubrir costos de campaña y pagar impunidad.

Con solo ojear los diarios escritos y digitales y escuchar noticieros, podemos notificarnos, de la abismal descomposición generalizada del poder público, la corrupción e impunidad, en todas sus instancias.

Bajo tales raceros, resulta imposible mejorar las condiciones socioeconómicas y de vida de los colombianos. El manejo económico de la mayoría de naciones subdesarrolladas, es absolutamente errático, perverso e irresponsable.

El populismo, la politiquería y la corrupción, pretenden mostrar viabilidad fiscal de Colombia, con maquillaje social. Los gobiernos imponen presupuestos de rentas y gastos, para cada vigencia, sin financiación cierta. Y luego recurren irresponsablemente al endeudamiento externo e interno. Seguramente confían en que nadie se detendrá en analizar las cifras. Los presupuestos son inciertos. Ya no hay que privatizar. Solo quedan porcentajes de ISA y ECOPETROL. El resto fue totalmente privatizado, hasta los peajes de las troncales de mayor flujo vehicular. Esa es precisamente la vía para lograr la inviabilidad fiscal, económica y social de la nación.

La dictadura financiera internacional, no respeta los protocolos crediticios internacionales vigentes, cuando quienes deben responder son los países del tercer mundo, sobre crédito. Por esa vía transitaron, Grecia, España, Portugal entre muchas otras naciones y los resultados fueron desastrosos y están a la vista sus endeudamientos y atraso. Pero esas naciones tenían ingreso per-cápita y desarrollo industrial y tecnológico muy superior al colombino. El endeudamiento permite sometimiento del deudor.

Colombia está en obra negra. El 70% de sus exportaciones son materias primas sin valor agregado y de origen minero. Esta circunstancia se refleja en el endémico desempleo, subempleo y constantes niveles de pobreza y de miseria, pues los representantes del régimen, en el poder, prefieren congraciarse con el capital que, impulsar el desarrollo nacional equitativo. Lo explican las gabelas tributarias que otorgan a multinacionales y al capital nacional y a grandes empresarios, en contravía del fisco nacional y de los derechos sociales esenciales.

Si somos conscientes de la dramática realidad nacional, debemos decidirnos a hacer valer el voto popular y los derechos del constituyente primario.

En la próxima contienda electoral, solo podemos votar por quien se comprometa a hacer reformas de fondo y corregir las inauditas falencias del poder público y la institucionalidad y a impulsar los recursos constitucionales del constituyente primario. Ese debe ser nuestro objetivo desde ya.


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