Publicado en línea el Viernes 25 de junio de 2021, por Capiza 16

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En medio del auge del Paro Nacional en Colombia y en lo más álgido de las movilizaciones, el gobierno presionado por el descontento nacional y la influencia internacional decidió convocar al a Comité Nacional del Paro a una mesa de dialogo claramente dos sintonías distintas, el gobierno buscando apaciguar el ruido de la protesta social que aturde su gestión nefasta y el Comité Nacional de Paro con unas condiciones previas tendientes a desmilitarizar y no criminalizar la protesta social para ahí sí, poder abrir mesas de negociación.

Exigencias que desde el comienzo se sabe ilusorio para el gobierno actual quien ha dilato y ahora niega y da un trato de guerra al derecho a la protesta social, no existe con este gobierno cualquier posibilidad de avance real.

Lo cierto es que los diferentes gobiernos de Colombia siempre usan la estrategia de dilatar, negar y si la presión sigue, sentar a la contraparte (cual ella sea) para tratar de cooptar a sus líderes y si esto no funciona, avanzar hacia una mesa de negociación para anotar con detenimiento los puntos presentados llegar a posibles acuerdos con el único fin de no cumplir. Argumentando, al pasar del tiempo, falta de recursos, trámites burocráticos y cínicamente aduciendo incumplimiento de la contraparte.

Como se ha referenciado en anteriores artículos, estamos en este momento de la historia en manos de una clase política ligada a la mafia, a contratistas deshonestos, alianza con grupos paramilitares y ahora una dañina híper-concentrado del poder (Legislativo y Judicial) en el Ejecutivo lo que permite mover cualquier estructura del Estado a su antojo y utilizar los recursos públicos como su botín personal. (Desinformémonos, 2021).

La estructura del Estado colombiano nunca ha estado en juego en ninguna negociación por parte de los diferentes gobiernos y ha permanecido así durante los más de doscientos años como república. Los privilegios de unas minorías en el poder nunca son puestos sobre la mesa, lo que de entrada permite colegir que ante cualquier manifestación de inconformidad popular pueden existir cambios cosméticos, pero nunca de fondo.

El ejemplo más reciente puede ser el proceso de paz entre la insurgencia de las FARC-EP y el Estado colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, en la fase publica de los diálogos el mismo presidente refirió lo siguiente:

«No vamos a entrar a negociar ni a conversar sobre aspectos fundamentales de la vida nacional, como la propia Constitución, el modelo de desarrollo, el concepto de propiedad privada, eso no está en discusión ni va a estar en discusión» (Semana, 2012).

Claramente la estructura esencial del Estado no estaba en juego como podría verse, se aceptaron seis grandes temas que ingresaron al Acuerdo final (1. Reforma rural integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas y 6. Implementación, verificación y refrendación) pero estos avanzan tan lentamente que en los diez años que se acordó se cumplirían los puntos en un 100% no se llegará a un mínimo porcentaje. (KROC Institute, 2021) esto pues se firmó sin cambiar la estructura base que ha provocado males igualmente estructurales.

Vale la pena analizar algunos de los temas que se encuentran vedados y nunca son incluidos en las negociaciones entre los Gobiernos Neoliberales de turno y los movimientos sociales e insurgentes que se levantan contra una estructural injusticia.

Las líneas rojas de la oligarquía nacional

El termino más utilizado al momento de una negociación por parte de los representantes del gobierno es la tenencia de “líneas rojas”, lo que representa que a ciertos temas no puede llegarse, solo podría discutirse sobre aquellos que ellos, el poder hegemónico, coloca sobre la mesa a consideración.

El primer gran tema excluido es el Modelo Económico del país.{}

Se alega que dicho modelo de facto está consignado en la constitución y que este no puede modificarse vía un acuerdo; pero es claro que se parte de una interpretación errada acerca de los mandatos constitucionales.

La Constitución pretende: Un equilibrio entre dos principios básicos, la soberanía popular y la inviolabilidad de los derechos. La primera propende por un gobierno basado en las decisiones mayoritarias, la segunda implica restricciones al poder público y a las mismas mayorías con el fin de proteger los derechos de las personas. En lo atinente a la relación entre Constitución y modelo económico en nuestro país, se busca un punto de equilibrio entre ambos principios, por ende, las decisiones económicas generales les corresponden a los órganos políticos que tienen su origen en elecciones definidas por la regla de mayorías, pero aún esto, se supone que siempre tendría que respetarse los límites que impone la protección judicial de los derechos constitucionales. (Uprimny, R y Rodríguez, C. 2004).

Claramente el modelo económico colombiano basado en el libre comercio y la implementación de políticas neoliberales bajo directriz técnica internaciona,l que como va quedando claro en la materialización de sus efectos ha beneficiado y fortalecido una alianza entre: Criminalidad, Empresa y Elites Políticas. Una simbiosis que ha logrado anquilosarse en el poder por décadas.

Para éste grupo reducido de grandes beneficiarios es imperativo no tocar el modelo económico en ningún escenario de negociación, pues han logrado gracias a una paulatina captura de la democracia (OXFAM, 2019), aceitar la maquinaria Estatal generando así, toda una adecuación normativa e institucional a la medida de sus privilegios.

Alternancia e híper-concentración de Poder.{}

Alternancia. Otro tema que está en las líneas rojas es la estructura del estado colombiano es la alternancia de facto en el poder, esto les permite reproducir las mismas formas de gobierno, pero con diferentes protagonistas, cada 4 años un vocero de esta perversa alianza de muerte: Criminalidad, Empresa y élites políticas que operan a través de Paridos convertidos en verdaderas empresas criminales (Zuluaga & Insuasty, 2020), transitan el poder entre sus más fieles voceros, destruyendo, eliminando, cooptando todo asomo de liderazgo y propuesta que surja desde el pueblo a favor de sus causas (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2021).

Se elige un presidente que es la cabeza del poder Ejecutivo del Estado y este utiliza dicha potestad para cooptar al poder legislativo y el resto de poderes e instituciones para no solo crear leyes que le permiten gobernar para los intereses de esa alianza de muerte que los colocaron en dicho cargo, sino que se dé vía libre a sus negocios en un ambiente de total impunidad.

Híper-concentración de poder. No solo el poder Ejecutivo y Legislativo, sino que también y poco a poco el poder Judicial han sido cooptado por ésta Alianza de muerte, en sus más altas esferas, magistrados de las altas cortes (Valencia Grajales, 2021) para evitar fallos adversos a sus intereses y por el contrario garantizar persecución a sus adversarios políticos.

Los órganos de control en este contexto, son solo simples notarias de las actuaciones gubernamentales, ya que son nombrados en sus direcciones personas cercanas y con aspiraciones políticas y económicas.

Es así como no existe en la práctica una separación real de poderes, es solo un formalismo jurídico para dar la impresión ante el resto de las naciones que se es una verdadera democracia; pero en realidad existe un autoritarismo soterrado. Es por esta razón que dicho tema, tampoco es abordado en ninguna mesa de diálogo y si bien se han intentado varias reformas políticas, estas por el contrario lo que han logrado es restringir en mayor medida la elección de verdaderos representantes del pueblo y en realidad garantizar la llegada de clanes mafiosos que a nivel regional replican lo que ocurre a nivel nacional.

Las Fuerzas Militares.{}

Por último, un tema que es casi delito mencionar es todo lo relacionado con las fuerzas militares, indagar por su funcionamiento interno, inversión de los recursos que se trasladan de la nación, nivel de cooperación de otras naciones como los Estados Unidos o Israel, tipo de doctrina y sobre todo tipo de formación a los soldados y comandantes, son temas casi subversivos.

Es más que entendible que un país que tiene 60 años de un conflicto armado interno, la fuerza pública compuesta por FF.MM (Fuerzas Militares) y Policía Nacional jueguen un papel preponderante, incluso son asimilados a héroes que no deben cuestionarse así su actuar sea contrario al mandato de defender el orden Constitucional y sobre todo la vida de los ciudadanos.

Este es un tema crucial para la oligarquía, ya que ha moldeado bajo la directriz de Estados Unidos e Israel (FOR, SISCAL, SOA WATCH, 2020), la fuerza pública a su gusto sanguinario, son su empresa de seguridad privada lógico con su derivado funcional El Paramilitarismo (Insuasty Rodríguez, ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo?, 2017).

Así, han logrado tener una fuerza enorme con grandes prebendas para sus comandantes que son manipulados con corrupción y ascensos como fue quedando claro en el lamentable y continuado caso de las Ejecuciones Extrajudiciales llamados Falsos Positivos (Rojas Bolaños, Insuasty Rodríguez , Mesa Duque , Zuluaga Cometa, & Valencia Grajales, 2020), han hecho perder a los militares y policías el honor y sobre todo los han formado con la doctrina del enemigo interno que va cambiando de rostro según la conveniencia de la oligarquía, hoy por ejemplo son los jóvenes de la primera línea que día a día caen asesinados o son desaparecidos.

Es urgente una reforma a la fuerza pública, que le permita retomar el honor militar y respetar la vida de su principal soberano que es el pueblo y no los gobiernos de turno; pasando por su profesionalización y sobre todo una doctrina propia que recupere el nacionalismo y termine con la injerencia norteamericana. Se tiene que reformar la policía para eliminar el ESMAD (Escuadrón móvil antidisturbios) y volver a ser una fuerza civil que respete los Derechos Humanos con un verdadero enfoque comunitario y no militarista.

El concepto de propiedad, acumulada por esta alianza de muerte.{}

Si bien la constitución y la Corte Constitucional como garante de la interpretación de dicho texto, se han referido de manera concreta acerca de la protección de la propiedad privada debe indicarse que el código civil que regula en la práctica su funcionamiento data de 1873 y esto ya refleja el miedo de los terratenientes sobre todo de actualizar una cantidad de conceptos que hoy son cuando menos anacrónicos.

Colombia en pleno siglo XXI no sabe de manera concreta en manos de quien está la tierra, los bienes baldíos de la nación son explotados por terratenientes con el silencio cómplice del gobierno nacional y local además del auspicio de las autoridades judiciales que en varios de los casos terminan legalizando dicha tenencia ilegal.

Posiblemente este sea uno de los temas que no se aborda de fondo porque es uno de los responsables del conflicto fratricida de más de sesenta años y sea la clave para la redistribución de la riqueza nacional.

Se tiene que abordar el tema de la tenencia de la tierra en nuestro país, realizar un verdadero censo agrario y urbano, desarrollo un serio catastro multipropósito como ya está acordado en el Acuerdo de Paz firmado, insumos que permita saber en manos de quien está la tierra y así poder redistribuirla. En cuanto al tema urbano actualizar los catastros municipales para que los grandes propietarios tributen con relación a lo que poseen en la realidad, además de legalizar las viviendas de los barrios de la periferia.

Es posible que sean muchos más los temas que la oligarquía nacional nunca permita siquiera que sea colocado sobre una mesa de negociación, pero estos que han sido abordados le permiten el sostenimiento del statu quo de los que representan los factores reales de poder en Colombia.

Un cambio de fondo es lo que debemos empujar

Resulta urgente así, la realización de una reforma política que modifique la estructura del Estado, permita una verdadera independencia de poderes y sobre todo unos entes de control fuertes que cumplan con esta función y sirvan de contención a los demás poderes públicos.

Se hace urgente una reforma judicial que evite la impunidad de más del 90% en el país y sobre todo que sirva para resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos y no solo para resolver los pleitos de los que ostentas el poder económico.

Urge modificar el Congreso en su composición, está lleno y desbordado de indignidad y criminalidad.

Es más que urgente el cambio de fondo del modelo económico del país que hoy nos tiene como el estado más desigual del continente y con más de 21 millones de personas en la pobreza. (La República, 2021). Con verdaderas políticas tributarias progresivas y que permitan captar recursos y redistribuirlos de manera equitativa y eficiente.

Cada uno de estos temas solo se podrá viabilizar si el pueblo se continúa movilizando en las calles, fortaleciendo su arquitectura social y organizando desde abajo, con un fuerte ejercicio de diplomacia popular para cuidar los procesos y posibilitar las articulaciones, la escucha la interacción efectiva y eficiente, profundizar procesos formativos de base y sostenidos, cualificar las luchas para mejor comprender esta compleja realidad y dinamizar los cambios reales y de fondo, se debe seguir presionando y provocando cambios que esta alianza Crimen, Empresa y Élites Políticas parásitas sean expulsadas para avanzas hacia la construcción de un país desde abajo.

Referencias

Desinformémonos. (22 mayo de 2021). “Disputas por el territorio, tensiones entre la guerra y la paz”. Obtenido de Desinformémonos.org: https://desinformemonos.org/la-clase-politica-colombiana-un-mal-para-no-repetir/

FOR, SISCAL, SOA WATCH. (7 de octubre de 2020). Desde el inicio hasta el final. Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8049-desde-el-inicio-hasta-el-final-estados-unidos-en-el-conflicto-armado-colombiano

Insuasty Rodríguez, A. (2017). ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo? El Ágora USB, 17(2), 338-352. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n2/1657-8031-agor-17-02-00338.pdf

KROC Institute (25 mayo de 2021). “El quinto informe del Instituto Kroc sobre el Acuerdo de Paz en Colombia muestra avances pese a grandes desafíos”. Obtenido de KROC Institute: https://keough.nd.edu/es/el-quinto-informe-del-instituto-kroc-sobre-el-acuerdo-de-paz-en-colombia-muestra-avances-pese-a-grandes-desafios/

La República. (30 abril 2021). “Más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7,4 millones en pobreza extrema”. Obtenido de La República: https://www.larepublica.co/economia/mas-de-21-millones-de-personas-viven-en-la-pobreza-y-74-millones-en-pobreza-extrema-3161813

OXFAM. (2019). Democracias Capturadas: el gobierno de unos pocos. Bruselas: Oxfam. Obtenido de https://www.oxfam.org/es/informes/democracias-capturadas-el-gobierno-de-unos-pocos

Rojas Bolaños, O., Insuasty Rodríguez , A., Mesa Duque , N., Zuluaga Cometa, H., & Valencia Grajales, J. F. (2020). Teoría social del Falso Positivo. Manipulación y Guerra. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana. Obtenido de https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/8051-teoria-social-del-falso-positivo-manipulacion-y-guerra-libro

Semana. (15 noviembre de 2012). “Santos: “El modelo económico y político no está en discusión con las FARC”. Obtenido de Semana.com: https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-el-modelo-economico-politico-no-esta-discusion-farc/267919-3/

Tribunal Permanente de los Pueblos. (20 de junio de 2021). Sentencia Condenatoria del TPP contra Colombia por Genocidio, Crímenes contra la Paz e Impunidad. Texto Completo. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8549-sentencia-condenatoria-del-tpp-contra-colombia-por-genocidio-crimenes-contra-la-paz-e-impunidad-texto-completo

Uprimny, R y Rodríguez, C. (2004), Constitución y modelo económico en Colombia: hacia una discusión productiva entre economía y derecho, Bogotá, Dejusticia. Obtenido de dejusticia.org: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_775.pdf

Valencia Grajales, J. F. (21 de mayo de 2021). La cooptación final del ejecutivo de todos los poderes desde los órganos de control hasta la rama judicial. El quiebre final del «check and balance» en Colombia. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8473-la-cooptacion-final-del-ejecutivo-de-todos-los-poderes-desde-los-organos-de-control-hasta-la-rama-judicial-el-quiebre-final-del-check-and-balance-en-colombia

Zibechi, R. (2016). Liberar el mundo nuevo que late en el corazón de los movimientos. Revista Kavilando, 6(1), 7-14. Recuperado a partir de https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/71

Zuluaga-Cometa, H., & Insuasty-Rodríguez, A. (2020). Criminalidad – Empresa – Estado. El motor pendular del conflicto armado colombiano. Ratio Juris UNAULA, 15(30), 241-265. https://doi.org/10.24142/raju.v15n30a12

* Abogado, especialista en derecho penal, defensor público e investigador Grupo Kavilando. Contacto: yaniw6 chez gmail.com

** Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, Integrante Red Interuniversitaria por la Paz, actual consejero de Paz Conpaz Medellín sector Universidades, e Integrante grupo Autónomo Kavilando. Contacto: Alfonso.insuasty chez gmail.com

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