Publicado en línea el Viernes 25 de junio de 2021, por Capiza 16

En América Latina y el Caribe, mujeres y niñas provenientes de Haití, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y El Salvador cada vez más salen en busca de protección internacional debido a la inestabilidad política, económica y de seguridad que viven sus países. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), de enero a mayo de 2021, 16.239 mujeres han solicitado asilo, 40% del total de las solicitudes recibidas.

Aunque en México se reconoce la violencia en razón de género como un motivo para solicitar y recibir asilo, según lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, las mujeres se enfrentan a sistemas discriminatorios y políticas, de facto, que no toman en cuenta el género para la resolución de las solicitudes.

Muchas mujeres pasan el proceso de asilo en detención, donde son desalentadas a abandonar sus solicitudes. En el contexto de la COVID-19, además de no tomar las medidas adecuadas al interior de las estaciones migratorias como el distanciamiento social e higiene, y otras prácticas preventivas de atención médica oportuna, suficiente y diferenciada para las mujeres, se sumó la suspensión de plazos para resolver los procedimientos iniciados por parte de la COMAR, lo que implica detenciones prolongadas e impactos en la salud emocional de las mujeres ante la incertidumbre por la espera, la pérdida de empleo y obstáculos en el ejercicio de derechos como el acceso a la salud y a la educación para sus hijas e hijos.

Este escenario también lo vivieron las mujeres solicitantes de asilo en Estados Unidos que fueron regresadas a México a esperar sus procesos bajo el Protocolo “Quédate en México” o Migration Protection Protocols (MPP). El 20 de diciembre de 2018 el gobierno norteamericano anunció la implementación de esa política y el gobierno mexicano la aceptó y ratificó el 7 de junio de 2019. De enero de 2019 a diciembre de 2020 se regresaron a la frontera norte de México, 71 mil 454 personas, 42% mujeres y 33% niñas y niños, la mayoría provenientes de países Centroamericanos.

De acuerdo con la documentación de la organización Human Rights First sobre reportes públicos de casos de violencia contra personas retornadas a México bajo MPP, entre enero de 2019 y diciembre de 2020 se registraron 1,314 víctimas de secuestro, extorsión, agresiones sexuales y robos, vividas antes o después (o ambas) de regresarlas a territorio mexicano. El 90% de los casos corresponden a mujeres y sus familias; y en el 100% estuvieron involucrados agentes de migración, policía federal y estatal, y bandas del crimen organizado. Los estados donde se registraron los hechos son: Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco y Ciudad de México.

Las mujeres solicitantes de asilo en Estados Unidos tuvieron no solo que esperar en la frontera, viviendo en campamentos improvisados que carecían de las condiciones mínimas de salubridad, incrementando el riesgo de contagio de la COVID-19, además, estuvieron expuestas a violaciones, secuestros, extorsión y agresiones. Nuevamente la salud mental se vio afectada, a la incertidumbre y la pérdida de ingresos, se sumó el temor y estrés postraumático.

Aunque MPP finalizó formalmente el pasado 01 de junio, y el gobierno estadounidense anunció el 23 de junio la segunda fase para el ingreso y revisión de casos cerrados de las personas bajo “Quédate en México”; y que en México la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la revisión de un amparo contra la participación del Estado mexicano en políticas de asilo como MPP, las mujeres solicitantes de asilo sigue enfrentándose a políticas y Estados que no reconocen sus necesidades particulares.

Estas cifras, tanto de las mujeres solicitantes de asilo en México como en Estados Unidos, son un indicador del recrudecimiento de la violencia y la desigualdad que viven en sus países. Violencia que no termina con salir de su país, a veces son perseguidas más allá de las fronteras o se enfrentan a la discriminación y rechazo en el Estado en el que se encuentran.

Es responsabilidad del Estado mexicano diseñar una política de asilo que tome en cuenta las especificidades de las mujeres, así como el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; y de los oficiales de la COMAR, considerar el enfoque de género al momento de resolver las solicitudes de asilo, no hacerlo profundizará las desigualdades sociales que viven las mujeres. Analizar las necesidades de las mujeres solicitantes de asilo y refugiadas desde una perspectiva de género y un enfoque interseccional ayudará a entender los impactos diferenciados que viven mujeres y hombres con necesidades de protección internacional. Las mujeres solicitantes de asilo solo buscan una vida libre de violencia para ellas y sus familias.

* Lizeth García Ríos es abogada de asilo del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC

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