Publicado en línea el Domingo 6 de junio de 2021, por Alberto Jimenez

Ricardo García Zaldívar, Doctor en Economía, Coordinador del Consejo Científico de Attac España.

Publicado originalmente para Argumentos Socialistas .

Se estima que las medidas para atenuar los efectos de la COVID en la población y en la economía elevarán la deuda pública española en 2021 al 122%, lo que además de estrechar el margen de maniobra fiscal del Gobierno, hará surgir pronto presiones para que vuelvan los recortes a la escena española. De hecho, Alemania ya ha abierto fuego en la reunión de la OCDE de primeros de marzo planteando la necesidad de un plan de ajuste plurianual para la economía española. Es cierto que la Comisión Europea sigue de momento recomendando aplicar más estímulos a las economías, estrategia apoyada por el FMI e incluso por el BCE ya través de su política monetaria. Pero lo lógico es preguntarse hasta cuándo. Impuesto Mínimo Global

A la espera de que lleguen las sin duda insuficientes ayudas directas europeas de la NGUE, y cuando empiezan a ser frecuentes en España manifestaciones que defienden que no es el momento de subir los impuestos, la llegada de J. Biden al gobierno de EEUU ha representado una gran movida de ficha en el tablero de la fiscalidad mundial al proponer el establecimiento de un impuesto mínimo global (IMG) a las empresas multinacionales. Su Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha cifrado el mínimo impositivo en el 21% -considerablemente más alto del 12 o el 15% del que se estaba hablando en la UE- tipo que justifica para poder hacer frente al ambicioso plan de gasto en infraestructuras de 2 billones de dólares que ha anunciado el Gobierno estadounidense.

Fijar un mínimo en los tipos del Impuesto de Sociedades que aplican los diferentes países y que afecte básicamente a las multinacionales, es desde luego una propuesta oportuna y que está siendo recibida con gran satisfacción por todos los movimientos sociales que a través de plataformas y otros espacios de coordinación llevan tiempo movilizados para exigir una justicia fiscal a escala planetaria. Attac, por ejemplo, hace décadas que plantea la aplicación de un impuesto global unitario a las multinacionales y la última vez que lo exigió fue en la cumbre del G7 en París en julio de 2019. Y Tax Justice Network (TJN), por poner otro ejemplo, ha defendido también desde hace años la urgencia de introducir un impuesto mínimo global –no inferior al 25%- que fuese el fruto de un convenio fiscal internacional impulsado por el Panel de Alto Nivel de la ONU sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad (FACTI), sin aceptar que sea la OCDE –un club de países ricos- quien acabe imponiendo los cambios en las normas fiscales mundiales.

Attac, por ejemplo, hace décadas que plantea la aplicación de un impuesto global unitario a las multinacionales y la última vez que lo exigió fue en la cumbre del G7 en París en julio de 2019.

Lógicamente, serían las Haciendas públicas de todos los países las grandes beneficiarias de la introducción del IMG, pero especialmente las de los países de menores ingresos públicos. Porque los países de menor renta pierden proporcionalmente más ingresos por el dumping fiscal de las multinacionales en el impuesto de sociedades que los países de renta alta, para los que apenas supone entre el 0,15 y el 0,7 de su PIB. En los países de rentas bajas, las pérdidas de ingresos representan unos 200 000 millones de dólares al año, un tercio por encima que lo que reciben de la ayuda oficial al desarrollo. Sistema Fiscal Obsoleto

Pero siendo un logro importante, si es que finalmente se materializa esta propuesta de IMG, se trataría de una medida necesaria pero insuficiente. Para no seguir aplicando parches a un sistema fiscal implantado hace casi un siglo y que está pidiendo a gritos su rediseño, sería necesario aprovechar el cambio de actitud del gobierno de Biden y abordar una profunda reforma fiscal a escala mundial que se sustanciaría en algunos cambios radicales en la estructura de los impuestos en el ámbito internacional.

Eso quiere decir que podríamos eliminar también todos, absolutamente todos, los impuestos existentes hoy día y financiar ese medio billón de euros de gasto público con una tasa sobre las transacciones financieras de 0,7%, es decir de 70 céntimos por cada 100 euros de transacción.Juan Torres, miembro del Consejo Científico de Attac España.

Porque la escandalosa y creciente desigualdad económica y social debida a la concentración de la riqueza que se está produciendo en el planeta se alimenta especialmente de los mercados financieros y tiene por protagonista destacado a los fondos de inversión especulativos. Por ello, la reforma del sistema fiscal global debiera comenzar por gravar específicamente al casino financiero mundial, implantando internacionalmente un auténtico Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Juan Torres, miembro del Consejo Científico de Attac España, lo ha expuesto de forma contundente en uno de sus escritos recientes1: Según el Banco Internacional de Pagos, las transacciones financieras realizadas en 2019 en todos los países del mundo sumaron 14.000 billones de dólares, lo que quiere decir que se podrían eliminar todos, he dicho todos, los impuestos que hay en el planeta y financiar el gasto público de todas las administraciones públicas con una tasa de más o menos 25 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera. En España, nuestro gasto público total es, en números redondos, de unos 500.000 millones de euros y según el Banco Internacional de Pagos en nuestra economía se realizaron transacciones financieras por un valor total de 72 billones de euros en 2019. Eso quiere decir que podríamos eliminar también todos, absolutamente todos, los impuestos existentes hoy día y financiar ese medio billón de euros de gasto público con una tasa sobre las transacciones financieras de 0,7%, es decir de 70 céntimos por cada 100 euros de transacción.

Evidentemente, Juan Torres no está proponiendo sustituir la totalidad de los actuales impuestos por el ITF, sino mostrando el enorme potencial de un impuesto capaz de atacar de forma vigorosa al núcleo duro de la especulación financiera. Potencial que han entendido perfectamente algunos de los actuales líderes del partido demócrata estadounidense cuando en una iniciativa impulsada por Bernie Sanders acaban de proponer una Ley de Impuestos a la Especulación en Wall Street que grave con un 0,5% a las operaciones de compraventa de acciones, con el 0,1% a las operaciones con bonos y con el 0,005% a las operaciones con derivados. Transparencia Fiscal e Intercambio de Información

Pero para lograr un sistema fiscal más justo en el planeta, sería necesario hacer avances simultáneos en materia de transparencia fiscal, donde es urgente también introducir importantes cambios radicales. Los progresos realizados hasta la fecha en los intercambios de información entre países nos sitúan aún muy lejos del objetivo del automatismo total que sería deseable. Y es que las Administraciones tributarias de todo el planeta debieran poder conocer los titulares de las cuentas bancarias en cualquier parte del mundo, sin necesidad de tener que preguntárselo a la autoridad fiscal o a las entidades financieras del país en cuestión. Es cierto que en el caso de la UE se han hecho progresos palpables en la legislación sobre el intercambio de información fiscal, buscando garantizar que todos los ingresos obtenidos sean gravados en el Estado miembro donde se originan y no solo parcialmente como actualmente ocurre. Pero son progresos que no han logrado terminar con las graves lagunas que aún perduran en la legislación vigente de la UE. Como por ejemplo que las criptomonedas sigan excluidas del alcance del intercambio de información, o que también queden excluidos los dividendos que las sociedades residentes en un Estado miembro pagan a través de una cuenta corriente bancaria no custodiada a sus accionistas residentes en otro Estado miembro, con lo que quedan sin ser gravados importantes beneficios. Sin pretender enumerar todas estas deficiencias aún sin subsanar en la legislación de la UE, sí merece ser mencionado que las personas físicas residentes en Europa y con un elevado patrimonio pueden quedar eximidas del intercambio automático y obligatorio de información cuando existen acuerdos previos transfronterizos entre los Estados miembros donde reside el particular y donde tiene depositada su fortuna2. Aunque quizá lo más grave es que fuera de la UE hay pocos avances que reseñar en materia de intercambio automático de información fiscal. Registro Mercantil de Beneficiarios Finales

Hay otras dos medidas puntuales en materia de transparencia fiscal que sería también preciso acometer de manera global y coordinada. La primera tiene que ver con el anonimato de determinadas operaciones financieras, por lo que sería necesario incrementar la presión -sobre todo en los territorios que constituyen auténticas guaridas fiscales- para que completen su registro mercantil de

beneficiarios finales

. Este concepto (UBO, por sus siglas en inglés) pone el foco en aquellas personas físicas que son los verdaderos dueños -o se benefician económicamente- de las estructuras utilizadas para acumular y ocultar su riqueza, como son sociedades mercantiles, fideicomisos, fundaciones, etc. Un reciente informe de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) señala por ejemplo que la mitad de las empresas luxemburguesas no han comunicado aún al registro mercantil la identidad de sus beneficiarios finales (UBO), tal y como exige la legislación que finalmente ha adoptado el Gran Ducado siguiendo la directiva de la UE. Pero es que fuera de la UE apenas se ha avanzado en la identificación de los UBO, por lo que la presión ejercida debe ser global e implicar a instituciones internacionales como la OCDE o las NN.UU. Informe País por País o CBCR

Hay otra medida que necesitaría también un impulso global y es la relativa a conseguir que las multinacionales realicen anualmente un Informe País por País (CBCR), Se trata de un objetivo con algo más de camino recorrido, pero al que le falta mucho todavía para llegar a su consecución. De nuevo ha sido la UE quien ha dado pasos significativos redactando en 2016 una propuesta de directiva para que las corporaciones que operen en Europa y que facturen más de 750 millones de euros anuales, publiquen los beneficios que obtienen y los impuestos de Sociedades que abonan país por país. La propuesta, pese a ser respaldada por países como España, Italia y Francia, entre otros, fue examinada y votada a finales de 2019, y se encontró con el rechazo de12 países, entre ellos Luxemburgo, Irlanda, Chipre y Malta . Pero los cambios introducidos en la propuesta después de este rechazo han permitido que entre finalmente en vigor este año, para que como afirma el eurodiputado de Los Verdes Ernest Urtasun la aprobación del Informe País por País por parte del Consejo Europeo se convierta en una victoria largamente esperada en la lucha por la justicia fiscal europea.

Convendría no desperdiciar los vientos favorables procedentes de Washington para conseguir aparcar definitivamente una legislación fiscal internacional obsoleta que seguimos aplicando desde los años 30 del siglo pasado y a la que apenas le caben más parches

1- Ver: https://juantorreslopez.com/entra-en-vigor-una-falsa-tasa-tobin-las-mentiras-lo-malo-y-lo-bueno/

2- Ver para más detalle el Informe Especial sobre Intercambio de información fiscal en la UE, disponible en https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr21_03/sr_exchange_tax_inform_es.pdf


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