Publicado en línea el Viernes 4 de junio de 2021

Ante la decisión del Tribunal Superior de Lahore de absolver a Shagufta Kausar y su esposo, Shafqat Emmanuel, pareja cristiana condenada a muerte en 2014 por “enviar textos blasfemos”, Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha manifestado:"Esta decisión pone fin a siete años de calvario para una pareja que no debería haber sido declarada culpable ni condenada a muerte. Los casos de ‘blasfemia’ suelen basarse en pruebas endebles y juzgarse en contextos que impiden celebrar un juicio justo, lo que subraya la importancia de esta resolución. Las autoridades ahora deben tomar medidas adecuadas de seguridad para Shafqat, Shagufta, su familia y su abogado, Saiful Malook.Este caso es tristemente representativo del acoso, la intimidación y los ataques que sufren habitualmente las personas acusadas de ‘blasfemia’ y pone de relieve la apremiante necesidad de anular la ley. Confiamos en que el próximo paso sea anular rápidamente la legislación sobre blasfemia del país, utilizada desde hace demasiado tiempo para actuar contra las ya atormentadas minorías del país.”Información complementariaShagufta y Shafqat fueron declarados culpables en 2014 tras el presunto envío de textos “blasfemos” desde un teléfono registrado a nombre de ella. Llevan siete años en prisión en espera de poder recurrir su fallo condenatorio y condena a muerte, preceptiva en su caso con arreglo al derecho paquistaní.Las leyes sobre blasfemia de Pakistán son imprecisas, generales y coercitivas, dan pie a abusos e incumplen las obligaciones jurídicas internacionales contraídas por Pakistán de respetar y proteger los derechos humanos, entre ellos la libertad de religión o credo y la libertad de opinión y expresión. Se utilizan contra minorías religiosas, para venganzas personales y para que grupos parapoliciales cometan actos violentos. Sobre la base de pocas o ninguna prueba verosímil, la persona acusada tiene dificultades para demostrar su inocencia mientras grupos airados y violentos tratan de intimidar a policías, testigos, fiscales, abogados y jueces.


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