Publicado en línea el Jueves 8 de abril de 2021, por Capiza 16

Ciudad de México | Desinformémonos. La Alianza por la Libre Determinación (Aldea), comunidades y organizaciones denunciaron que el Estado mexicano no respeta el derecho de los pueblos indígenas a ejercer su libre determinación y autonomía.

En el marco de la presentación del Informe sobre la libre determinación en México, el pasado 7 de abril denunciaron la falta de aplicación de los derechos de los pueblos indígenas más allá del reconocimiento legal por los Estados.

Declararon que no se respeta en los hechos la visión de un Estado pluricultural, pues a los pueblos y comunidades indígenas se les imponen obstáculos legales y burocráticos para ejercer su autogobierno, la aplicación de sus sistemas normativos y de seguridad internos y la utilización propia de sus recursos y presupuestos. Dijeron también que el Estado mexicano ejerce sus funciones sin tomarlos en cuenta.

La situación, afirmaron, se agrava en un contexto neoliberal mexicano que privilegia los intereses privados de grandes transnacionales en detrimento de los derechos de los pueblos, pues el modelo privatizador extractivista provoca despojo de los territorios, conflictos sociales y ambientales y agresiones y criminalización de defensores y defensoras de territorios.

“Si bien el derecho a la libre determinación lo ejercen los pueblos y comunidades cada día, de acuerdo a sus propias formas de vida e identidad cultural, aún persisten un conjunto de barreras en las políticas, marcos legales y el sistema judicial que impiden un cumplimiento pleno del mismo”, pronunciaron.

Frente a ello, exigieron la reconstrucción de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en condiciones igualitarias y de no discriminación, así como que se reconozca a los pueblos “como sujetos plenos de derecho público, y dotarlos de garantías efectivas para el ejercico de su autonomía y libre determinación, el control real de sus territorios y bienes comunes y la aplicación de sus sistemas de justicia y seguridad propios.”

A continuación el comunicado completo:

A los pueblos y comunidades indígenas que luchan por su libre determinación:

Al Estado mexicano en todos sus niveles:

A los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos:

A la opinión pública nacional e internacional:

COMUNICADO DE PRENSA

El Estado mexicano debe saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas para el ejercicio de su libre determinación y autonomía

● En el marco de la presentación del Informe sobre la libre determinación en México, la Alianza por la Libre Determinación (ALDEA), comunidades y organizaciones exigen al Estado mexicano cumplir con las reformas legales pendientes para hacer valer los derechos colectivos de los pueblos indígenas

● La Presidenta de la CIDH Antonia Urrejola expresa preocupación por la falta de aplicación de los derechos de los pueblos indígenas por los Estados más allá del reconocimiento legal y la necesidad de avanzar para reducir esta brecha de implementación.

● Hugo Aguilar del INPI expresa que el gobierno continúa con la voluntad de llevar a cabo cambios sustantivos en la Reforma Constitucional, el marco legal y en las instituciones a pesar de los obstáculos por la pandemia del Covid-19.

Este 7 de abril de 2021, la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), la ex-coordinadora de la CRAC-PC Felicitas Martínez (Guerrero) y el consejero Salvador Adame de Cherán (Michoacán) presentaron el informe “La Libre Determinación de los Pueblos Indígenas en México: Experiencias y Regulación ” en un evento virtual al que acudieron como comentaristas la Presidenta y Relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola y el Coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar.

En el panel se compartió que, si bien el derecho a la libre determinación lo ejercen los pueblos y comunidades cada día, de acuerdo a sus propias formas de vida e identidad cultural, aún persisten un conjunto de barreras en las políticas, marcos legales y el sistema judicial que impiden un cumplimiento pleno del mismo. En primer lugar, no se respeta en los hechos la visión de un Estado pluricultural que reconoce la Constitución, ya que las diferentes instancias del Estado mexicano ejercen sus funciones sin incorporar las perspectivas y cosmovisiones de los pueblos y comunidades y se le imponen obstáculos legales y burocráticos, para ejercer su autogobierno, la aplicación de sus sistemas normativos y de seguridad internos y el ejercicios efectivos de sus recursos y presupuestos propios, como advirtieron los participantes de comunidades, desde la experiencia de autonomía del Municipio indígena de Cherán en Michoacán y de la CRAC-PC en Guerrero.

Lo anterior se ha visto agravado en el contexto de un modelo económico y político de desarrollo en México que ha privilegiado los intereses privados de grandes transnacionales en detrimento de los derechos de los pueblos, imponiendo un modelo privatizador extractivista que ha generado despojo de los territorios, una gran conflictividad social ambiental y agresiones y criminalización en contra de los defensores y defensoras del territorio. La situación también se agrava con la presencia del crimen organizado y de grupos armados en territorios indígenas que actúan con impunidad, corrompiendo y afectando la vida cultural, normativa y física de los pueblos indígenas.

Para transformar de fondo esta grave situación, a partir de las recomendaciones del Informe, las organizaciones y comunidades plantearon ante todo que se requiere la construcción de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas en condiciones de igualdad y no discriminación, así como un cambio sustancial del marco jurídico que pasa por modificar la Constitución para reconocer a los pueblos como sujetos plenos de derecho público, y dotarlos de garantías efectivas para el ejercico de su autonomía y libre determinación, el control real de sus territorios y bienes comunes y la aplicación de sus sistemas de justicia y seguridad propios. Asimismo, deberán ser transformadas las leyes extractivistas como las Ley Minera, la Ley de Aguas y la Reforma Energética para desmontar aquella figuras legales que provocan la violación de derechos colectivos por megaproyectos.

La Presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y el representante del INPI, Hugo Aguilar, expresaron su beneplácito por el Informe, que será un material importante para avanzar en los estándares a nivel del sistema interamericano y a nivel de las transformaciones constitucionales, legales y de prácticas que pretenden impulsarse desde el Gobierno.

Para mayor información contacte a:

Mariana Gurrola, Comunicación Fundar

marianag chez fundar.org.mx / 5540136188

Quetzalcoatl g. Fontanot, Comunicación Serapaz

comunicacion chez serapaz.org.mx /5554049045

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