Publicado en línea el Lunes 5 de abril de 2021, por JDF

Extremadura sigue acercándose al perfil de las “economías del subdesarrollo”, según se caracterizaron hace más de medio siglo por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). La CEPAL se dedicó a demostrar que el subdesarrollo es un producto fabricado desde la parte “desarrollada” del mundo. Estas economías de campamento minero son en realidad territorios “empobrecidos”, forzados a la dependencia. Se trata de economías basadas en el monocultivo y la extracción, de rentas duales según se pertenezca a la economía interior (más informal) o se enganche con flujos de exportación (más profesionalizada). Envían hacia afuera sus ahorros, ya que el tejido financiero y las políticas de ayuda al “desarrollo” están diseñadas para abastecer los centros más industriales. Por ejemplo, un grupo operativo que trabaje para adaptar un monocultivo a lo que reclama como “calidad” un distribuidor situado en Alemania trabaja, precisamente, para los grandes supermercados del sector agroalimentario, no para relocalizar economías, no para diversificar o conseguir más margen aquí o para llevar a Extremadura alimentos nutritivos. Ciertamente es difícil salir en el corto plazo de esta enfermedad del “desarrollismo” pero, ¿acaso es excusa para seguir insistiendo en las viejas fórmulas del “hay que adaptarse” mientras se desangra la región?

Porque la realidad es sangrante bajo el desarrollo del subdesarrollo en Extremadura. Ejemplo de ello son las 45.000 personas emigradas en la última década, la creciente exportación de capitales o el aumento del afán minero para compensar las cuentas de clases privilegiadas, pero que poco o nada redundan en el beneficio general de su población. Se exporta fruta y somos la región donde la infancia come menos fruta del país. Y para legitimar todo esto se ofrecen las falsas soluciones: presión para abrir más minas, facilitar suelo a las grandes empresas del sector eléctrico y, en paralelo, la desatención de sectores que podrían ser clave como la agricultura ecológica basada en la pequeña producción, la creación de comunidades energéticas o en el fortalecimiento de mercados interiores vía compra pública. Recientemente, las nuevas concesiones para la construcción de macrogranjas porcinas, reflejadas en el DOE número 49 del 12 de marzo de 2021, confirman la apuesta por modelos de fortísimo impacto ambiental y que destruyen empleos en el medio plazo. Quienes piensan en minas y macrogranjas no piensan (no dicen, más bien) qué ocurrirá con la contaminación de tierras, con el turismo que busca paisajes y culturas sostenibles o en la competencia por agua más escasa con otras industrias.

Mal caminamos. Entre otras cosas porque si desde dentro se asume el modelo (sub)desarrollista, desde la Unión Europea se apuesta por él. Acaban de lanzarse a escala europea los fondos Next Generation EU. España accede a unos 150.000 millones de euros, la mitad en forma de créditos. ¿Qué economía se va a potenciar? La de Amazon: grandes distribuidoras que extraen flujos materiales y económicos locales “disciplinando” las comarcas (por recordar a Jose Manuel Naredo y sus palabras en el libro Extremadura Saqueada) para que adecuen su oferta a los nichos, cada vez más problemáticos de los mercados globales (Brexit, petróleo escaso). Eso sí, se llamará Verde, Digital y Global o Inteligente en los programas de la Unión Europea. La distribución de recursos prevé fórmulas garantistas para el desarrollo del subdesarrollo. Habrá sociedades mixtas con grandes empresas que orientan y gastan, mientras el Estado da el visto bueno. La Unión Europea impondrá sus condicionalidades neoliberales con la llegada del dinero: privatizaciones, endurecimiento de prestaciones, etc. Perderemos un poquito más de transparencia y democracia: se promoverá la asignación en régimen de concurrencia no competitiva, como parte de la flexibilización de criterios: “los órganos de contratación deberán examinar si la situación de urgencia impide la tramitación ordinaria de los procedimientos de licitación, procediendo aplicar la tramitación urgente del expediente” según reza en el BOE del 31 de diciembre el Real Decreto-Ley 36/2020.

¿Tiene Extremadura solución? Sí, la va teniendo, pero no en sus programas presupuestarios ni en su actual agenda política institucional. La desafección política, el aumento del desempleo y la pérdida de acceso a bienes básicos (agua, nutrición saludable) puede meter mucha presión a favor de cambios radicales en el cómo y el para qué gobernar a lo largo y ancho del tejido administrativo. Pequeños faros, pueden convertirse en archipiélagos y, en algunos momentos de nuestra vida, atraviesan la sociedad para imponer una nueva economía moral, es decir, un afianzamiento de reglas que digan por ejemplo: primero, energía para la región y además barata dada nuestros privilegios solares; invirtamos en transformación alimentaria clave para nuestra nutrición y que sea un revulsivo para una soberanía alimentaria en las regiones que nos rodean; propongamos mini-industrias asociadas a centros de investigación públicos para desarrollar sectores clave como salud, alimentación, diversificación agroganadera, dehesas sostenibles, transición energética, redes culturales, etc.; situemos la compra pública en hospitales, residencias o instituciones públicas como motor de una oferta más diversificada en el campo o en los servicios de nuestras comarcas; abandonemos la idea del “gran banco español” (con sedes en paraísos fiscales) y retomemos dos sendas regionales, la de la banca pública o el impulso a formas de ahorro colectivo que pasen por cajas de ahorro o fundaciones comarcales.

¿Dónde están esos faros? ¿Cómo construir archipiélagos regionales? Muchos programas e iniciativas ya hablan el lenguaje de la transformación industrial en la comarca o de los circuitos cortos de comercialización. Algunas veces al interior incluso de las administraciones, lo que es de aplaudir, aunque sean políticas simbólicas más que transversales. Como contribución al camino de la relocalización económica de Extremadura nos hemos visto las caras 86 personas este 20 de marzo, en la localidad de Navaconcejo, Valle del Jerte. La conclusión más importantes es la de que queremos seguir caminando en dos frentes. Uno, la potenciación de operadores conectados de distribución ecológica al interior de la región, pensando en fortalecer economías locales y también el derecho a la alimentación de extremeños y extremeñas. Dos, el interés por impulsar una cooperativa o asociación, una energía extremeña, que propugne la comercialización regional de fuentes alternativas de energía y la creación de comunidades energéticas en pueblos o barrios para el autoabastecimiento.

Todo ello en el marco del I Congreso Extremeño de Agroecología, que camina realizando acupunturas en el territorio: encuentros temáticos y sectoriales. Nos veremos antes por diferentes encuentros. Y del 23 al 25 de septiembre por las facultades de Badajoz y Plasencia y en nuevas salidas al Valle del Jerte. Mientras tanto, seguimos apostando por impulsar la viabilidad social, económica y ambiental de nuestras comarcas. Frente a pandemias, crisis económicas y ambientales queremos reaccionar por anticipación y no cuando la casa esté aún más destrozada. Y reaccionar es deliberar y hacer, no dedicarse a fabricar relatos.

Ángel Calle es agricultor ecológico en el Valle del Jerte

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/agroecologia/extremadura-demanda-relocalizacion-no-mas-subdesarrollo


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