Publicado en línea el Viernes 2 de abril de 2021, por Caty R

El día 8 de marzo el juez de la Corte Suprema de Brasil Edson Fachin anuló todas las sentencias dictadas contra el ex-presidente Lula Da Silva por la justicia federal de Paraná dentro de la operación Lava Jato. La decisión atañe a cuatro procesos en los que el exmandatario fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro -y luego Ministro de Justicia- que no tenía en su momento la competencia jurídica requerida para analizar esos casos. A su vez, el 23 de ese mismo mes, el Supremo Tribunal Federal (Máxima Corte de Brasil) reconoció la parcialidad de Sergio Moro en el proceso por presunta corrupción del tríplex de Guarujá contra Lula.

En ambos fallos se encuentra involucrado el mismo ex juez quien, con el triunfo de Jair Bolsonaro fue nombrado como Ministro de Justicia. El caso brasileño es quizás uno de los más claros de lawfare en la región, y los recientes fallos son un paso contra esta operación y demuestran que los procesos estaban repletos de irregularidades.

Al hablar de lawfare -concepto que se utiliza desde hace relativamente poco tiempo- nos referimos a la persecución judicial, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial. Operaciones de este tipo se pueden ver en distintos países de la región como sucedió en Ecuador contra Rafael Correa y en nuestro país contra distintos funcionarios del Gobierno de la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernandez -teniendo como causas más emblemáticas de esta persecución la del “Memorándum con Irán” y “Dólar Futuro”-.

Resulta central el rol de jueces, claro está, para que operaciones de este tipo se sostengan en el tiempo. Sin embargo, no actúan por sí solos, sino que están acompañados por sectores del poder económico y sus medios de comunicación. El reconocido jurista, Raul Eugenio Zaffaroni, señala, en este sentido, que “el lawfare es un delito y quienes practican el lawfare son una asociación ilícita entre algunos jueces prevaricadores, algunos fiscales, los medios y el poder económico”.

Los medios de comunicación -y periodistas- que son parte de este entramado tienden a dirigir sus tapas de diarios, las principales notas de sus portales y las editoriales de sus principales referentes a casos de presunta corrupción o cuestiones judiciales relacionadas a dirigentes populares, aunque también suelen dirigir tapas a jueces en la antesala de definiciones importantes en algunas causas puntuales.

Este entramado mediante el cual los grupos de poder concentrados estigmatizan y favorecen la persecución de dirigentes populares resulta completamente dañino para la democracia. El caso del hermano país de Brasil es un ejemplo muy claro, donde el candidato con mayor apoyo popular se ve imposibilitado a participar de las elecciones por una serie de causas cargadas de arbitrariedades.

Las fake news, también resultan nocivas para las democracias. En la actualidad, las redes sociales son lugares que facilitan la difusión masiva, y a una velocidad superlativa, de este tipo de noticias. Esto es doblemente perjudicial para nuestros sistemas democráticos si además tenemos en cuenta que las democracias occidentales son cada vez más polarizadas. En este sentido, un artículo publicado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos , señala que a la hora de discutir de manera concreta temas de relevancia moral, las noticias falsas y la facilidad que tenemos para encontrar en redes una refutación que afirme nuestras creencias -sin importar su veracidad- se impone ante el valor de los datos. Aquellos argumentos que basados en experiencias personales, con los que se puede empatizar, resultan verdaderamente potentes -aunque estos representen excepciones, o casos minoritarios-. A modo de aclaración, es importante hacer la salvedad que el trabajo se realizó entre ciudadanos estadounidenses “de a pie” y no entre dirigentes políticos.

En un contexto de creciente judicialización de la política las fake news no solo son noticias falsas, sino que también son socias del lawfare. A pesar de esto, no hay legislaciones y los intentos de regulación de noticias falsas generan polémica y contradicciones. Es también un problema en términos jurídicos, dado que si no hay delimitaciones claras y en casos concretos estas podrían presentar un límite a la libertad de expresión.

Ante la falta de legislaciones y regulación, mientras se lleve a cabo este debate, resulta imprescindible en la actualidad que se den herramientas a la ciudadanía para que logre distinguir entre aquellas noticias que son verídicas y aquellas que no. Si queremos sociedades plenamentes democráticas, con ciudadanías activas hay que buscar la manera de erosionar los efectos de las noticias falsas, que, al igual que la judicialización de la política, resultan dañinas para las democracias.

Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/medios/lawfare-y-fake-news-dos-caras-de-la-misma-moneda


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