Publicado en línea el Viernes 12 de marzo de 2021, por Begoña iñarra

12 marzo 2021

Artículo publicado originalmente en nuevatribuna.es

Ricardo García Zaldivar, miembro de Attac

El Congreso estadounidense ha iniciado la tramitación de una ‘ley de impuestos de Wall Street’ para reducir el comercio especulativo y la volatilidad en los mercados financieros.

PLATAFORMA POR LA JUSTICIA FISCAL

“Si subes los impuestos ahuyentas a los inversores, a los generadores de riqueza y, por tanto, al final empobreces a la sociedad”. Esta afirmación de la consejera delegada de Bankinter rechazando los impuestos, y en concreto el de las transacciones financieras, es una más dentro de la batería de falsedades que los grandes intereses financieros de la banca y los fondos de inversión han utilizado para bloquear hasta hoy, en España pero también en la UE y en el planeta, cualquier iniciativa de aplicación de lo que durante muchos años se ha conocido como Tasa Tobin.

Repasemos muy brevemente la trayectoria de esta propuesta. En 1974 la Universidad de Princenton publicó un libro en el que el economista estadounidense James Tobin desarrollaba su hoy famosa idea de gravar con un impuesto las transacciones de divisas. Dado que él mismo la había formulado y defendido dos años antes en el ciclo de conferencias Janeway impartidas en esa universidad, el nombre que acabó recibiendo fue el de Tobin Tax. Pero cuando en 1981 recibió el Premio Nobel, su propuesta de impuesto estaba ya prácticamente olvidada, pues lo que en realidad se premió, según el Banco de Suecia que otorga los galardones, fue más bien “su creativo y extenso trabajo en el análisis de los mercados financieros y sus relaciones con las decisiones de gastos, empleo, producción y precios”, sin referencia alguna a lo que le ha acabado haciendo famoso fuera del ámbito académico. Es cierto que este economista keynesiano estuvo toda su vida muy preocupado por el inmenso daño que la especulación en los mercados financieros puede ocasionar en el funcionamiento del sistema capitalista y dedicó gran parte de su esfuerzo investigador a estudiar la forma de mitigarlo.

Un cuarto de siglo después Ignacio Ramonet, fundador de ATTAC y entonces director de Le Monde Diplomatique, resucitó la propuesta del Impuesto Tobin (erróneamente traducido en España como Tasa Tobin) y lo convirtió en una de las banderas de una ciudadanía global que comenzaba tímidamente a despertarse y a movilizarse contra la dictadura de los mercados financieros. Pero ya iniciado el nuevo siglo, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que periódicamente se han dado cita en los Foros Sociales Mundiales para coordinarse y combatir la financiarización de la economía y convencer a la población del planeta de que Otro Mundo Es Posible apenas consiguió frenar la expansión del casino financiero. Un casino que, reforzado por la generalización del pensamiento neoliberal entre los Gobiernos de los países más ricos, acabó imponiendo su lógica especulativa en toda la sociedad, hasta conseguir que el volumen de transacciones financieras anuales pasase de ser 25 veces el PIB mundial a mediados de los noventa, a representar 70 veces la riqueza del planeta, justo antes de que se produjese el crack bancario y financiero de Wall Street.

Pero fue esta crisis, que pronto se transformó en sistémica, la que cambió ligeramente la relación de fuerzas entre defensores y contrarios a gravar las transacciones financieras. El terremoto que sacudió el mundo de las finanzas en 2008 posibilitó al menos que en 2011 la Comisión Europea aprobara la propuesta de impulsar un impuesto para toda en la UE “aplicable a las operaciones con instrumentos de inversión entre instituciones financieras cuando al menos una de las dos partes tuviera su sede en la UE”. El mecanismo de Cooperación Reforzada, previsto en los Tratados europeos, permitió que 11 países, entre ellos España, se comprometieran a poner en marcha en 2014 un impuesto a las transacciones financieras (ITF), común a todos ellos, impuesto que ampliaba las operaciones contempladas en la propuesta inicial de Tobin dirigida exclusivamente a las divisas. Pero la fuerte presión ejercida desde las élites financieras lideradas por la City de Londres logró año tras año entorpecer el proceso, consiguiendo que a día de hoy la iniciativa comunitaria de un ITF descanse en algún cajón de la sede de la UE en Bruselas.

En 2021 hay, pese a todo, algunos hechos que nos permiten ser optimistas y pensar que esta tercera década del siglo XXI puede ver importantes y definitivos avances en la aplicación del impuesto a las transacciones financieras. El primero de estos hechos es la aplicación en España desde el 16 de enero de un ITF parecido al que Francia e Italia introdujeron hace años, lo que puede ser contemplado como un paso importante que deja la puerta abierta a la introducción de medidas de mayor alcance con sucesivas reformas del nuevo impuesto. Siempre es más difícil introducir un nuevo impuesto que mejorarlo después.

Un segundo hecho para el optimismo es que la presidencia portuguesa del Consejo de la UE ha movido también ficha este febrero al plantear el relanzamiento de las discusiones entre los 27 Estados miembros sobre el impuesto a las transacciones financieras (ITF), abogando por un nivel mínimo de armonización en relación a su aplicación. Un enfoque paso a paso que “no debe impedir que los Estados miembros que ya han introducido un ITF con una base imponible más amplia puedan preservarlo, ni debe impedir a los Estados miembros que deseen implementar una evolución más rápida del ámbito de aplicación puedan hacerlo”. La presidencia portuguesa se refiere con ello a su intención de que se trabaje para aplicar en Europa un ITF más cercano al italiano, que incluye los derivados, recordando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de abril de 2020 que confirmó que el enfoque italiano de gravar los derivados financieros es efectivamente compatible con la legislación de la UE.

Pero en estos primeros meses de 2021 se ha producido también un tercer hecho igualmente relevante para el futuro del ITF, y esta vez no en Europa sino en Estados Unidos. En efecto, Peter DeFazio, parlamentario demócrata de la Cámara de Representantes, ha iniciado la tramitación en el Congreso estadounidense de una Ley de Impuestos de Wall Street (Wall Street Tax Act) que contempla crear un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras dirigida a reducir el comercio especulativo y la volatilidad en los mercados financieros. Su exposición de motivos no puede ser más explícita:

Los operadores de alta frecuencia lideran el mercado e impulsan los precios para beneficio de los individuos adinerados, los fondos de pensiones y otros inversores de los mercados de valores” (…). “Algunos días, los operadores de alta frecuencia negocian miles de millones de acciones que a veces mantienen durante solo unos segundos o menos. Obtienen enormes beneficios financieros para ellos y sus privilegiados inversores de élite, pero no agregan valor a nuestra economía. El Congreso debe controlar la actividad especulativa excesiva y proteger a las familias trabajadoras de estas prácticas peligrosas mientras se mantiene la liquidez adecuada del mercado. Esta legislación frenará la especulación innecesaria y generará ingresos muy necesarios para ayudar al gobierno federal a financiar las prioridades nacionales e invertir en la economía real para beneficiar a todos los estadounidenses”.

Esta iniciativa federal se desarrolla de forma paralela a otra en el Estado de Nueva York donde el diputado Phil Steck acaba de presentar un Proyecto de Ley de un Impuesto a la Transferencia de Acciones (ITA) que impacta de lleno en la actividad de Wall Street. En realidad el impuesto existe desde 1905 pero en 1979 se neutralizó al introducirse un “reembolso” del 100% de la cuota resultante, por lo que lo que la Ley de Steck propone es simplemente la eliminación del reembolso.

Todo hace pensar que la resistencia de Wall Street y de los grandes fondos de inversión empieza a perder terreno y la hora de gravar la especulación financiera como se merece está próxima.

Ricardo García Zaldívar

. Representante de ATTAC España en la Plataforma por la Justicia Fiscal


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