Publicado en línea el Lunes 8 de marzo de 2021, por Admin2

La mujer indígena, en la mayoría de los casos, vive en extrema pobreza. En la Montaña de Guerrero es la misma realidad, teniendo a Cochoapa el Grande como uno de los municipios más pobres del país. Hay un índice muy alto de muertes maternas, pero las autoridades ni siquiera llevan un registro, menos las evitan, incluso se ha llegado al extremo de que las muertes han sido por una simple calentura o dolor de cabeza porque no hay centro de salud, doctores ni enfermeros.

En las comunidades, la mujer siempre cohabita con la violencia milenaria y patriarcal, pero también con la carencia y la falta de servicios básicos. Para poder tener agua, por ejemplo, recorren largas distancias hacia los ojos de agua, cargan pesados trozos de leña para encender los fogones, cultivan de sol a sol el maíz y frijol; ellas llevan el alimento a sus humildes hogares y se rentan como peones en las cosechas, así se les trata y así se les habla. En un día ganan cien pesos. De esta forma ejercen un doble trabajo, el de la mujer y el hombre, es decir, realizan las labores del hogar y también las del campo.

En este vivir diario de la mujer indígena la violencia se transforma en un animal hambriento al acecho de su víctima, solo por el hecho de ser mujer. Para acceder a la justicia ante las violencias recorren kilómetros con sus huaraches y al llegar a Tlapa de Comonfort, municipio de la región, en donde se concentran las instituciones y servicios de salud, colisionan con funcionarios que no hablan lengua materna ni peritos intérpretes.

Otras veces salen de madrugada desde sus comunidades, desde ahí empieza su viacrucis que incluye la falta de dinero para los traslados ya ni hablar siquiera del pago para un abogado o defensor. Es una situación muy triste porque son los obstáculos que les impide acceder a la justicia, dice la defensora y abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio.

A raíz de la implementación del Sistema Penal Acusatorio se pensó que la burocracia terminaría y que las investigaciones se agilizarían, este sistema llegó de la mano de asesores para las víctimas que ni siquiera sabían que contaban con uno y que por ende no han hecho uso de ellos. De esta forma, el papel del asesor se convirtió en un acto protocolario. No hay investigaciones y las denuncias no avanzan.

A ello se suma la inoperancia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de los ministerios públicos, aunado a la re-victimización de las mujeres por parte de servidores públicos cuando se presentan a declarar. Con una sonrisa aplastante señalan a las madres de descuidar a sus hijas violadas y de provocar sus vejaciones y a las menores las reciben con un “te vas a contentar cuando te traiga el -hombre quien la violó- un guajolote”.

La impunidad raya en lo inverosímil. En la agencia Especializada en Delitos Sexual solo hay un servidor atendiendo a las decenas de víctimas que llegan a denunciar y solo un médico legista revisa la situación intima de las mujeres, pese a que se ha solicitado con base a la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de agresión sexual contra la indígena Me´phaa, Valentina Rosendo Catú, para que las mujeres sean atendidas únicamente por personal femenino. Esto ha sido – dice la abogada- solicitado al gobernador, Héctor Astudillo Flores y al Fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos.

¿Y qué hay de la hipersexualización o la mirada hacia la mujer como un objeto sexual? La abogada aborda solo uno de los muchos casos que llegan al Centro Tlachinollan. El caso de dos niñas, hermanas agredidas sexualmente por sus vecinos, un padre e hijo en la comunidad de San Miguel del Progreso, en el municipio de Malinaltepec. Una de las niñas con discapacidad y la otra con sólo 13 años de edad, amenazadas bajo el yugo de la pobreza extrema porque sus padres trabajan día y noche en el campo para poder comer. Los agresores las observan solas, vulnerables. El padre y el hijo dicen: “les podemos hacer lo que queramos”, porque no hay garantías, nadie denuncia y las mujeres por miedo prefieren callar.

En 2020, durante la pandemia Tlachinollan registró un incremento significativo en las violencias de cualquier índole cometidas hacia las mujeres. Uno de ellos, fue el abuso sexual o violación con 17 casos en comparación a los 3 cometidos en 2019, feminicidios 20, mientras que en 2019 fueron 5 respectivamente, 9 desaparecidas, un aborto por violencia obstétrica en 2020 y una muerte materna. También se tiene conocimiento de la muerte 48 de niñas y niños.

La radiografía de la violencia de género en la región de la Montaña rebasa la metáfora de la cotidianidad y de las relaciones asimétricas de poder.

Publicado originalmente en Tlachinollan

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