Publicado en línea el Viernes 5 de marzo de 2021, por Bea Morales

Sucedió el lunes en Las Raíces: en la fila de la comida un hombre joven se agita, personal de seguridad lo inmoviliza en el suelo con contundencia. Trabajadores de Accem, la organización que gestiona esta instalación donde se hacinan más de un millar de personas en carpas blancas, amagan con intervenir. En el suelo, el chico yace inconsciente mientras una de las trabajadoras intenta reanimarle. El vídeo, grabado desde dentro del campo, es solo un breve vistazo a lo que ocurre en este espacio, unos de los dispositivos de alojamiento construidos en el marco del Plan Canarias. Sus ocupantes no están encerrados pero tampoco tienen dónde ir: están bloqueados en las islas.

El bloqueo en las islas y su imposibilidad de continuar su camino, era lo que querían denunciar las 23 personas que a mediados de febrero decidieron salir del campamento y se instalaron en una acampada alternativa en sus inmediaciones. Son ya unos cincuenta y cuentan con el acompañamiento de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife. Roberto, uno de los integrantes de esta red solidaria cuenta que las cosas se están poniendo tensas también afuera del recinto. La noche del lunes por primera vez la policía entró en las casetas mientras las personas migrantes dormían. Se llevaron detenido a un chico que tenía pasaporte.

Las presiones ya venían de antes, relata este activista: “Hace unos días vinieron también, pero buscando españoles, pues hay toque de queda y no puede quedar nadie aquí, no encontraron ninguno y se fueron. Otro día también por la tarde identificaron a todos los que estaban en la acampada”. Hace poco, cuenta Roberto, dos personas intentaron volver a las 21:02, dos minutos después de que cierre el campamento por la noche. No les dejaron entrar y él intentó sacar una foto con el móvil de la situación: “Uno de seguridad me amenazó con romperme el móvil y tirármelo a la cabeza si lo grababa. Si eso pasa con nosotros no quiero imaginar lo que pasa dentro”.

La tensión va en aumento y Roberto cuenta cómo la gente que sale del recinto y que a veces se queda a dormir en la acampada —no más de dos noches para no pasar el límite de 72 horas de ausencia que, según normativa, les privaría del derecho a acceder a este recurso— les habla de las largas filas para todo: comer o ducharse con agua fría, y los conflictos que surgen al no entenderse por hablar idiomas distintos. La comida que llega a través de la asamblea y gracias a las donaciones de vecinas y vecinos “se reparte primero para la gente de la acampada, pero después se facilita a la gente del campamento, que estás pasando hambre”, apunta.

La Isleta

Para los 64 migrantes que desde el domingo no pueden volver a Canarias 50 las 72 horas pasaron sin que les readmitieran. El campamento al que no pueden volver es otro recurso del Plan Canarias, en este caso en Las Palmas. También en esta isla una nutrida red solidaria les acompaña desde que quedaran en situación de calle. Según aseguraba Cruz Roja ante el diario Canarias 7 , las personas migrantes se fueron por su propia decisión, después de una situación de conflicto y su regreso no dependería de la organización.

Cuentan desde Somos Red, el colectivo que ha estado apoyando a estas personas, que la primera noche se quedaron en las cercanías del campamento, pero la policía les desalojo. Después probaron suerte en el Confital, un parque periférico de Las Palmas. Tras pasar una noche allí, una parte de las personas se fueron con Somos Red a la Parroquia de San Pedro en La Isleta, otros se quedaron en el parque para ser al poco tiempo retenidos, y acabar algunos detenidos. Los 45 o 48 que fueron a la parroquia “han estado durmiendo un par de días allí, con la ayuda de Somos red, pero también de un gran grupo de vecinas y vecinos del barrio, se les ha podido dar comida y procurar mantas para dormir”, relata Jaime, uno de los activistas que les ha acompañado.

El martes 2 de marzo por la mañana tuvieron que abandonar la parroquia: la presión de algunos vecinos sobre el párroco para desalojar la iglesia fue demasiado fuerte. “Ahora están en la calle con la policía rondando: está habiendo atosigamiento policial: a los que no pueden deportar porque no tienen pasaporte ni identificación, los acechan un rato y luego los dejan marchar”, denuncia Jaime.

La solidaridad y la movilización es fuerte, pero hay pocas salidas. El destino para magrebíes y senegaleses es estrecho: CIE y deportación. Sin embargo, cuenta el integrante de Somos Red, parecen menos nerviosos de lo que cabría esperar. “Ayer hicimos una asamblea y les explicamos cuál era su situación, la situación ante el marco legal, la situación en la parroquia, cómo podíamos ayudarles: las caras no eran de alegría, pero el tiempo que han estado en la parroquia han estado super tranquilos, pasando el rato como podían. Tensión tendrán por dentro, seguramente. Nosotros tenemos tensión. Pero les vemos menos nerviosos a ellos que a nosotros”.

Respecto al rol de la Cruz Roja, que como Accem hace con Las Raíces, gestiona el campamento de Canarias 50, son muy críticos. Cuestionan la neutralidad de la que hace gala la organización, y si bien reconocen la labor y el compromiso de muchas de las personas trabajadoras y voluntarias, consideran que la organización es cómplice en el bloqueo de las personas migrantes. “Tienen que cumplir una encomienda y la encomienda es el plan Canarias. En teoría deberían ocuparse de la acogida humanitaria de personas y en eso está fallando y el resultado es claro: mucha gente se está saliendo de los campamentos, hay cientos de personas en la calle”. Para Jaime el miedo continuo a la deportación, las condiciones no dignas de alojamiento, o la falta total de información, no pueden formar parte de una “presunta acogida humanitaria”.

La “chapuza” con los menores

Que muchas cosas no se están haciendo bien es algo que también constata Loueila Mint El Mamy, el ejemplo más claro: los menores. “Ahora mismo no están teniendo recursos para poder blindar una protección en base al interés superior del menor —confirma esta abogada— se están haciendo chapuzas, chapuzas con los traslados, chapuzas con los menores, chapuzas con los solicitantes de protección internacional, chapuzas con los que están fuera de los campamentos, se están poniendo parches que en cualquier momento se van a caer, pero a nadie le preocupa”.

La situación es compleja: Menores que se han declarado mayores pensando que eso mejoraría su situación. Menores esperando pruebas óseas. Menores cuya documentación no ha sido tenida en cuenta. Casos muy diversos y pocos medios para darles respuesta. A la complejidad y la falta de recursos, se suma un elemento fundamental para la abogada: la presunción de culpabilidad. “Nunca hay una presunción de inocencia o un interés superior del menor. Es como ‘me ha dicho que es menor pero bueno, yo presumo que es mayor de edad’. Se les criminaliza así, y entran dentro del procedimiento de extranjería. La semana pasada una compañera asistió a un chico de Senegal, me dijo, ‘tiene la cara de un niño’, y estaba dentro del CIE de Hoya Fría”.

El Mamy lamenta que todas las movilizaciones que se están haciendo, la oposición mostrada por los mismos menores en forma de huelgas de hambre o sentadas, no estén sirviendo para que la administración reaccione. En el lado esperanzador de la balanza, la implicación de vecinas y activistas que a título individual están tomando esta batalla por los derechos de la infancia migrante como propia.

La semana pasada fueron vecinas quienes se plantaron y consiguieron que cuatro menores no entrasen en Las Raíces y fueran derivados a los recursos específicos, gente que sin ser letrada, con algunas herramientas que les dan El Mamy y otras abogadas, “se están concienciando y están realizando acciones para mejorar las condiciones de estos chicos. Eso no lo tiene que cubrir ninguna persona a título individual, que es maravilloso y está bien, pero se está haciendo como resultado de las deficiencias de las administraciones”. En Las Raíces, por ejemplo, estiman que puede haber 50 menores. Activistas y letradas están intentando dar respuesta a esta situación: “Se está intentando recabar todos los datos: nombre, apellido, edad de cada uno de ellos para poder trasladarlo a fiscalía de menores y a su vez plantear la correspondiente queja al defensor del pueblo”.

La abogada recuerda que la directora general de protección de la infancia explica que les desborda el trabajo y que al menos han conseguido adelantar muchas pruebas óseas —pruebas cuya fiabilidad es cuestionada— pero que se justificó aduciendo que hay personas que señalan que son menores cuando no lo son, colapsando sus sistemas. El Mamy señala que, justamente, lo que se están encontrando es lo contrario: menores que entran en el procedimiento de extranjería. En el trasfondo una pregunta de peso: “habéis prometido un castigo y un premio: el premio es que si digo que soy menor sobrevivo y el castigo es que si digo que soy adulto me vais a devolver, entonces ¿qué esperáis que la gente haga por supervivencia tras haber venido en patera”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/migracion/migrantes-tension-en-los-campamentos-gente-durmiendo-calle


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