Publicado en línea el Jueves 4 de marzo de 2021, por Admin2

Según el archivo de la Coordinadora contra la Represión Policial y la Violencia Institucional (Correpi ), uno de cada cinco femicidios en Argentina es cometido por agentes de seguridad. En el 90% de los casos, los crímenes son ejecutados con el arma reglamentaria.

La falta de datos oficiales también revela gran parte de la persistencia de este tipo de crimen. Por lo tanto, los datos existentes son elaborados dado el acompañamiento de los casos por organizaciones militantes, como la Correpi. El Instituto MuMaLa reveló que, este año, el 12% de los femicidios en Argentina fueron cometidos por fuerzas de seguridad.

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Este año, el 12% de los femicidios fueron ejecutados por fuerzas de seguridad. / MuMaLa

El Observatorio de Femicidios Adriana Zambrano también reveló números nada animadores al fin de enero: cada 24 horas, una mujer fue víctima de femicidio, con un total de 31 casos.

Hasta el cierre de esta edición, el conteo subió para 56. Es entre estos últimos casos que ocurrió el femicidio de Úrsula Bahillo, una última gota que hizo trasbordar la indignación popular en todo el país.

El caso de la joven de 18 años fue emblemático: ella era perseguida por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, oficial de la policía de Buenos Aires. La información sobre su ocupación no es un detalle menor, sumándose al hecho de que la violencia institucional, ejercida por el propio Estado, es representada, en gran parte, por la práctica cotidiana de abusos de las fuerzas de seguridad.

Una ecuación explosiva

La violencia policial y los abusos de autoridad son noticia diaria en Argentina. Solo en 2020, fueron 397 muertes provocadas por fuerzas policiales, en casos que no representaban riesgo para los agentes ni para terceros.

La conducta agresiva se extiende a sus vidas privadas. Entre las víctimas contabilizadas por Correpi desde 1992, la principal causa de muerte entre hombres es estar detenido, bajo custodia policial o gatillo fácil; entre las mujeres es el femicidio, al ser compañeras o ex-compañeras de los ofensores.

«La conclusión a que llegamos, analizando las características de la represión estatal y la violencia machista y patriarcal, es que, cuando esos dos elementos se encuentran en un mismo individuo, se potencian», afirma María del Carmen Verdú, referente de la Correpi.

Una carta firmada por militantes y organizaciones dirigida al gobierno nacional tras el caso de Úrsula describía: «No podemos tolerar ni una muerte más de mujeres e identidades feminizadas, que pagan con sus vidas el costo de una masculinidad que cree tener la potestad de poseerlas.»

El argumento puede encontrar base en un dato llamativo: dos de cada diez femicidas terminan suicidándose en Argentina. Como afirmó la periodista y escritora feminista Luciana Peker, el acto de reivindicar esa pose fantasiosa parece valer más que la propia vida.

En el caso de los llamados «femicidios de uniforme», la ecuación se torna explosiva y, así como faltan datos oficiales, no hay políticas públicas que den cuenta de la particularidad de esta intersección.

Hay capacitaciones en violencia de género direccionadas a funcionarios públicos, como desde 2018 dicta la Ley Micaela. Sin embargo, esto no se reflejó en una disminución de los casos de femicidio ni de represión policial.

«Es esencial fortalecer las capacitaciones y transformar la cultura de las fuerzas policiales. Son instituciones que, históricamente, fueron guiadas con una idea de que intervenir es hacer uso de la violencia», apunta la coordinadora del área de Seguridad Democratica y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Victoria Darraidou.

«Es un fenómeno específico, que suma la violencia institucional con la violencia de género. Al ser perpetrado por fuerzas de seguridad, el Estado tiene una obligación mayor para evitarlo», concluye.

Caso Úrsula: el estopín

Las agresiones físicas ocurridas durante la relación alarmaron la madre de Úrsula, que hizo una denuncia contra Martínez en la comisaría de Rojas, ciudad en la provincia de Buenos Aires. Fue la primera de muchas.

Fueron un total de 18 denuncias, a penas três registradas, ninguna suficiente para evitar el fin trágico – y anunciado.

Úrsula fue amenazada de muerte, pero Martínez siguió en libertad, aunque tuviese también procesos judiciales en andamiento, tras las denuncias de otras ex-compañeras.

La violencia policial no se limitó al crimen: en una protesta pacífica en frente a la comisaría de Rojas, una amiga de la víctima protestaba parada, de brazos cruzados, cuando recibió un disparo de bala de goma en el rostro y casi perdió un ojo.

El caso ganó repercusión nacional. Los padres de Úrsula fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, apuntó la responsabilidad de los poderes judiciales y de la policia, para quienes la violencia de género, afirmó, «no es tema prioritario».

Días después, fue anunciada la creación por decreto del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, para integrar el trabajo del gobierno nacional con las provincias. La medida fue considerada insuficiente por la militancia feminista.

El Estado es responsable

Referenta del movimiento Juntas y a la Izquierda, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Cele Fierro apunta el déficit de presupuesto para programas dirigidos a atender víctimas de violencia de género, incluso el propio Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que, últimamente, viene siendo criticado por «falta de acción».

«El Programa Acompañar, por ejemplo, tiene el objetivo de ayudar a la víctima a lograr una independencia económica, pero con un salario mínimo por solamente seis meses. ¿Cómo eso puede representar una autonomía económica?», cuestiona Fierro.

«Toda esa cuestión abre una puerta para discutir una seguridad comunitaria, con la participación de la población y de las organizaciones de derechos humanos. Tener una policía a servicio debería significar prevención, y no represión. Esto es parte de lo que tenemos que tomar para pensar y construir otro tipo de sociedad», concluye.

El movimiento Ni Una Menos convocó una manifestación el 17 de febrero para levantar pautas urgentes que el caso de Úrsula dejó a las vísceras: la ignorancia del sistema judicial sobre los casos de violencia de género y la falta de coordinación entre las instituciones, muchas dedicadas al tema, como la Comisaría de la Mujer.

Si las víctimas de violencia de género no rara vez son desestimadas – a ejemplo del caso de Mari Ferrer, en Brasil –, las denuncias que recaen sobre los propios agentes de seguridad intensifican ese cuadro. Según Verdú, la justicia y las fuerzas de seguridad andan en paralelo.

«No hace diferencia poner un cartel diciendo ‘Comisaría de la Mujer’ cuando, al final, quien atiende es un policía, con la misma conducta que en cualquier otra comisaría. También está el vínculo cercano, casi familiar, entre el poder judicial y las fuerzas de seguridad que, técnicamente, son sus auxiliares. La logica de los juzgados parte de creer en los uniformados», apunta Verdú.

«La función de las fuerzas es justamente imponer el disciplinamiento; no hay manera de que eso suceda bajo una perspectiva de género. Es necesario capacitar, pero solo con eso no alcanza. Es una cultura que atraviesa todo el cuerpo social», afirma.

«Sería necesario que las víctimas fuesen atendidas en un lugar con personal civil, en donde puedan hacer sus denuncias y ser recibidas con una escucha real.»

Como medida urgente, las organizaciones sociales demandan declarar la violencia contra las mujeres y disidencias por razones de género como emergencia nacional.

La carta firmada por militantes y organizaciones al gobierno nacional exigía, entre otros puntos, la coordinación entre el poder judicial, las fuerzas de seguridad y los municipios, bien como la incorporación de la perspectiva de género en la futura reforma judicial.

Edición: Daniel Lamir

Este material se comparte con autorización de Brasil de Fato

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