Publicado en línea el Sábado 27 de febrero de 2021, por Caty R

Su objetivo era “evaluar el impacto de las sanciones unilaterales [de EE.UU.] en el disfrute de los derechos humanos”. El último día de visita ofreció una conferencia de prensa en la que leyó en voz alta un informe preliminar . El informe completo se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 21 de septiembre de 2021.

En su informe, Douhan “recuerda a todas las partes que la Carta de las Naciones Unidas obliga a los firmantes a observar los principios y normas del derecho internacional y que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer sobre los intereses políticos”.

Subrayó “la improcedencia de la aplicación extraterritorial de sanciones e instó al gobierno estadounidense a poner fin a la emergencia nacional respecto a Venezuela”. Estados Unidos debe “revisar y levantar las sanciones contra terceros Estados”. Todos los Estados deben “revisar y levantar las sanciones en concordancia con los principios del derecho internacional”.

La Relatora apeló a “los gobiernos de Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y a sus correspondientes bancos para descongelar los activos del Banco Central de Venezuela”.

Douhan explicó que las sanciones contra el gobierno de Venezuela se iniciaron en 2005 y se intensificaron cuando el presidente Obama declaró “el estado de emergencia nacional” en 2015. Para justificarlo adujo “la represión violenta de las protestas, persecución de oponentes políticos, corrupción y restricciones a la libertad de prensa”.

Douhan recordó que el gobierno estadounidense impuso un “embargo económico total” en 2019 que inmovilizó los activos de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, y del Banco Central Venezolano. El gobierno de EE.UU. transfirió la propiedad de los activos y propiedades venezolanos a un gobierno títere encabezado por el político opositor Juan Guaidó, al que EE.UU. nombró presidente. Gran Bretaña, Portugal, Canadá y Estados Unidos congelaron a continuación miles de millones de dólares propiedad de Venezuela depositados en sus bancos.

La Relatora Especial critica la imposición de sanciones a instancias de EE.UU. por parte de terceros países, la mayoría pertenecientes a la Unión Europea y el Grupo de Lima. Este último es una organización de Estados Americanos creada por Estados Unidos para oponerse a Venezuela.

Douhan explicó que la hiperinflación ha agravado el declive económico de Venezuela acelerada por la caída de precios del petróleo en 2014. Señaló asimismo que, desde hacía tiempo, la mayor parte de los ingresos estatales proceden de la venta del petróleo, que servía para financiar la educación, la sanidad y los programas sociales. A largo plazo, dice en su informe, los ingresos “podrían reducirse un 99 por ciento”.

En la actualidad, “Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria y piezas de repuesto, de electricidad, agua, gas, alimentos y medicinas”. Los ingresos procedentes del exterior se han reducido drásticamente, debido en parte a las dificultades impuestas a las transferencias bancarias. Hoy en día, señala, solo se dispone del 20 por ciento de la electricidad normal, casi cinco millones de venezolanos han emigrado y “2,5 millones de personas” deben hacer frente a una creciente inseguridad alimentaria debido a la reducción de las importaciones de comida.

“Entre el 50 y el 70 por ciento de las plazas sanitarias de los hospitales están vacantes”, informa, y añade que “el 90 por ciento de la población” vive en condiciones de extrema pobreza, principalmente por culpa de las sanciones.

El informe de Douhan documenta las violaciones al derecho internacional. Tanto la congelación de los activos financieros como la pretensión de Estados Unidos de derribar al gobierno venezolano “violan los derechos de soberanía”. El “estado de emergencia nacional” de EE.UU. y la imposición internacional de sus sanciones son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, afirma. La ampliación de la jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos a terceros países “no está justificada por el derecho internacional”. Aquí hace referencia a los países cuyos ciudadanos o empresas tienen negocios con Venezuela.

Estados Unidos pone en peligro “el derecho a gozar de la mejor salud posible”. Señala la “falta de médicos, enfermeros y de suficientes medicamentos, equipamiento médico, piezas de repuesto, actualizaciones relevantes del software, vacunas, test, reactivos y anticonceptivos”, todos ellos suministrados hasta ahora por el gobierno. Denuncia igualmente la violación del derecho al agua y a la educación.

El informe de la Relatora Especial difiere en gran medida del estudio y la serie de recomendaciones publicados por la ONU en septiembre de 2020. La “Misión de Investigación en Venezuela” patrocinada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU produjo un documento de 409 páginas y 65 recomendaciones. Lo interesante es que los autores de dicho documento nunca viajaron a Venezuela. Las primeras recomendaciones ya establecen las pautas generales del informe, al exigir la puesta en marcha de “investigaciones eficaces, urgentes, exhaustivas, independientes, imparciales y trasparentes sobre las violaciones de los derechos humanos y los crímenes descritos en el presente informe”. Al igual que la Relatora Especial de la ONU, la Oficina de Control de Cuentas del gobierno estadounidense emitió un informe en febrero, en el que se une al reconocimiento del “deterioro de la situación humanitaria” en Venezuela. La única recomendación expuesta en el informe de 50 páginas es la de sugerir tímidamente que “el Tesoro vigile que su Oficina de Control de Activos Extranjeros siga sistemáticamente la pista a las investigaciones” sobre el sufrimiento de la población.

Mark Weisbrot, del Center for Economic and Policy Research, alabó dicho informe por “aportar nuevas pruebas de que estas sanciones unilaterales e ilegales de Estados Unidos son una forma de castigo colectivo contra la población venezolana y deberían cesar inmediatamente”. Mark Weisbrot y su colega Jeffrey Sachs documentaron en 2019 que las sanciones ya habían causado la muerte de decenas de miles de venezolanos.

Recientemente algunos opositores venezolanos se han mostrado contrarios a las sanciones de EE.UU. Entre ellos están Timoteo Zambrano presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional y Henri Falcón, antiguo candidato conservador a la presidencia.

Dentro de Estados Unidos, el 11 de febrero un grupo de 27 senadores y representantes instaron al presidente Biden a “considerar los aspectos humanitarios de las sanciones”, aunque sin nombrar a países específicos. Pero, según informaciones de nbcnews.com, el presidente Biden no tiene previsto negociar con el gobierno de Venezuela o dejar de reconocer a Juan Guaidó como presidente del país.

Fuente: https://www.counterpunch.org/2021/02/26/un-report-condemns-us-economic-sanctions-against-venezuela/

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