Publicado en línea el Martes 23 de febrero de 2021

Para hacer frente a la crisis climática debemos mantener los combustibles fósiles bajo tierra. Pero los gobiernos que quieran eliminar el carbón, acabar con la producción de gas o detener la construcción de oleoductos pueden ser demandados por las empresas en tribunales privados y ser considerados responsables de miles de millones en daños. ¿Cómo? En virtud del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Ahora depende de los gobiernos europeos y de la Comisión Europea retirarse del TCE anti-climático y detener su expansión a más países. ¡Actúa hoy para que esto ocurra!

A los gobiernos europeos, los parlamentos y las instituciones de la UE:

¡Hay que salir del Tratado de la Carta de la Energía y detener su expansión a otros países! El tratado permite a las transnacionales del carbón, el petróleo y el gas obstruir la transición a un sistema energético limpio. Desarma a las empresas de combustibles fósiles ahora para que no puedan seguir impidiendo la acción climática urgente.

Esta acción cuenta con el apoyo de una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil de toda Europa.

¿Qué es el Tratado de la Carta de la Energía (TCE)?

El TCE es un acuerdo internacional de 1994 que se aplica a más de 50 países. El TCE otorga a los inversores extranjeros del sector energético amplios poderes para demandar a los Estados por acciones gubernamentales que supuestamente han “dañado” sus inversiones. Los inversores utilizan un sistema judicial paralelo para demandar, y las indemnizaciones que deben pagar los gobiernos pueden ascender a miles de millones. El TCE es cada vez más controvertido, sobre todo por su potencial para obstruir la transición de los combustibles fósiles, que destruyen el clima, hacia las energías renovables.

¿Cómo socava el TCE la transición hacia la energía limpia?

El TCE permite a los inversores extranjeros del sector energético demandar a los gobiernos por decisiones que puedan afectar negativamente a sus beneficios. Esto incluye las políticas climáticas; por ejemplo, el gigante del carbón alemán RWE ha demandado a los Países Bajos por 1.400 millones de euros en concepto de “compensación” por la eliminación del carbón holandés. Dado que el régimen jurídico del TCE favorece a los inversores y es imprevisible, las multas que se pueden imponer a los gobiernos son catastróficas. El tratado actúa como un fuerte incentivo para retrasar, debilitar o abandonar medidas muy necesarias para avanzar en la transición energética.

¿Qué países están en riesgo?

Muchos. Estos son los países en los que el TCE se aplica plenamente y, por tanto, podrían ser demandados por tomar medidas para mantener los combustibles fósiles bajo tierra: Afganistán, Albania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Japón, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Reino Unido, Uzbekistán y Yemen. Como miembro independiente del TCE, la UE también puede ser demandada en su conjunto.

¿Y la expansión a más países?

La Secretaría del TCE, con sede en Bruselas, que es la fuerza impulsora de la obtención de apoyos y de nuevos firmantes del tratado, se esfuerza por ampliar el alcance geográfico del acuerdo a países de África, Oriente Medio, Asia y América Latina. La Secretaría resta importancia a los riesgos del TCE y exagera sus beneficios. Como resultado, muchos países están en fila para firmar el acuerdo, con sus privilegios extremos para los inversores. Al firmar, se arriesgan a reducir su capacidad de decidir su propia política energética, además de abrirse a la posibilidad de costosas demandas por parte de los inversores. Tenemos que detener esta peligrosa expansión del TCE.

¿Cómo pueden los países salir del TEC?

Retirarse del TCE no es difícil. En cuanto un país ha sido miembro durante cinco años, puede abandonar el TCE en cualquier momento con sólo notificarlo por escrito. Esto es así para casi todos los más de 50 miembros del tratado, incluida la UE y sus Estados miembros. Podrían retirarse del TCE inmediatamente; Italia lo hizo en 2016. Una retirada conjunta de todos los demás Estados miembros de la UE tendría un impacto positivo aún mayor.

¿Cuál es el papel de la UE?

Junto con Países Bajos y el Reino Unido, la UE fue la impulsora de las negociaciones del TCE en la década de 1990. Querían proteger las inversiones de empresas de combustibles fósiles como Shell y BP en los países del bloque postsoviético. Pero hoy, los Estados miembros de la UE se encuentran en el extremo receptor de costosas demandas y el TCE amenaza con socavar el Acuerdo Verde Europeo y la ley climática de la UE. Al haber iniciado el desorden del TCE, la UE tiene la responsabilidad de limpiarlo, por el bien de un mundo que necesita descarbonizarse rápidamente.


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