Publicado en línea el Lunes 15 de febrero de 2021, por Admin2

Foto: Los niños y bebés yanomami menores de dos años se encuentran entre las víctimas de covid-19: la malaria se encuentra entre las comorbilidades relacionadas con el coronavirus y afecta directamente a los indígenas – Joedson Alves – EFE

«Este es uno de los momentos cruciales para la defensa de los pueblos indígenas, porque durante 30 años no hemos visto la situación de los yanomami y los yekweana llegar a los niveles de destrucción que vemos hoy. La alerta fue lanzada por la antropóloga Ana María Machado, integrante de la red Pro-Yanomami y Yekweana y una de las organizadoras del informe «Xawara: rastros de Covid-19 en en territorio indígena yanomami y la omisión del Estado «, publicado a finales del año pasado.

Según ella, el abandono y el avance de la minería ilegal son los principales vectores de enfermedades como la covid-19 en la Tierra Indígena Yanomami, la más grande de Brasil, ubicada en los estados de Amazonas y Roraima, al norte del país, en la frontera con Venezuela, en un corredor de 9,6 millones de hectáreas. Hogar de unos 30 mil indígenas, es una de las más afectadas por la deforestación ilegal en la Amazonia brasileña.

Xawara es la forma en que los yanomami han llamado desde sus antepasados a lo que hoy conocemos como pandemia. La palabra se refiere a lo que ellos llaman booshikë, que nosotros conocemos como mineral. Según sus normas culturales, el booshikë debe permanecer quieto, dentro de la tierra, pues de lo contrario causaría muchas enfermedades y muertes, propagándose como el humo.

La incesante búsqueda de oro, unida a la connivencia y omisión de las autoridades, es precisamente lo que ha provocado numerosas enfermedades y ha provocado la muerte de niños y bebés yanomami, como se explica en el informe de 105 páginas publicado por el Instituto Sociambiental (ISA ) y elaborado por el Foro de Liderazgo Yanomami y Ye’kwana y la Red Pro-Yanomami y Ye’kwana, en base a los datos recogidos de marzo a octubre de 2020.

Lea algunos fragmentos de la entrevista a continuación.

Brasil de Fato: ¿Qué motivó la elaboración del informe?

Ana Maria Machado – El informe fue elaborado por la Red Pro Yanomami y Yekweana y el Foro de Liderazgo Yanomami y Yekweana , que está conformada por más de 50 seguidores de la causa yanomami, entre los que se encuentran antropólogos, lingüistas, indígenas, abogados, artistas y está en diálogo directo con las asociaciones indígenas. Y la Red surgió justo al comienzo de la pandemia, en abril, cuando se produjo la primera muerte de un yanomami en consecuencia de covid.

Y el Foro de Liderazgo Yanomami y Yekweana, que también es uno de los organizadores del informe, se formó en 2018 y reúne a las siete asociaciones indígenas presentes en el territorio yanomami y es su principal órgano de decisión hoy.

Luego, en junio, el Foro lanzó la campaña #ForaGarimpo [Fuera minería ilegal] y #ForaCovid para sensibilizar al mundo sobre el avance de la covid en territorio yanomami. Entonces, desde una articulación entre el Foro y la Red, hicimos este informe para documentar el impacto de la pandemia entre los yanomami.

Durante la elaboración del informe, analizamos más a fondo los datos y los análisis dicen que la situación de los yanomami y los yekweana es muy crítica. Y eso se debe principalmente al avance descontrolado de la pandemia, de la malaria, lo que también está vinculado al avance de la minería ilegal, que se incrementó mucho, y al desmantelamiento de la salud pública para los indígenas, como está ocurriendo en todo el país.

Así que este informe también sirve de base para la denuncia, para ser utilizado por las comisiones de derechos humanos y otras instancias en defensa de los pueblos indígenas.

La minería ilegal es un problema muy antiguo. Incluso antes de la demarcación del Territorio Indígena Yanomami, que tuvo lugar en 1992, los yanomami vivieron un período dramático en su historia. A finales de la década de 1980, el territorio donde vivían fue invadido por más de 40.000 mineros. Así que estaba completamente fuera de control. Las estadísticas muestran que más de mil yanomamis murieron durante este periodo por enfermedades y violencia relacionadas con llegada de los mineros.

Más de mil yanomamis murieron durante este periodo por enfermedades y violencia relacionadas con llegada de los mineros

Después de ese período, con la demarcación del territorio indígena en 1992, la minería artesanal decayó y se convirtió en una actividad ilegal, realizada de forma muy marginal con unos pocos cientos de mineros. Lo que vemos es que la combinación del alza del precio del oro en el mercado a partir de 2008, junto con el desmantelamiento de las políticas públicas, especialmente después de la elección de Bolsonaro, hizo que la minería ilegal cobrara proporciones absurdas.

Incluso el propio Bolsonaro tiene una historia con la minería ilegal, su padre fue minero en Serra Pelada. Durante la campaña electoral prometió autorizar la minería en tierras indígenas. Así que siguiendo esta promesa de campaña, Bolsonaro firmó el proyecto de ley 191/2020 que tiene por objetivo reglamentar la explotación de los recursos minerales mediante la definición de condiciones específicas para la investigación y extracción de minerales, incluyendo la extracción de crudo, gas y energía hidroeléctrica en los territorios indígenas.

En 2020 el informe ya señalaba a los niños como uno de los grupos más afectados por la covid-19 en la región, y ahora el país sigue la denuncia de la muerte de diez bebés yanomami en un mes. ¿Podrían haberse protegido estas y otras vidas?

Seguramente. Lo que hemos visto en los últimos años es un absoluto desmantelamiento de las políticas de salud pública de los indígenas. Según el monitoreo realizado por la Red Pro-Yanomami y Yekweana, hasta la fecha se han contabilizado las muertes de 32 yanomamis, entre confirmadas y dudosas, una cifra superior al monitoreo del Sesai, el organismo de salud, que señala sólo 12 muertes.

Según nuestro seguimiento, las cifras son impresionantes, ya que en estos meses de pandemia, siete bebés menores de dos años murieron como consecuencia de covid-19. Se trata de una estadística muy llamativa porque es muy diferente a la del resto del mundo, donde las principales víctimas fueron los ancianos o las personas con comorbilidades. En este punto es importante señalar que una de las principales comorbilidades de riesgo de covid-19 entre los yanomami es la malaria. Y con la malaria completamente fuera de control, la covid-19 acaba cobrándose más víctimas, y muchos niños también sufren desnutrición, ya debilitados.

Así que ciertamente, si hubiera una acción efectiva del gobierno federal, si hubiera un plan, al menos, de contigencia frente a la covid, estos niños no habrían perdido sus vidas y su futuro por culpa de este virus. El gobierno federal tiene la responsabilidad de hacer un plan de contingencia eficiente, lo que no ha ocurrido.

La denuncia central del informe es precisamente la ausencia absoluta de atención médica a los pueblos indígenas en Brasil, ya sea para la prevención de covid-19 o para el tratamiento de otras enfermedades. En los últimos años hemos visto incluso un aumento de la criminalización de las ONG y el desmantelamiento de varios organismos de protección, culminando con el desastre de la pandemia… ¿podemos decir que este es un momento crucial para la defensa de los pueblos indígenas?

Por supuesto. Este es uno de los momentos cruciales para la defensa de los pueblos indígenas porque durante 30 años no habíamos visto la situación de los yanomami y yekweana llegar a los niveles de desmantelamiento que hemos visto hoy. Incluso con su territorio demarcado y sus derechos garantizados por la Constitución, hemos visto las muertes silenciosas causadas por el abandono provocado por la falta de acción y la desatención a la salud indígena.

Lo que vemos en el caso concreto de los yanomami es que hubo un empeoramiento muy fuerte del sistema de salud por falta de una gestión seria y eficiente, orientada principalmente a la prevención de enfermedades y al tratamiento en las propias aldeas, sin que los pacientes tengan que ir a las ciudades.

Además, la presencia de personal sanitario es también muy escasa y sobrecarga a los pocos trabajadores que no tienen condiciones para trabajar en el territorio indígena. Así que esta es una forma de matar silenciosamente a través de la negligencia. Y a eso se suma la criminalización de las organizaciones de apoyo que hace años son aliadas de los indígenas en la lucha por sus derechos y las voces que actúan a favor de mejorar su salud.

Edición: Rogério Jordão

Este material se comparte con autorización de Brasil de Fato

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