Publicado en línea el Miércoles 27 de enero de 2021, por adminattac

Fernando Luengo, Consejo Científico de Attac. Publicado originalmente en Público

¿Salud o economía? ¿Cuál debe ser la prioridad del gobierno y del resto de las administraciones públicas? Yo no tengo ninguna duda, sobre todo cuando la pandemia se encuentra fuera de control y el proceso de vacunación todavía está en sus comienzos, con considerables problemas logísticos y con algunas dudas importantes sobre sus efectos. No sólo ahora, pero sobre todo en estos momentos, la salud tiene que estar en el centro de las políticas públicas.

La economía -así, en general- tiene que ponerse al servicio de la salud de la ciudadanía. Pero ¿qué entendemos unos y otros por economía? Estamos ante un concepto “chicle” que se puede moldear de acuerdo a los intereses de quien lo utiliza.

Hay que saber que, con frecuencia, quienes defienden su importancia en realidad simplemente están poniendo por delante los intereses de sus negocios, muchos de los cuales, ante el desplome de los mercados y una recuperación económica que no acaba de arrancar, también se encuentran en una encrucijada. Esos intereses pueden ser perfectamente legítimos, no lo discuto, pero de imponerse podrían convertirse en un factor añadido de riesgo para la población. Los posibles perjuicios derivados de priorizar la salud -por ejemplo, con medidas de confinamiento más estrictas- deben ser lógicamente contemplados y compensados por los poderes públicos, ofreciendo soluciones que, al mismo tiempo, ayuden a la preservación de los empleos y al mantenimiento y transformación del tejido productivo.

En todo caso, conviene prestar mucha atención a un debate que es bastante confuso; hay que procurar separar el grano de la paja. Algunos de los que defienden la relevancia de la economía frente a cualquier otra consideración, en realidad están postulando la vuelta al estatus quo, el regreso, cuanto antes, a la normalidad alterada bruscamente por la pandemia. Esa normalidad en la que, no lo olvidemos, se aplicaron políticas dirigidas al desmantelamiento de los servicios sociales públicos, como la salud y la educación. Los intereses que antes se articulaban alrededor de las políticas de austeridad presupuestaria -que sólo fue austeridad para las mayorías sociales-, ahora defienden con entusiasmo el aumento del gasto y de la deuda públicos, del que esperan ser los principales beneficiarios.

Desde una perspectiva radicalmente diferente, podemos y debemos defender una salud pública potente, no sólo para combatir esta y otras pandemias que puedan surgir en el futuro, si no, en un sentido más amplio, para fortalecer la atención primaria y especializada en todos los campos de la salud. Pero este camino es sencillamente impracticable si no se apuesta, con la misma convicción, por otra economía. Desde esta perspectiva, me resulta de todo punto inaceptable la postura de quienes nos enfrentan al dilema “salud o economía”. Estoy convencido que, por el contrario, hay que defender el paquete “salud y economía”.

Otorgar una prioridad absoluta a la salud (y a otros servicios públicos esenciales) exige poner los cimientos desde ahora mismo de otra economía. No se trata de centrarse ahora en la salud y más adelante, cuando la situación sanitaria haya mejorado, ocuparse de la economía. Porque la buena economía, la que necesita con urgencia la ciudadanía, la que apuesta por la salud, requiere una amplia movilización de fondos públicos cuyo destino tiene que ser de manera prioritaria los centros de atención primaria, los de especialidades y los hospitales, las residencias de nuestros mayores; la buena economía tiene que legislar sin dilación para que las grandes fortunas y patrimonios, las grandes corporaciones que han encontrado en la pandemia un mercado enorme para colocar sus bienes y servicios, y las elites empresariales y financieras que han reforzado sus posiciones privilegiadas contribuyan al sostenimiento de las arcas públicas; la buena economía es la que se compromete con decisión en el levantamiento de un escudo social merecedor de este nombre, sostenido en una renta básica universal e intransferible de emergencia, consciente de que la enfermedad de la pobreza es la primera que un gobierno progresista tiene que combatir; la buena economía no puede permitirse el lujo de seguir mareando la perdiz con la degradación de los ecosistemas y el cambio climático, que continúa avanzando de manera imparable, pues ahí está el origen estructural de la pandemia, sino que tiene que poner en pie un ambicioso plan orientado a la sostenibilidad, el planeta y la vida, plan en el que, obligatoriamente, el sector público debe convertirse en el principal vector.

Esta economía es inaplazable. Simplemente la necesitamos para que la defensa de las políticas sociales y, en concreto, de la salud pública, sean algo más que un piadoso deseo.


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