Publicado en línea el Miércoles 20 de enero de 2021, por Admin2

Ilustración: Servindi

Alrededor de 176 comunidades de Brasil han visto afectados sus derechos colectivos por proyectos extractivos y de infraestructura que tienen vinculación a inversión nacional.

Esto convierte a Brasil en el país que más afecta a sus comunidades con inversiones propias a nivel de Latinoamérica, revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados .

Veinte de los 21 casos que recoge la plataforma, están relacionados a proyectos de inversión brasileña. Solo el caso de Hydro Alunorte, que afecta a cuatro comunidades, tiene fuente de inversión noruega.

La plataforma Derechos Colectivos Vulnerados es una herramienta digital de libre acceso impulsada porRights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team (ACT) . <https://www.servindi.org/sites/defa...> Ilustración: Servindi

El país con más casos

Según la plataforma, Brasil, con 21 registros, es el país con la mayor cantidad de casos (20.6% del total registrado), los cuales están más relacionados al sector de minería (33.3%) y agroindustria (28.6%).

Un caso emblemático en la industria minera es la refinería de aluminio Hydro Alunorte, que afecta a comunidades quilombolas. El país también registra casos de minería ilegal.

En cuanto a la agroindustria, resaltan que tanto la soja como el negocio del ganado, han convertido a Brasil en líder en exportación de estos productos.

No obstante, esto ha obligado al país a convertir en tierras cultivables enormes extensiones de sabana y bosque, por lo que ahora vive una de sus peores crisis por la deforestación.

Por otro lado, pese a que el sector infraestructura está presente solo en el 14% de casos, representa el 77.8% de las comunidades afectadas.

Un claro ejemplo de la afectación de esta industria es la represa São Manoel, que, por si sola, vulnera el derecho de 138 comunidades a lo largo del Río Teles Pires.

Derechos vulnerados

La plataforma revela que los derechos más vulnerados en las comunidades de Brasil son el dominio colectivo sobre el territorio (81%) y el derecho a un ambiente saludable (38.1% de los casos).

De ahí que su impacto social asociado sea la alteración de los medios de vida tradicionales y el desplazamiento de viviendas.

Mientras que el impacto ambiental más frecuente, es la deforestación, seguido de la contaminación del agua.

La plataforma señala además que la invasión del territorio colectivo fue el ataque más frecuente al haberse registrado en 19 de los 21 casos.

Otros ataques frecuentes fueron la perturbación de lugares sagrados y culturales (38%), asesinatos (33.3%) y amenazas (33.3%).

Además, entre las 184 comunidades afectadas, se registraron al menos 21 individuos atacados, de los cuales 15 fueron hombres y 6 mujeres.

Publicado originalmente en Servindi

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