Publicado en línea el Lunes 11 de enero de 2021, por JDF

¿Qué comemos?¿Quién lo produce?¿Quién se queda con las ganancias?¿Cómo impacta en la constante suba de precios? Estás preguntas surgen cada vez con más fuerza desde que las organizaciones de la economía popular comenzaron a hablar de “comercio justo” y poner en cuestión el sistemas de producción, distribución y comercialización concentrados en las grandes corporaciones alimentarias y las cadenas de hipermercados. Al calor de esta puja redistributiva, con soberanía alimentaria de fondo, el Instituto para la Producción Popular (IPP), presidido por el ex titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Enrique Martínez, decidió comprometerse como un actor en el debate con el programa Todos Comen , una plataforma digital de comercialización puerta a puerta, que reúne productos de pequeñas empresas familiares, cooperativas, empresas recuperadas y organizaciones campesinas de todo el país para postular dos actores políticos que generen un cambio: el distribuidor popular y el consumidor responsable.

“El proyecto no es solamente para distribuir aceite o azúcar barato. Es un proyecto político que busca mostrar las tremendas ineficiencias que hay en el sistema de distribución de alimentos, que recaen todas sobre los pequeños productores, sobre los consumidores o sobre ambos”, apunta Martínez con el objetivo de que “la política pública tome nota y empiece a cambiar”, ya que considera que se está haciendo “una sinrazón generalizada de precios porque no metemos una lógica política en la administración de la distribución y comercialización”.

Se define parado políticamente en “el campo popular”, asiduo usuario de las redes sociales donde ensaya críticas reiteradas a los posicionamiento de la derecha, Martínez mantiene una voz crítica con las políticas de control de precios del gobierno nacional. “Hay que sentarse a discutir una política de precios, pero no a través de Precios Cuidados o Precios Máximos con media docena de corporaciones que hegemonizan todo, sino con los auténticos medianos y pequeños productores de alimentos de la Argentina que son miles y miles”, sostiene en diálogo con Tierra Viva.

En ese sentido, Martínez destaca que el objetivo de Todos Comen es trascender el propio programa e incidir en las políticas públicas para impulsar la creación de Mercados Populares Municipales, que hasta el momento han propuesto a jefes comunales sin éxito. “Serían administrados por el municipio y una organización sin fines de lucro, que no le compre al productor sino que le administre las ventas, por una tasa por ese servicio, pero asegurándole una presencia regular y permanente ante el consumidor. Estos mercados existen en otros países del mundo y creemos que es la manera en que el Estado podría favorecer de verdad estos sistemas de distribución”.

Todos comen

El programa Todos Comen propone una política clara en beneficio de los productores: el 80 por ciento del precio final al consumidor queda para quien produce. El 20 por ciento restante es dedicado al servicio del que presta el distribuidor popular, en este caso Todos Comen, que realiza las tareas de comercialización, administración, embalaje, envíos. El costo que carga el productor es el flete hasta el depósito del Mercado Central desde donde opera el programa del IPP.

La plataforma digital se puso en marcha a fines de 2020 y es la última apuesta del programa que, desde mediados de 2018, viene construyendo otras alternativas de vinculación entre productores populares y consumidores: almacenes populares, grupos de consumo popular organizado y bolsones para empresas y sindicatos.

La propuesta de e-comerce cumplió su primer mes de funcionamiento para los consumidores de la Ciudad de Buenos Aires y buscará ampliarse durante enero al Gran Buenos Aires y el interior bonaerense para seguir luego por el resto del país. El mínimo de compra para recibir los productos a domicilio sin costo es de 2000 pesos y los productos que se pueden conseguir son todos los de almacén: lácteos, alimentos no perecederos, aceitunas, aceites, mermeladas, yerba. En un futuro se podrían sumar los frescos (frutas y verduras). La posibilidad está en comprarlos por unidad, por cajas promocionales o por bulto a precio mayorista.

Martínez señala que los primeros pasos dados con el servicio puerta a puerta en Ciudad de Buenos Aires –los pedidos se realizan de sábado a jueves y se reciben martes, miércoles o jueves siguiente– mostró que el sistema puede sustentarse con “unos pocos miles de consumidores responsables y populares”. Así llama el titular del IPP a quienes deciden “no seguir haciéndose más pobres a futuro, cada vez que le compran a un hipermercado o cada vez que le compran a una marca líder, que son los que definen la inflación del mes siguiente”. Por su parte, el distribuidor popular tiene una misión: “No buscar generar ganancias a expensas del productor, sino prestar un servicio”.

Hasta el momento, en las góndolas virtuales de Todos Comen pueden encontrarse cooperativas yerbateras de Misiones (Orembaé y Grapa Milenaria), cooperativas de productores de mermeladas de Jardín América (Misiones) y de El Hoyo (Chubut),

productores de aceite de oliva de Catamarca y La Rioja (La Sanagasteña); una cooperativa arrocera del norte de Entre Ríos (San Salvador), una cooperativa aceitera de La Matanza (Aceitera La Matanza), néctares y tomates triturados de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza; productos frescos, legumbres de grandes cooperativas nucleadas en Agricultores Federados Argentinos (AFA) y productos de empresas Pymes familiares como la fábrica de fideos secos de la localidad bonaerense de Lobos (Monte Lirio) o la empresa láctea Yatasto de Navarro (Buenos Aires).

El mito de la marca “cuchuflito”

La experiencia inicial del programa consistió en crear almacenes populares, microcréditos que financien el capital de trabajo y potenciar incipientes proyectos de reparto de bolsones de productos frescos. Allí encontraron un primer escollo: “La dificultad enorme que tiene una organización cuya principal fuente de ingreso es el salario social complementario, o subsidios similares, de sostenerse ante dificultades de falta de demanda. Nadie puede hacer una lógica espartana de decir ‘no como para mantener el capital de trabajo’. Entonces se termina comiendo el capital de trabajo”.

De todas maneras, el IPP mantiene acuerdos de abastecimiento de almacenes populares, pero Martínez señala que los que lograron salir adelante fueron los que “tenían detrás una organización social de más jerarquía de convocatoria y espalda económica” como ocurre con los almacenes del Movimiento Evita en Tigre, de La Cámpora en Avellaneda, el Movimiento Campesino de Florencia Varela y la organización Los Pibes en La Boca.

Otro camino recorrido fue estrechar vínculos con empresas y sindicatos para coordinar la entrega de bolsones de alimentos de productores de la economía populares y de Pymes a trabajadores y afiliados. Martínez lamenta que allí se encontraron con la falta de voluntad de las cabezas tanto de empresas como de sindicatos para transmitir la filosofía de la iniciativa. “No pudimos superar la barrera cultural de la presión de las marcas. El esquema aspiracional asocia estos proyectos de distribución de productos, que no están presentes en los supermercados, como mercaderías para pobres. Prefieren comprar una marca 20 por ciento más cara a comprar una marca desconocida”, afirma.

La idea de que la falta de productos de “marca” significa una degradación para el consumidor fue sintetizada por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en un discurso de campaña, cuando señaló que en el programa de Precios Cuidados del macrismo había marcas “cuchuflito”, mientras que desde las gestiones nacionales y populares siempre se destacó la presencia de Coca-Cola en el acuerdo. “Hay un problema muy serio en ese punto, un problema de desvalorización”, lamenta Martínez y refuerza: “No se trata de una mercadería de segunda o de cuarta sino que se trata de un hecho político de salir de la dependencia del hipermercado y de las grandes marcas”.

Acuerdo social entre consumidores y productores

El referente del programa Todos Comen, que opera desde el Mercado Central, asegura que es necesario que el Estado convoque a “un acuerdo social general en el que los consumidores sepan lo que están comprando y los productores sean defendidos con la misma jerarquía”. Por eso, también señaló críticas a algunas líneas de trabajo de organizaciones del campo popular como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

Por un lado, en la conducción del Mercado Central, a cargo de Nahuel Levaggi, donde aunque reconoce que “lo hace en favor de los productores”, lamenta que aún se sugieren precios minoristas 50 por ciento superiores a los precios mayoristas. Según Martínez, lo que se debe pensar en ese punto es corregir la “ineficiencia grosera” del sistema de distribución de la fruta y la verdura en el AMBA, que está dada por centenares de pequeñas verdulerías que ponen márgenes insólitos para cubrir las pérdidas de comprar al bulto.

El referente de Todos Comen sostiene que un sistema puerta a puerta –con los mismos márgenes de 80 por ciento al productor y 20 por ciento al distribuidor– puede bajar los costos de frutas y verduras en un 25 por ciento, algo que también podría replicarse con mercados populares municipales, almacenes de productores o transformando las verdulerías en puntos de distribución y no lugares de compra-venta.

Por otro lado, el referente del IPP se mostró crítico de las estrategias de comercialización que replican las lógicas del mercado como la “venta de frutas y verduras agroecológicas a mayor precio que las que reciben agroquímicos, cuando sabemos que el costo es más barato. El prestigio cultural de ese producto le permite vender más caro, pero de esa manera no son de acceso para las clases populares”.

“Son cosas que hay que corregir sin perjudicar a los productores, que merecen obtener el precio que corresponde para una ganancia digna”, asegura y pone otro ejemplo: las harinas integrales, que se ofrecen en el mercado más caras que las refinadas, a pesar de que son el producto primario sin agregado de valor.

Cambiar el sistema de distribución y comercialización

Si Todos Comen es más que un programa, un posicionamiento político, usted interpela desde el rol de distribuidor al “consumidor responsable y popular”…

—El consumidor responsable no es solo el que compra sano, agroecológico o sin agroquímicos; eso es razonable, pero el consumidor responsable es el que advierte que en el conflicto por la distribución está la llave para favorecer a productores y consumidores simultáneamente y tiene que elegir insertarse en esos caminos para no seguir haciéndose más pobre a futuro cada vez que le compra a un hipermercado o cada vez que le compra a una marca líder, que son los que definen la inflación del mes siguiente. Es insólito pero comprar la marca líder de leche o comprar en el hipermercado es poner un grano de arena para que la inflación continúe alta el mes que viene.

Desde el rol del Estado, ¿impulsar los productos de las cooperativas, empresas recuperadas y de la economía popular sería una política de control de precios más efectiva que las actuales?

— Por supuesto que sí porque podría acordar precios con ellos. Por ejemplo, una empresa citrícola familiar, una PYME, que no exporta y destina todo al mercado interno jamás fue convocada por el ámbito público. El Gobierno podría garantizar la publicidad y presencia de su product a cambio de fijar un precio anualizado. Si la empresa exporta ya es más difícil porque intenta regular su precio en función de lo que saca en el mercado internacional, pero también hay que seducirla para que rompa ese vínculo, porque no tenemos por qué pagarlo todos los argentinos. Hay que sentarse a discutir una política de precios, pero no a través de “Precios Cuidados” o “Precios Máximos” con media docena de corporaciones que hegemonizan todo sino con los auténticos medianos y pequeños productores de alimentos de la Argentina que son miles y miles.

Además del posicionamiento que pueden tomar los ciudadanos en sus roles de distribuidores o consumidores, hay un debate de política de Estado que es el de la soberanía alimentaria…

—He llegado a una conclusión dolorosa: hay un camino que se recorre para acceder al funcionariado y a los grandes cargos políticos que muy pocas veces es recorrido, en paralelo con un conocimiento profundo de los sectores que se va a gestionar. Y los plazos para gestionar son cortos: hay que sentarse y empezar mañana mismo. Entonces, cuando se gestiona desde la ignorancia se ve obligado a razonar: ‘¿Quién es el que vende? Fulano. ¿Y tiene todo el mercado? Bueno, vamos a apurarlo para que no aumente los precios’. El fulano le dice que sí, pero hace lo que quiere porque tiene el conocimiento del sistema.

¿Y qué debería ocurrir?

—La actitud política tendría que ser la de buscar la modestia necesaria para convocar a todos los que son perjudicados por esta política alimentaria. Hablemos de soberanía alimentaria dándole fuerza, presencia y decisión a los que son perjudicados: tanto los productores pequeños y medianos que no llegan a los hipermercados, como las cooperativas, empresas recuperadas y organizaciones campesinas cuando buscan comercializar sus productos como los consumidores.

La Ley de Góndolas fue presentada como el intento desde el Estado para hacer un lugar a los pequeños productores en las cadenas de hipermercados…

—Se necesita una tenacidad y una espalda financiera para discutir con los hipermercados el lugar que la ley les da en las góndolas a los productores de la economía popular, que no lo tienen. Es una ley que, a pesar de las buenas intenciones, termina siendo gatopardista y nos hace perder el tiempo, poniendo en los hipermercados, una vez más, la decisión de qué se vende. Aunque esté más arriba o más abajo en la góndola, el que compra es el hipermercado y las condiciones que se le ponen no se pueden controlar.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/enrique-martinez-hay-que-salir-de-la-dependencia-del-hipermercado/


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