Publicado en línea el Sábado 9 de enero de 2021, por Bea Morales

Los 98 días sin luz ni calefacción que llevan los 4.000 vecinos de la Cañada Real Galiana, en la periferia de la capital, es la parte más visible de un problema que afecta a cientos de miles de familias en el Estado español y vuelve cada invierno con renovada fuerza. Y con especial intensidad en estos días de enero, con una de las olas de frío más severas de los últimos años.

Enfermedades e infecciones respiratorias, temperaturas bajo cero, la pasividad de Naturgy en la Cañada Real, la empresa responsable, y de las diversas instituciones, chocan con las declaraciones del Gobierno central, que prohibió por Real Decreto el pasado 23 de diciembre los cortes de suministro a las familias vulnerables.

“El Gobierno dirá que eso ya lo tiene contemplado, pero la realidad es que el Real Decreto no es suficiente”, dice a El Salto Rodrigo Irurzun, del área de Energía de Ecologistas en Acción. Días antes de la aprobación del Decreto lo dijeron frente al Congreso de los Diputados junto con la Alianza contra la Pobreza Energética y otras organizaciones, y ahora lo vuelven a repetir: el decreto atiende a las familias que perciben el bono social eléctrico, es decir que han legalizado su situación de vulnerabilidad severa y ya están siendo atendidas por los Servicios Sociales, pero deja fuera a multitud de personas y familias que pueden sufrir cortes de suministros por falta de recursos y que no han sabido o no han podido regular su situación.

Personas mayores o que no saben que existe el bono social eléctrico o que deben estar en el mercado regulado PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), enumera Irurzun, gente que ha sufrido un brusco deterioro de sus ingresos o que no consigue ser atendido por unos Servicios Sociales desbordados, personas enfermas, “que sienten vergüenza”, que están cobrando una pensión mínima o que “por mil historias diferentes” no están registradas como personas vulnerables… Son incontables los casos de hogares que se podrían quedar fuera del Decreto. Muchos más los que no pueden pagar la luz o el gas y tienen que renunciar a otros gastos vitales para poder hacerlo o no tienen más opción que apagar el calefactor y pasar frío en estas fechas.

Un avance con lagunas

La Alianza contra la Pobreza Energética califica el Decreto de “avance” , una mejora sobre la normativa existente conseguida gracias a la movilización, pero subraya que mucha población vulnerable no está acogida al mercado regulado, algo que obliga el decreto. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en 2019, más de 60% de la población española tenía contratada la energía en el mercado libre, por lo que quedaría fuera del ámbito del Decreto.

De la misma forma, la mayoría de la población desconoce que existen ayudas para pagar la factura eléctrica. Uno de cada tres españoles, señalan, no han oído hablar del bono social eléctrico.

Según la nueva normativa, la prohibición de cortes se extiende a las familias que aunque no puedan acreditar la titularidad del contrato —un alquiler a nombre del propietario, por ejemplo—, cumplan con los requisitos que dan derecho al bono social para consumidores vulnerables.

Sin embargo, según un análisis pormenorizado realizado desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético , entre las principales “lagunas” de este Decreto figura la ambigüedad sobre la definición de consumidor vulnerable, así como las dudas sobre si las familias deben disponer de un bono social eléctrico en vigor o basta con cumplir los requisitos. “¿Qué ocurre con las personas que cumplen los requisitos, tienen el contrato a su nombre, pero no disponen de bono social? A nuestro entender, existen dudas sobre si estarían protegidas del corte antes de acceder a los descuentos del bono social, un trámite que puede demorarse durante meses, sin tener en cuenta el desconocimiento antes mencionado”, detallan en su informe.

Otro de los principales fallos de este decreto, señalan desde esta plataforma, es que establece que es la familia quien debe acreditar su situación ante la compañía: “Creemos que, una vez más, situar la responsabilidad en las familias, y no en las entidades suministradoras, es un error”.

Además del marco temporal, que solo cubre a las familias con bono social eléctrico hasta el fin del Estado de alarma, el 9 de mayo, las organizaciones sociales critican que una de sus principales demandas no fue tenida en cuenta. En Catalunya, la Alianza Contra la Pobreza Energética y otros colectivos consiguieron que el Govern incluyera el principio de precaución en la ley 24/2015. Antes de cortar el gas, la luz o el agua a un hogar, la empresa suministradora debe ponerse en contacto con Servicios Sociales para garantizar que el impago no se debe a la falta de recursos. Esta figura, que “protege realmente” a las familias vulnerables frente a los cortes de suministros, no fue incluida finalmente en la redacción del Real Decreto aprobado por el Gobierno de coalición el pasado diciembre. “Las administraciones y el Estado deben garantizar el derecho mínimo a una vida digna, a un hogar digno, y eso pasa por garantizar que nadie se quede sin suministros por el hecho de que no pueda pagarlo”, dice el portavoz de Energía de Ecologistas en Acción.

Los cortes de suministros son solo la parte más dramática de la pobreza energética, una realidad que afecta con distintos grados al 15% de la población residente en España, unos 6,8 millones de personas, según el Informe de Pobreza Energética en España 2018 , de la Asociación de Ciencias Ambientales. Algunos estudios cifran en 7.100 las muertes prematuras causadas por la pobreza energética. España, por debajo de la media europea en salarios, es el cuarto país con el gas más caro de Europa , según Eurostat. Según los datos de esta agencia europea, en 2018, un 9,1% de la población española no podía permitirse mantener su casa suficientemente caliente.

Los grandes casos mediáticos, como el incendio en la nave de Gorg, en Badalona, o los cortes en la Cañada Real, esconden la realidad de cientos de miles de personas que “renuncian a poner la calefacción” o que consiguen pagar las facturas “a expensas de privarse de comer adecuadamente», apunta María Campuzano , de la Alianza contra la Pobreza Energética.

La cuesta de la luz

El decreto del Gobierno no ha solventado el problema de la pobreza energética, agravado en los últimos meses con un aumento sostenido en el precio de la electricidad.

En los primeros siete días de enero, el kilovatio hora ha alcanzado una media de 16,81 céntimos, un 27% más que en el mismo periodo de 2020. “Con los datos de los primeros siete días de 2021, la factura eléctrica del usuario medio rondaría ya los 81 euros, frente a los 68 euros de enero del año pasado. ¿A qué espera el Gobierno para tomar medidas que frenen la especulación en el sector?”, denunciaba en redes sociales Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua.

La caída de la actividad, el cierre de oficinas y locales y el parón de la economía que acompañó al confinamiento de la primera ola generó un superávit en el suministro de electricidad que se tradujo en un descenso inédito de la factura eléctrica. De hecho, el precio de la luz en 2020 fue el más bajo de la última década, 14,5% menos que en 2019, según datos de Facua sobre las tarifas semirreguladas PVPC.

En abril de 2020 se registró la factura de la luz más barata de los últimos cinco años. Pero con la paulatina vuelta a la normalidad, el precio de la electricidad volvió a subir y en diciembre ya era un 7,2% más cara que en el mismo periodo de 2019, el primer incremento interanual de la factura eléctrica desde abril de 2019, según Facua.

Para esta organización de consumidores es vital que el Gobierno modifique el sistema de fijación de precios y deje atrás un modelo creado por el Gobierno de José María Aznar. La reducción del IVA, que junto con los otros impuestos indirectos suponen el 27,2% de la factura de la luz, es una de las principales demandas, cuenta el portavoz de Facua a El Salto. Sin embargo, “el PSOE nunca ha estado por la labor de bajar el IVA a la factura de la luz, ni siquiera cuando estaba en la oposición”, dice.

Por otro lado, Sánchez también demanda una modificación del sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico, una “subasta alcista, bastante opaca, que favorece la especulación y el fraude”, según numerosas denuncias de Competencia.

Rodrigo Irurzun resume para El Salto cómo funciona este sistema. Cada día, cada hora, hay una subasta en la que las generadoras de electricidad ofertan una determinada cantidad de energía a un precio determinado. Esa oferta se cruza con la demanda y las ofertas más baratas entran en la fórmula hasta que se cubre la oferta de energía. Eso sí, el precio de la última empresa en entrar en el pack, es decir, la más cara, es la que marca el precio de todas las demás. “Nosotros creemos que hay que cambiar el modelo y que el Gobierno debería tener una intervención en la tarifa, de hecho debería volver a publicarse periódicamente la tarifa eléctrica, igual que ocurre con la del gas”, dice Rubén Sánchez a El Salto.

Para el portavoz de Energía de Ecologistas en Acción, el problema del actual modelo no son tanto los altos precios, siempre y cuando se garantice que los hogares que no puedan pagar estén cubiertos, ya que unos precios demasiado bajos podrían incentivar el despilfarro de energía e incluso perjudicar a las energías renovables. El principal problema de estas subastas, continúa, es que fueron diseñadas sin tener en cuenta “la alta penetración de renovables que existe ahora mismo en el mercado y que deberían ir a más”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/pobreza-energetica/pobreza-energetica-cortes-suministro-electricas-persiste-bono-social-decreto-gobierno


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