Publicado en línea el Martes 29 de diciembre de 2020, por JDF

En la firma del acuerdo de solución amistosa, Encinas destacó que dicho procedimiento se realiza “con convicción y sin condiciones; lo hacemos porque las omisiones y negligencias del Estado mexicano arrancaron la esperanza a 45 personas indígenas tzotziles y a sus familias.” Pero, ¿es suficiente, estimado lector, con el reconocimiento de la responsabilidad y negligencia del Estado en este crimen hacia el pueblo organizado? Como Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP) creemos que no son suficientes las acciones llevadas a cabo por la actual administración federal, pero tampoco irrelevantes en cuanto al acceso a los derechos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición por parte de las víctimas. ¿Por qué? Nos explicamos a continuación.

Más allá de las acciones de la actual administración, la búsqueda de la verdad implica el esclarecimiento de las razones de tipo económico, político y social que están detrás de las agresiones del Estado; el descubrimiento de la lógica represiva que las hizo posibles; y el señalamiento de quienes han sido los beneficiarios y los encubridores de estos crímenes, al igual que su sistematicidad, pues los crímenes de Estado no son aislados ni pasan por que sí, de manera fortuita.

Para el caso de Acteal, la búsqueda de la verdad iría de la mano no sólo del reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano, sino también del esclarecimiento de las razones que hemos mencionado más arriba. En este sentido, habría que señalar que el crimen de Estado se cometió en el contexto particular de la política de hostigamiento hacia la base social y política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, pero dentro del marco de una política contrainsurgente aplicada hacia todo esfuerzo organizativo que buscara transformar la injusta realidad que conocemos de cerca quienes somos el sustento del capitalismo en nuestro país: los trabajadores del campo y la ciudad.

Además, habría que investigar, juzgar y castigar a los responsables materiales e intelectuales, al igual que a los beneficiarios y encubridores de este crimen de Estado. Recordemos que, para esos años, el presidente en turno y jefe supremo de las fuerzas armadas en el país era Ernesto Zedillo (por lo demás, promotor y beneficiario del neoliberalismo en nuestro país), con lo cual queremos decir que la masacre llevada a cabo en Acteal por grupos paramilitares no fue de su desconocimiento, pues toda operación militar tiene que ser autorizada y avalada por el presidente.

Pero, ¿qué tiene que ver el paramilitar con las fuerzas armadas? Un paramilitar es un civil entrenado y equipado por las fuerzas armadas que actúa con el consentimiento y cobijo del Estado en la aplicación del terror y la represión política, sin que esto tenga un gran costo político para quienes están al frente de las instituciones. Para efectos prácticos, el paramilitar es la mano siniestra del Estado y, en el caso de Acteal, el uso de grupos paramilitares le permitió al Estado mantener la versión oficial de que lo sucedido fue producto de un conflicto entre familias, etnias y comunidades.

Pero esta versión se muestra falsa a la luz de los hechos, pues la mutilación de las víctimas con machetes, después de haber sido asesinadas con armas de fuego, como ocurrió con cuatro embarazadas a quienes profanaron sus vientres, extrayendo sus fetos, es más conocida como práctica contrainsurgente que como algo característico de los conflictos entre familias, etnias y comunidades.

Por lo que se refiere al derecho a la reparación integral, el acceso real a la verdad y a la justicia se puede decir que son sus bases, pues es necesario comenzar por una valoración de qué se dañó, en qué magnitud y cómo puede ser recuperado, con la finalidad de superar las causas de un crimen de Estado como el sucedido en Acteal. En este caso, reparar significaría la acción social permanente orientada a la transformación de las condiciones socioeconómicas que han dado lugar a la victimización de quienes luchan por terminar de raíz la injusta realidad del capitalismo.

Como vemos, los derechos de verdad, justicia y reparación integral caminan de la mano, pues no hay una reparación real sin acceso a la verdad y a la justicia. Pero, ¿y las garantías de no repetición? ¿Se puede decir que hay una transformación si se dejan intactas las estructuras que han hecho posibles crímenes de Estado como el de Acteal? No, porque garantizar este derecho implica el desmonte de las estructuras que han hecho posible el terrorismo de Estado y la represión política; significa terminar con los grupos paramilitares y el terror expresado en la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el desplazamiento forzado interno, la prisión y la persecución contra luchadores sociales y contra el pueblo en general; significa presentar con vida a todas las víctimas de desaparición forzada; significa hacer públicas las cárceles clandestinas, al igual que la liberación, inmediata e incondicional, de todos los presos por motivos políticos.

A 23 años de la masacre en Acteal, la actual administración ha sido la única en admitir públicamente la responsabilidad del Estado en este crimen, pero también ha sido omisa en lo que se refiere al uso de grupos paramilitares contra el movimiento popular independiente al día de hoy. Tal es el caso de la omisión frente al constante hostigamiento y a las diversas agresiones (ejecución extrajudicial y desaparición forzada) a integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) por parte de Los Petules, grupo paramilitar que opera en la región de Ocosingo, Chiapas, bajo la protección y el consentimiento del actual gobernador, Rutilio Escandón Cadena, y el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, para proteger sus intereses y los de los caciques de la región.

Entonces, terminar con el terrorismo de Estado implica más que las declaraciones de la actual administración reconociendo la autoría del Estado mexicano en crímenes contra el pueblo en el pasado, pues se deja ver como una “transformación” que busca acabar con la impunidad sin atender a las razones de tipo económico, político y social que están detrás de este terror dirigido contra el pueblo organizado y no organizado.

Como hemos señalado ya en otros números de fragua, la tan deseada “transformación” será imposible mientras se siga manteniendo una política de conciliación hacia los responsables intelectuales y materiales de los crímenes contra el pueblo; mientras se siga pensando que se puede gobernar para ricos y para pobres, para explotadores y explotados. Por tal razón, consideramos que la organización popular e independiente del pueblo es una tarea vital para terminar con toda la estructura institucional que ha permitido, hasta el día de hoy, los crímenes contra el pueblo en beneficio de funcionarios públicos y empresarios. Por que no basta con indignarse, ¡organicémonos!

Perdón, ¡nunca! Olvido, ¡jamás!

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección de Análisis del No. 60 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), diciembre, 2020.


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