Publicado en línea el Lunes 21 de diciembre de 2020, por Franck Gaudichaud

La pregunta obviamente aludía a los centenares de jóvenes que permanecen encarcelados tras haber sido detenidos por participar en las protestas desencadenadas desde octubre del año pasado y también a las decenas de comuneros mapuches que han sido detenidos en el Wallmapu por reivindicar sus derechos ancestrales a la tierra de la que fueron violentamente despojados. Pero ¿es efectivo que, “de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos”, únicamente pueden ser considerados presos políticos quienes han sido arrestados por el solo hecho de tener una opinión política disidente? ¿Acaso no cabe considerar también como presos políticos los que han sido arbitrariamente apresados por haber tomado parte en una manifestación de protesta, ejerciendo con ello un legítimo derecho, y son mantenidos luego por un periodo abusivamente largo en prisión, sin que se les haya probado la comisión de delito alguno?

No, para la gente que, como Heraldo Muñoz, ha cogobernado este país durante los últimos treinta años al servicio de los grandes empresarios, en Chile “no hay presos políticos” debido a que “estamos en democracia”. Así de simple. Y ahora, cuando ya la paciencia se agota ante tanto abuso e hipocresía y la demanda por la liberación de los encarcelados por participar en manifestaciones de protesta se torna cada vez más fuerte, se alzan a coro las voces de estos “demócratas” negacionistas. Desde luego los primeros en la fila son Piñera y sus ministros. Pero luego está también lo más conspicuo de quienes han gobernado el país desde la otra pata del duopolio, vale decir la llamada “centro-izquierda” que se autocalifica de “progresista”. Y el “argumento” que todos ellos esgrimen es siempre el mismo: en Chile nadie está preso por sus ideas, no hay «presos de conciencia».

Sin embargo, ¡esto es completamente absurdo! Haciendo pie en esta idea, es decir homologando preso político a preso “de conciencia”, jamás habrían existido presos políticos, en ninguna parte del mundo. Nadie puede saber lo que, en su fuero íntimo, otro está pensando, salvo que aquél lo exteriorice de algún modo, de hecho o de palabra. Y si de lo que hablamos es de política, esto a lo menos quiere decir que esa opinión la haga pública, es decir, que se la comunique a otros, y que de estar genuinamente motivado por ella, busque también plasmarla en ciertas acciones: pronunciar discursos, llamar a manifestaciones, levantar algún reclamo o demanda, escribir artículos, pintar alguna consigna en una muralla, concertarse con otros para realizar colectivamente alguna de estas acciones, etc.

Más aún, si el legítimo ejercicio de un derecho político, como lo es el de realizar una manifestación de protesta, trata de ser impedido o es derechamente reprimido por la policía, los manifestantes ejercerán también, legítimamente, su derecho a realizarla y a defenderse. Y esto, naturalmente, conlleva la realización de acciones que bien podrían estar tipificadas en la ley como “delitos”. Pero si a consecuencia de ello alguien es apresado por este tipo de acciones ¿es posible ignorar su incuestionable motivación política y homologar lo obrado a un simple «delito común»?

El absurdo reduccionismo que esgrimen estos negacionistas se torna más evidente si pensamos en una situación en que impera un régimen opresivo, que se vale del terrorismo de Estado para existir. ¿Acaso una situación como esa no legitima también “el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” como lo reconoce explícitamente la propia declaración de los derechos humanos de 1948? ¿Por qué los voceros del duopolio se empeñan entonces en restringir la calificación de presos políticos a esa enigmática y al fin de cuentas ilusoria categoría de «presos de conciencia»? ¿O es que todos quienes, cansados ya de tanta desigualdad, abuso y corrupción, han decidido pasar al terreno de la acción y se movilizan para luchar por un cambio social profundo merecen ser calificados y tratados como simples delincuentes? Con semejante criterio habría que bajar de sus estatuas a todos los próceres de nuestra independencia.

Lo peor de todo es el ostensible doble estándar con que suelen operar todos estos sujetos a la hora de clamar por el respeto a los derechos humanos, contando muchas veces incluso con el aval de los organismos internacionales que se supone deben velar por ellos. Es así como rasgan vestiduras por la situación de los derechos humanos en Cuba o Venezuela, pero callan o minimizan la brutalidad policial, paramilitar o directamente militar cuando ésta se produce en Cataluña, Francia, EEUU, Colombia o Chile, o ante las cárceles secretas y las torturas de la CIA o ante los abominables crímenes y atropellos que comenten las tropas israelíes en Palestina o yanquis en todo el mundo. El colmo de la hipocresía, o bien de la estupidez, ha sido el que algunos se atrevan a comparar a este respecto el régimen de Maduro con el de Pinochet.

En todo caso, nada debe hacernos perder ahora de vista que aún hay centenares de jóvenes que se encuentran abusivamente encarcelados por el solo hecho de haber tomado parte en las protestas populares contra la situación de desigualdad, atropellos y corrupción que actualmente impera en el país, este presunto “oasis” de prosperidad, satisfacción y paz en medio de un mundo convulsionado del que Piñera decía sentirse tan orgulloso. Todos ellos son, incuestionablemente, presos políticos, los presos políticos del piñerismo, cuya libertad continuará siendo demandada, cada vez con mayor energía por sectores cada vez más amplios de nuestro pueblo. La exigencia es clara: ¡todos los presos políticos deben ser dejados inmediatamente en libertad!


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