Publicado en línea el Viernes 4 de diciembre de 2020, por JDF

Expertos de gobierno y académicos presentaron modelos matemáticos-estadísticos que proponían la medición de la evolución y propagación del virus para tener, de alguna manera, una idea respecto del tiempo de duración y control de esta pandemia. Ningún modelo acertó. Una vez más, la realidad ha sido explícita: el comportamiento humano, el proceso histórico social, no puede capturarse con modelos.

Ante este fracaso del voluntarismo estatal y el de sus aliados, las empresas de comunicación que manejan la agenda de noticias han propuesto que el nuevo debate público se centre en la vacuna. ¿Viene o no este año? ¿Todos serán vacunados? ¿Quiénes son los más importantes o más vulnerables? ¿Los viejos o jóvenes primero? ¿Policías, militares, docentes? ¿Será la vacuna china, rusa o estadounidense la que llegue primero? Etcétera.

En América Latina, la COVID-19 se encuentra circulando desde febrero de 2020. Frente a este proceso viral de acelerada expansión, los gobiernos de la región han tomado medidas de contención temporal hasta que la creación de la vacuna lo detenga definitivamente. Algunos estados han cumplido esta tarea con más éxito que otros. Los más eficientes han sido aquellos que, por un lado, poseen mínimos adecuados de sistema de salud (infraestructura, recursos humanos e insumos para atender a su población), y por otro, cuyo tejido social no ha sido destruido por el individualismo, el “yo primero”, o donde el aparato ideológico del neoliberalismo no ha podido articularse con fuerza.

Los países exitosos son pocos. La mayoría está fracasando o está condenado al fracaso. Brasil, México, Perú, Colombia y Chile se encuentran en el top 10 de países con mayor cantidad de infectados en el mundo, y en el top 15 mundial con mayor cantidad de muertos. La crisis social desatada por la COVID-19, obliga a replantear el modelo o modelos de desarrollo que se necesitan para que la humanidad no se extinga por acción propia.

Los efectos clasistas de la COVID-19, cuya expresión es el gran volumen de infectados y muertos de segmentos de población de condición popular, reactivan la necesidad de recuperar debates concretos sobre el cambio de las estructuras sociales de nuestros países. Convocan, de nueva cuenta, a luchar por una forma social POS-COVID cuyo objetivo sea cubrir las necesidades de las grandes mayorías. Una forma, donde el poder ya no esté en manos de aquellos que no han tenido la voluntad y capacidad de establecer centros de salud de nivel adecuado y accesible para todos; que no han tenido el interés de desarrollar planes de desarrollo al servicio de las mayorías y con la participación de éstas. Una forma social contrapuesta a esta praxis de poder y desarrollo que se ha regido solamente por los intereses de las compañías, la mano visible del mercado, y para asegurar la reproducción ampliada del capital.

En general, la expansión de la COVID-19 por América Latina era previsible. Esto, debido a que el papel de los países latinoamericanos en la actual división internacional del trabajo ha creado una fuerza laboral superflua. En consecuencia, una gran parte de la masa de trabajadores de esta región del mundo no ha tenido otra opción que “ingresar” al sector informal y con ello, frente a la pandemia, no ha tenido control sobre la decisión de quedarse en casa como mandó la ley de cuarentena. La informalidad del trabajo ha sido el catalizador principal de la expansión del virus, pero no su causa.

La COVID-19 ha demostrado que el modelo neoliberal de desarrollo no puede garantizar el bienestar para todos y de forma duradera. Es más, la COVID-19 ha confirmado el carácter letal del modelo neoliberal, este si: causante central de su expansión.

Una característica del modelo neoliberal de desarrollo que ayuda a explicar la expansión de la COVID-19 por el continente es la estructura económica empresarial. La mayoría de empresas en América Latina corresponde al tipo de microempresas, empresas familiares, muchas veces orientadas por la subsistencia; este tipo de emprendimiento emplea a la gran mayoría de trabajadores. La situación inestable de estos emprendimientos se traduce en la falta de inversiones para el desarrollo de los trabajadores y empleados, así como condiciones laborales precarias. El golpe de la cuarentena a la estabilidad de estos procesos microeconómicos, no solo significó el cierre de estas empresas, sino también un gigantesco aumento del desempleo.

La expansión de la COVID-19 provocó no solo el cierre de microempresas, sino también de compañías medianas y de grandes corporaciones. Los despidos no distinguieron de condiciones formales e informales de trabajo. Aunque los trabajadores formales pudieron acceder a beneficios sociales, éstos no han sido suficientes para sobrevivir. La falta de ingresos ha causado que estos trabajadores salgan a las calles para buscar un trabajo (de explotación tradicional o temporal y emergente: teletrabajo, multinacionales de servicios, otros), agrandando el ejercito informal y precario, y contribuyendo de esta manera a la expansión del virus. Los trabajadores informales, también vinculados a la contratación temporal y la tercerización como los formales, la gran mayoría de nuestros trabajadores, ya estaban condenados a tener COVID-19.

La contradicción trabajo versus vida, en este contexto, se condensa en la inevitable decisión de morir por el virus o por el hambre. La perversa extensión de esta circunstancia mortal, se ha concretado en la afectación indirecta de este trabajo precario hacia los eslabones más débiles y vulnerables de sus unidades de reproducción social (sus unidades familiares): ancianos y enfermos.

La COVID-19 ha dejado expuesta que una sociedad basada en el trabajo informal y temporal, es una sociedad que no busca un desarrollo progresivo y sustentable, sino para que las mayorías trabajen por el bienestar de la minoría.

La personificación ejecutiva del modelo de desarrollo neoliberal por el estado, no solo se expresa en su papel como causante de la eliminación de la estabilidad y la promoción de la precariedad laboral. En el proceso viral de la COVID-19, este accionar ha resultado en el grave daño físico o la muerte del pueblo trabajador, y ha demostrado que está incapacitado para desarrollar y ejecutar políticas en defensa y a favor del bienestar de las grandes mayorías.

El papel neoliberal del estado en la economía, como defensor de los intereses de los principales grupos del capital a nivel nacional y mundial, y la preferencia de soluciones a los problemas sociales basadas en el mercado es, en gran parte, responsable por el colapso del sistema de salud pública. Aunque la presión sobre este sistema es inmensa, su colapso no solo se debe al aumento de la demanda, sino también al limitado apoyo de los diferentes gobiernos. Además, la carente regulación de la industria y comercio farmacéutico genera condiciones favorables para los precios de monopolio en medicamentos necesarios para nuestros pueblos.

Los pasos actuales de la reapertura de las economías latinoamericanas están agravando lo que ya es un desastre. La combinación enunciativa de “las necesidades de la población para vivir día a día”, con la “necesidad del empresariado de seguir sin parar para el desarrollo nacional”, expone la estrategia discursiva de la reapertura centrada en los criterios de las empresas en vez de premisas contra la COVID-19. En la práctica, por un lado, existen protocolos de bioseguridad imposibles de acatar por la gran mayoría de las empresas sin apoyo del estado, por otro, hay protocolos precarios y de baja calidad. Como consecuencia, una gran cantidad de trabajadores están expuestos al virus porque las empresas no cumplen las normas de salud.

La COVID-19 nos recuerda, una vez más, que el estado neoliberal es un estado precario. Es precario porque no vela por los intereses colectivos sino los del capital nacional e internacional. Está reducida o focalizada funcionalidad social, ha eliminado la posibilidad que el estado se desarrolle como un organismo e institución que expresa los intereses y capacidades de los pueblos. Por lo tanto, no es nada sorprendente que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no haya sido capaz de, ni tampoco haya desplegado interés real en, desarrollar políticas contra la expansión de la COVID-19 de acuerdo a las características de sus países. Los limitados avances fueron importados de la agenda extranjera, especialmente de la Organización Mundial de la Salud.

El estado y los gobiernos latinoamericanos neoliberales no han tenido capacidad ni interés de generar políticas públicas soberanas y propias. No desarrollaron planes que le permitieran enfrentar la cuestión de la informalidad y sus efectos sobre la expansión de la COVID-19, y en vez de implementar medidas contra el drástico aumento del desempleo, aceptaron el despido masivo.

El estado informal y desinstitucionalizado profundiza la actual crisis social y de salud. Este proceder se observa cuando los operadores de gobierno (en cargos políticos y técnicos) echan la culpa a la población por no obedecer la agenda de disposiciones del gobierno. Paradójicamente, esta acción se encuentra directamente ligada a la limitada o inexistente conformación de equipos científicos multidisciplinarios que orienten el proceso de tratamiento de la crisis sanitaria. Una consecuencia de ello es que, el proceso de información sobre el estado de situación real de la gestión de la COVID-19 carece de veracidad y se cae en la reproducción del discurso y fórmulas de las instituciones multilaterales. El ejemplo que concreta esta circunstancia es que el anuncio constante del “arribo a la meseta” o “el aplanamiento de la curva” atraviesa el proceso de la pandemia desde marzo (seis meses), sin experimentarse nunca el momento concreto en que tales situaciones acontezcan. La crisis ha provocado solo políticas, programas y proyectos paliativos, más ideológicos que concretos y efectivos en la vida cotidiana de las mayorías.

La propaganda ideológica y la desinformación se originan en la informalidad estatal, sus vínculos con los empresarios dueños de medios de comunicación y su dependencia de las políticas definidas por las instituciones multilaterales del capitalismo mundial. Estos mensajes y los medios sostienen una estrategia orientada a generar y reproducir miedo y reprimir simbólicamente toda alternativa contraria a la verdad oficial operada por el estado neoliberal y sus aliados multilaterales. Esta programación ideológica se orienta a naturalizar y reproducir la dependencia y sometimiento de la población explotada y dominada al estado capitalista.

La COVID-19 es claramente una enfermedad de clase. Son principalmente trabajadores formales e informales, dependientes o independientes, los que están afectados. Son éstos los que permiten, sin alternativa, la circulación de la enfermedad por: sus fuentes laborales, medios de transporte, centros de abastecimiento para alimentación, servicios de banca, salud, entre otros. Son ellos los que facilitan, sin opción, que la COVID-19 se localice principalmente en los barrios populares.

La salida de esta crisis económica, social y sanitaria no es la creación de una agenda de sociedad POS-COVID. El estado neoliberal no es reformable y el capital no es humano como tampoco busca el desarrollo igualitario para todos. No nos sorprendemos y no tenemos ilusiones en torno a una agenda reformista. Consideramos que una salida estructural de esta circunstancia de crisis histórica es la reconstitución de fuerzas sociales de cambio, a la vez del desarrollo de un proceso que neutralice la continuidad de la barbarie mortal del capitalismo y su vertiente neoliberal en particular.

El nivel precario de las acciones gubernamentales y la adhesión a un modelo de desarrollo que prefiere las utilidades sobre el bienestar económico, social y ecológico, hace que la única solución a la actual crisis económica, social y sanitaria parezca ser una vacuna de carácter transformacional o revolucionaria.

Minga, Revista de ciencias, artes y activismo para la transformación de América Latina. Año 3, número 4, primer semestre de 2020

http://comunidad-cital.blogspot.com/p/minka-cital.html

Minga es un proyecto semestral de de Comunidad de investigación para la transformación de América Latina (CITAL) para la difusión de ciencias, artes y activismo en nuestro continente. Mediante convenio de colaboración con la Dirección de Formación Continua Grado y Posgrado de la Facultad Arquitectura y Ciencias del Hábitat acompaña el proceso de ejecución de la Maestría en Estudios del Desarrollo y el Hábitat con una perspectiva multidisciplinar, científica e internacional.


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