Publicado en línea el Viernes 18 de septiembre de 2020, por Bea Morales

<https://rebelion.org/wp-content/upl...> Sergi Tarín

Desde hace años, distintos barrios de València sufren un acusado proceso de gentrificación. A pesar del nuevo decreto valenciano para ampliar el parque público de vivienda, la continuidad de la especulación urbanística, la no renovación de alquileres sociales, el regreso de los desahucios o el inicio del nuevo curso universitario, advertido semipresencial, son algunos de los factores que ilustran un problema para el cual se requieren soluciones firmes, defienden colectivos por el derecho a la vivienda.

“Ellos, como inmobiliaria, no nos han pedido permiso. Y volaron todos los árboles. Ya no hay parque, ya no hay nada”. El testimonio de una activista chilena en la película documental Push (2019) ilustra un modelo de negocio internacional que repite las mismas técnicas de especulación e instrumentalización del derecho a la vivienda en distintos territorios a nivel global. París, Barcelona, Río de Janeiro, Sidney. La gentrificación que denuncian desde Valparaíso es la misma contra la que están resistiendo diferentes barrios de València.

“Un día vimos, desde casa, que intentaban arrancarlos”, recuerda una vecina del barrio Parque Central haciendo referencia a los más de treinta árboles históricos que fueron extraídos para comenzar con las obras del Plan de Actuación Integral (PAI), que ya está en ejecución y pretende construir más de 5.000 viviendas, con cuatro rascacielos detrás de la estación —provisional— de AVE, una intervención que modificará por completo el barrio. “Los edificios que quieren hacer aquí son edificios de lujo, no de vivienda social. Es un claro ejemplo de gentrificación alrededor de un parque”, denuncian desde la asociación Parque Central Sin Especulación, creada a partir de la puesta en marcha del plan urbanístico. Reclaman la paralización del PAI y de la gentrificación, que está expulsando a vecinos y vecinas del barrio por la subida de precios de alquileres.

Como la espuma

Benimaclet, el Cabanyal o Rusafa son el reflejo de una especulación financiera que saca rédito de la emergencia habitacional actual. El relator de la ONU, Philipe Alston , describía en su último informe el problema de la vivienda como uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Estado español. “Los gastos de vivienda están aumentando a un ritmo alarmante”, resalta el documento, que expone el incremento del más del 50% del precio de la vivienda de alquiler entre 2013 y 2019, siendo uno de los factores determinantes la presencia en el mercado de fondos de inversión internacionales como Blackstone.

Durante el confinamiento, un fondo buitre con sede en Nueva York cambiaba las cerraduras del piso de una pensionista en el municipio de Cullera. Hablamos de Haya Real State, en cuyo consejo de administración se encuentra José María Aznar JR, una empresa inmobiliaria subsidiaria al 100% de la holandesa Promontoria Holding 62, que funciona en su totalidad con capital perteneciente al gigante norteamericano Cerverus. “Antes parábamos los desahucios para negociar con los bancos. Ahora, en lugar de ir a una entidad física, tienes que negociar con instituciones que están en Luxemburgo, Holanda, Rusia o Nueva York”, reclama Delfina Sánchez, letrada y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en València.

“¿Sabes la cantidad de fondos buitre que tienen viviendas cerradas esperando tensionar el mercado?”, plantea Amparo Delgado, también activista del colectivo por el derecho a la vivienda. “Hay casas tapiadas sin poder usarse en toda la ciudad. En la zona del Nou Benicalap, hay fincas completas que los fondos de inversión han conseguido vaciar a base de subir e incluso duplicar el precio de los alquileres”, añade. La estrategia parece indicar que, reduciendo la disponibilidad habitacional y dedicando grandes cantidades de vivienda al mercado financiero, las personas que habitan los barrios son las que se llevan la peor parte.

“En València los precios del alquiler han subido una barbaridad”, afirma Santiago Fernández, militante de la asamblea en el Espai Veïnal del Cabanyal. Este barrio lleva años sufriendo un claro proceso de gentrificación. “Somos uno de los barrios con más pisos turísticos de la ciudad y actualmente estamos con una rehabilitación dudosa que está siendo demasiado lenta para solucionar los problemas habitacionales del barrio y que podría generar un mayor foco turístico y especulación inmobiliaria de bancos y de fondos buitre”, explica Fernández.

“En el Cabanyal tenemos el Plan Especial del Cabanyal (PEC) en el que se quería construir un hotel de 15 plantas, el llamado ‘hotelito’, con un impacto ecológico y social en el barrio a favor de un sistema que apoya el turismo y que nos vuelve a dejar atrás”, afirman desde el colectivo vecinal. “Haciendo alegaciones y organizándonos como sindicato vecinal, hemos conseguido que se baje la proyección de un 40% de alquiler turístico a un 10%”, resume el portavoz.

En paralelo, la autoorganización y la acción directa de este colectivo para asegurar un hogar a las familias del barrio que ya no pueden acceder a una vivienda, se concretaba a principios de septiembre en la ocupación de un bloque con cinco pisos, propiedad de la Sareb, que según denuncian desde el Espai “llevaba años vacío y completamente abandonado”. “Mientras en nuestra ciudad haya miles de casas vacías de bancos, fondos de inversión y grandes propietarios, no vamos a permitir que las familias del barrio sufran por no tener un techo”, anunciaba el comunicado con el que hacían pública la “ocupación, liberación y socialización” de este bloque.

Por otro lado, la aparición del coronavirus y sus efectos en el sector turístico ha dejado sin actividad a aquellos barrios con un mayor nivel de turistificación. “Barrios como Ciutat Vella se han quedado prácticamente vacíos, y los propios comerciantes se han posicionado para que vuelva a haber vecinos en lugar de priorizar el turismo”, afirma Octavi Ruiz, activista de la coordinadora Entrebarris, que lucha por “sacar la vivienda del mercado y posicionarla como derecho fundamental de las personas”. Una de las consecuencias de la pandemia que no se ha hecho esperar es que, desde el inicio de la desescalada, ha habido un traspaso notable de viviendas que se destinaban a los alquileres turísticos y que ahora se ofrecen para alquileres convencionales, haciendo que la oferta aumentase considerablemente en los últimos meses.

También se aprecia la incertidumbre en los barrios con mayor presencia de alquileres estudiantiles que este año, por cuestiones de semipresencialidad de la docencia —la Generalitat Valenciana se adelantó en la imposición de un “modelo híbrido” en la educación superior, al menos para el primer cuatrimestre—, podrían retrasar la decisión de alquilar habitaciones hasta después de iniciar el curso. “Hay muchos estudiantes que, antes de alquilar, están esperando a saber qué pasará en septiembre. El nivel de incertidumbre es tan alto que muchos estudiantes de localidades cercanas quizá elegirán viajar y no vivir en la ciudad”, explica Rafael López, docente universitario en la Universitat de València. Según el profesor, estas circunstancias podrían provocar un descenso provisional en los precios de los alquileres, aunque las técnicas de escaseamiento, “con grandes fondos internacionales comprando vivienda y quitándola del mercado continúan induciendo a que haya poca oferta”.

“Al subir los precios de los alquileres, mucha gente que históricamente vivía en el barrio se ha tenido que mudar”, reconoce Alfredo Artigas desde el colectivo Cuidem Benimaclet, un barrio con elevada presencia de inquilinos jóvenes. “Es algo que ya está pasando en Benimaclet, y pensamos que construyendo vivienda nueva para cierto perfil de compradores solo puede contribuir a aumentar la gentrificación”, explica haciendo alusión al PAI de Benimaclet que, a través de la promotora Metrovacesa, había proyectado más de 1.300 viviendas de nueva construcción en el barrio. Un PAI al que Cuidem Benimaclet se opuso desde un principio y que, gracias a la organización y a la lucha vecinal, consiguió que Joan Ribó, actual alcalde de València, se posicionara públicamente en contra. “Cuidem Benimaclet, junto a toda la red asociativa por el derecho a la vivienda en la ciudad, lo podemos narrar como una victoria”, asegura Artigas.

Vuelven los desahucios

Desde el pasado 4 de junio se han reactivado judicialmente todos los procesos de desahucio que habían quedado paralizados por la pandemia, aunque sus efectos sobre la economía de las familias seguirá haciendo mella durante mucho más tiempo. Según datos de la PAH, la tendencia que continúa acelerándose es la de los lanzamientos por impago de alquiler, que en 2019 ya ocupaba un 60% del total en el País Valencià, y que durante el primer trimestre de 2020 ha llegado incluso al 62%.

El fenómeno se reproduce también a nivel estatal con cifras aún más acusadas. “Empezamos luchando como afectadas por la hipoteca pero ahora la mayoría de los casos son de alquiler”, señala Maricarmen Salcedo, activista de la PAH en la capital valenciana. “El derecho a la vivienda está en la Constitución española, está en el Estatuto de autonomía valenciano, pero nosotros seguimos viendo que se producen desahucios incluso habiendo niños”, denuncia.

Es lo que sucedió, por ejemplo, el pasado 31 de julio, cuando una mujer y sus dos hijos de cuatro y seis años fueron desalojados por impago de una habitación que alquilaban en Burjassot. En su caso, no contaban con ninguna alternativa habitacional y el ofrecimiento de los servicios sociales, colapsados, servía únicamente para “amortiguar unos días la caída a la calle”, según declaraciones de la PAH Burjassot. “Les ofrecimos lo que las profesoras del cole de los nenes y nosotros teníamos negociado con una residencia de estudiantes, pero necesitamos presionar para que sigan acogiendo a esta familia hasta tener una solución definitiva. No nos sirven los parches”, denunciaron desde la plataforma. También el Espai Veïnal del Cabanyal trabajó durante los meses de verano apoyando a familias del barrio que están con menores a su cargo y con procedimientos de desahucio emitidas por entidades CaixaBank, la Sareb o Divarian.

Los colectivos inciden también en que se deben regular las renovaciones de los alquileres sociales, que fueron una solución para las familias que iban a ser desahuciadas y cuyos alquileres ahora amenazan con duplicar, e incluso con no renovar los contratos, los fondos de inversión que los poseen. “Se trata de los contratos de alquiler social hechos en mitad de la crisis financiera: los bancos venden las viviendas a fondos buitre que durante estos años mantuvieron los contratos y que ahora amenazan con no renovar”, explica Jose Luis González, miembro de la plataforma Plà de Xoc. “Son los que estaban con carácter social y que, lógicamente, se tienen que renovar porque han sido la solución habitacional para familias y personas que iban a quedar en la calle. ¿Qué sentido tiene que les renueven duplicando el precio del alquiler?”, plantea González.

Tal y como explica el escrito enviado recientemente al Presidente del Gobierno por la plataforma Plà de Xoc del País Valencià, la situación de vulnerabilidad que padecen muchas de las familias afectadas por estos procedimientos es anterior al covid-19 y, por tanto, quedan fuera de cualquier medida de protección destinada a paliar los efectos socioeconómicos del virus. Es por ello que exigen la aprobación urgente de un Real Decreto “que establezca una moratoria de todos los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2021, que se disponga la cesión de uso temporal de las viviendas propiedad de la Sareb y de Bankia, entidades ambas de mayoría pública, y que se revalorice el IPREM (el indicador público de renta de efectos múltiples) en consonancia con los incrementos del salario mínimo interprofesional”.

Un derecho que las administraciones deben garantizar

En cuanto al parque público de vivienda, es decir, aquellas viviendas que son propiedad o que están bajo protección de las administraciones,el informe del relator de la ONU reclamaba que, a pesar de la evidente necesidad, las viviendas de alquiler de bajo coste son prácticamente inexistentes en el Estado. “Housing Europe calcula que las viviendas sociales constituyen el 2,5 % del parque nacional de viviendas habitadas de España, en comparación con el 30% en los Países Bajos, el 24% en Austria, el 17,6 % en el Reino Unido y el 16,8 % en Francia”, resalta el documento. En el País Valencià y según cifras de la PAH, la Generalitat solo dispone de 14.000 viviendas de este tipo. “Esta situación es gravísima porque no da cobertura ni a las necesidades de emergencia habitacional procedentes de la crisis del 2008, ni mucho menos a las necesidades de vivienda social y asequible para amplias capas de población excluidas del mercado neoliberal”, declaran desde la plataforma.

Aun así, los colectivos valoran como un avance positivo la reciente aprobación del Decreto-Ley para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat a través de los derechos de tanteo y retracto. Bajo esta normativa, la administración valenciana se declara como compradora preferente de las viviendas de protección oficial que, al descalificarse, entran al mercado inmobiliario, consiguiendo así que pasen a formar parte del parque público valenciano. “Es un buen instrumento”, afirman desde la PAH valenciana, “pero para que sea realmente efectivo debe estar dotado con un presupuesto adecuado”, aclaran.

Otra de las novedades que trae esta normativa del tanteo y retracto es que la Generalitat Valenciana podrá intervenir como comprador preferente también en las transmisiones singulares de viviendas adquiridas mediante la dación en pago de deudas hipotecarias, y en las ventas de edificios de viviendas cuando se transmita el 80% o más del edificio o cuando se vendan conjuntamente diez o más inmuebles, aunque la venta se haga por acciones o participaciones sociales. “Lógicamente en estos dos últimos casos se está pensando en fondos buitre y socimis, el mayor peligro actual para el avance del derecho a vivienda digna, y trata de poner coto a los innumerables abusos cometidos por ellos, lo que saludamos muy positivamente”, declara la PAH.

Aun así, colectivos como Entrebarris o Cuidem Benimaclet ponen el foco en la gran cantidad de viviendas vacías que hay en toda la ciudad y denuncian los planes de nueva construcción que, según el último informe llevado a cabo por la cooperativa El Rogle, incluyen la proyección de unas 23.500 viviendas distribuidas entre todos los PAI que hay designados para los diferentes barrios: “Estamos de acuerdo en que tenemos un parque público valenciano que da risa y que no cubre las necesidades de vivienda que tenemos como sociedad, pero la solución no es construir más viviendas. En València tenemos más viviendas de las que necesitamos. Y se siguen proyectando sin ninguna tendencia demográfica que las avale”, reclama Artigas desde Cuidem Benimaclet.

“No queremos que se construya más vivienda mientras haya tanta vivienda vacía, sino que las viviendas vacías cambien su funcionamiento económico, político y social. No puede mantenerse inutilizadas mientras hayan miles de personas que no tienen donde vivir”, expone la PAH, que exige a la Generalitat Valenciana que impulse “de forma inmediata” el registro de viviendas vacías promulgado con la ley 2/2017 por la función social de la vivienda en la Comunitat, además de solicitar que se tomen medidas para forzar a los grandes propietarios, bancos y fondos de inversión a que pongan las viviendas a disposición de toda la sociedad, de forma que se priorice su función básica como un derecho y no como una mera mercancía. “No puede ser que haya tanta gente sin casa y tantas casas sin gente”, concluye Octavi Ruiz.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/vivienda/holanda-nueva-york-pasando-cabanyal-valencia-desahucios


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