Publicado en línea el Jueves 10 de septiembre de 2020, por Franck Gaudichaud

Ambos partidos se definían a sí mismos como marxistas y, habiendo logrado unir primero al movimiento obrero en el plano sindical con la fundación de la Central Única de Trabajadores (CUT) en 1953, habían actuado persistentemente unidos en el plano político desde 1956 cuando acordaron constituir el Frente de Acción Popular (FRAP). Ello les permitió ir acrecentando significativamente la gravitación política de la clase trabajadora en base a un proyecto definidamente antiimperialista, antioligárquico y antimonopólico, dirigido a abrir camino a una transformación revolucionaria de la sociedad chilena en un sentido socialista. Sin embargo, no sería sino hasta la elección presidencial de 1970 que esta alianza de izquierda, reconstituida esta vez con la participación del Partido Radical, el MAPU y otros dos grupos políticos menores y actuando bajo la denominación de Unidad Popular, lograría alcanzar un resonante triunfo electoral que le brindaba la posibilidad de llevar a la práctica su programa.

2. En el Programa Básico de Gobierno (PBG) de la UP se afirmaba de manera explícita que los problemas fundamentales del país derivaban de unos privilegios de clase a los que quienes los detentaban «jamás renunciarán voluntariamente». Y dando por fracasadas las recetas reformistas y desarrollistas que había hecho suyas el gobierno de Frei, señalaba, como su objetivo fundamental, «terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile».[i] Es del todo evidente que un propósito político tan claro como ese bastaba para que la eventual llegada a La Moneda de la UP acentuara no solo los anhelos y expectativas emancipatorias largamente atesoradas por el pueblo trabajador, sino también el profundo y lacerante recelo del gran capital y su representación política partidista ante el temido espectro de la «dictadura del proletariado» que parecía estar tocando ahora a su puerta. A pesar de las insistentes declaraciones de Allende de que se respetarían escrupulosamente los derechos y libertades existentes como rasgo definitorio de su «vía chilena al socialismo»,[ii] la sola perspectiva de verse expropiadas era más que suficiente para que las clases dominantes considerasen ese propósito como una verdadera declaración de guerra. Se abría paso inevitablemente así a un periodo de aguda confrontación social y política que, como se sabe, concluyó tres años después con el cruento derrocamiento del gobierno de la UP y la implantación de un régimen brutalmente represivo.

3. Es por eso que, junto con conmemorar esta fecha y valorar el gran significado que para el movimiento obrero y popular tuvo el triunfo de Allende en las elecciones presidenciales de 1970, resulta imprescindible tener presente también las grandes disyuntivas estratégicas que se plantearon entonces, de manera candente, ante las fuerzas de la izquierda chilena. El problema central para un proyecto de transformación social que aspire a superar los marcos del capitalismo es, indudablemente, el de la conquista del poder por los trabajadores y el modo en que en definitiva éste puede ser resuelto para abrir efectivo paso al socialismo como proyecto histórico emancipador. Es evidente que, por la forma en que concluyó, la experiencia de gobierno de la UP no logró validar en tal sentido la estrategia de la vía pacífica al socialismo en que basó su accionar y que tantas expectativas generó en un amplio sector de la izquierda. El fracaso de este proyecto replanteó el ya largo debate sobre las concepciones programáticas y estratégicas que han sido levantadas por las corrientes que se reclaman del marxismo, lo que hace pertinente interrogarse por las enseñanzas y principales problemas que esa experiencia dejó planteados. Además se trata de cuestiones que, iluminadas por la experiencia chilena de 1970-73, la trascienden ampliamente y continúan siendo de decisiva importancia para orientar e impulsar en el presente, con reales posibilidades de éxito, la lucha por la emancipación de los trabajadores, tanto a escala nacional como regional y mundial.

Condicionamientos estructurales y disyuntivas políticas

4. Ciertamente, este tipo de interrogantes carece de todo de interés, y por lo tanto no constituye un problema que se encuentre efectivamente planteado, para aquellos que, aun presumiendo ubicarse a la izquierda del espectro político, consideran que una revolución anticapitalista, o bien ya no es necesaria, y por lo tanto tampoco deseable, o bien, aunque necesaria y deseable, no parece posible, al menos en un horizonte de tiempo cercano. En consecuencia, habría que limitarse a luchar por un programa de reformas. La primera posición es la del reformismo en su expresión más clásica, bajo el supuesto de que el capitalismo se habría evidenciado capaz de atenuar hasta tal punto sus principales contradicciones que ya no se vería expuesto a sufrir grandes crisis. Por otra parte, al haber logrado elevar de manera sostenida las condiciones de vida de las masas trabajadoras habría desalentado también el interés de éstas en luchar contra el sistema.[iii] La segunda variante del reformismo, si bien no desconoce las grandes contradicciones, los graves males y las amenazantes perspectivas que conlleva el desarrollo del capitalismo a escala mundial, excluye de su campo visual toda posibilidad de desafiar con alguna posibilidad real de éxito la actual hegemonía que, con los formidables recursos que tiene a su disposición, detenta hoy el gran capital sobre la vida social en todos los planos. De allí que ambas variantes circunscriban su accionar a demandar el reconocimiento y ampliación de algunos derechos democráticos al pueblo trabajador y un cierto grado de control social sobre el accionar del gran capital y sus ganancias.

5. En consecuencia, es comprensible que un debate serio sobre las reales posibilidades que hubo en el Chile de 1970-73 de haber logrado hacer prosperar el proyecto revolucionario contemplado en el PBG de la UP no resulte mayormente factible con quienes se empeñan en negar por anticipado esa posibilidad. Lo usual ha sido que éstos, en vez de allanarse a confrontar argumentos, se limiten a descalificar a quienes sostienen que ese objetivo era posible, viendo en sus posiciones una mera y fantasiosa expresión de deseo, carente de todo realismo.[iv] Más aun, en esa línea de razonamiento, al momento de explicar lo sucedido, lo más común ha sido que asignen a los objetivos centrales del PBG un significado y alcance claramente distinto al que se encuentra explícitamente presente en su texto, como ya comenzaron a hacerlo durante su gobierno tanto el propio Allende como la mayor parte de la cúpula dirigente de la UP. Así, en lugar de dirigir sus esfuerzos a lograr que el pueblo tomase efectivamente el poder en sus manos y lo ejerciera para «iniciar la construcción del socialismo», asignaron a la acción gubernativa el carácter de una etapa histórica previa, de «democracia avanzada», que a través de un largo y gradual proceso de cambios económicos y político-institucionales, se limitaría a crear condiciones favorables para abrir, en una fase ulterior, el camino al socialismo. Desde esta perspectiva, negando de hecho el carácter de clase del Estado y anteponiendo los cambios susceptibles de ser alcanzados en la estructura de propiedad a los de carácter político-institucional, se veía posible avanzar sin mayores rupturas hacia la realización de «una revolución sin costo social».

6. En esta misma línea de razonamiento, se ha visto en las discrepancias surgidas en el seno de la UP una de las principales causas de su derrota. No obstante, si bien es efectivo que uno de los factores que debilitó el proceso de cambios impulsado por el gobierno de la UP fue la imposibilidad de lograr un acuerdo consistente sobre la línea de acción a seguir para hacer frente y superar los obstáculos cada vez mayores que iban apareciendo en el camino, ello se debió a que la orientación que se fue imponiendo en la política gubernativa se hallaba en contradicción tanto con los objetivos centrales contemplados en el propio PBG como con la propia naturaleza de la situación creada a partir del triunfo de Allende por la creciente agudización de la lucha de clases en el país. Aunque las viejas prácticas políticas de las que era fuertemente tributaria la acción de los grandes partidos de izquierda tendían a disociar con frecuencia los discursos de los hechos, adornando con una retórica revolucionaria una política reformista, la creciente intensificación de la lucha de clases que se experimentaba en Chile desde antes del triunfo de Allende iba reduciendo los márgenes de acción de esas prácticas tradicionales e imponiendo de un modo cada vez más más claro sus propias exigencias. Por tanto, resultaba políticamente miope, y en definitiva suicida, no percibirlo y tenerlo presente con la debida presteza, ilusionándose en cambio con la quimérica posibilidad de hacer realidad los objetivos centrales del PBG a partir de un entendimiento político con la Democracia Cristiana.

7. Es importante, por tanto, partir precisando como cuestión previa si el diagnóstico de la situación existente y los objetivos planteados sobre esa base por el PBG estaban justificados. De lo contrario, resulta fácil escamotear este debate, descalificando el intento de alcanzar esos objetivos como una mera expresión de «voluntarismo», desprovisto de toda conexión con la realidad. La naturaleza de la crisis estructural que afectaba al país, generando una profunda desigualdad social y obstaculizando su desarrollo económico, así como del carácter revolucionario de los cambios necesarios para superarla, se hallaban clara y sintéticamente señalados en los nueve primeros puntos del PBG, agregándose más adelante que tales transformaciones «sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente». Cabe recordar que el examen de la realidad chilena que sirve de fundamento a estos propósitos correspondía a una visión que era ampliamente compartida en el seno de la izquierda chilena y latinoamericana de entonces, siendo la cuestión clave que ella dejaba planteada la de la conquista del poder por los trabajadores y las amplias masas populares. Las recurrentes dudas del pasado sobre la posibilidad misma de llevar a cabo una lucha de ese alcance en el «patio trasero» del imperialismo norteamericano habían sido ya suficientemente despejadas por el formidable triunfo de la revolución cubana. La disyuntiva no era entonces otra que la planteada en términos de «revolución socialista o caricatura de revolución».[v]

8. La década del 60 había estado, en efecto, marcada por los vientos de la revolución que soplaban con fuerza en todo el mundo. Ellos cobraban expresión en los movimientos de la juventud estudiantil y trabajadora en Europa occidental y oriental y también en las últimas luchas contra la dominación colonial. Por su parte, el imperialismo yanqui, cada vez más empantanado militarmente en Vietnam y debiendo hacer frente en su propio territorio a un creciente movimiento de repudio a esa guerra imperialista y a la discriminación racial, se vio desafiado directamente también por el resonante triunfo de la revolución cubana, que ganó rápidamente el apoyo de amplios sectores de la juventud y el pueblo trabajador latinoamericano. Los vientos de cambio ganaban fuerza también en Chile, donde ante la inminente posibilidad de un triunfo de la izquierda en la elección presidencial de 1964, los partidos de la burguesía se unieron en torno a la candidatura reformista de Eduardo Frei, que buscó captar y canalizar las grandes aspiraciones de la mayoría con la promesa de realizar una «revolución en libertad». Pero su gobierno terminó frustrando esas expectativas y haciendo frente a una creciente oleada de movilización popular entre los trabajadores, pobladores, campesinos y estudiantes. Fue en medio de ese contexto de grandes luchas populares que nutría un mayoritario anhelo nacional de cambios que se llevó a cabo la elección presidencial de 1970.

9. Tanto el fracaso del gobierno de Frei como la creciente polarización social y política resultante derivaban en realidad del agotamiento del patrón de acumulación capitalista que había orientado las políticas económicas en el país por espacio de cuatro décadas. Este correspondía a lo que se ha dado en llamar Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) que, luego de conocer un importante impulso inicial y haber dado sustento a la configuración de un “Estado de compromiso” que brindaba un alto grado de estabilidad al sistema político-institucional vigente, en el curso de la década de los años sesenta había ido perdiendo dinamismo. El proyecto reformista de Frei, que para contrarrestar el impacto de la revolución cubana en la región fue presentado por la Casa Blanca como una alternativa al comunismo en América latina, intentó dar nuevo impulso al desfalleciente modelo ISI mediante una mayor captación de las divisas generadas por las exportaciones de cobre, una ampliación del mercado a disposición del desarrollo industrial a través de la creación del mercado subregional andino y, sobre todo, de la reforma agraria.[vi] Por último, pretendió también capitalizar una parte de los salarios mediante un plan de ahorro forzoso. Los trabajadores bautizaron los instrumentos financieros que el gobierno se proponía crear para este fin con el sugestivo apelativo de «chiribonos» y con el fin de impedir que esa iniciativa de despojo salarial prosperara, realizaron un combativo y exitoso paro nacional que determinó finalmente el fracaso del proyecto reformista.[vii]

10. Fue en ese cuadro, de agonía del modelo ISI y descrédito del gobierno de Frei, que el gran capital nacional e imperialista optó por enfrentar la coyuntura electoral de 1970 en base a un programa, bautizado con el nombre de «Nueva República», que anticipaba en buena medida las transformaciones estructurales que pondría en marcha tres años después la dictadura militar. En las filas de la DC primaba un enorme desencanto con lo realizado y con el rumbo seguido bajo su gobierno, ganando fuerza entre sus bases populares la idea de profundizar el proceso de reformas que orientó, en torno al lema ¡Ni un paso atrás! la candidatura de Tomic. Hay quienes se explican el triunfo de Allende en 1970 por un «error táctico» de la burguesía al presentarse dividida a la elección. Pero lo cierto es que el cuadro que exhibe entonces la situación política del país no sintoniza con esa explicación. Dado el clima de polarización social y política ya prevaleciente en 1970 y el fuerte desgaste que afectaba a la DC en el gobierno, lo más probable es que en una elección a dos bandas, con una candidatura democratacristiana que hubiese sido aceptable para la derecha -algunos sugirieron para tal efecto el nombre de Edmundo Pérez Zujovic-, esta vez ganara la izquierda. En ese contexto, la opción que tomó el PDC de acentuar la retórica revolucionaria con un candidato como Tomic solo podía tener el efecto de restarle votos a la izquierda, lo que a su vez abría mayores posibilidades de triunfo para la candidatura de la derecha.[viii]

11. Por lo tanto, la revolución social que el Programa de la UP planteó como necesaria y se comprometió a llevar a cabo, respondía bien a la naturaleza estructural de la crisis en que se debatía el país y el problema clave que había que resolver para hacerla posible era, como lo señalaba el PBG, el del traspaso del poder de las clases explotadoras a las clases explotadas[ix]. ¿Qué es lo que esto significa? Que en toda sociedad de clases el poder es, en definitiva, la capacidad de alguna de ellas para organizarla de acuerdo al proyecto histórico que corresponde a sus propios intereses, proveyendo las normas jurídicas, instituciones políticas, criterios de racionalidad económica y justificaciones ideológicas pertinentes. En este caso, el proyecto de la UP buscaba expresar y hacer prevalecer los intereses de la inmensa mayoría de la población que forma parte del pueblo trabajador, privando de ese poder al minoritario pero influyente grupo social que lo detentaba. Sin embargo, resultaba evidente que el solo acceso al gobierno de las fuerzas políticas que actuaban como representantes de los trabajadores estaba aún lejos de ser suficiente para lograrlo. Es decir, que aún después de haber perdido el control del gobierno, la burguesía y el imperialismo no habían sido privados de su efectivo poder social y contaban todavía con variados y muy importantes medios para preservar «aquellos privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente». Dando por sentada la complejidad del problema, la pregunta clave entonces es ¿cómo en el marco de la estrategia que orientaba el accionar de la UP éste podía ser efectivamente resuelto? ¿Cuáles podían y debían ser los pasos e iniciativas para lograrlo?

12. La necesidad de doblegar la irreductible resistencia que opondrían la burguesía y el imperialismo, con la activa ayuda de quienes en el plano político actúan como sus representantes, amparados por el sistema legal y judicial vigente, además de sus influyentes aparatos ideológicos y sus poderosos cuerpos represivos, se alzaba así entonces, desde la partida, como su mayor desafío, tornando completamente ilusoria la posibilidad de que ellos se allanasen a aceptar verse desplazados pacíficamente del poder por un simple veredicto democrático de la ciudadanía, aun en el evento de que éste llegase a ser aplastantemente mayoritario.[x] Para las clases dominantes se trataba de acabar lo antes posible con la amenaza que para ella significó el triunfo de la UP en las elecciones de 1970, como lo atestiguan ya las maniobras y acciones sediciosas dirigidas a impedir que éste fuese ratificado por el Congreso Nacional. Fracasados esos intentos, el empeño antidemocrático de las clases dominantes se orientó entonces a reordenar sus fuerzas y a elaborar una estrategia de más largo aliento para librar una lucha de hostigamiento y desgaste que les permitiese contener y derrotar el proceso de cambios que pretendía impulsar el nuevo gobierno. Todas las corrientes y grupos políticos de la burguesía, desde la extrema derecha hasta los que inicialmente formaban parte de la propia UP[xi], compartían ese objetivo y solo diferían en el modo de lograrlo. Mientras el despliegue de una política de atrincheramiento y desgaste centrada en el plano legal e institucional quedaba en manos de la DC[xii] y otros grupos menores, la derecha tradicional y los grupos fascistas impulsaban frente al gobierno una línea de acción más clara y directamente confrontacional, tendiente a desbordar ese escenario.

13. En consecuencia, ya aun antes de ponerse en práctica, la estrategia de la «vía pacífica al socialismo» -no la hipotética posibilidad de un tránsito pacífico bajo condiciones históricas diferentes a las que conocemos hoy, que es algo distinto-, parecía no descansar sobre una base histórica y social realista. Representaba más bien un problema parecido al de la cuadratura del círculo.[xiii] Ello porque si bien las posibilidades de avance de las fuerzas políticas que expresan los intereses del movimiento obrero y popular en el seno de las instituciones electivas del Estado burgués eran incuestionablemente reales, resultaban ser también limitadas y, por sí mismas, insuficientes para superar su carácter de clase y establecer en su reemplazo un Estado de los trabajadores, efectivamente democrático. Incluso en el mejor de los casos, en el evento de que se hubiese logrado por la vía de las urnas despejar el camino en las instituciones representativas del Estado burgués, resultaría necesario doblegar aun la resistencia que de todas maneras opondría la burguesía sobre el terreno de las armas. Como lo atestigua toda la experiencia histórica, la inevitabilidad de un enfrentamiento armado entre las clases por la disputa del poder no es algo que dependa de los revolucionarios sino una realidad que siempre ha sido impuesta, y de la manera más cruenta y despiadada que sea dable imaginar, por las clases dominantes que se aferran, con todos los inmensos medios de que disponen, a la defensa de sus privilegios. No haber tenido esto debidamente en cuenta llevaría a que la oferta de «una revolución sin costo social» se tradujese finalmente en un enorme costo social sin revolución.

14. ¿Quiere todo esto decir que la experiencia que se iniciaba con el triunfo electoral del 4 de septiembre de 1970 estaba inevitablemente condenada al fracaso? Evidentemente que no. El desenlace de una coyuntura histórica crítica como la que se produjo en Chile entre 1970 y 1973 no está en modo alguno predeterminado, sino que es algo que se va definiendo de manera dinámica, a partir de los múltiples factores que concurren a su formación, en el curso mismo de la lucha. Los escenarios que se abren siempre ofrecen posibilidades y cursos alternativos de acción a sus protagonistas y el resultado final dependerá ante todo de la pertinencia de las decisiones que éstos tomen, de la firmeza con que las lleven a la práctica y de la habilidad con que luego sepan aprovechar las posibilidades asociadas a ellas. En toda coyuntura crítica de esta naturaleza, el rol del liderazgo está llamado, por tanto, a ser fundamental. De su clarividencia y decisión política, tanto en el plano estratégico como táctico, dependerá en gran medida el resultado de la lucha. En el caso de la experiencia de la UP lo que cabe constatar es que ese liderazgo no logró anticipar con claridad el curso que seguirían los acontecimientos y, ante las crecientes dificultades que encaraba, optó por aferrarse a un diseño estratégico cuyas posibilidades se encontraban ya agotadas, aun cuando con ello el desarrollo de la lucha de clases lo conducía inexorablemente a una situación de derrota, sin más salidas que la de resignarse a renunciar clara y abiertamente al alcance revolucionario de sus objetivos iniciales o verse violentamente desalojado del gobierno.

15. Por cierto, esta no es una cuestión que pueda ser asumida como una simple disquisición escolástica en torno a las virtudes y pertinencia mayor o menor de tal o cual esquema, abstractamente concebido, sobre las vías de acceso al poder (insurreccional, guerra prolongada, lucha electoral). En tales términos se trataría, evidentemente, de un debate mal planteado y por lo mismo completamente estéril, como también lo es cuando se lo pretende circunscribir rígidamente a las posibilidades del escenario y los procedimientos por los cuales había discurrido hasta entonces la lucha política. Desde la perspectiva de los explotados, este debate sobre las vías de acceso al poder no puede dejar de estar situado sobre aquella tensión que se opera entre, por una parte, los condicionamientos estructurales (económicos, sociales, político-institucionales y aun culturales) a que se halla sometido de hecho su accionar político contingente y, por otra, la imperativa necesidad de superarlos a fin de poder realizar los ansiados objetivos históricos emancipatorios que lo orientan. Se trata de identificar los obstáculos que de momento lo impiden y los posibles cursos de acción que permitirían removerlos a fin de avanzar hacia la realización práctica de esa aspiración. No se trata, por tanto, de una elucubración puramente general y abstracta sino de la necesidad de realizar un «análisis concreto de la situación concreta», pero claramente intencionado, a la vez, por la necesidad de abrir curso a la efectiva superación del estado de cosas existente.[xiv]

Inconsistencia entre el programa y el curso estratégico asumido

16. Examinemos algunos aspectos claves de lo acontecido. En 1970 la gran mayoría del país se pronunciaba a favor de impulsar un proceso de cambios dirigido a superar las seculares injusticias y desigualdades existentes. Como dijimos, la campaña electoral se dio en un clima de gran movilización social y la opción por los cambios cobró una expresión electoral tanto en la candidatura de Allende como en la de Tomic[xv]. En ese cuadro el gobierno de Allende, aprovechando las grandes facultades que le otorgaba el sistema político presidencialista vigente, comenzó a aplicar su programa económico con gran dinamismo, logrando ampliar rápida y significativamente con ello su base social de apoyo. Así lo evidencia el triunfo alcanzado por la UP en las elecciones municipales del 4 de abril de 1971, con un poco más del 50% de los votos. Y al cabo de su primer año y medio en La Moneda, ese empuje inicial podía exhibir ya como grandes logros la nacionalización del cobre, del hierro y del acero, del salitre y el yodo, la nacionalización de la banca y de algunas importantes empresas de la industria manufacturera, la distribución, los teléfonos, etc., todo lo cual permitía avanzar en la configuración del Área de Propiedad Social (APS) como eje central de la economía, al tiempo que el impulso dado a la reforma agraria lograba acabar prácticamente con el latifundio. Junto a tales reformas estructurales, la política económica de corto plazo, especialmente a través de la política salarial y de precios, promovía una significativa redistribución del ingreso a favor de los sectores populares, incrementando fuertemente con ello la demanda de bienes básicos.

17. Cabe señalar, sin embargo, que en la conducción de su política económica, el gobierno de la UP tampoco evidenció una suficiente claridad estratégica y unidad de propósitos. Una muestra de ello es que, proponiéndose hacer realidad una apreciable redistribución del ingreso, se apoyó para ello en una gran expansión del gasto público, pero sin impulsar al mismo tiempo, desde su inicio, una fuerte y progresiva reforma tributaria que, poniendo en el centro del debate político el tema de la desigualdad social y la necesidad de corregir esta situación mediante una efectiva transferencia de recursos desde los sectores de altos ingresos, contribuyese a financiar ese mayor gasto fiscal. Ello provocaría a poco andar un incremento mayor de la demanda que de la oferta junto a un exceso de liquidez, generando inevitablemente así desequilibrios que se tornarían cada vez más difíciles de controlar y que serían hábilmente aprovechados por la oposición al proceso de cambios al incentivar en una medida cada vez mayor la práctica del acaparamiento y el mercado negro. Tampoco la delimitación de las áreas de la economía contempladas en el programa fue clara desde un principio, abriendo un nuevo campo de controversias al interior del propio gobierno. Presionado por la pugna política desatada en el parlamento en torno al tema, recién en noviembre de 1971 el gobierno dio a conocer una lista de 91 empresas de las que se contemplaba que 52 pasarían a formar parte del área de propiedad social y las otras 39 al área de propiedad mixta.

18. En todo caso, el ímpetu inicial de su política económica le permitió al gobierno acumular fuerzas a su favor y ampliar las posibilidades de continuar avanzando. Es claro, sin embargo, que esta propicia situación inicial no fue aprovechada por el liderazgo de la UP para impulsar, conjuntamente con la transformación de la estructura económica, una democratización equivalente de la superestructura jurídico-política del Estado. Ello habría permitido restringir de manera sustancial los márgenes de acción de los partidos burgueses que, escudándose en las retrógradas normas e instituciones vigentes, se empeñaban en frenar, dificultar y hacer fracasar el proceso de cambios[xvi]. ¿A qué obedeció esta decisión o, más bien, falta de decisión del gobierno que, en definitiva, solo facilitó la cada vez más agresiva labor obstruccionista desplegada por las instituciones y partidos políticos de la burguesía? ¿Se trató sólo de un error de apreciación circunstancial o de una opción acorde con una concepción estratégicamente errónea? Planteado el problema en términos más generales, ¿cómo preveía la dirección de la UP superar los obstáculos políticos que se cruzaban en su camino a fin de llevar adelante la transformación revolucionaria de la sociedad comprometida en su PBG? ¿Cómo se articulaban en su concepción estratégica de la «vía chilena» los objetivos de corto plazo y las transformaciones estructurales impulsadas por la política económica con el esfuerzo político orientado a lograr la transformación del Estado y el traspaso del poder político a manos de los trabajadores? ¿Qué relación cabía establecer entre ambos planos?

19. Todo indica que en el seno de la UP no hubo, más allá del marco de definiciones provisto por el PBG, una visión consensuada en torno a estas cuestiones claves. Tanto al interior de la UP como del conjunto de la izquierda se desarrollaron a lo menos dos visiones distintas y contradictorias sobre el modo de encarar los desafíos planteados en esa coyuntura crítica, a fin de lograr una acumulación de fuerzas políticas que permitiera enfrentar con mayores posibilidades de éxito la creciente ofensiva de la burguesía: una que enfatizaba la profundización continua del proceso de cambios y que, apelando claramente a los intereses del pueblo trabajador, buscase apoyarse en una activa movilización popular; y otra que planteaba la necesidad de morigerar el ritmo de los cambios a fin de abrir espacio a un escenario de negociación y entendimiento con la Democracia Cristiana. En otros términos, a lo largo de todo este proceso, coexistieron en el seno de la izquierda, en una relación conflictiva aunque no siempre claramente explicitada, una concepción de la acción política centrada en potenciar la movilización directa de las masas, y otra que priorizaba la búsqueda de acuerdos cupulares con un sector político burgués. Una expresión clara de ello es la ya referida disociación que se constata inicialmente entre el dinamismo y empuje de la conducción económica y la parsimonia de la conducción política, cuya moderación le impide aprovechar a fondo las posibilidades abiertas por el accionar de aquella, y sin que alcance a percatarse tampoco de las funestas consecuencias que finalmente esto tendría.[xvii]

20. A partir del llamado “Cónclave de Lo Curro”, realizado a inicios de junio de 1972, la acción del gobierno se va a encauzar más clara y persistentemente hacia una búsqueda de un acuerdo con la DC con el propósito de afianzar la gobernabilidad del país en el marco del sistema jurídico-político vigente, algo a lo que dicho partido parecía dispuesto a cambio de que se le asignase al quehacer gubernativo un alcance mucho más limitado que el señalado en su Programa. El PC, principal impulsor de esta orientación, la va a justificar en términos tanto tácticos como estratégicos: en lo táctico, señalando que la posición de la UP se estaba debilitando y que, en consecuencia, había que centrar todos los esfuerzos en asegurar la estabilidad del gobierno frente a la creciente amenaza de la contrarrevolución[xviii]; en lo estratégico, invocando la necesidad de anteponer al intento de «iniciar la construcción del socialismo» una etapa histórica previa de «democracia avanzada» como la que supondría la propia constitución del gobierno de la UP[xix]. En ese contexto, el interés en lograr un entendimiento con la DC -a pesar del sello claramente proimperialista que había evidenciado en su actuación política y su acción de gobierno y del cuadro de aguda polarización política que ya se había configurado en el país[xx]– se justificaba invocando el presunto carácter «pluriclasista» de dicho partido[xxi], dado el significativo arraigo que éste había logrado alcanzar y que aún conservaba en algunos sectores populares, y la existencia en su seno de un ala «progresista».

21. En realidad, aunque aun cifraba ciertas expectativas en su sector «progresista», el PC no ignoraba el carácter burgués y proimperialista de la acción política impulsada por la DC, ni el alcance estratégicamente limitado, puramente reformista, de un posible marco de acuerdo con ella, a pesar de la retórica revolucionaria que utilizaba para disimularlo. Pero estaba consciente de la fragilidad de un proyecto de transformación social que carecía de una capacidad de defensa propia, desconfiando además de la posibilidad de crearla mediante un esfuerzo orientado en esa dirección. De allí que su búsqueda de un entendimiento con la DC solo aspiraba a «consolidar lo alcanzado», postergando para el futuro la posibilidad de seguir avanzando. Por su parte, lo que guiaba a la DC en su conjunto era el propósito de evitar a toda costa que en Chile pudiese prosperar un proyecto dirigido a terminar con el capitalismo y el aparataje institucional que lo sostenía. Es ese objetivo el que da coherencia a todo su accionar, desde su inicial demanda del «pacto de garantías constitucionales» como condición para ratificar la elección de Allende en el Parlamento hasta el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973,[xxii] pasando por la formulación de su «estrategia de los mariscales rusos», su propuesta de «empresas de los trabajadores»,[xxiii] su respaldo a los paros patronales de octubre de 1972 y julio de 1973, su impulso a la ley de control de armas, etc. Por ello la DC no tenía mayor interés en ayudar a la UP a salir del atolladero en que se hallaba, a menos que estuviese dispuesta a capitular en toda la línea.

22. En rigor, a la clase dominante le bastaba con aferrarse a la vigencia de su Estado de derecho para impedir que el proceso de transformación social contemplado en el PBG de la UP pudiese llevarse a cabo hasta el final. Es por eso que la DC exige a Allende primero la firma del pacto de garantías constitucionales y luego propone y hace aprobar la ley de control de armas, cuya aplicación los mandos militares dirigen directamente contra los trabajadores que se habían organizado para defenderse de las bandas fascistas y no contra los grupos de ultraderecha que a esas alturas realizaban atentados terroristas en forma cotidiana. Y es eso también lo que explica que un sector de la DC se opusiera al golpe del Estado, al estimar que esa salida era, además de políticamente inconveniente, completamente innecesaria. Aludiendo a los proyectos claves de la UP que aun esperaban ser tramitados por el Parlamento, es eso justamente lo que le enrostra Leighton a Frei después del golpe: «como teníamos mayoría suficiente para rechazarlos en la votación general … quedaba en nuestras manos la salida democrática del problema, descartando desde un comienzo la inevitabilidad de una solución de fuerza»[xxiv]. Sin embargo, la burguesía y el imperialismo no deseaban correr mayores riesgos y presionaban por desembarazarse cuanto antes de un gobierno que ya había afectado seriamente sus intereses y que, aun cuando no incentivase directamente las acciones de masas que tendían a sobrepasar los límites de la legalidad, las toleraba sin reaccionar.

23. Por lo demás, la burguesía como clase se había autonomizado ya ampliamente de la conducción de sus partidos y, por el contrario, le imponía a éstos su propia agenda. Y una de las principales armas que utilizó para hacer fracasar el proyecto de la UP fue el gran poder financiero de que disponía para cercar al gobierno y «hacer crujir la economía» con variados expedientes: fuga de capitales, paralización de las inversiones y, sobre todo, elusión de los controles de precios vigentes sobre los bienes de consumo básico incentivando el acaparamiento y la creación del mercado negro. Estas actividades ilícitas, junto con beneficiar directamente a quienes se involucraban en ellas, anulaban las mejoras en la capacidad de compra alcanzadas mediante los reajustes salariales al tiempo que dificultaban enormemente la vida cotidiana de amplios sectores de la población, los que de manera creciente terminaban responsabilizando al gobierno por esta situación y dirigían contra él todo su enojo. Por su parte, los partidos de la burguesía, desde las posiciones que ocupaban en el parlamento, y con el cinismo que les caracteriza, cierran este círculo vicioso que comienza a aprisionar cada vez con más fuerza a la economía al aprobar los proyectos de presupuesto del gobierno sin el financiamiento necesario, obligándolo a recurrir entonces a una emisión monetaria que inevitablemente dispararía la inflación. Es en ese contexto de crecientes dificultades para la propia población trabajadora que la «estrategia de los mariscales rusos» comenzaba a cosechar sus frutos y llevaba, evidentemente, todas las de ganar.

24. La «insurrección de la burguesía» que se desarrolla entonces a lo largo de este periodo crítico es fuertemente potenciada también por la acción subrepticia desplegada contra las fuerzas de izquierda, aun desde antes de su acceso a La Moneda, por las diversas agencias secretas del gobierno norteamericano[xxv]. Si bien Washington tenía suficientes motivos económicos para intervenir, relacionados con los intereses de las compañías de su país afectadas por las nacionalizaciones, la razón principal de su activo involucramiento en lo que sucedía en Chile era evidentemente político. En primer término se trataba de impedir el surgimiento en la región de una «segunda Cuba» que pudiese generar en ella una situación de gran inestabilidad política. Pero, dado el carácter institucional del proceso chileno y de las fuerzas políticas que concurrían a su gestación, la Casa Blanca temía también que su ejemplo pudiese alentar experiencias similares en países que son aliados estratégicos claves de EEUU en Europa occidental, como Francia e Italia, en los que la existencia de influyentes PC efectivamente abría esa posibilidad. Por lo tanto el gobierno de EEUU se jugará a fondo, primero por impedir el acceso de Allende a La Moneda y luego, al ver frustrado ese intento, por hacer fracasar por todos los medios y acabar cuanto antes con el experimento chileno de una «vía pacífica» al socialismo. Un accionar del imperialismo que por lo demás no era algo novedoso para la izquierda sino algo con lo que había que contar de antemano.

25. La «vía chilena» se encontró así cada vez más entrampada por el cerco que tendía a su alrededor la clase dominante, planteando ante el conjunto de la izquierda la necesidad de definir el modo más apropiado para hacerle frente y superarlo. Se abría ante ella la disyuntiva de ceder ante las exigencias cada vez mayores de la ofensiva burguesa y abandonar en lo inmediato el objetivo de desplazarla del poder o convocar al movimiento obrero y popular a movilizarse para defender y profundizar el proceso de cambios con una clara disposición a enfrentar y derrotar esa ofensiva en todos los terrenos. Es precisamente esa disyuntiva, de alcance estratégico, la que estuvo presente tanto en los debates del llamado Conclave de Lo Curro como de toda la izquierda chilena en el ulterior desarrollo de esa coyuntura crítica. Como ya vimos, la decisión que se adoptó entonces fue la de echar pie atrás y poner límites a la movilización social a fin de facilitar una negociación con la DC, buscando impedir con ello que la confrontación social y política continuase escalando. Se dijo que se había ido demasiado lejos, sobrepasando incluso el propio programa de la UP, y se habló entonces de la necesidad de «poner orden» en la economía. Pero ¿era posible hacerlo desde la perspectiva de los intereses populares, sin haber logrado alterar las relaciones de poder que hacen realmente gobernable un país? En realidad, plantearse ese objetivo en el marco de una economía aun regida por las leyes del mercado y con el propósito de consolidar el sistema jurídico-político existente no significaba otra cosa que bajar la guardia y dar por cancelado el proyecto de transformación social definido por el PBG.

Lo inconducente de pretender nadar entre dos aguas

26. A ojos vista, el talón de Aquiles de ese proyecto estaba en la ilusoria pretensión de llevar a cabo una revolución pero sin que se desencadenasen las turbulencias que son inherentes a toda revolución. Es decir, en la suposición de que sería posible hacerlo solo amparados en el veredicto de las urnas, es decir, en la legitimidad de las autoridades legalmente constituidas como expresión de la voluntad soberana del pueblo, real fundamento de todo orden democrático. Y de que ello, junto con el estricto respeto a la legalidad, bastaría para «atar de manos» a la burguesía y al imperialismo para así poder desplazarlos del poder sin que éstos pudiesen reaccionar con verdaderas posibilidades de éxito. Pero ¿era esto algo realista? Porque, como dijimos, lo que dicha pretensión pone inevitablemente en el centro de la lucha política es la cuestión del poder político, es decir, de la capacidad de coerción ejercida desde el Estado para imponer las normas y decisiones que hacen gobernable el conjunto de la vida social. Sin embargo, la «política militar de la vía chilena» consistía solo en confiar en que los mandos militares, al menos en su gran mayoría, se mantendrían apegados a la Constitución, con pleno respeto a las facultades que ésta otorga a las autoridades electas por el pueblo. Ello a su vez exigía que el propio accionar del gobierno se mantuviese encuadrado en ese marco, sin intentar erosionar en lo más mínimo la aparente prescindencia política y cohesión de las instituciones armadas. Se confiaba, en suma, en continuar avanzando hasta lograr una efectiva transformación del carácter de clase del Estado por un camino que se evidenció, finalmente, carente de realismo.

27. En consecuencia, esta inconsistencia básica entre el programa comprometido y el camino elegido para concretarlo colocó a la UP y a su gobierno en un impasse que solo abría una perspectiva de derrota. De allí surgían las tensiones que se vivieron entonces al interior de la izquierda y que continúan dando lugar, hasta el día de hoy, a dos lecturas frontalmente contrapuestas sobre lo que había que hacer y no se hizo y, en consecuencia, sobre las causas de la derrota. En dichas miradas, que aunque encontradas coinciden en señalar la radical inconsistencia que caracterizó a la política de la UP en su conexión con la realidad, se resume la antigua controversia, que recorre prácticamente toda la historia del movimiento obrero y popular, entre reforma y revolución. En efecto, para unos el error estuvo en la ilusoria pretensión de ir más allá de lo que la correlación de fuerzas políticas permitía, planteándose metas que no eran alcanzables y que solo respondían a un cierto fundamentalismo ideológico, en lugar de haberse limitado a generar un gran acuerdo con «el centro» para avanzar hacia una mayor democratización del país. Para otros, el gran error de la UP consistió en tratar de poner freno a la movilización social, pese a ser ésta su principal punto de apoyo y el terreno clave para alterar a su favor la correlación de fuerzas, a fin de persistir en el vano intento por alcanzar un entendimiento con cúpulas políticas refractarias a que el proceso de cambios pudiese avanzar a una efectiva y profunda democratización del país como la contemplada en el programa.

28. La característica distintiva de una política que corresponda a los intereses no solo inmediatos sino también históricos de los explotados, es la de orientarse a hacer de éstos su sujeto protagónico. Es así, por definición, una política esencialmente plebeya, claramente centrada en el objetivo de desarrollar y fortalecer la conciencia, la organización y la lucha de la clase trabajadora. En términos estratégicos, ella se desarrolla como una interacción dialéctica entre lo históricamente necesario -y por lo tanto potencialmente posible- y aquello que en lo inmediato parece constituir el límite de lo efectivamente posible. En consecuencia, ella vehiculiza una tensión permanente, en que las tareas del momento presente cobran su real significación por la conexión que guardan con los objetivos de la revolución que definen su perspectiva estratégica, buscando transformar lo que aun solo existe en potencia en realidad política efectiva. ¿Cuál es el escenario en que se libra esa lucha? Sin lugar a dudas, la conciencia colectiva de aquellas masas trabajadoras que constituyen la inmensa mayoría de la población. El empeño por elevar los niveles de conciencia, organización y movilización de las masas se evidencia, así, como centro y motor de la lucha revolucionaria. De una conciencia que se sitúa no tanto en el terreno de un proyecto político claramente definido y asimilado, que es algo que por lo general solo logra motivar a sus sectores de vanguardia, sino simplemente de las percepciones, experiencias, creencias y sentimientos que le permiten configurar su identidad y reconocer sus intereses de clase, empujándola a actuar en un sentido definido.

29. En la lucha entre explotados y explotadores, la correlación de fuerzas se modifica precisamente en la medida en que lo hace, en un sentido u otro, la conciencia colectiva de las amplias masas populares con relación a sus intereses y objetivos de clase, en que se alteran sus niveles de organización y disposición de lucha, su percepción del carácter de los diversos liderazgos políticos. En suma, en la medida en que gana terreno su confianza, optimismo y disposición a extender y profundizar sus luchas o bien su escepticismo, derrotismo y resignación. Por lo tanto, un esfuerzo dirigido a modificar la correlación de fuerzas en una perspectiva revolucionaria supone el despliegue de una persistente labor dirigida, ante todo, a transformar la energía potencial de la aplastante mayoría explotada en movilización y lucha real, no solo ni principalmente en un terreno electoral sino en todas las formas de acción que resulten efectivamente necesarias. De una labor que logra sus objetivos cuando los explotados cobran una clara conciencia de sus intereses inmediatos y de la necesidad de movilizarse unidos en contra de sus enemigos de clase. Una conciencia de clase que para la mayoría quizás no se logra plasmar aun en una clara idea del socialismo como proyecto histórico, pero que se traduce en la creación y fortalecimiento de organizaciones de lucha de las masas trabajadoras que hacen suyas y se movilizan por las más sentidas demandas del momento.

30. El horizonte visual de una política reformista es completamente distinto, quedando fuera de él la posibilidad misma de una revolución. En primer término es una política que privilegia las tratativas y los acuerdos de carácter cupular, y cuyos sujetos protagónicos son, en consecuencia, los propios aparatos partidarios, cuyos escenarios naturales de actuación suelen ser los espacios institucionales en que se halla articulado el sistema político en el Estado burgués. El contenido de la política se reduce, así, tanto a las disputas y eventuales acuerdos que se dan en ese marco. La relación de los aparatos con las masas del pueblo, convertidas en mera fuerza de apoyo y de maniobra, sobre todo en el terreno electoral, es una relación de sesgo autoritario, regida por fines de control y encauzamiento. Desde esta perspectiva, la correlación de fuerzas y el marco de posibilidades que ella ofrece es la que se opera exclusivamente en el terreno político-institucional en el que actúan esos aparatos, a partir de los respaldos electorales con que cada uno de ellos, o coalición de ellos, pueda contar. Por lo tanto, la tensión entre lo necesario y lo posible tiende a desaparecer en beneficio de lo que en ese cuadro cupular de relación de fuerzas se reputa como meramente posible. El reformismo siempre se viste, entonces, de un presunto «realismo» que dice encarnar la sensatez política, en contraposición al “voluntarismo”, políticamente aventurero e intelectualmente inconsistente, del “ultraizquierdismo”, cuyo accionar solo le haría el juego al enemigo.

31. Pero lo cierto es que un «realismo» que se ciñe a lo establecido carece de todo impulso transformador. En efecto, partiendo del supuesto de que un cambio en la correlación de fuerzas en un sentido revolucionario -es decir en el terreno de la movilización social y no reductible al escenario electoral- es algo imposible, solo se tendrá como resultado una profecía autocumplida, cuyos magros resultados serán luego justificados como «la medida de lo posible». Porque el logro de los objetivos que las condiciones históricas señalan como necesarios no es algo que vaya a ocurrir de manera automática, ni aún en las circunstancias más favorables, sino que dependerá de que efectivamente se adopten las iniciativas que se evidencian políticamente necesarias para alcanzarlos. Desde luego, el marco de posibilidades abiertas no es algo arbitrario, sino que se halla condicionado por el desarrollo histórico anterior, el carácter de la época, el peso de las tradiciones y de las formas de conciencia precedentes, etc. Pero tampoco es algo rígido e inamovible, sino dinámico y cambiable a través de un accionar deliberado y consciente con arreglo a fines. No obstante, si en una situación de profunda crisis social se asume la lucha política considerando que, aunque un cambio revolucionario sea la manera adecuada de superarla, es algo imposible de lograr, ni siquiera se intentará alcanzar ese objetivo. Esa ha sido siempre la actitud característica del reformismo al sonar la hora de una revolución.[xxvi]

32. Visto desde una perspectiva revolucionaria, resultaba completamente ilusorio que un proyecto de profunda transformación social como el contemplado en el PBG pudiese llevarse a cabo en un clima de relativa paz social y política, ya que la reacción de las clases dominantes lo impediría. Esto dejaba planteados desde su inicio a lo menos dos problemas estratégicos que necesitaban ser adecuadamente abordados y resueltos. Primero, el del diseño y despliegue de una línea de acción política consistente con el objetivo propuesto, que en las condiciones de aguda confrontación de clases que se desencadenaría, hiciera posible incrementar el respaldo popular al proceso de transformación social en curso a fin de lograr una correlación de fuerzas claramente favorable para continuar impulsándolo. ¿Era políticamente razonable suponer que ello podría lograrse actuando exclusivamente a la defensiva, invocando la legitimidad del gobierno y el imperio del Estado de derecho, frente a la creciente insurrección de la burguesía? Segundo, que en la misma medida en que se lograse contar con la fuerza social y política necesaria para avanzar se tornaría cada vez más probable, y aun inevitable, un desplazamiento de la lucha de clases hacia el escenario de una confrontación armada. En consecuencia, ello planteaba la apremiante necesidad de asegurar una capacidad de defensa militar de las posiciones ya conquistadas a fin de asegurar la irreversibilidad del proceso. ¿Era políticamente razonable presumir que esa capacidad de defensa militar sería finalmente provista, sin su quebrantamiento, por los propios aparatos represivos anteriormente constituidos por el Estado burgués?

33. Con relación al primero de estos problemas, es muy claro que prevaleció en la UP una concepción cupular de la política y por lo tanto de los escenarios y medios a través de los cuales resultaría posible lograr una correlación de fuerzas favorable a su accionar. Sin embargo, junto con limitar severamente sus objetivos esto tampoco permitía frenar la ofensiva golpista desencadenada por la burguesía. ¿Era posible concebir de un modo distinto la lucha por alterar la correlación de fuerzas? Ya hemos señalado que sí, aunque ello implicaba reconocer que la lucha de clases había desbordado ya, por ambos lados y de manera irreversible, el cauce de la «vía chilena», poniendo en cuestión los encuadres cupulares de la política institucional. El favorable cambio en la correlación de fuerzas que se operó entre el 4 de septiembre de 1970 y el 4 de abril de 1971, a solo siete meses de la elección y cuatro de haber asumido el gobierno, lo ilustra claramente. Ese cambio se debió a la adhesión que suscitó en una amplia franja de la población el proyecto y enérgico accionar del gobierno, desplazando significativamente hacia la izquierda el apoyo del electorado.[xxvii] Algo parecido es lo que sucedió en Rusia en 1917 entre febrero y octubre. La correlación de fuerzas operó allí un rápido vuelco a favor de la revolución no como producto de acuerdos o componendas cupulares sino porque las demandas agitadas por los bolcheviques lograron calar hondo en las amplias masas obreras y populares por sintonizar con sus más sentidos intereses y aspiraciones: ¡Paz, Pan y Tierra! ¡Todo el poder a los soviets!

34. Esa apelación directa al accionar de las masas trabajadoras es, justamente, el sello característico de una política revolucionaria. Pero, como ya hemos dicho, es eso lo que el curso acordado en el Conclave de Lo Curro descartó de manera tajante, buscando desalentar la acción desplegada de manera espontánea por las masas trabajadoras para hacer frente a la ofensiva reaccionaria. Es por eso que al momento de surgir los cordones industriales y otros gérmenes de poder popular suscitaron la inmediata desconfianza de los sectores dominantes de la UP y del gobierno, quienes solo vieron en ellos un tipo de iniciativas de carácter «ultra» que escapaban a su control. Sin embargo, estos organismos no surgieron como una creación artificiosa de las corrientes revolucionarias de la izquierda, sino como resultado de una espontánea reacción de autodefensa de los propios trabajadores de los diversos emplazamientos fabriles ante la desquiciada ofensiva política desatada por las organizaciones patronales en octubre de 1972. Si bien la mayor debilidad de estos organismos fue no disponer de una efectiva capacidad de defensa en el plano militar -como fue por ejemplo el caso de los comités de soldados surgidos, en otras condiciones, en 1917 en Rusia y en 1919 en Alemania-, lo cierto es que permitieron potenciar notablemente la movilización de los trabajadores sobre el terreno político en una situación crisis como la que se vivía entonces en Chile, hasta el punto frustrar el objetivo de los paros patronales que buscaban paralizar el país.

35. En efecto, los cordones industriales lograron organizar y movilizar a un importante segmento de trabajadores que, por pertenecer a empresas de menor tamaño, habían dispuesto hasta entonces de una escasa capacidad de negociación, permaneciendo en muchos casos al margen del movimiento sindical organizado en torno a la CUT. Además, por esa misma razón, las empresas en que laboraban no estaban contempladas en los planes de nacionalización del gobierno ni se contemplaba para ellos una participación efectiva en la gestión y control de las mismas. Es por ello que la política reformista predominante en la UP, temiendo que la acción de los cordones pudiese desbordar los marcos previstos por la política económica del gobierno, contrapuso inicialmente de manera artificial el liderazgo de la CUT al surgimiento y desarrollo de estos organismos de poder autónomo de las masas, llamando a que los trabajadores se limitasen a reconocer esa conducción y a apoyar, junto a ésta, la acción e iniciativas del gobierno. Es decir, buscaron promover un accionar de los trabajadores desprovisto de autonomía e iniciativa propia. Toda la retórica sobre la movilización de masas con que el reformismo adornaba su política se reducía en términos prácticos a aquello. Sin embargo, el propio curso de los acontecimientos obligó al gobierno a reconocer y valorar la gran contribución prestada por los cordones industriales a la derrota de los paros patronales, pero sin allanarse a hacer del desarrollo del poder popular el centro y motor de su política.

36. El resultado de la elección parlamentaria del 4 de marzo de 1973, que en medio de la difícil situación que se vivía entonces le permitió a la izquierda obtener casi un 44% de los votos e incrementar el número de sus parlamentarios, da clara cuenta del enorme potencial de lucha radicado en quienes se mostraban dispuestos a sostener e impulsar el proceso de cambios en curso. Esa votación no solo desbarató el objetivo que se habían propuesto los partidos de la burguesía, que buscaban obtener en ambas cámaras los cuórums necesarios para destituir de su cargo al Presidente de la República, sino que evidenció una robusta tendencia de la izquierda a incrementar sus fuerzas. En efecto, en 1970 Allende había obtenido poco más de un millón de votos, mientras que sumada la votación de Alessandri y Tomic se llega a una cifra del orden de un millón ochocientos cincuenta mil votos. En marzo de 1973 la UP alcanzaba una votación del orden de un millón seiscientos mil votos mientras que los partidos burgueses agrupados en la CODE obtenían alrededor de dos millones de votos. Si la comparación se efectúa con la elección municipal de abril de 1971 es evidente que la oposición había logrado una recuperación importante, pero muy inferior a sus expectativas, mientras que la UP había logrado incrementar en alrededor de doscientos mil votos su votación. En gran medida estos resultados se explican por el enorme incremento de la franja de votantes por primera vez, al haber entrado en vigor la rebaja de la edad mínima para tener derecho a sufragio, de 21 a 18 años. La alta votación obtenida por la izquierda entre los más jóvenes da clara cuenta de su enorme potencial de lucha.

37. Ante ello la burguesía redobló su propósito de lograr cuanto antes el derrocamiento de Allende, pero éste persistió en sus intentos de lograr un acuerdo con la DC que, a su vez, comenzó a demandarle como condición, de una manera cada vez más decidida, una capitulación total.[xxviii] Si bien Allende no estuvo dispuesto a ello, ya que lo habría llevado a tener que reprimir la movilización popular, al empecinarse en limitar su accionar a la defensa de la legalidad para intentar contener de ese modo la ofensiva golpista de la burguesía colocaba a la UP y a su gobierno en una situación que se tornaba cada vez más insostenible. Era una orientación que, ni permitía apaciguar el cada vez más desbordado encono de las clases dominantes, intensamente comprometidas ya en un accionar subversivo, ni tampoco prepararse para hacerles frente con razonables posibilidades de éxito. De hecho, ello implicaba aferrarse una política meramente reformista, abandonando la pretensión de abrir camino a la transformación revolucionaria de la sociedad chilena comprometida en el PBG, con la ilusión de poder contener así a la contrarrevolución en marcha. Pero, a esas alturas, la única salida posible para encarar la aguda crisis política existente consistía en decidirse a pasar de la «guerra de posiciones», que como planteo estratégico ya había dado de sí todo lo que podía dar, a una «guerra de movimientos»,[xxix] preparándose para hacer frente con mayores posibilidades de éxito a la decisiva prueba de fuerza que se veía venir de manera inevitable en un futuro no demasiado lejano. Una opción que, obviamente, implicaba allanarse a reconocer el fracaso de la «vía chilena» al socialismo.

38. ¿Qué suponía y qué posibilidades de éxito tenía el decidirse a operar ese viraje estratégico dictado por las circunstancias? Estando a la orden del día la cuestión de la toma del poder la resolución del problema del armamento del proletariado pasa a ser, obviamente, una cuestión clave. Pero evidentemente no se trata de concebir la inminente prueba de fuerzas como un enfrentamiento entre un pueblo prácticamente desarmado contra un ejército bien armado y fuertemente cohesionado. Así planteado el problema no tendría, por cierto, ninguna posibilidad de ser resuelto favorablemente y solo cabría reconocer la validez del reclamado «realismo» del enfoque reformista. Pero se trataría de un problema mal planteado. En una importante medida la lucha por el poder es también una lucha por el control de las tropas que en una situación revolucionaria no pueden dejar de estar también fuertemente influenciadas por lo que la lucha política ha puesto efectivamente en juego. Un ejemplo, entre otros, que puede ilustrar lo que en este terreno es efectivamente posible lo muestra el caso de la revolución iraní, que en 1979 logró derribar una dictadura fuertemente represiva y largamente sostenida en un poderío militar aparentemente incontrarrestable. Allí la firme decisión de lucha del pueblo, guiado por un liderazgo decidido a no transar con sus enemigos, logró minar la cohesión de los aparatos represivos, neutralizando a una parte de las FFAA y arrastrando a otra a su lado, pudiendo emerger así vencedora de la prueba de fuerzas decisiva.

39. Por otra parte, como también lo evidencia la experiencia histórica, la correlación de fuerzas que es dable observar en el escenario electoral no es trasladable a los demás escenarios de la lucha de clases. Además, mientras la batalla electoral culmina con la elección misma, por su misma continuidad y dinamismo la lucha de clases en torno al poder puede llevar a situaciones muy variadas desde la de un desenlace rápido a una impasse prolongada. Las fuerzas que se configuran en los diversos escenarios son también distintas: en una elección solo la franja de ciudadanos inscritos, con gran peso de las «mayorías silenciosas» de sesgo conservador, excluyendo a los más jóvenes que por su edad no tienen aun derecho a voto; en cambio en una lucha directa por el poder las fuerzas en lucha están constituidas principalmente por las generaciones más jóvenes, que suelen ser también las menos conservadoras. En todo caso lo cierto es que en una situación como la que convulsionaba entonces al país lo que estaba planteado de un modo cada vez más acuciante era decidirse a desplegar un mayor y más decidido esfuerzo por comprometer a los miembros de las FFAA y Carabineros en la defensa no solo de la legalidad, transformada ya en un campo de intensa disputa, sino del propio proceso de cambios.[xxx] Por lo demás, eso era justamente lo que la reacción estaba haciendo a la vista y paciencia de todos, realizando continuos atentados terroristas, llevando la deliberación a los cuarteles, organizando entre los altos mandos una corriente decididamente golpista y escudando su accionar en la ley de control de armas para empujar a los indecisos y neutralizar toda posible resistencia. Esto terminaría por inclinar al grueso de sus efectivos hacia el bando que actuaba con mayor decisión.

40. Lamentablemente no existió un accionar en modo alguno equivalente por parte de las fuerzas de la izquierda agrupadas en la UP, aunque las condiciones prevalecientes lo reclamaban en forma perentoria. En el plano político solo el MIR y algunos grupos revolucionarios menores desplegaron una labor de propaganda dirigida a las tropas. Y también surgieron, de manera espontánea, algunas valiosas pero aisladas iniciativas de apoyo militar al proceso de cambios en el propio seno de las FFAA. Pero al no contar con el respaldo del liderazgo principal todo ello resultaba claramente insuficiente. A pesar de ello, los golpistas esperaban encontrar una resistencia mucho mayor al golpe. Por algo, cuando este fue ya un hecho consumado, los soldados y carabineros comprometidos en él recorr?


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