Publicado en línea el Miércoles 9 de septiembre de 2020, por JDF

En lo que va del año, cuatro defensores de organizaciones que pertenecen a la ILC fueron asesinados y uno fue víctima de desaparición forzada.

Además reportan el asesinato del director de Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras, el ciudadano francés Benoit Maria, y al menos cinco intentos de desalojos extrajudiciales, señala el documento[1].

En el caso específico del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), 17 de sus miembros fueron asesinados en total impunidad en pocos más de dos años.

Escalada de violencia

La escalada de violencia sistemática contra comunidades indígenas y campesinas va profundizándose cada día más.

De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness[2], Guatemala sigue figurando entre los países con la mayor cantidad absoluta de personas defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas. El año pasado fueron 13 las víctimas mortales.

La misma situación fue denunciada en diciembre de 2019 en el marco de la movilización global de Land Rights Now[3].

Recientemente, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua) publicó un nuevo informe sobre agresiones a personas que defienden los derechos humanos en el país.

Entre enero y junio de este año, se contabilizaron 677 agresiones que involucraron a unas 70 organizaciones y comunidades.

En tan sólo seis meses se registra un aumento del 73 por ciento respecto al total de agresiones de 2019 (494). También se registraron 13 asesinatos entre enero y mediados de agosto.

Combatir y acabar con la impunidad

Una situación que para la ILC podría volverse aún más peligrosa por el progresivo debilitamiento de la institucionalidad en el país, luego del cierre unilateral de instancias de diálogo creadas para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz, como son la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Secretaría de la Paz.

Ante esta situación la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra reiteró su respaldo a las organizaciones indígenas y campesinas, al tiempo que exhortó a las autoridades a dar solución a los conflictos respetando los derechos humanos.

En este sentido, pidió al Estado reconocer el derecho de las comunidades sobre sus tierras, poner fin a la política de desalojos desconcentrando la propiedad de la tierra, reconocer el derecho a defender derechos humanos, promoviendo políticas públicas de protección.

Asimismo, instó a combatir y acabar con la impunidad y a garantizar el funcionamiento de instituciones especializadas en materia agraria y derechos indígenas.

Finalmente, la ILC hizo un llamado a la comunidad internacional a poner atención a lo que ocurre a diario en Guatemala, apoyando el esfuerzo de organizaciones indígenas, campesinas y de derechos humanos “para construir un país más justo, democrático y libre de violencia”.

Notas

[1] https://bit.ly/32sYSLH

[2] https://bit.ly/31vNteL

[3] https://bit.ly/2QwTLVg

Fuente: Rel UITA


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