Publicado en línea el Lunes 7 de septiembre de 2020, por Patricia Monreal

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Morelia, Michoacán.- Para el proceso electoral local, en la mira del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se encuentra la violencia política en razón de género, fenómeno para el que la autoridad contará con mayores herramientas legales.

El tema se evidenció central durante la sesión especial del Consejo General celebrada el domingo seis de septiembre para declarar el arranque del proceso comicial, a tal punto que todas las intervenciones de los consejeros electorales aludieron al tema.

El pasado 15 de mayo, la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobó una reforma electoral en donde uno de los temas de mayor relevancia fue la incorporación de disposiciones que permitan combatir la violencia política por razones de género.

Tal asunto no es menor si se toma en cuenta que durante la pasada contienda electoral el 73 por ciento de las candidatas en Michoacán reconocieron haber sido víctimas de violencia según datos del estudio “Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en el Proceso Electoral del 2018”, el que fue realizado por la organización ECAS A.C. en coordinación con el Colectivo para la Construcción de Igualdad para la Sociedad.

Los datos del estudio son contundentes. Los tipos de violencia que las candidatas identificaron fueron en un 73 por ciento, discriminación en la participación política por ser mujeres; 12.5 por ciento, falta de reconocimiento a su trayectoria; 15.6 por ciento, asignación de distritos perdedores; y 12.5 por ciento fueron obligadas a renunciar.

El 9.3 por ciento de las candidatas recibieron amenazas y fueron condicionadas; el 15.6 por ciento no contaron con presupuesto; y un 6.25 por ciento padecieron exclusión en la toma de decisiones.

Y en ese escenario de violencia política que evidencia el referido estudio, los protagonistas de ejercerla son principalmente los partidos políticos y sus militantes. El 86 por ciento de las candidatas víctimas mencionó que la violencia la ejercieron sus compañeros de partido; el 7 por ciento señaló a sus propias familias; y un siete por ciento más, a las dirigencias de sus partidos.

El incremento de la participación de las mujeres ha traído como consecuencia el alza de la violencia política en su contra.

El 11 abril de 2018 fue asesinada la candidata a diputada por Múgica del Partido Verde, Maribel Barajas Cortés, las investigaciones arrojaron como causa asuntos de índole personal. Sin embargo en este caso y previo a que se conocieran las causas del crimen, fue notoria la omisión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán para pronunciarse al respecto, al menos para condenar los hechos.

Omisión similar ocurrió días después, cuando el 19 de abril de ese año se conoció la noticia del asesinato de con arma de fuego de Mayela Sánchez Nevarez, asistente de la candidata perredista por la alcaldía de Venustiano Carranza, Yolanda Mayela García, a quien presuntamente iba dirigido el atentado. También en ese municipio y ese mes, Morena reportó el “levantón” exprés del que fue objeto su candidata por la presidencia municipal con el fin de amedrentarla para evitar su participación

Para mayo de ese año, se difundiría en redes sociales un video con contenido sexual contra la candidata priista a la presidencia municipal de Morelia, Daniela de los Santos.

El 17 de mayo Lourdes Torres Díaz, candidata del PT a la presidencia municipal de Álvaro Obregón fue raptada por un grupo armado. Para el 14 de junio el Partido del Trabajo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública retuvieron y torturaron a la esposa del candidato a la presidencia municipal de Contepec, además de propinar una golpiza a mujeres brigadistas de la Coalición Juntos Haremos Historia.

Tema prioritario

“La historia nos ha enseñado que, a mayor participación de mujeres, mayor grado violencia política; este sin duda, es uno de los grandes retos que enfrentaremos y que debemos contener”, apunta la consejera electoral Araceli Gutiérrez Cortés, quien subraya que los partidos políticos están obligados a prevenir, atender, sancionar y en su caso, erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Resalta que en este proceso que va arrancando, se incorporan algunos elementos que derivan de la reciente reforma electoral, y que tienen que comenzar a marcar una diferencia; “el Código electoral establece como un derecho ciudadano y como una obligación de los partidos políticos brindar a las mujeres y grupos vulnerables, las condiciones propicias para ejercer libremente sus derechos político-electorales, esta es una deuda que se sigue teniendo con las mujeres, con las personas indígenas, las personas con discapacidad, las de la comunidad LGBTTIQ y con las personas jóvenes”.

En ese sentido subraya la responsabilidad de llevar a la contienda, candidatas y candidatos que conozcan y entiendan la trascendencia de lo que es la violencia política contra las mujeres, “porque es una obligación tanto de los órganos electorales como de los institutos políticos capacitar para prevenir”.

Por su parte la consejera Viridiana Villaseñor Aguirre asegura que el Consejo General del IEM actuará firmemente contra los actos u omisiones que constituyan violencia política en contra de la mujer, lo cual –refiere- será posible mediante la implementación de la reforma electoral que aprobó el Congreso del Estado el pasado 15 de mayo, en el que se contempló como causal de responsabilidad administrativa y como supuesto normativo de procedencia del procedimiento especial sancionador que sustanciará este Instituto.

Bajo ese tenor la consejera Irma Ramírez Cruz refiere que ninguna institución va a poder combatir o erradicar la violencia por sí sola, por lo que tiene que generarse un vínculo interinstitucional, “Observatorio de Participación Política de las Mujeres será una vía para hacer convenio de colaboración, donde se puedan atender estos temas; se tiene que hacer todo un plan de medición de riesgo”.

En tanto la consejera Carol Berenice Arellano Rangel, recuerda que el Código Electoral sí prevé las medidas cautelares de oficio, de manera que la autoridad electoral no tendrá que esperar que se presente alguna denuncia para poder intervenir en los casos de violencia política por razón de género que se registren, “así que como autoridad nos mantendremos vigilantes y si vemos algún acto indebido deberemos pronunciarnos al respecto”.

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