Publicado en línea el Lunes 7 de septiembre de 2020, por JDF

El Morena, en los últimos meses y particularmente en los días recientes, ha exhibido lastimosamente limitaciones e inoperancia que lo mantienen prácticamente inmovilizado y estéril frente a los trascendentes procesos de la nación. El tortuoso transcurso de renovación de su presidencia y secretaría general nacionales, la recién resuelta designación de la mesa directiva en la Cámara de Diputados y el gratuito involucramiento de la dirección y gran parte de la militancia partidarias en una campaña de firmas para pretendidamente determinar si se enjuiciará o no a ex presidentes de la República por delitos, violaciones a leyes varias o abusos de poder que no se han explicitado y terminará sin duda en el vacío, en la nada judicial.

Y tras de esos procesos yuxtapuestos, la figura del presidente de la República, que afirma no intervenir en los procesos internos de su partido, pero deja delatoras huellas de sus acciones para conducir a la organización política fundada por él a donde parece convenirle.

La sucesión en los más altos cargos de la dirección morenista ha resultado por demás complicada desde hace ya por lo menos tres años. Desde que Andrés Manuel López Obrador dejó la conducción partidaria en 2017 para emprender su tercera campaña en pos de la presidencia del país, Morena no ha contado con una cabeza estable y legal. La secretaria general Yeidkol Polevnsky asumió interinamente la conducción del partido, pero no convocó al Consejo Nacional para emitir la convocatoria a la elección de la nueva dirigencia, y tampoco pudo unificar a los grupos y corrientes del partido tras de su heredado liderazgo. A la postre, una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la removió del cargo y fue sustituida por el antropólogo y diputado federal con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar. La emergencia sanitaria de 2020 y el resultante confinamiento han impedido que se reúna el Consejo Nacional y se renueve en términos estatutarios el Comité Ejecutivo Nacional.

Para empeorar las cosas, al solicitar Ramírez Cuéllar al TEPJF una prórroga de un año para la elección de su directiva, ese órgano jurisdiccional rechazó otorgarla y ordenó realizar la renovación en un plazo de 45 días por medio de una encuesta abierta entre “militantes y simpatizantes” que debería realizar el Instituto Nacional Electoral. La determinación viola la normatividad interna del partido, que no autoriza la encuesta como método de elección de las autoridades partidarias, y menos entre quienes no son militantes. La sentencia del Tribunal va más allá: elimina como requisito de elegibilidad el ser miembro del Consejo Nacional, establecido en los estatutos aprobados por el INE y el propio TEPJF.

A nadie beneficia más esa sentencia que al líder de los diputados morenistas Mario Delgado, quien no cumple ese requisito de elegibilidad y, por supuesto, se ha apresurado a expresar su respaldo a la sentencia judicial. El triste argumento de que el partido es un patrimonio del pueblo y todo el pueblo tiene el derecho de intervenir en su vida interna embiste la lógica y sólo revela la intromisión de los ministros en la determinación de la presidencia y la secretaría general del partido. Vale mucho releer, al respecto, el artículo de Alberto Aziz “El asalto a Morena” (https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/el-asalto-morena?fbclid=IwAR0lITxIIUrZ2uVUSm3WI-3S7aUYKkp7XGKARl7bMePGIusfhhYjNDjpia0 ) para entender los alcances de esta arbitrariedad.

Pero, para mayor sorpresa, la sentencia intervencionista fue aplaudida y avalada por el presidente López Obrador. Éste, que antes ha expresado que no interviene en la vida interna de su partido, no tuvo empacho en regañar a los dirigentes porque “se la pasan peleando”, y porque no aceptaron desde el inicio la encuesta que —mintió— “está en los estatutos”. Y remató: “¿por qué no someterse a lo que la gente decida, opine?, ¿no en la democracia es el pueblo el que manda?». Si así lo ve el presidente, debería exigir a los demás partidos que también permitan a los morenistas y a todos los ciudadanos participar en la elección de sus dirigentes.

El resultado del mencionado método de “elección” por sondeo es de pronóstico reservado. El INE ha trasladado a tres empresas encuestadoras privadas (pese a que declara no tener recursos monetarios suficientes) la aplicación del escrutinio telefónico que se efectuará del 26 de septiembre al 2 de octubre. Hasta el muy priista consejero electoral Ciro Murayama ha expresado su desacuerdo por la ilegalidad de la medida: “No lo pidió el partido y el método de selección de dirigentes vía encuesta, no está en los estatutos de Morena”, ha declarado. Y el siempre adepto del presidente y experto en derecho electoral John Ackerman no omitió señalar las violaciones a la Ley General de Partidos Políticos y a los estatutos de Morena, y afirmó que “La resolución del TEPJF del 20 de agosto […] será recordada como una de las sentencias más problemáticas jamás emitidas, comparable con la declaración de validez de la elección de 2006 y el aval a la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, en 2018” (https://www.jornada.com.mx/2020/08/24/opinion/019a1pol ).

Además del candidato del Tribunal y del presidente, Mario Delgado, subsiste la candidatura del anticomunista Alejandro Rojas, con su discurso macartista de los años cincuenta del siglo pasado, y han brotado las nuevas del joven politólogo mediático Gibrán Ramírez, al parecer sin trayectoria partidaria relevante, y de la también muy joven senadora Citlalli Hernández. También aspiran, al parecer, el propio Alfonso Ramírez Cuéllar y la mismísima Polevnsky, corresponsable ésta del desastre partidario. Se ha retirado de la contienda la otra candidata fuerte, Bertha Luján Uranga, presidenta además del Consejo Nacional; si bien ha dicho que no acepta el método de elección impuesto por el TEPJF, también es cierto que esa declinación le permitirá mantenerse al frente del máximo órgano partidario entre congresos, independientemente de quién llegue a la presidencia de Morena.

El proceso electoral federal 2020-2021 arranca este 6 de septiembre, sin que el partido mayoritario del país tenga resuelta, así, su dirigencia nacional, y bajo el riesgo de que el proceso de no elección y sus resultados sean cuestionados por los actores y sectores de base.

La polémica y lucha entre grupos morenistas se ha trasladado a la Cámara de Diputados donde, tras una ya confesada por Delgado negociación con los priistas (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/condiciona-morena-aval-para-presidencia-de-san-lazaro-piden-no-presentar-controversias-contra ), en la que éstos deben haber dado garantías de que no interpondrán controversias constitucionales contra las iniciativas del Ejecutivo, la mayoría de los legisladores de Morena en la Cámara baja aprobó la propuesta del PRI de mesa directiva, encabezada por Dulce María Sauri y la morenista Dolores Padierna como primera vicepresidenta. Se trata de la misma propuesta que no reunió, por votos en contra y abstenciones, la mayoría calificada requerida el lunes 31 de agosto, pero que después de los consabidos compromisos cupulares, sí obtuvo, con los votos del partido guinda, el margen suficiente para instalarse al frente de los diputados el miércoles 2 de septiembre. Nuevamente, el polémico Mario Delgado, morenista de última hora tras haber participado como legislador perredista en el Pacto por México del sexenio anterior y en la aprobación de las reformas peñistas, avanza en sus aspiraciones. Sin retirarse del liderazgo cameral para seguir contendiendo por la presidencia partidaria, se convierte en guardaespaldas legislativo del presidente López Obrador y posiblemente involucra al priismo en la resolución de la dirigencia partidaria. No hay en Morena, un padrón actualizado de militantes y casi cualquiera puede presentarse como “simpatizante” para opinar en el sondeo del INE-encuestadoras.

La maniobra delgadista de pactar su apoyo a Sauri y el PRI ha implicado ya una virtual ruptura en su alianza legislativa con el Partido del Trabajo, que como tercera fuerza congresal aspiraba a ocupar la presidencia de la mesa directiva, de alcances por ahora insondables. El bloque “Juntos haremos historia” se ha fracturado, con consecuencias imprevisibles por el momento, en vísperas del megaproceso electoral de 2021, con la renovación de la propia Cámara, con sus 15 gobiernos estatales y una miríada de diputaciones locales, presidencias municipales y regidurías.

Pero pese a la ruina que parece ser Morena hoy, sin estructura de dirección en lo nacional ni en los Estados, sin rumbo y con inescrutables alianzas en el poder Legislativo, y no exento de escándalos varios; y en medio de la mayor crisis económica en un siglo y de la pandemia, cuyos efectos erosionarán su credibilidad partidaria, el (aparente) partido de gobierno se ha embarcado en la distractora tarea de la campaña de firmas para el enjuiciamiento a ex presidentes. Se trata de una fuga hacia adelante a la que ya me referí en artículo anterior, y una aventura sin futuro en el orden jurídico, aunque pueda ser una jugada política que abone algunos votos a los morenistas el año próximo. Pero ni el más modesto agente del ministerio público actuaría consignando sin una denuncia formal de hechos y sin pruebas contra los ex gobernantes, por aborrecidos que puedan ser por los ciudadanos, ni la Suprema Corte validará con sólo firmas la realización de una consulta constitucional en esas circunstancias.

Pese a la hasta hoy muy consistente confianza que el pueblo expresa hacia el presidente en los sondeos de opinión, y por más que la esperanza de los humildes no se ha apagado, es mucho lo que estará en juego en la elección de 2021. La popularidad del presidente y la confianza de los ciudadanos no necesariamente se trasladarán de éste a su partido, sobre todo si éste no sale airoso de los lances y escándalos que hasta hoy lo envuelven. No son meras monedas en el aire, porque no depende del azar el futuro de una institución hasta hace poco muy promisoria. Lo que ocurrirá si Morena no logra unificarse con su nueva dirigencia ni llevar a juicio a los ex presidentes por sus depredaciones (como es lo más probable), puede ser desastroso. Por el bienestar del país, sólo cabe estar por que logre el partido enmendar el rumbo.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH


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