Publicado en línea el Jueves 3 de septiembre de 2020, por Martina Neyra

«Apelaremos y esperaremos que aquellos que tengan que pronunciarse sobre nuestra apelación lo hagan de manera motivada es decir que su sentencia sea lógica, sea razonable y sea comprensible (…) que hagan un análisis desde el derecho constitucional y de los derechos humanos que hoy siguen siendo vulnerados. Esperamos justicia y reparación», dijo la abogada de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía (Fecunae), María Espinoza.

En una primera instancia, el juez a cargo del caso resolvió no admitir la acción de protección planteada a finales de abril contra la empresa pública Petroecuador, la privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y contra los ministerios de Energía, Ambiente y Salud Pública.

Espinoza dijo que el fallo será apelado ante la Corte Provincial de Orellana y de ser necesario los demandantes irían a instancias internacionales, luego de agotar las instancias jurídicas locales.

De acuerdo con la defensora, la sentencia señala que la demanda debió ser presentada por vía civil o administrativa pues la vía penal no era la adecuada para reclamar reparaciones al Estado por el derrame de crudo.

Sin embargo, dijo Espinoza, el fallo no profundiza los motivos que llevaron al juez a inadmitir el caso ni fue dictado en forma expedita pese a tratarse de un proceso constitucional por vulneración de derechos.

Mientras tanto, Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía de Ecuador (Confeniae), dijo que la sentencia vulnera el derecho a la salud y a la vida digna de aproximadamente 27.000 personas que viven en comunidades y pueblos asentados en las riberas de los ríos Coca y Napo, cuyas aguas fueron contaminadas por el derrame de petróleo.

Añadió que el veredicto atenta contra derechos de 11 nacionalidades indígenas, 23 organizaciones de la Amazonía de Ecuador y pobladores de más de 511 nacionalidades ubicadas en la cuenca amazónica.

Pese al fallo, los afectados por el derrame petrolero dijeron que continuarán luchando hasta obtener justicia.

La sentencia fue dictada 147 días después del derrame provocado por la rotura del estatal Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el privado Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Entre otras cosas, el caso se dilató porque el juez y personal de su equipo se ausentaron por cuatro semanas del juzgado de Orellana alegando haber contraído el virus del COVID-19 .

Las organizaciones demandantes sostuvieron el caso, entre otras razones, por considerar que las entidades demandadas sabían que el derrame podía ocurrir y no tomaron medidas preventivas para mitigar el impacto, y una vez que ocurrido el derrame no adoptaron medidas suficientes para remediar ni advirtieron a los pobladores que se iban a contaminar los ríos


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