Publicado en línea el Lunes 31 de agosto de 2020, por Miguel Arróniz

Conversamos con el sociólogo Darién Giraldo Hernández para hacer un balance sobre los Acuerdos de Paz, a la luz de la reciente ola de masacres en Colombia y la firma de un nuevo instrumento entre los gobiernos de Iván Duque y Donald Trump.

Durante cuatro largos años las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano estuvieron sentados alrededor de una mesa para alcanzar los conocidos “Acuerdos de Paz”. Entre Oslo y La Habana estuvieron transitando voceros de ambas partes para, finalmente, firmar un documento que garantizaría el fin de 52 años de conflicto armado –o eso se esperaba–.

Este fue un acto recordado por los atuendos blancos que llevaban presidentes y presidentas de Estado, líderes internacionales, miembros de la mesa de negociación, todos aplaudiendo el apretón de manos que se dieron el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño – Timochenko–, líder de las FARC-EP, en Cartagena de Indias en septiembre de 2016.

A poco de cumplirse cuatro años de ese apretón de manos, el panorama no es alentador. Desde entonces no se han detenido las masacres contra líderes sociales, campesinos, e incluso excombatientes de las FARC , sin que el Estado colombiano haga el menor esfuerzo por garantizar lo pactado. Los últimos días la sociedad colombiana ha visto con estupor masacres perpetradas por el paramilitarismo, con especial ensañamiento contra jóvenes y adolescentes.

¿Se puede hablar del fin de la guerra en este contexto? ¿Qué balance queda de esos acuerdos que derivaron en la “condecoración” de Santos con el devaluado Premio Nobel de la Paz? Sobre estos temas nos acerca algunas respuestas el Sociólogo, Escritor, Educador Popular e integrante de FARC, Darién Giraldo Hernández… o Pablo Nariño.

Según datos de la ONU, en lo que va de 2020 se han perpetrado en Colombia 33 masacres (y el contador va en ascenso). La última semana al menos 15 jóvenes y adolescentes fueron masacrados en tres episodios ¿Cuál es la vinculación entre estos casos y los registrados este año?

En efecto en solo 12 días hubo seis masacres que dejaron más de 30 víctimas en Colombia, tres se ejecutaron en menos de 24 horas en Arauca, El Tambo – Cauca y Tumaco, y la última en Antioquia, esto sube la cifra a 38 masacres, y expresa un aceleramiento de este tipo de hechos contra el pueblo colombiano. El vínculo entre las masacres está relacionado con el nuevo impulso que los Estados Unidos y el Estado colombiano le han dado a la Doctrina de Seguridad Nacional, y la violencia de lo que ellos llaman el enemigo interno o la oposición política.

¿Cuáles son las condiciones que posibilitan estos asesinatos en Colombia?

El actual es un gobierno representante del narco paramilitarismo y, aunque es cierto que este proyecto fascista encuentra algunas dificultades en cuanto al control absoluto de las altas cortes y los tribunales, la extrema derecha viene ejecutando movimientos como el copamiento territorial paramilitar y proyectos de reformas políticas desde el alto Estado para lograr dicho control.

Ahora, ¿por qué en estos momentos existe un crecimiento y aumento en las acciones paramilitares en el país, dirigidas contra líderes sociales, habitantes de zonas de conflicto, y excombatientes guerrilleros? El fenómeno del paramilitarismo nunca se ha detenido, sobre todo porque los Estados Unidos nunca permitirían la eliminación total de estas estructuras, ya que se trata de un ejército contrarrevolucionario, listo para enfrentar cualquier atisbo de avance revolucionario o democratizante en Colombia y el continente.

Los grandes retrocesos actuales de los Estados Unidos en cuanto a su hegemonía política, económica y militar frente a China, Rusia, Irán y Venezuela, y la nueva correlación de fuerzas existentes a escala global; el aumento del liderazgo de Irán en Oriente Medio, los golpes sufridos en Irak y Yemen, y la derrota en Siria; hacen que los norteamericanos busquen recuperar y fortalecer su retaguardia en Nuestramérica.

La necesidad de los EE. UU de contar con estados absolutamente dependientes y sin ningún tipo de objeciones a sus requerimientos e intereses, hacen de Colombia un puntal para tal propósito. Junto con los representantes fascistas y mafiosos que retomaron el poder político del Estado, con Iván Duque a la cabeza, buscan culminar el proceso inacabado en los dos primeros mandatos de Álvaro Uribe Vélez; un narco estado fascista, una dictadura con el control de todos los estamentos y sobre todo de las altas cortes para garantizar su funcionamiento y proteger la impunidad.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 se han cometido alrededor de 1000 asesinatos de líderes sociales, campesinos, defensores de derechos humanos, excombatientes… ¿Cómo es posible la participación política, comunitaria, la reinserción de excombatientes en este contexto?

Los mismos hechos más recientes dejan al descubierto que en 7 de los 8 municipios donde ocurrieron las masacres de los últimos días había ganado el plebiscito por la paz. En Colombia actualmente existe una enorme crisis humanitaria, las estructuras armadas de narcoparamilitares trabajan de la mano de la fuerza pública, generan masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos diarios, actualmente hay 15 desaparecidos en Leyva Nariño donde hace dos semanas asesinaron a dos niños, los medios masivos callan.

En ese contexto, el subterfugio de la llamada por Duque “paz con legalidad”, en línea con los fundamentos de la Doctrina de Seguridad Nacional, no pasa por la justicia social sino por la seguridad ciudadana; y esgrime una pretendida disposición del Estado a concederle a la guerrilla espacios en el sistema político, sólo si se retracta de su proyecto revolucionario. Por eso los aún discontinuos avances de la sociedad colombiana en la búsqueda de la paz con justicia social, intentarán ser detenidos a través de la militarización de la vida ciudadana, el incremento de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, la ampliación de la estrategia paramilitar, la renovación de las redes de informantes y las masacres. Es decir, la llamada por el régimen colombiano “legalidad”, es para legalizar la ilegalidad de ellos, y convertir en delito los derechos de los ciudadanos.

Los líderes sociales que protegen y defienden el territorio, que proponen límites y controles ambientales para la explotación industrial, que exigen la subordinación de los intereses particulares de las empresas al patrimonio ambiental, los líderes campesinos que luchan por recuperar la tierra despojada por paramilitares, gamonales y políticos delincuentes, los dirigentes que defienden los derechos humanos, que movilizan a la sociedad en defensa de los derechos sociales, económicos y políticos de los colombianos, continúan siendo asesinados día tras día.

Esa clausura de las garantías políticas por parte del Estado mafioso colombiano, y la profundización del terrorismo de Estado, sin duda no les deja más opción a miles de colombianos y colombianas que ajustar su lucha de acuerdo a las condiciones mismas generadas por el régimen.

¿Podéis hacer un breve balance de los avances y retrocesos del campo popular a partir de los Acuerdos de Paz?

Si bien es cierto que los puntos fundamentales del acuerdo del Teatro Colón, como la participación política, las garantías para la oposición y las reformas sociales y económicas, han sido hechos trizas; la participación política del pueblo colombiano es permanente en el sentido organizativo y de movilización.

Precisamente, a pesar del terrorismo de Estado, existe un importantísimo avance en lo organizativo y en iniciativas de movilización por parte de los sectores populares y revolucionarios. Así quedó demostrado en sus nuevos impulsos por ejemplo con el pasado paro del 21 de noviembre de 2019, que se hizo permanente hasta el mes de febrero del 2020. Por otro lado, hay posibilidades objetivas de que una coalición entre organizaciones sociales y populares y la izquierda parlamentaria permita ganar las próximas elecciones presidenciales y aumentar la representatividad en el parlamento.

Hay además importantes transformaciones en la opinión pública hoy en cuanto a conocer, de manera más clara, que son el Estado y sus organismos los generadores de la guerra, que el régimen es esencialmente corrupto, dirigido por una élite cada vez más desprestigiada, sumado a la prisión preventiva de Uribe Vélez.

Todo lo anterior, claro está, acelera aún más el proyecto fascista de Estados Unidos y el régimen colombiano, pero el actual gobierno, sólo es ovacionado por los grandes empresarios. En las alocuciones presidenciales Duque habla de beneficiados, pero nadie recibe beneficios, se habla de donaciones de la empresa privada, pero estas no son tal, ya que se descuentan del impuesto de renta de dichas empresas; donaciones que son sustracciones, y una “solidaridad empresarial” que son mecanismos para legalizar la evasión de impuestos y campañas publicitarias para limpiar la imagen de empresas y bancos desprestigiados ante la opinión nacional.

Del erario público de donde deberían salir los auxilios para los ciudadanos, salen millonadas, pero para sondeos de opinión y aparición en primeras planas y horarios estelares de los mandatarios locales promocionando sus gestiones frente a la pandemia, buscando mitigar- no el virus- sino el rechazo de los ciudadanos a los abusos del gran capital y la complicidad solapada y populista de sus representantes políticos de todos los colores. De esta manera, mientras el gobierno subsidia al gran capital, el campo continúa desprotegido y en las ciudades, los microempresarios e independientes a quienes los bancos les cierran las puertas, pagan en los presta diario –usureros– al 600 % mensual, o 7.200 % anual.

Como era de esperarse, la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha sido convertida en dispositivo de contrarreforma y acondicionamiento para un Estado autoritario y represivo, que se amolde a una fase próxima de reacomodamiento del capital financiero militarista global. Pero al mismo tiempo es muy probable a corto plazo un levantamiento popular en Colombia, las causas objetivas y las transformaciones en la subjetividad de importantes sectores de los colombianos, antecedentes recientes en cuanto a movimientos de protesta social, la vitalidad del movimiento estudiantil y juvenil, la resistencia campesina a las fumigaciones con glifosato y en contra del saqueo de las multinacionales, así lo anticipan.

¿Nos podéis contar sobre el Plan Colombia Crece firmado recientemente por el presidente Iván Duque con Estados Unidos? Su predecesor – el Plan Colombia- ¿qué saldo le dejó al pueblo colombiano y qué expectativas genera este nuevo instrumento?

Las desacreditadas operaciones antidrogas, tan usadas como coartada para la intervención militar, vienen aparejadas, después del 11 de septiembre del 2001, a partir de la adecuación la Doctrina de Seguridad Nacional a las condiciones de la globalización; el “nuevo enemigo narcoterrorista”, busca ser neutralizado con guerras de carácter multinacional bajo la conducción estratégica de Estados Unidos, tal como sucedió con la alianza político-militar en el Plan Colombia y la articulación interna de Ejército, Policía y Sistema Judicial.

La primera versión iniciada en el año 2000, contaba con un propósito para la tribuna, combatir el narcotráfico, pero su objetivo real era la pretensión de los Estados Unidos y el régimen colombiano de derrotar militar y políticamente a la insurgencia armada con la intención de suprimir cualquier tipo de resistencia popular en contra de las políticas neoliberales.

El año 2000, primero de la implementación del Plan Colombia, produjo la impresionante cifra de 455.776 víctimas. Al 2013, es decir durante la ejecución del Plan, se produjo la espantosa cifra de 5.130.816 víctimas (muertos, desaparecidos y desplazados) es decir cinco veces más que las producidas durante el conflicto antes de entrar en vigencia el Plan Colombia.

La experiencia colombiana demuestra que la llamada lucha contra las drogas patrocinada por la Casa Blanca fue un rotundo fracaso; no sólo no se redujo significativamente la extensión de los cultivos de coca, sino que aumentó la cantidad de clorhidrato de cocaína que se exporta desde Colombia al mundo y el consumo interno de la pasta base de cocaína. Los daños producidos en términos humanos, materiales y ecológicos, a los cultivos de alimentos y a los animales de los campesinos, aumentó la dependencia de los agricultores a los cultivos ilícitos.

Hoy se anuncia Plan Colombia Crece, y hace unos días Duque anunció el reinicio de las fumigaciones con glifosato. Nos encontramos en una avanzada del Ejército en distintas zonas del país; región del Guayabero (Meta-Guaviare) Putumayo, Pacífico Nariñense, Nudo del Paramillo, Cauca y Catatumbo. Estas comunidades han realizado protestas, en contra del incumplimiento por parte del Estado en la implementación del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso ilícito (PNIS), que figura en el punto 4 del acuerdo de La Habana . Reclaman soluciones inmediatas a los efectos sociales derivados del manejo indigno de la crisis de la pandemia, en relación con el campo; ya que el gobierno no cumple con la sustitución de cultivos, más si importa toneladas de papa y maíz desde otros países.

Es decir, los campesinos cuentan con todos los argumentos a favor; han demostrado su voluntad de adelantar los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, la misma ONU reconoce que los campesinos han cumplido ya en algunas regiones con el 95% de erradicación voluntaria, mientras que el gobierno no ha cumplido su parte.

Pero lo que sucede realmente es que el procedimiento de erradicación forzada del gobierno y los Estados Unidos es un instrumento para ejecutar un plan integral de expulsión de los campesinos que ocupan las áreas de parques nacionales, y de reserva campesina, ya que necesitan dichas tierras para entregárselas a las petroleras, a las multinacionales que quieren el control sobre las reservas de agua, empresas de turismo, y a otros negocios del capital transnacional. Por eso no debe sorprender que estas regiones vulneradas coincidan con los puntos donde operarán las tropas élite norteamericanas, que desembarcaron ilegalmente en Colombia.

A los únicos a quienes beneficia este nuevo Plan Colombia igual que el anterior, es al narcotráfico, a los grandes bancos que lavan el dinero sucio, gran parte del cual es destinado para financiar planes como este, beneficia a la oligarquía en el poder del Estado mafioso colombiano, a los planes intervencionistas de los EE.UU, y genera ganancias extraordinarias para empresas como Monsanto, Lockheed Martin, que elabora los helicópteros UH-60 Black Hawk; y para la empresa de mercenarios Dyncorp, entre otras que prestan servicios a la Policía y al Ejército.

Duque ha declarado que Venezuela tiene la intención de comprar misiles a Irán y que el objetivo es proveer armamento a “grupos irregulares” que operan en la frontera colombo venezolana. Todos supuestos ¿Podemos leer esto como un falso positivo estilo Libia o Siria digitado desde Estados Unidos?

Esta afirmación de Iván Duque llega precisamente al siguiente día de su reunión en Bogotá con Mauricio Claver-Carone encargado para asuntos latinoamericanos de Donald Trump, Robert O’Brien consejero de seguridad nacional y el jefe del Comando Sur, Craig Faller. Son nuevas páginas de un libreto que se ejecuta aceleradamente para desatar una intervención militar contra Venezuela, a partir de una fuerza multinacional dirigida por Washington desde el Caribe, pero ejecutada desde Colombia y Brasil, y que posiblemente combine al ejército de estos dos países así como a fuerzas irregulares y mercenarios, con el propósito de destituir a la fuerza al presidente Nicolas Maduro, hacer la parodia de un gobierno de transición y controlar las zonas ricas en recursos naturales.

Quien dirige todo este plan desde Colombia es Philip S. Goldberg, embajador de los Estados Unidos, quien coordinó el proceso de fragmentación de la antigua Yugoslavia, fue expulsado de Bolivia por Evo Morales por conspirar con los autonomistas y buscar balcanizar a este país. Es importante resaltar que actualmente ni Venezuela ni Colombia están exentas de terminar balcanizados, como estrategia imperialista para el control sólo de las regiones donde se hallan los recursos que apetecen, mientras sumen al resto del territorio en el caos.

De todos modos, Iván Duque quien hoy funge junto a Bolsonaro, Piñera y Moreno como “restaurador de democracias”, recibió una merecida respuesta de Nicolas Maduro en el sentido que Venezuela tendría todo el derecho de tramitar dichos misiles, y que lo hará, incluso agradeció a Duque “esa gran idea”.

En este contexto, ¿cómo se puede leer la maniobra del Ex presidente Álvaro Uribe con su dimisión en el Senado? ¿Podemos hablar de un proceso inverso a las denominadas Lawfare aplicadas contra CFK en Argentina, Dilma y Lula en Brasil, y Correa en Ecuador?

La renuncia de Uribe al Senado, buscaba que su proceso no lo continuara llevando la Corte Suprema sino la Fiscalía, con un fiscal de bolsillo del Centro Democrático, sin embargo, poco o nada le sirve este movimiento, ya que como lo dejó claro Iván Cepeda, esa renuncia, “no implica bajo ninguna circunstancia que la Corte Suprema de Justicia pierda su competencia para avanzar en la investigación y llamarlo a juicio, ya que Uribe siendo senador utilizó a miembros de su unidad de trabajo legislativo para contratar testigos falsos”.

Álvaro Uribe es el expresidente de América Latina con más investigaciones, actualmente cuenta con 270 procesos abiertos por delitos graves, relacionados con narcotráfico, como fundador de bloques paramilitares y como determinador de varias masacres de civiles antes y durante sus dos periodos como presidente.

No se trataría pues de una guerra jurídica como la quiere hacer pasar el uribismo, sino que su situación es insostenible, y aunque dichas investigaciones reposan en diversas salas de la Corte, y aunque la Fiscalía cuenta con abundante material probatorio desde hace décadas, estas se han engavetado, han sido asesinados decenas de testigos, y las decisiones han sido retenidas a través de maniobras burocráticas y políticas.

Al parecer con el antecedente de la reclusión preventiva de Álvaro Uribe Vélez, por el soborno a testigos y fraude procesal, y a pesar del violento embate en diferentes regiones del país en los últimos días por parte de las huestes fascistas; podría estarse iniciando un proceso de aligeramiento, ya que la resolución de varias de estas investigaciones estaba estancada. De hecho, la Corte Suprema acaba de llamarlo a versión libre para el próximo 16 de septiembre por el caso de la Masacre del Aro, en Antioquia en el año de 1997.


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