Publicado en línea el Sábado 29 de agosto de 2020, por Miguel Arróniz

| NOS DECLARAMOS EN CONTRA DE LAS POLÍTICAS MILITARISTAS Y REPRESIVAS EN COLOMBIA. EXIGIMOS EL CESE DE LOS ASESINATOS DE LÍDERES Y LIDERESAS, ASÍ El DE LOS (AS) JÓVENES(AS) EN LOS TERRITORIOS RURALES Y URBANOS COLOMBIANOS.

La muerte, el dolor, el miedo y la desolación se reúnen cotidianamente en los territorios donde se ha instalado el racismo estructural-institucional. Los intereses económicos de pequeños grupos familiares establecen mediante medidas legales e ilegales las bases de la desigualdad y la concentración de la tierra en manos de unos pocos, esos mismos que han defendido los monocultivos y actualmente la extracción minera y petrolera. Esos mismos, que continúan utilizando las fuerzas armadas del mismo estado para atacar a las comunidades y los pueblos, mientras se privatiza todo.

En las montañas, en las selvas, en los ríos y en los mares se han dejado las huellas del dolor, de la sangre y de la mala muerte como lo dirían los y las mayoras(es) indígenas del Pueblo Emberá, quienes ahora deben lidiar con la enfermedad y controlar la tasa de suicidios juveniles, que según ellos se ha venido produciendo por el incremento de las acciones armadas, que han sembrado de muerte cada lugar y aumentado la proliferación de espíritus malos (Jaís), que al tener una mala muerte divagan por el territorio como almas en pena, enfermando de negatividad a toda la comunidad.

La militarización del estado y de otras fuerzas en los territorios son profundas y estructurales, sus raíces se remontan a la época del genocidio de los Pueblos en la colonia y el cruento proceso de esclavización de la población africana, racializada como negra. Los intereses económicos de pequeños grupos familiares, sentaron las bases de la desigualdad y la concentración de la tierra en manos de unos pocos, esos mismos que han defendido los monocultivos y actualmente la extracción minera y petrolera.

Con el auge del narcotráfico, esas desigualdades sociales se hicieron más evidentes y la disputa por el control de los territorios se siguió expandiendo, así como lo está haciendo el covid-19, pandemia que sigue sacando a flote el racismo estructural, el abandono estatal, la prevalencia de un falso desarrollo económico que beneficia a los grupos minoritarios empresariales y la continua persecución, amenaza y asesinatos sistemáticos de las y los defensoras(es) de la vida, quienes siguen alzando sus voces y dignificando sus acciones en torno a la defensa de los territorios que hoy en día se encuentran en riesgo por el avance del extractivismo desalmado y la proliferación de economías ilegales, sustentadas en la expansión de cultivos de uso ilícito, la producción de clorhidrato de cocaína y su distribución por los afluentes en donde se encuentran asentadas un sin número de comunidades negras e indígenas.

Hoy lloramos la muerte de cinco jóvenes negro-afrodescendientes menores de edad y habitantes del barrio Llano Verde, en el Distrito de Agua Blanca en la ciudad de Cali. Nos sumamos al dolor de sus madres y su familia consanguínea, extensa y extendida, quienes han tenido que llorar la pérdida de Josmar Jean Paul Cruz Perlaza (16 años), Leider Cárdenas Hurtado (16 años), Luis Fernando Montaño (15 años), Álvaro José Caicedo Silva (15 años) y Jair Andrés Cortes Castro (14 años), quienes estaban siendo niños, nadando, comiendo caña y elevando cometas en el cañaduzal, en razón de que el barrio no cuenta con zonas verdes y espacios adecuados para la recreación.

Así mismo, queremos manifestarnos en contra de las políticas militaristas y represivas, que el 13 de agosto evidenciaron el accionar desmedido del Ejército nacional y el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios -ESMAD- de la Policía Nacional, quienes con sus tanquetas y armas han estado reprimiendo con su fuerza militar el digno proceso de Liberación de la Madre Tierra llevada a cabo por los comuneros del Pueblos Nasa en el municipio de Corinto en el norte del Departamento del Cauca. Durante esta intervención, la Fuerza Pública ha dañado los cultivos de las tierras liberadas del monocultivo de la caña de azúcar y el Ejército disparó sus ráfagas de fusil contra la población, factor que dejó como saldo la muerte del comunicador Abelardo Lis y el Liberador Joel Rivera.

Frente a estos hechos, el Ejército Nacional ha argumentado que las ráfagas de fusil se dispararon porque desde las montañas un grupo de disidentes de las FARC-EP los estaba atacando. Estos argumentos tan solo reflejan la proliferación de estereotipos que han sostenido durante mucho tiempo que en el seno de los procesos políticos de los Pueblos Indígenas o las Comunidades Negras se encubren las guerrillas y con esto justifican ante los medios de comunicación oficiales la muerte de personas indígenas y negras-afrodescendientes.

Ha sido tan profunda la estrategia de desinformación, que sectores políticos afines al gobierno del presidente Ivan Duque, defienden las acciones de la Fuerza Pública y así mismo han intentado desviar la atención de actos en los que se ha comprobado la vulneración de los Derechos Humanos, como el hecho registrado el 21 de junio en el que siete (7) soldados abusaron sexualmente de una niña de 12 años, perteneciente a la comunidad Emberá Katío del Resguardo Gito Dokabú en el Departamento de Risaralda.

La sistematicidad del asesinato de las(os) líderes sociales y el auge de las masacres se siguen proliferando, el sábado 15 de agosto fueron acribillados en la zona rural del municipio de Samaniego en el departamento de Nariño, ocho (8) jóvenes quienes departían en la noche y fueron sorprendidos(as) por actores armados quienes le dispararon a sangre fría. Un par de días despues, el miércoles 19 de agosto, se registró otra masacre perpetrada contra tres jóvenes indígenas del Pueblo Awá en la zona rural del municipio de Ricaurte en el departamento de Nariño.

Frente a estas masacres y los diferentes hechos victimizantes que han tenido lugar este año (2020) al interior de los territorios étnicos y campesinos, denunciamos que el exterminio de los Pueblos, personas y comunidades negras, indígenas, campesinas, urbano populares son estrategias de despojo de un modelo político global que recoloniza los territorios y arrasa con quienes están sembrando vida y creando alternativas comunales para defender la convivencia, el diálogo, la paz territorial, el amor y la alegría.

No es casual que el monocultivo de la caña esté presente en tres de los hechos denunciados: Llano Verde, el barrio donde masacraron los 5 niños en Cali, es el último asentamiento urbano formado por familias, en su mayoría provenientes del Pacífico colombiano, desplazadas del conflicto interno colombiano, y limita con el cultivo donde los niños se internaron para comer algunas cañas. Las tierras donde mataron a los comuneros indígenas en Corinto-Cauca, son disputadas a los ingenios azucareros, y la región de Samaniego en Nariño donde asesinaron los 8 jóvenes, tiene como principal renglón económico la caña, además de la coca, la minería y la ganadería. Presentarlos como hechos aislados hace parte de la estrategia.

Convocamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH y al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas, y otros organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos; como también al Sistema Integral de Verdad, Justica, Reparación y No Repetición, para exigir y garantizar el acceso a la justicia y acompañen y protejan las vidas de las lideresas y líderes, Pueblos, comunidades y territorios, quienes con sus Bastones de mando, rituales de nacimiento y muerte, cantos, instrumentos musicales, siembra de vida en medio de la muerte, prácticas autonómicas y alternativas de defensa de la vida, se han constituido en amenaza para los intereses del sector privado, negociantes de monocultivos e ingenios, empresarios de la coca, la palma y las megaconstrucciones.

Hacemos responsable al Estado y al gobierno colombiano del asesinato y hechos victimizantes de niñas, niños, jóvenas, jóvenes, líderes y lideresas asesinadas y criminalizadas en los territorios indígenas, campesinos y urbano-populares de Colombia.


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