Publicado en línea el Lunes 24 de agosto de 2020, por Admin2

El conflicto armado en Colombia ha marcado históricamente un gran impacto en el país cafetero y en la opinión pública internacional, por la gran cantidad de muertos, desaparecidos, masacrados y desplazados como consecuencia de una pugna de poder que parece no cesar. Los distintos actores de esta disputa político social aseguran que sus luchas sociales buscan un mejor país.

Durante varias décadas, Colombia se ha visto envuelta en un conflicto interno que tiene sus raíces en la disputa por el poder presidencial que posteriormente se combinaron con el narcotráfico y la corrupción en todos los niveles. El grado de convulsión social obligó a maquinar acuerdos de paz para evitar el continuo derramamiento de sangre, resultando todas estas intenciones de cese al fuego en fracasos.

Después de muchos intentos para buscar acuerdos de paz, un primer acercamiento se dio durante el Gobierno del Presidente Belisario Betancur en 1982, que luego queda suspendido por el asesinato de uno de los integrantes de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el año 1985. Después de varios gobiernos se logró llegar a la mesa de negociaciones en la Habana Cuba durante el mandato de Juan Manuel Santos Calderón con garantías de Noruega y Cuba y el apoyo de varios representantes de América Latina.

En el 2005 surge la Ley de Justicia y Paz presentada por el ex presidente Àlvaro Uribe Vélez que buscaba la desmovilización de grupos paramilitares como el de Autodefensas Unidas de Colombia AUC, sin embargo esta acción no se logró. Contrario a la construcción de la paz fue en su mismo periodo gubernamental en el que más actos de violaciones a los derechos humanos se cometieron, esto según lo indica la organización civil internacional Human Rights Watch.

En el año 2012 el Tribunal Superior de Antioquia inició una investigación al ex presidente Uribe por las masacres y nexos con el paramilitarismo, pero no fue sino hasta el 2018 que el entonces magistrado José Luis Barceló decidió indagar a Uribe por presunta intromisión al cambiar las declaraciones de varios testigos que lo vinculaban y acusaban de promover el paramilitarismo en este territorio.

Su estrategia buscaba inculpar al congresista Iván Cepeda de fabricar testimonios en su contra. Este último, surge cuando Uribe lo denuncia porque pedía a ex integrantes de grupos paramilitares que testificaran en su contra a cambio de beneficios.

La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe el pasado 4 de agosto de 2020. La decisión se toma sobre la base del delito de manipulación de testigos en un caso que involucra a ex paramilitares y al abogado de Uribe, Diego Cadena.

Así, Álvaro Uribe se convierte en el primer ex -presidente en la historia de Colombia en tener esta medida cautelar. Esta decisión da la posibilidad de reabrir un proceso legal contra Uribe. Los testigos que lo identifican y denuncian por sobornos coinciden en su participación y ayuda a grupos paramilitares.

Temilda Vanegas Fuentes lleva 33 años buscando el modus operandi de cómo desaparecieron a su esposo Jorge Franco Argumedo que salió de Cartagena un 4 de noviembre de 1987 y su cuerpo fue hallado 45 días después en la ciudad de Barranquilla. Actualmente, Temilda es miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos ASFADDES de Colombia.

Ante la medida emitida por los tribunales de justicia colombiana expresa que no es suficiente. El proceso aún empieza, porque la medida de aseguramiento no representa comparación alguna a otros actos ilícitos y atroces que Uribe ejecutó como torturas, genocidios, desapariciones y masacres. Temilda nos comparte su testimonio:

La esperanza de justicia en Colombia en medio de realidades y disonancias se visibilizó en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, y como resultado final la firma del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera aceptado por ambas partes el 24 de noviembre de 2016.

En esta última semana se registraron 4 masacres en distintos departamentos del país cuyas víctimas son jóvenes. Según el gobierno colombiano desconoce el móvil de estos hechos, en algunos casos los atribuye al incumpliendo de la cuarentena por la emergencia sanitaria y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), este último desmintió estas afirmaciones.

Varios pobladores de distintas ciudades y sectores rurales de Colombia han denunciado la militarización en sus territorios y un nuevo surgimiento de grupos paramilitares. Erika Prieto, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, asegura que desde los grupos poderosos como el partido de gobierno Centro Democrático han generado una estigmatización directa contra las poblaciones diversas y críticas. Mientras tanto, el gobierno continúa haciendo caso omiso a las denuncias de las comunidades campesinas, indígenas, afro y urbanas, frente a la emergencia humanitaria que se agudiza en varias regiones del país.

Por lo tanto, el avance de paz se ve afectado por la carencia de voluntades de las partes involucradas y la falta de garantías de cumplimiento de este acuerdo. La persecución y los crímenes a ex combatientes y líderes comunitarios vislumbra cada vez más lejana la construcción de la paz, reemplazada por la impunidad y el blindaje disimulado del estado a los autores históricos y enemigos de Colombia.

Publicado originalmente en Radio Temblor Internacional

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