Publicado en línea el Jueves 29 de agosto de 2019, por Patricia Monreal

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Da la impresión que ahora la ruta para impedir el acceso o el ejercicio de los derechos a las comunidades indígenas es interponiendo juicios, subrayó Ramón Hernández Reyes, presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) al participar en el Foro Avances y Retos de Los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Con el Centro Cultural de la UNAM como sede, autoridades electorales, diputados y comunidades indígenas abordaron lo relacionado a la problemática que los pueblos originarios enfrentan para el ejercicio de sus derechos.

Hernández Reyes compartió mesa con un representante de la senadora Blanca Piña, quien dio lectura a un mensaje que más que aclarar la ruta legislativa federal en la materia, fue una arenga política.

También participó el magistrado electoral Salvador Pérez Contreras, quien más que nada enfocó su participación en un velado reproche a las comunidades por radicalizar sus movilizaciones y acciones al momento de exigir sus derechos.

Fue la intervención de Hernández Reyes la que otorgó sustancia a la primera mesa de los trabajos realizados.

“La interposición de recursos ante las autoridades jurisdiccionales se quiere utilizar como el gran freno para que las comunidades indígenas no tengan acceso a sus derechos, y se dice «nuestro ayuntamiento es por tres años, le voy campechaneando las cosas con juicios y ya llegando al segundo año aún y cuando tenga sentencia, duermo el sueño de los justos para que se vaya hasta la otra administración», llegando el proceso electoral un año antes de que concluyen su mandato las administraciones municipales ya se libran.

“Tal parece que los medios de impugnación ante la Corte son un deporte olímpico nacional por parte de las autoridades municipales para impedir que las comunidades tengan acceso a los recursos que les corresponden por declaratoria universal de derecho y por derecho fundamental”.

El análisis de Hernández abarcó también el tema legislativo, “tristemente les diría a las comunidades indígenas que no hay una norma jurídica en nuestro estado que no solamente regule los derechos sino que cite los derechos de las comunidades indígenas; nosotros en el IEM hicimos un reglamento para potenciar los derechos indígenas pero eso no es todo, porque hay una obligación que está pendiente por parte de nuestro Estado y que es la de legislar al respecto”.

Recalcó que como autoridades tienen que concientizarse y sensibilizarse ante el tema indígena, “pero no solamente eso, tenemos la obligación de conocer el tema indígena, porque tal parece que éste es un modismo universitario o de pose política y resulta lastimoso escuchar en algunas reuniones con autoridades que el derecho indígena no tiene que potenciarse porque no viene en la Ley. En Michoacán no estamos atendiendo el tema indígena, es una realidad que tenemos que asumir”.

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