Publicado en línea el Lunes 10 de junio de 2019

Foto: @CulturaMigrante

En los últimos días, el tema migratorio ha estado presente en el debate público. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al gobierno de México con la imposición del 5% de aranceles si no toman acciones para detener la migración irregular. Se trata de un tema alarmante debido a que la migración se vuelve a utilizar como moneda de cambio en negociaciones económicas–comerciales.

Frente a estas amenazas, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la población migrante tras afirmar que huyen de sus países por necesidad. Sin embargo, todo indica que el gobierno de la cuarta transformación vive un doble discurso: por un lado, garantiza el respeto a los derechos humanos a quienes ingresan a territorio nacional y, por el otro, cambia el discurso por un enfoque se seguridad al incrementar las detenciones y las deportaciones de familias y niñas, niños y adolescentes.

Esto viene acompañado del aumento de la vigilancia militar en las rutas migratorias, la falta de información a la población migrante sobre los trámites de regularización y de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, así como la criminalización de la migración y a quienes los defienden y acompañan.

Militarización contiene la migración

La semana pasada, los días 29, 30 y 31 de mayo de 2019, el Programa de Asuntos Migratorios participó en la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano. Entre los principales hallazgos de esta misión confirma que en la frontera sur de México se mantiene y agudiza un enfoque de seguridad militarizada por encima del respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad. Existe una evidente estrategia de desgaste y contención que tiene la intención de generar cansancio, desmovilización y disuasión de las personas ante el acceso al derecho a procedimientos de regularización y a solicitar refugio, así como restringir y criminalizar la movilidad humana. Es preocupante confirmar que la detención migratoria se utiliza como una estrategia de represión y castigo, y que se han intensificado las redadas y operativos de control migratorio a lo largo de toda la costa de Chiapas.

Identificamos la presencia de miles de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en detención migratoria y que, contrario a su interés superior, no tienen garantizados sus derechos humanos básicos y prácticamente no reciben ayuda humanitaria. Es la misma situación para personas solicitantes de protección internacional y familias que fueron separadas durante las redadas, detenciones y deportación.

La situación en la frontera sur es sumamente grave. Las personas se enfrentan precarias condiciones de vida, campos de refugiados y centros de detención en condiciones inadecuadas, con población que tiene graves padecimientos de salud física y mental. Además, no hay respuesta coordinada entre los diferentes niveles de gobierno y prevalecen acciones improvisadas, asistencialistas y con un énfasis en la seguridad. Las autoridades justifican de forma reiterada la violación a derechos humanos con la escasez y limitación de recursos humanos, financieros y de infraestructura.

Ante los hallazgos antes mencionados podemos afirmar que es mentira que el gobierno mexicano no está respondiendo a la presión de Washington para no para detener la migración en México. En mayo incrementaron un 119% las detenciones y deportaciones en comparación con el año pasado.

En el megaoperativo que se realizó en Ciudad Hidalgo el pasado 5 de junio –en donde participaron las fuerzas del estado, la policía militar, federal, así como agentes del Instituto Nacional de Migración- se detuvo arbitrariamente a los defensores Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica. Situación que evidencia la política de contención y criminalización tanto a las personas migrantes como a quienes les defienden.

Una gestión de la migración con un enfoque de seguridad militarizada no garantiza que los flujos disminuyan y ante el contexto que enfrenta la región, las personas seguirán saliendo de sus países porque no tienen otra opción. Las consecuencias de una política migratoria restrictiva son la invisibilización y vulnerabilidad de las personas en el tránsito, la negación del derecho a la protección internacional, la criminalización de la migración y el fortalecimiento de las redes de tráfico de personas.

Es lamentable que la migración siga siendo una moneda de cambio en las negociaciones comerciales de México con Estados Unidos y que en los hechos se esté respondiendo a las presiones de Donald Trump, un presidente racista que utiliza el odio a las personas migrantes como estrategia política para su campaña de reelección presidencial.

Lo que no debemos dejar de mirar es que la vida de las personas es la que está en disputa, son nuestros gobiernos los que están decidiendo sobre la vida de miles de personas que lo único que buscan es una vida digna y segura. Son personas que se niegan a vivir las consecuencias de modelos neoliberales fallidos impuestos por oligarquías protegidas por el mismo gobierno de Estados Unidos.

*Mtra. Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana

Este material se comparte con autorización de la IBERO

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