Publicado en línea el Viernes 17 de mayo de 2019, por Raúl López Tellez

El fincar responsabilidades ante el quebranto financiero en la Universidad Michoacana, es un tema en el que no existe una ruta clara, no obstante el cúmulo de señalamientos de la actual administración que encabeza Raúl Cárdenas Navarro hacia su antecesora, donde destacan el presunto desvío de recursos que han sido señalados por las auditorías federal y estatal en la gestión de recursos.

Como se recordará, a principios de febrero, las auditorías marcaron observaciones a las autoridades de la Casa de Hidalgo por 258 millones de pesos, las cuales se encuentran en la etapa de desvanecimiento, además de que en las últimas semanas el equipo de Cárdenas Navarro ha hecho diversas observaciones sobre irregularidades detectadas en los primeros cien días de haber recibido el encargo, el pasado 8 de enero.

Además de no haber contado con un documento formal sobre la entrega-recepción de la administración saliente, tanto la Tesorería como la Secretaría Administrativa y algunos departamentos como el de Obras Públicas, han señalado irregularidades como el de un apócrifo Centro de Estudios del Bachillerato Universitario Nicolaita, el cual pese a no estar aprobado y por lo tanto no existe en el organigrama de la institución, obtuvo cinco millones de pesos el año anterior para construir sus instalaciones en la ciudad de Uruapan. Otro caso fue el mismo salario que recibía el rector Medardo Serna González, que él aducía era menor a los 80 mil pesos, y sin embargo rebasaba los cien mil pesos mensuales.

Otros casos son el de recursos por más de 70 millones de pesos que no se ejercieron en la ejecución de un paquete de 17 obras, de los cuales algunos se han logrado recuperar, pero en otros casos se perdieron presuntamente por no sujetarse a las reglas de operación con la federación o, incluso, se tiene el caso de otorgamiento discrecional a ciertas constructoras por asignarles obra sin participar en licitación alguna, donde o bien están inconclusas o se observan desperfectos en los trabajos entregados.

Otros aspectos irregulares se refieren a la matrícula “inflada” por el anterior rectorado, que tan sólo para el ciclo 2017-2018 asumía que existían 50 mil alumnos, cuando en total el registro real era de alrededor de 30 mil, o bien los procesos de adjudicación a proveedores de las despensas que se entregan a empleados sindicalizados o a los moradores de las casas del estudiante, donde la discrecionalidad fue la pauta.

De las observaciones de las auditorías, destaca el señalamiento de la federal, donde se indica que la Casa de Hidalgo carece de un inventario de obras, muebles e inmuebles de su propiedad, punto en el que la Dirección de Patrimonio en esta nueva administración universitaria también ha salido al paso para indicar que varios edificios incluso se han perdido por falta de seguimiento y defensa del equipo jurídico de la Universidad Michoacana, ante disputas de particulares o bien una ruta sometida a falta de acreditación de las propiedades.

Cárdenas Navarro ha sido enfático en señalar que el exhibir irregularidades de la anterior administración no implicaba una “cacería de brujas” hacia ex funcionarios, al igual que tras la insistencia de los medios en ubicar responsables, ha señalado que en principio se esperarían los resultados de la Contraloría nicolaita, la que a su vez y en base a las evidencias, procedería externamente, es decir con el fincamiento de responsabilidades penales.

Hay que recordar que el maco de compromisos asumidos por la Universidad Michoacana ante la federación, hace hincapié en que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser la constante en el ejercicio de los recursos públicos que recibe la institución, aspectos a los que aparentemente no se ceñía la anterior administración y que han sido celebrados por sectores de sindicalizados nicolaitas, quienes ven en la mala administración de los recursos y su uso discrecional, la base el quebranto financiero que aqueja a la máxima casa de estudios.

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