Publicado en línea el Martes 14 de mayo de 2019, por agustin

Frente al deterioro social causado por el prolongado austericidio socioliberal que paraliza la Unión Europea, emergen variados patriotismos secesionistas (como en el Brexit). Sin embargo es posible distanciarse de ambas estrategias en beneficio de la mayoría social: en España y, necesariamente al mismo tiempo, en toda la Unión Europea.

Modelo castizo y modelo civilizado

En un reciente informe publicado por el Foro Económico Mundial, por tanto muy poco sospechoso de marxismo o izquierdismo, se clasifican y ordenan los países del mundo según estén transformando mejor o peor su crecimiento económico en bienestar social. Utilizando para ello un índice de lo que llaman desarrollo inclusivo (1), en el que integran doce indicadores relativos al empleo, salud, pobreza, bienestar o protección social.

 Con los resultados de este índice, entre los años 2012-2017, para España se concluyen dos cosas. Que siendo un país en el que creció su economía muy por encima de la media de los 30 países más ricos del mundo aún se situaba en la posición 26ª en bienestar social o desarrollo inclusivo.

Pues cuando se consideran ese conjunto de factores y variables Noruega ocupa la primera posición, pero países como Eslovaquia, Chequia, Eslovenia o Estonia están por encima de nosotros. Por no hablar de Irlanda, Francia o el Reino Unido.

Y además, lo que es aún más grave, España era de los treinta países considerados aquél (junto con Grecia) en el que más se había deteriorado dicho bienestar social en los últimos cinco años.

Es así que el modelo económico del capitalismo español está generando un intenso crecimiento del PIB pero no desarrollo inclusivo. Por eso sostendré en este breve análisis que hay que civilizarlo (una expresión que tomo prestada de Antón Costas) y europeizarlo, para que al conjunto de la sociedad española le resulte de provecho el crecimiento económico que estamos registrando y no solo a una minoría privilegiada. Llamo a aquél modelo en el que solo mejora una minoría modelo castizo, frente a un modelo alternativo civilizado.

Tres frentes de reformas

Para civilizar nuestro capitalismo castizo debiera actuarse en tres frentes básicos. Un primer frente, en el que aquí no me detendré, tiene que ver con una urgente contrarreforma de la rampante devaluación laboral y salarial que está amplificando la brecha entre los que más y menos ganan dentro de cada empresa (hoy ya es de casi ochenta veces).

Sin olvidarse de la desmesurada subcontratación en cascada que practican nuestras empresas o su externalización hacia falsos autónomos. Mecanismos todos ellos que no solo erosionan el bienestar social de la mayoría de sus empleados, sino que también deterioran la productividad de las empresas.

Un segundo frente de reformas debiera favorecer el tránsito hacia una economía de mercados competitivos, desde una economía que con demasiada frecuencia vegeta en un capitalismo de amiguetes y gorrones del Estado. En el que oligopolios de muy pocas empresas extorsionan vía precios a los consumidores, mientras sus ejecutivos y grandes accionistas se forran, gorronean con una mano a Hacienda y con la otra a sus propios empleados precarizados.

Y ya un tercer frente de reformas debiera hacer realidad un sólido Estado de Bienestar; recortando para ello los ocho puntos menos de ingresos públicos sobre el PIB que hoy no tenemos respecto a la media de la Unión Europea, para hacer realidad una economía social de mercado.

Abandonaríamos así un modelo, nada europeo como se ve y muy castizo, en el que el más listo parece ser el que aporta lo menos posible al común (un gorrón) y al mismo tiempo recibe (cual depredador) lo más posible del Estado y sus costaleros.

Con la conjunción de esas tres vías de reformas la mayoría de los ciudadanos dejaría de recibir unos ingresos menguantes, dejaría de pagar unos precios crecientes y contaría con unos servicios públicos universales (sanitarios, educativos, de desempleo, de jubilación, de vivienda social, de dependencia, etcétera) no agónicos.

Sólo entonces nuestro crecimiento económico mejoraría la inclusividad que evalúa el Foro Económico Mundial, o el desarrollo social que otros analizamos con el mismo objetivo.

Pero para ello se hace necesario poner coto tanto al castizo señorito capitalista español con concesiones y mercados cautivos que añora un mundo de criados, como a los oligopolios del IBEX (eléctrico, bancario, energético, comunicaciones, constructor…).

También habría que jubilar el catecismo liberal según el cual el sector público cuanto más pequeño mejor, siendo así que cada uno se busca la vida (jubilación, desempleo, dependencia, estudios, vivienda, sanidad, etc.) en función de sus ingresos. Abrir camino, en suma, a un pacto socialdemócrata y de convergencia europea.

Algunas reformas competitivas

En este frente se trataría de medidas concretas para evitar el saqueo del ciudadano-consumidor previamente precarizado como trabajador.

Por ejemplo en el mercado eléctrico incorporando una Empresa Pública de la Energía sobre la base de la recuperación de concesiones hidroeléctricas pre-democráticas y como factor decisivo para la transición energética vinculada al desarrollo local.

En este aspecto no está de más recordar que una de las empresas del actual oligopolio (Endesa) es propiedad italiana con fuerte presencia del sector estatal de aquel país. No debiéramos en esto ser más papistas que el papa.

En el sector financiero dicha mayor competencia, en relación al actual oligopolio privado, debiera lanzarse con la consolidación de Bankia en el sector público y así, de paso, evitando la conformación de un nuevo gigante demasiado grande para caer. Es oportuno recordar que no se trataría de ningún sacrilegio financiero a escala europea puesto que, por poner un ejemplo, en el alemán Commerzbank mantiene una determinante posición el Estado de aquel país.

Algo semejante habría que abordar en el sector de las comunicaciones e internet a la vista del oligopolio que domina el sector y en el que, de nuevo, nos conviene recordar que en uno de los operadores (Orange) que actúan en España el Estado francés tiene una posición clave.

Tres ejemplos de referentes empresariales públicos europeos, que, más allá de contribuir a una mayor competencia en esos sectores con precios menos depredadores, ayudarían a mantener una cierta autonomía-soberanía estratégica y tecnológica

Sectores, actividades, productos y servicios en los que un Estado Emprendedor puede abordar objetivos que la iniciativa privada no considera. Como, por ejemplo, la digitalización no privativa de múltiples servicios personales, de transportes o financieros. Todo ello frente al cosmopolitismo de los patriotas del IBEX que todo lo acaban vendiendo a los Blackrock o Vanguard Group de turno.

En el sector de la construcción, los servicios o la obra pública es singularmente importante reforzar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y dotarla de nuevas herramientas legales antimonopolio ajustadas al actual mundo 4.0. Desarrollando lo que en la actual Ley de Defensa de la Competencia tiene que ver con el control de la producción, de la distribución, del desarrollo técnico, con abusos de posición dominante o daños a la seguridad nacional.

Una institución que nunca será suficientemente fortalecida y que debe necesariamente coordinarse con la Comisión de Competencia a escala europea, como puso de manifiesto el abuso de posición dominante en el caso Google.

Y así impedir una depredación de los recursos públicos por entramados anticompetitivos como los que se conformaron en España en relación a la construcción del AVE por empresas como ACS, Huarte, Abengoa o Sacyr.

En el sector de la vivienda es necesario que el sector público genere una oferta de vivienda (en propiedad o alquiler social sobre todo para los jóvenes) que fuerce a la baja a los precios de la especulativa oferta privada. Un parque público de vivienda que en ciudades europeas como Berlín o Viena llega a superar el número de las cien o doscientas mil. Regulando además la concentración, la gentrificación y los usos no permanentes en determinadas áreas urbanas y turísticas.

Estas buenas prácticas competitivas (alemanas, italianas, francesas, austríacas, …) dentro de la Unión Europea debieran servirnos de ejemplo para abandonar el castizo modelo oligopólico español.

Reformas fiscales y en servicios públicos

El castizo capitalismo español no solo es un activo depredador de los consumidores en su formato de capitalismo del contador (del gas, de la luz, de los peajes, de las comunicaciones, etc.) por medio de mercados cautivos u oligopólicos. También lo es del Estado: con un capitalismo de amiguetes. Ya sea en contratos de obra pública, de AVEs, de concesiones de autopistas o hidroeléctricas, en conciertos educativos, sanitarios y muchos otros.

Su casticismo complementa esa depredación con un gorroneo a la baja de los ingresos fiscales (que paguen los tontos y los asalariados) y un mantra, ahora sí, a favor de un Estado menguante que gaste lo menos posible en otras cosas: sanidad, educación, pensiones, dependencia, geriatría… Sectores en los que nuestro castizo capitalista cuenta con ocupar una parte del mercado que el sector público no atienda. Y que cada uno se busque la vida.

Es ese gorroneo y Estado menguante el que nos aleja ocho puntos de la media europea de ingresos públicos en relación al PIB y, como quedó dicho al comienzo, nos sitúa en la cola del capitalismo inclusivo entre los países ricos a escala mundial.

Sobre los aspectos más domésticos de estas reformas (fiscales y de gastos prioritarios) me he ocupado recientemente en estas páginas al hilo de las pasadas elecciones generales. De forma que aquí apenas abordaré brevemente su conexión en el ámbito europeo.

Porque embridar el capitalismo castizo español requiere, en no pocos casos, cortarle la retirada a los paraísos fiscales internos (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda) donde siempre amenazan con llevar sus patrimonios, capitales y beneficios si no se les permite gozar de una devaluación fiscal permanente dentro de España. Un auténtico secesionismo de nuestros ricos y castizos patriotas.

En ese sentido Piketty ha propuesto, para empezar a escala europea (como desarrollo en mi último ensayo), un impuesto sobre el capital inmovilizado empresarialpor encima del millón de euros con el que sería posible duplicar el presupuesto de la UE y atender políticas activas de empleo y una renta mínima.

También un tramo europeo del impuesto de sociedades (al que se añadiría un recargo mínimo en cada Estado miembro) que evitase las actuales triquiñuelas societarias. Sin olvidar una tasa Tobin para las transacciones financieras como se defiende desde Attac y parece asumirse en nuestros programas electorales de izquierdas.

Con dichas reformas domésticas y a escala europea nos sería posible por un lado igualar nuestros ingresos fiscales con la media de la UE al tiempo que se supera el raquitismo y nula autonomía fiscal actual de la UE.

Pero, por otro lado, podríamos atender con más holgura prioridades en servicios públicos que a día de hoy provocan, como sabemos, una erosión de nuestro desarrollo inclusivo.

Tales como: elevar el gasto sanitario del 6% al 7,5% del PIB hasta 2023, el gasto educativo del 4% al 5,6% (que permita una enseñanza de 0-3 años gratuita y universal), una prestación mínima de garantía o suficiencia de ingresos de 600 euros mensuales para jubilados o desempleados, la atención y cobertura para más de millón y medio de dependientes, incrementar la inversión pública en vivienda hasta el porcentaje medio europeo o la revalorización de las pensiones por el IPC y la supresión del factor de sostenibilidad.

_______(1) El índice de desarrollo inclusivo es la media aritmética de doce indicadores agrupados en tres dimensiones. En la primera –rotulada como crecimiento y desarrollo– se incluye la riqueza por habitante, el empleo, la productividad laboral y la esperanza de vida. En la segunda –denominada inclusión– se promedian los ingresos por hogar, la rateo de pobreza, y la desigualdad relativa tanto al ingreso como a la riqueza. Ya en la tercera dimensión, relativa a la equidad intergeneracional y a la sostenibilidad, se incluyen cuatro indicadores relativos al ahorro, a la deuda pública, a la rateo de dependencia y a la intensidad de carbono por unidad de producto.

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