Publicado en línea el Lunes 13 de mayo de 2019, por Admin2

Durante
68 días cientos de campesinos de las comunidades vecinas a la mina
Las Bambas (Apurímac, Perú), cortaron la carretera por la que
empresa estatal china Minerals and Metals Group (MMG) exporta cobre a
través del “corredor minero” hasta el puerto de Matarani en el
océano Pacífico. Los comuneros de Fuerabamba levantaron pequeñas
chozas de paja a los lados de la vía, desde las cuales resisten a la
minera para forzarla a negociar.

Las
Bambas se instaló en 2004 de la mano de la empresa minera suiza
Xstrata Cooper pero en 2014 fue traspasada a la china MMG por casi
seis mil millones de dólares. Poco después, el conflicto entre
comunidades y empresa se dispara. En febrero de 2015, un grupo de 400
comuneros retuvo durante cinco horas a cien trabajadores y en
setiembre se realiza un paro provincial con un saldo de tres muertos
y 23 heridos (15 civiles y 8 policías), por enfrentamientos entre
policías y comuneros.

El
estado de emergencia y la represión son el núcleo del repertorio
estatal frente a las comunidades. En enero pasado el conflicto volvió
a dispararse con enfrentamientos entre los comuneros de Fuerabamba,
que dejaron 11 policías heridos y un campamento de la policía
quemado. Los comuneros rechazan la construcción de una carretera que
atraviesa su territorio sin haberlos siquiera consultado.

La
comunidad de Fuerabamba fue trasladada de lugar, ya que se asentaba
justo en lugar donde se instaló la mina de cobre. Se trata de 450
familias comuneras a las que se construyeron nuevas viviendas “estilo
suizo”, se las compensó con dinero y en el nuevo asentamiento (a
dos kilómetros del original, a 3.800 metros de altitud) cuentan con
centro de salud, instituciones educativas y hasta el cementerio que
fue completamente trasladado.

El
caso Las Bambas puede servir de termómetro de lo que sucede en todo
el “corredor minero”, una carretera de 500 kilómetros que
atraviesa tres provincias (Apurímac, Cusco y Arequipa) y 215 centros
poblados donde viven 50 mil personas, en su mayoría pertenecientes a
comunidades indígenas quechuas, que “tienen suspendidos sus
derechos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de
domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”,
por la aplicación de estados de emergencia, según la ONG
CooperAcción.

El
corredor vial se ha convertido en pieza estratégica en el Perú, ya
que incluye cinco grandes unidades mineras en explotación (entre
ellas Las Bambas) y conecta no menos de cuatro proyectos
exploratorios importantes. En ese marco, la Policía Nacional firmó
en secreto 31 convenios con empresas mineras para la protección de
sus negocios. Los policías se trasladan en camionetas de las
empresas y tienen bases en los campamentos de las mineras, lo que
convierte a la PN en una guardia privada empresarial. Estos
mecanismos permiten hablar de un “gobierno minero” en la región,
en el que participan Estado y empresas.

En
una mirada amplia del conflicto minero en torno a Las Bambas,
sobresalen dos cuestiones. Por un lado, 500 comuneros tienen procesos
por haber participado en protestas contra la empresa minera. Pero la
represión es apenas una cara del conflicto. Las consecuencias más
profundas de la presencia minera pueden resumirse en el
desmembramiento de las comunidades por la división que provocan los
emprendimientos.

El
periodista Jaime Borda, director de la ONG Derechos Humanos Sin
Fronteras de Cusco, asegura que “desde 2006 hasta 2014 la mayoría
de los dirigentes comunales han terminado mal su mandato, con
acusaciones de aprovechamiento del cargo, de malos manejos económicos
y de negociar sólo a favor de sus familiares”. Por los cuantiosos
recursos que manejan las empresas, los cargos de dirección en las
comunidades son altamente disputados, pero además las mineras operan
en las comunidades para que elijan personas afines a sus intereses.

Borda
concluye que en muchos casos “la comunidad ya no reacciona como un
grupo coherente sino como una suma de individuos que velan cada uno
por sus propios intereses”. Además, los terrenos comunales se
parcelan y se titulan como propiedad privada, porque para la empresa
minera “es más fácil negociar con las familias que con la
comunidad”.

Al parecer, este es el destino que le aguarda a las regiones donde
los mega emprendimientos extractivos se imponen. Toda una cultura y
una historia son transformadas para favorecer al capital.

La entrada Gobierno minero, resistencia indígena aparece primero en Desinformémonos.


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