Publicado en línea el Viernes 10 de mayo de 2019, por Admin2

Foto: Cuartoscuro

Las balas como instrumento privilegiado del proceso de aterrorizamiento social, de la construcción de paz militarizada y del gran negocio intercapitalista de la violencia (Los recursos que mueve el narcotráfico superan a una gran cantidad de industrias del país, a las remesas y dan trabajo aproximadamente a un millón de mexicanos, según una amplia investigación de catedráticos impulsada por el Dr. José Luis Calva de la UNAM (La Jornada, 11-11-18).

¿Cómo construir
una reflexión-acción que permita hacer -al menos en forma
incipiente- inteligible el proceso de tan violenta guerra e impunidad
que nos atraviesa en México, sin caer en más aterrorizamiento y
desánimo, y, en cambio, sea útil para organizarnos y fortalecernos
mejor para enfrentarlo?

BALAS
¿“PERDIDAS”?

El 29 de abril
acaba de darse otro hecho de extrema violencia en la UNAM: el
criminal asesinato de Aideé Mendoza Jerónimo, estudiante de 18 años
del CCH-Oriente, dentro de su salón de clases en plena sesión de
Matemáticas. No están aclaradas aún las formas en que este
asesinato se dio, pero una hipótesis fuerte es que puede haberse
tratado de una “bala perdida”, proveniente de un terreno
abandonado contiguo o de una instalación de la Marina cercana.

El 22 de abril
otra “bala perdida” asesinó al niño Axel de 10 años, en una
colonia de Jiutepec (Morelos), mientras regresaba de misa de Pascua
- ¡qué cruel ironía!- con su familia. En menos de 10 días, han
muerto asesinados por acciones de gran violencia 4 niños en Morelos.

¡Brutales
imágenes del nivel al que ha llegado la violencia, inhumanidad e
impunidad en el país! Resultaría infame llamar a estas víctimas
como “daños colaterales”, al igual que a los familiares o
asistentes que acompañan a funcionarios públicos o activistas
sociales y son asesinados junto a ellos en el ataque armado. El
cuerpo de una víctima no es sólo individual, sino social, y a esa
dimensión mucho más amplia y compleja se expanden las balas del
exterminio, en su política de aterrorizamiento del tejido social,
central para construir su impunidad y reproducción. Para entender la
magnitud de este hecho social de la guerra y el terror, es bueno leer
una reciente investigación acerca del “Costo humano del Exterminio
Selectivo y del Exterminio Electoral durante el reciente periodo
electoral mexicano del 2017-2018”, donde se registra que “en el
41% de las acciones de exterminio selectivo las víctimas iban
acompañadas, siendo en el 50% familiares directos de las víctimas”.

Asimismo, estas
balas no estaban tan “perdidas” porque atacaron las identidades
sociales más vulnerables de la actual guerra en México: joven,
mujer, niño, estudiante, UNAM, Morelos. Se trata de espacios
corporales y territoriales de los más violentados en el país.

En los 10 años
de la cínicamente llamada “guerra al narco”, han sido asesinados
118 mil jóvenes: “Son las principales víctimas de la violencia en
los últimos dos sexenios” (Contralínea, 18-7-18). Los
feminicidios en México aumentaron más del 100% en los últimos 3
años; y los asesinatos a mujeres, aunque sin un aparente contexto de
género, aumentaron un 60% en el mismo periodo (Sistema Nacional de
Seguridad Pública). El primer bimestre de este año superó a todos
los anteriores de años pasados.

Save the Children
acaba de declarar que “Los datos oficiales de gobierno registran en
promedio tres niñas, niños o adolescentes asesinados cada día en
el país” (LJ 30-4-19). Mientras el Sistema Nacional de Protección
Integral a Niñas, Niños y Adolescentes declara que “en 2018 se
reportaron 2908 denuncias de homicidios contra infantes” (La
Jornada,
29-4-19).

Claro, que la
UNAM no es una isla, y refleja -aunque en otras proporciones- la
realidad de guerra que vive México. El año pasado, en septiembre,
se dio el también brutal e impune ataque -en las puertas de
rectoría- de porros del CCH-Azcapotzalco contra un grupo de
estudiantes que marchaban pidiendo más seguridad y transparencia del
presupuesto en ese CCH, ante la mirada cómplice de los responsables
universitarios de la seguridad.

¿Por qué tanto
interés en mostrar públicamente a la universidad como un
“territorio inseguro”? ¿Por qué aumentar la “siembra del
aterrorizamiento” ciudadano en el país, evidenciando la fragilidad
al respecto de uno de los espacios más emblemáticos de la “paz
social”, casi una “isla de paz” en el imaginario social?

En el primer
trimestre de este año hubieron 272 homicidios en Morelos, según
datos oficiales, mientras que el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro,
habla de 400 ejecutados… La semana pasada veía una gran manta a la
entrada de un fraccionamiento en la zona poniente de Cuernavaca: “Si
te agarramos no sales vivo, tenlo por seguro”.

BALAS
“DIRIGIDAS” AL EXTERMINIO SELECTIVO

El primer
trimestre de este año es el más violento desde 1997, con casi 9000
homicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. No se
trata de un juego de cifras ni de aumentar el aterrorizamiento
social, sino de tomar conciencia del carácter normalizador y
creciente en lo cualitativo y cuantitativo del proceso, y la urgencia
de implementar otro tipo de medidas, empezando desde el poder que no
han atacado en nada el contubernio
autoridades-empresario-delincuentes y sus intereses económicos, ni
han destinado la cantidad de fondos indispensables para tamaña
tragedia, empezando desde lo forense, los bancos genéticos y las
investigaciones. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para
los DDHH, extrañamente sorprendida, declaraba el 9 de abril con
justeza lo que quienes habitamos este país conocemos bien: “México
tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252
mil 538 muertos desde el 2006”.

Samir Flores,
líder indígena de Amilcingo y activista social ambiental y de los
DDHH muy reconocido en Morelos, fue arteramente asesinado el 20 de
febrero pasado, en la puerta de su casa. Hasta hoy no se tiene ningún
responsable ni arresto. Nos preguntamos si el Fiscal General, Uriel
Carmona, todavía sigue en su cargo? ¿Por qué?

Una compañera
activista ambiental de larga data en Morelos, me decía: “Nadie
puede decir nada porque te matan. No podemos hacer nada”. Estas
últimas, han sido semanas brutales de todo tipo de exterminio, pero
muy particularmente sobre el exterminio selectivo de activistas
sociales y funcionarios públicos, como parte de esta guerra
despiadada por los grandes negocios de la ilegalidad organizada. Una
verdadera lista del terror.

En cuanto a los
asesinatos selectivos hacia sujetos de la Administración Pública:

Maricela Vallejo,
alcaldesa de Mixtla de Altamirano (Veracruz) fue asesinada el 24 de
abril; el exalcalde de Chalco, Juan Carbajal el 4 de abril; el
alcalde de Nahuatzen (Mich.), David Otlica, el 23 de abril; 4
funcionarios municipales de Salvatierra (Gto.) el 25 de marzo y uno
de Zamora (Mich.) el 3 de mayo.

A su vez, el
pasado 10 de abril vimos en la Universidad Autónoma de Zacateca una
muestra clara de los peligros de la espiral de la guerra para
construir la paz: mientras el Fiscal General del Estado, Francisco
Murillo, estaba en la misma Unidad Académica de los asesinatos con
sus escoltas, la estudiante de 22 años y trabajadora del Poder
Judicial Nallely Nohemí Delgado fue allí acribillada, a pesar de
tener escoltas que no actuaron; y el joven de 22 años vendedor de
celulares -Marco García- murió de asfixia al ser “sometido” por
policías ministeriales. Desafío conjunto público total de la
guerra y la “paz armada”: del crimen organizado y la policía
estatal.

Respecto a los
asesinatos selectivos de Activistas Sociales:

Abiram Hernández,
miembro del Colectivo por la Paz en Xalapa, que había apoyado muchas
acciones y organizaciones de familiares de desaparecidos desde 2011,
fue asesinado en Xalapa el 30 de marzo; 4 miembros de la CRAC-PC de
Tixtla, entre ellos Gonzalo Molina –vocero de la CRAC- y preso
político casi 6 años recién liberado, fueron desaparecidos el 26
de marzo, luego liberados y ahora están protegidos. El 2 de mayo fue
asesinado Telésforo Santiago Enríquez, maestro de la CNTE y
fundador de la radio comunitaria oaxaqueña El Cafetal en San Agustín
Loxicha; el 1° de mayo asesinaron en el mpio. de Guadalupe y Calvo
(Chihuahua) a Otilia Martínez y su hijo Gregorio Chaparro,
defensores de los bosques y familiares de Julián Carrillo, indígena
rarámuri también asesinado el pasado 24 de octubre por las mismas
razones. Asimismo, el 4 de mayo fueron desaparecidos y luego
asesinados, los representantes indígenas José Bartolo Faustino
- concejal nahua del Concejo Indígena de Gobierno- y Modesto Verales
Sebastián -delegado del Congreso Nacional Indígena-, cuando
regresaban de una reunión del Concejo Indígena y Popular de
Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en Chilpancingo.

¿Qué
Hacer?

Marchas (médicos
en Cuautla, estudiantes en Zacatecas y Ciudad Juárez, sociedad en
Minatitlán….), Vía Crucis (familiares de desaparecidos en
Xalapa…) y muy numerosas acciones más recorren al país, son
ejemplares y heroicas, pero no son suficientes para detener este
nivel de guerra y violencia, ya que además muchas veces el grueso de
la sociedad no sumamos suficientemente nuestros cuerpos a estas
manifestaciones radicales de un “¡Ya Basta a la Guerra!”. Tal
vez todavía, como sociedad, no hemos alcanzado a percibir la
“frontera moral” tan endeble que estamos dejando avanzar en estos
niveles de inhumanidad, y que tanto costará hacerla “regredir”.

Los familiares de
víctimas han estado elevando constantemente el nivel de las acciones
de resistencia civil noviolenta, en la línea de la No-Cooperación y
la Desobediencia Civil, mostrándonos el camino por dónde avanzar
realmente. Recientemente se han multiplicado las Caravanas y Brigadas
de Búsqueda de Desaparecidos: las del Colectivo por la Paz-Xalapa
encontraron fosas clandestinas en el municipio Úrsulo Galván;
Guerreras Buscadoras de Sonora hallaron muchos cuerpos en fosas
clandestinas en el municipio de Cajeme; el Colectivo Familias Unidas
por Nayarit encontró fosas en el municipio de Xalisco; el Colectivo
Las Rastreadoras de El Fuerte localizó fosas con cuerpos en los
municipios de Ahome y Guasave; el Colectivo de Familias en Búsqueda
de Personas Desaparecidas de la Zona Córdoba-Orizaba hallaron
cuerpos en el mpio. de Río Blanco; el Colectivo Los Otros
Desaparecidos de Acapulco encontró cuerpos en el mpio. de Iguala; ya
comenzó la 5ª. Caravana de Búsqueda de Personas Desaparecidas
“Buscando Encontraremos” en Michoacán, en medio de una fuerte
denuncia hacia las autoridades estatales, la Policía federal y el
Ejército que no han cumplido con la seguridad a que se
comprometieron, en territorios tan riesgosos; se han creado nuevos
Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos en Oaxaca y Sinaloa.

A su vez,
familiares de desaparecidos de distintos Estados -8 mujeres- llevan
más de 20 días en huelga de hambre afuera de SEGOB, exigiendo la
localización de sus desaparecidos y la entrega de miles de cuerpos
ya genéticamente identificados: “Sólo nos sacarán muertas de
aquí. Ya estamos cansadas de mesas de trabajo donde se firman
acuerdos que no se cumplen” (La Jornada, 24-4-19).

La entrada De Terror: entre Balas no tan “Perdidas” y Balas “Dirigidas” al Exterminio Selectivo aparece primero en Desinformémonos.


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