Publicado en línea el Sábado 23 de febrero de 2019, por Colaborador

Juan Pablo Ontiveros Vázquez

La cuarta transformación es un fenómeno político muy complejo. Lograr su arranque mediante la llegada al poder fue producto de un largo y enredado proceso de comunicación para quienes la defendemos. Ha sido la historia de un cambio de visión en cómo se conducen los asuntos públicos y ha representado la denuncia frente a un sinnúmero de fallas estructurales que tenía y tiene el sistema, y que ya han comenzado a arreglarse.

Las facultades y funciones de la administración pública federal son muchas y muy diversas. Desde la toma de posesión de cargos, la cuarta transformación fue descubriendo y desenmarañando fallas. Aún quedan varias o muchas por descubrir y habrá otras cuya compostura no es sencilla y aún se está orquestando, pero en este punto se puede bien determinar que el Estado estaba completamente abandonado. Como bien describió Andrés Manuel, la función primordial del Estado era la corrupción y no la rectoría de asuntos públicos con miras al bien de México. Ese problema, más que ser de diseño institucional, era un problema de intereses políticos, por lo que no nos debe extrañar que la estrategia de comunicación de los conservadores se ha basado y se basa en sostener lo contrario, que el problema siempre es institucional.

“Cuidado con aquél que cuestione a las instituciones”, nos dicen como repitiendo un dogma. Y es que para los conservadores no hablar de las instituciones, o hablar en lugar de las instituciones, o dar una opinión por encima de las instituciones, o pretender resolver un problema sin alterar las instituciones, o concretar un problema en las personas que ocupan las instituciones y no en las instituciones, o sostener algo con premisas no institucionales, es cuestionar a las instituciones. Es un muro discursivo. Es de una mecánica religiosa, si piensas fuera de las instituciones, te conviertes en un hereje. Esa es la plataforma discursiva en que juegan ellos fingiendo demencia. Construyeron un discurso que les permite siempre ganar, que no los compromete en ninguna medida, porque el orden bajo el que está constituida la red de complicidades del viejo régimen mexicano, sus reglas, pesos y contrapesos, son otra cosa diferente al orden jurídico mexicano. Reformar la Constitución puede afectarles en cierta medida, pero no implica trastocar de fondo el orden bajo el que organizan, compaginan, coordinan y resuelven sus intereses corruptos. Como toda mafia, ellos tienen sus normas, sus códigos, y no son las leyes del Estado mexicano. Si el discurso político colectivo se centra en el diseño institucional, sus intereses estarán a salvo. Ellos nos invitaban –y nos invitan aún–a solo hablar de una gran apuesta y soñar con ella: que las instituciones los ayudarían –o los ayudarán– a ser honestos, en vez de solo serlo.

Muchas veces los intereses políticos que animaban la corrupción y que hoy luchan enfurecidos por sobrevivir y conservar sus privilegios, tuvieron que impulsar un orden jurídico o diseño institucional, aparentemente contrario a sus intereses, para bajar la presión política y darse baños de pureza mediante la simulación, como todo el asunto del Sistema Nacional Anticorrupción –por decir algo específico– o la emoción por crear órganos constitucionales autónomos, por decir algo sistémico. Era simulación para aparentar concesiones graciosas y autocríticas a la “sociedad civil”, únicos a quienes los conservadores arbitrariamente reconocen como interlocutores de todo el pueblo. Fue la manera en como el viejo régimen se daba oxígeno cuando los síntomas de su desastre comenzaban a ser inocultables. Pretendían representar el liderazgo responsable y sensible que nos apapachaba con nuevas y modernas instituciones. Todo el sistema, medios de comunicación, organizaciones de la “sociedad civil”, analistas, políticos, empresarios, insistía, y sus vestigios insisten aún más, en que vivamos bajo esa narrativa. Necesitan que vivamos en el cuento institucional. Esa es la visión conservadora del asunto. De todo el asunto.

Ese mismo afán simulador, ese desodorante para tapar el autoritarismo aplastante que en los hechos se ejercía, cobró y cobra muchas formas, y en todas hay una lección que aprender. Tomemos por ejemplo a los candidatos de la derecha en las últimas elecciones.

Ricardo Anaya llegó al extremo de generar surrealismo político al contar con el acompañamiento de ciertos agrupamientos “progresistas”,de la “sociedad civil”, en su candidatura por el partido tradicional de la derecha. Con la ayuda de ciertos activistas relacionados a la comentocracia y al estrado de la “sociedad civil”, Anaya pretendía parecer un hombre de pensamiento nuevo, “progresista”, que en el discurso de lo institucional, de diseños y propuestas tecnócratas, rescataba las demandas de la ciudadanía cansada del PRI, de la juventud millenial, moderna, ágil y súpercomunicada, harta de los “modelos viejos”; cuando en la historia, en los hechos políticos, fue un tipo que, por ejemplo, cumplió los pactos con Enrique Peña Nieto para llevar a cabo las Reformas Estructurales, estandartes de un supuesto “progresismo económico”, que también se revistieron de simulación: traerían el desarrollo y permitirían el posicionamiento de México en el mundo mediante la adopción de diseños económicos acordes con las realidades internacionales, cuando realmente fungieron como las anclas jurídicas para que los intereses corruptos pudieran jugar al tráfico de influencias como nunca antes (diseño institucional vs. realidad).

Para Ricardo Anaya, como para cualquier conservador, era muy importante que los problemas de pobreza, inseguridad, educación, salud, vivienda, y un largo etcétera, pero especialmente el problema de la corrupción, fueran un asunto de diseño institucional y no de responsabilidad política, porque si es cosa de diseño institucional, de crear sistemas y autonomías, solo hacen falta las reformas necesarias para crear las instituciones nuevas, autónomas –por supuesto– y con cargos muy privilegiados y muy bien remunerados, en donde sólo las dignas voces de expertas y expertos de la “sociedad civil” pueden coronar su alto consejo, beatificando todo ese aparato desde donde darán cátedra, mientras por lo oscuro agradecen el cargo con resoluciones arbitrarias, comprometidas con los intereses corruptos de México. Esa era la apuesta de Ricardo Anaya, demostrar al pacto de impunidad que él tenía la mejor fórmula de simulación que permitiría sostener el velo institucional, para seguir ocultando la corrupción política.

¿Quién podría contradecir tan bella fachada de conciencia institucional y respeto por los críticos certificados de la “sociedad civil”, si él apoyaba la Fiscalía Que Sirva, y a su campaña se sumaban “AHORA” y la destacadisima Denise Dresser? Además, no podrían faltar los títulos académicos en el extranjero, como garantía de su aptitud para ser un buen presidente. La estrategia fue la misma en esencia con José Antonio Meade.

Meade se nos presentó como el hombre de instituciones que nunca se corrompió. Y es que la narrativa de Meade precisamente se construyó delegando todo en el diseño institucional y evitando la responsabilidad política. Meade no era corrupto porque no había indicios institucionalizados de su corrupción, era honesto conforme a Derecho, pues. La otra apuesta del sistema era presentar una manifestación inmaculada de sí, y eso dependía de que la evaluación de la honestidad de Meade fuera sólo a nivel institucional.

Meade no vió mucha corrupción, porque bajo el discurso conservador, la única corrupción que se puede ver es la que ven las instituciones. Una vez más se sostuvo por los conservadores que si no se ha institucionalizado una sospecha de corrupción, si no forma parte del diseño institucional, nadie debe prestarle atención; y mucho menos Meade, que era un honradísimo funcionario público que jamás se prestaría al despótico e irresponsable acto de tener una sospecha u opinión personal, por civilizada que fuera, al margen de las instituciones, y mucho menos se prestaría a señalarla ante la opinión pública, porque eso sería no apegarse a las competencias, a lo mucho, cuando Meade se enteró institucionalmente de que pudo haber algo turbio en lo conocido como “La estafa maestra”, actuando de la forma más responsable, y burocráticamente honorable, con ese brazo institucional que le caracterizaba, dio vista a las autoridades competentes, en quienes Meade confíaba, porque quien confía fuera de las instituciones las cuestiona, y quien las cuestiona

puede encarnar un dictador. Pero la realidad, la historia, y no el discurso de la derecha, es que Meade sabía todo. Ocupó importantísimos puestos en los sexenios de dos presidentes probadamente corruptos y negligentes, apoyándolos desde la Cancillería o en Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el diseño y cabildeo de las Reformas Estructurales y los negocios más turbios. Meade fue el autor del gasolinazo, engañando a la población en medios nacionales, con todo el recato institucional y con toda su beatitud académica y profesional. Históricamente, políticamente, Meade es insalvable.

Tanto la máscara de Anaya como la santidad de Meade fueron ignoradas por el pueblo, no por la “sociedad civil”. El pueblo de México y no la “sociedad civil”, resistió a analizar la realidad bajo el discurso institucional. El pueblo de México y no la “sociedad civil”, decidió fincar responsabilidades políticas, sin esperar las responsabilidades institucionales que de otro modo nunca llegarían. El pueblo de México declaró su visión de las cosas: acabar con la corrupción y los problemas de México no depende de un diseño institucional, sino de la voluntad política de hacerlo. Es muy importante, en este presente de la cuarta transformación, recordar siempre que esto ya pasó. La retórica, la forma de analizar la realidad y la forma de responsabilizar, en la cuarta transformación, es política e histórica. Dirán los conservadores ante esto, “¡qué grave!”; pues sí, qué grave que hayan denigrado a las instituciones, brazos de la voluntad política, a ser escudo de la inmundicia. Las instituciones garantizan la democracia, pero solo en la medida en que son respetadas. Las instituciones son el acuerdo colectivo con el que decidimos gobernar un asunto o resolver una problemática, son la garantía de que cierta solución o sistema de soluciones se hayan decidido democráticamente, pero no garantizan que dichas soluciones se lleven a cabo. El viejo régimen nos enseñó algo muy valioso: no hay institución que garantice la voluntad de cumplir las instituciones. Por eso hubo un pacto de impunidad. Una inmovilización de los mecanismos institucionales para buscar justicia. No hay institución que garantice la voluntad de cumplir las instituciones. La única forma de lograr ese control es políticamente. El pueblo entendió esa medida.

Quien ostenta la presidencia ahora es alguien que dice “Me canso ganso” cuando habla de acabar la corrupción. Asume que es su responsabilidad acabar con ella. Es su voluntad, es su compromiso. La promesa de acabar con la corrupción con voluntad, expresado más al gusto tecnócrata, es la promesa de respetar las instituciones, y no usarlas como escudo para evitar la responsabilidad política. Si no se acaba con la corrupción, él es el responsable. Lo dice todo el día, “es mi compromiso”. Dar vista a las autoridades competentes o actos análogos, sin que nada más pase, no lo va a salvar. Fortalecer el sistema anticorrupción, fortalecer la procuración de justicia, fortalecer a las policías, fortalecer los mecanismos de denuncia de la “sociedad civil, fortalecer los canales de comunicación con la“sociedad civil”, fortalecer la conciencia del federalismo, fortalecer la cultura de los Derechos Humanos, y fortalecerlo todo, no lo va a salvar, porque es su compromiso. Nos dijeron que el voto es un acto institucional, pero es antes un mecanismo de responsabilidad política.

Ahora que el gobierno de la cuarta transformación va, se ha comenzado un proceso de derrumbamiento de los pilares que sostenían el pacto de impunidad. Las redes de corrupción se están denunciando y desmantelando a martillazos, no por falta de fineza, sino por prisa irremediable; no es voluntad del pueblo andarse con rodeos. No es de hace poco que se había intentado ganar la presidencia. No es un afán improvisado, alimentado por emociones. Es plena conciencia de lo que se logró y de lo que se tiene que hacer.

En ese marco de eventos, los conservadores una y otra vez luchan por posicionar su discurso institucional de nuevo como narrativa que guíe los debates de la vida pública. Y es que las acciones que tomaron en el pasado, cuando eran régimen, les resultan fortalezas en el presente. La autonomía constitucional de muchos organismos y hasta la división de poderes, en casos como el de Medina Mora, les resultan ahora como últimos islotes o bastiones de su influyentismo político e institucional. Si hablamos de estas cosas bajo el discurso institucional, no se trata del mismísimo represor Medina Mora, sino de su señoría, el ministro Medina Mora, que –¡bendito sea Dios!, dirá un conservador– goza de autonomía constitucional frente a López Obrador. Esto permite a los conservadores construir el muro institucional, tras el que se ocultan de toda responsabilidad política, y desde el que intentan acusar a la cuarta transformación de amenazar al “régimen democrático” que con tanto trabajo, gobierno, medios y “sociedad civil” lograron construir como incuestionables logros y legados responsables de los actores públicos durante los sexenios de Salinas a Peña.

Basta ver en qué órganos ha habido resistencia para la desaparición de privilegios –muy ridículos, como de corte francesa del S. XVIII– y la baja de sueldos, para advertir los islotes del conservadurismo. Esa si fue una reforma que afectó el sistema de complicidades y por eso la precisión en la detección de los puntos donde se le opuso y opone resistencia. Y de nuevo, contra esa reforma se alegó la institucionalidad. Los argumentos principales de la retórica conservadora fueron los de siempre: respeto a la autonomía del poder judicial y de los órganos constitucionales autónomos, fueron argumentos institucionales, sin ánimos de dar cuentas sobre un hecho concreto: el pueblo se muere de hambre y a ellos les pagan el celular. Es así de burdo, no es una violación a los derechos humanos, no es una consigna de la “sociedad civil”, no amerita cartas firmadas por múltiples autoridades académicas y culturales, no logró nunca un Pacto o Frente por México. Es nada más eso, son personas que vendieron las instituciones del Estado mexicano por darse una vida en la que, dicho de forma sencilla, puedes cumplir muchos deseos. Decía el ministro en retiro, Cossío Díaz que el sueldo de los ministros resultaba una garantía para la no corrupción y el compromiso con el trabajo. Honrar la dignidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el exministro, es un asunto de dinero. La corrupción es, pues, un asunto de diseño institucional. El sueldo alto es la solución institucional a un problema institucional como la corrupción. La garantía de la no corrupción no es una responsabilidad política y cívica frente al pueblo y a la República, sino es un sueldo alto. Puesto así, la situación resulta burda al borde de lo insólito para cualquier mexicano que medianamente sienta un compromiso por sacar a México adelante. Así de burdo es el planteamiento en lo político, y aún así en la narrativa conservadora flota, está en el dogma. Todo experto certificado por el conservadurismo, muy bien sabe que si a un funcionario le bajas el sueldo se pone a robar. El conservadurismo quiso (y de pronto aún quiere) imponer la narrativa de que es inconcebible confiar la honestidad a la voluntad política de una persona, pues debe ser, necesariamente, un asunto de dinero.

Respecto a la Guardia Nacional, se está buscando posicionar el tema como el eje de la estrategia para la seguridad pública. Se está intentando posicionar a la fuerza pública como la apuesta de la cuarta transformación para pacificar México, aislando el tema de su verdadero contexto, que son los programas para el desarrollo humano de los mexicanos. No niego, en ningún momento, la importancia, veracidad, gravedad y realidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por la fuerza pública, militar y civil, y por cualquier otra autoridad, durante la estrategia conservadora de aplastarlo todo, pero tampoco invisibilizo la sistemática violación a los derechos humanos de acceso, a la educación, a la salud, a la vivienda digna y a un medio ambiente sano.

La “sociedad civil” se ha preocupado mucho por los “avances” en materia educativa, logrados con la falsa Reforma Educativa de Peña y Nuño, todos, incluso suponiendo sin conceder que no hubiera simulación aún en ello, enfocados en la calidad de la educación, y no en la cobertura. El derecho humano no solo es eso en lo que se han centrado, el derecho humano es acceso a una educación pública y gratuita y de calidad. Significa que quien sea estudie cuando quiera estudiar, lo que quiera estudiar, de acuerdo a su grado de avance en el nivel educativo. La narrativa conservadora incluso defiende el examen de admisión, como institución garante de la calidad educativa. El examen de admisión es lo mismo que un examen de exclusión. El derecho humano no es ese, el derecho humano es también acceso a una educación pública y gratuita, no cabe la exclusión; no cuesta y es para todos. Es lo mismo con la salud y la vivienda. La garantía de esos derechos humanos, la no violación de los mismos por omisión, el no abandono del pueblo, son la solución a la violencia. No se trata de Seguridad Sin Guerra, sino Seguridad sin Hambre, Seguridad sin exclusión educativa, Seguridad sin Desempleo. Esa es, en síntesis la

propuesta de la cuarta transformación, que, de nuevo, implica trastocar los equilibrios y cimientos del pacto de impunidad en la redistribución del presupuesto, por eso se pretende ocultar su narrativa, con otra que “tiranice” al gobierno de la cuarta transformación.

Por otro lado, aclaro, no niego, tampoco, que existen muchas organizaciones sociales, de la “sociedad civil”, que de buena fe y con preocupación legítima advierten los riesgos que implica la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso de conformación de la Guardia Nacional, bajo la evidencia que tienen. Pero eso no implica que el conservadurismo no pueda servirse de esa narrativa, en la que se analizan violaciones específicas para dar lugar a estándares generales, sin analizar las violaciones sistemáticas en el modelo económico y político, que ahora se están atendiendo, y abstrayendo a los actores concretos en funcionarios e instituciones, lo que desvía la discusión de la responsabilidad política que el conservadurismo ha tenido en todo esto, y que, aunque parezca increíble, no descansa principalmente en su uso violento e irracional de las Fuerzas Armadas, sino en su profunda negligencia y desidia para con el pueblo de México, y en su profunda avaricia para saquear los recursos públicos, hundiendo al país en el hambre y la miseria. Esa última es la narrativa real, política, y a ella responden las acciones gubernamentales. Esa narrativa no se ha agotado. Desmantelar el sistema de complicidades no será sencillo.

Ahora que la cuarta transformación va y es gobierno. Los conservadores quieren jugar a que la el nuevo régimen es como el viejo. Quieren que la cuarta transformación se ejecute en términos de la narrativa institucional. Quieren que Andrés Manuel no sea el tipo histórico, probado, sino el presidente abstracto. Quieren que se resuelvan las denuncias a su desastre y las consecuencias del mismo en términos de su narrativa institucionalista. Quieren que haya respuesta institucional y abstracta, y no política e histórica; quieren que se fortalezca todo y no se toque nada. Las críticas que dirigen, las líneas discursivas que tiran sus medios afines, están montadas en la institucionalidad, en la “sociedad civil”, en “los empresarios”, en “las organizaciones”, en “los académicos”, “en la autonomía constitucional”, “en el equilibrio de poderes”, “en el diseño institucional”, en el mejor de los casos en la responsabilidad jurídica, pero no en la responsabilidad política, que es en donde se sostiene el pacto de impunidad. Insisto, no niego que existen miembros de la “sociedad civil”, del empresariado y de la academia que actúan con legítima preocupación y justificación, pero considero que se debe plantear una nueva narrativa en función de la responsabilidad política; una narrativa que no sirva al conservadurismo en su resistencia a la transformación y al nuevo régimen. Las grandes violaciones a derechos humanos, las sistemáticas, tanto las relacionadas con la fuerza como con la omisión, no se van a resolver con perfeccionar el diseño institucional. Es un asunto de voluntad política. Por el desarrollo de estas narrativas en la historia contemporánea, es importante no retomar ni comprar la narrativa institucionalista del conservadurismo. La transformación de México no es, en principio, un asunto abstracto de estándares institucionales, de diseños virtuosos, es un asunto de poder y voluntad política.

La entrada El fantasma del revolucionario institucional se publicó primero en Revolución 3.0 - Noticias.


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