Publicado en línea el Jueves 14 de febrero de 2019, por Raúl López Tellez

Opacidad en la mayoría de los casos en cuanto a cifras erogadas en recursos y alcance en número real de beneficiarios, son una característica de las minutas que han firmado los sucesivos gobiernos estatales con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en los casos en que sí refiere cantidades específicas –caso concreto en el sexenio de Lázaro Cárdenas Batel-, sugiere la cantidad millonaria de recursos asignados y que, con los sucesivos incumplimientos, derivan en el actual conflicto magisterial, donde la CNTE ha fijado en siete mil millones de pesos el monto de los adeudos mientras que en la percepción del gobierno estatal no pasa de los mil 200 millones.

Aún y cuando para funcionarios como Adrián López Solís, cuando fungía como secretario de Gobierno, las minutas serían “leyenda urbana”, lo cierto es que se denominan como tal y están expuestas a la consulta pública y firmadas por sus signatarios en el mismo portal del gobierno estatal, http://www.educacion.michoacan.gob.mx/actas-acuerdos-y-minutas/.

De estas minutas, que se han firmado desde el sexenio del priísta Víctor Manuel Tinoco Rubí hasta el periodo que fungió como gobernador el perredista Leonel Godoy Muñoz, en su periodo efímero como mandatario, Fausto Vallejo Figueroa canceló presuntamente los compromisos por escrito y se mostró renuente a negociar con la CNTE, inmersa para entonces en enfrentar los embates iniciales de la Reforma Educativa aprobada en el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque Salvador Jara Guerrero, quien cerró interinamente la administración iniciada por el priísta, fue el último que firmó compromisos con el referente magisterial.

El peso de las negociaciones bajo la presión del magisterio democrático, cabe señalar, se refleja también en el número de secretarios de Educación que, 10 desde 1995, han ocupado el polémico puesto, desde Juan Benito Coquet en el año citado, hasta el actual, Alberto Frutis Solís, cuya destitución demanda la CNTE en el actual conflicto que aún se dirime con las autoridades federales y estatales.

Plazas automáticas y útiles escolares

En las minutas destaca la firma del acuerdo bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, de otorgar plazas automáticas a los egresados normalistas, factor que incluso derivó en la demanda estudiantil de abrir la matrícula a más lugares, al igual que el establecimiento del programa de útiles escolares y que luego incluiría uniformes y calzado, mismo que en los años finales del gobierno de Godoy Rangel se vio truncado por las dificultades financieras con las que cerró su gobierno.

En los acuerdos con la administración de Cárdenas Batel, en los que se incluía impulsar “un programa estatal popular de alfabetización”, los montos en la minuta del 6 de junio de 2002, señalan 14 millones de pesos para el programa de uniformes, además de otorgar desayunos escolares por 85.4 millones de pesos; incremento al programa estatal de becas de 11 millones de pesos, a 22 millones 599 mil 200 pesos; 2 millones 221 mil 900 pesos para el programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio; más de 6 millones para las becas-comisión para docentes y un incremento de 5.75 por ciento “al salario profesional docente de educación básica”, además de que se “homologará en 1.5% de incremento a las prestaciones del personal docente estatal de educación básica, con base en el incremento autorizado por la Federación”.

En el punto 29 de esa misma minuta, el acuerdo señala que “ante la inexistencia del programa de Asignación Automática de Plazas, el Gobierno del Estado otorgará plazas a los egresados de las Escuelas Normales de Educación Pública”, al igual que otorgó en ese año 2002, 673 plazas a egresados y se aprobó la creación de la Normal de Educación Indígena de Cherán. La minuta está firmada por Egberto Bedolla Becerril como secretario de Educación, y Juan Pérez Medina, entonces “co-presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección XVIII del SNTE”.

En la minuta del 23 de junio del 2010, con Leonel Godoy como gobernador, el punto 11 de los acuerdos señala que “el Gobierno del Estado cumplirá de manera cabal los acuerdos minutados de los años anteriores” y si bien no señala cifras de recursos pactados con el magisterio en ese año, sí señala alcances de programas que “ampliará y fortalecerá”, como 919 mil 238 paquetes de útiles escolares, 375 mil uniformes, 92 mil 573 pares de calzado e incluso útiles escolares, 375 mil uniformes, 92 mil 573 pares de calzado e incluso 4 mil bicicletas como apoyo a igual número de alumnos de comunidades marginadas.

El documento también señala la asignación, sin precisar cantidades, de bonos “por la recuperación salarial, equivalente a 7 días de salario” o “un bono por la constancia educativa, a quienes no disfruten de licencias de días económicos”, así como la “regularización de 500 directivos (claves al puesto)”, creación de 400 plazas del personal de Apoyo y Asistencia a la Educación y el “sostenimiento, durante esta administración, de la plaza automática a los egresados de las escuelas normales públicas de Michoacán, y de la matrícula de las mismas”. Los acuerdos los firmaron Graciela Andrade García Peláez, secretaria de Educación, y Jorge Cázares Torres, secretario general de la Sección XVIII.

En la minuta del año 2015, del 17 de junio, con Salvador Jara Guerrero en el gobierno, el punto 5 de los acuerdos señala que “se ratifica el pago de los bonos que se otorgan a los trabajadores homologados no transferidos del Estado de Michoacán”, al igual que “se continuará con el programa para la regularización progresiva de las plazas con funciones de docente y dirección de las escuelas de educación básica, de conformidad a la disponibilidad presupuestal, a partir del presente ciclo escolar”. Los acuerdos que incluyeron el inicio de la contratación de egresados normalistas como maestros temporales, los firman Armando Sepúlveda López, secretario de Educación, y Juan José Ortega Madrigal, dirigente del magisterio democrático.

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