Publicado en línea el Martes 12 de febrero de 2019, por Admin2

A
la memoria de Noé Jiménez Pablo, activista social y defensor de
derechos humanos. Su muerte es responsabilidad del Estado mexicano,
porque fue incapaz de protegerlo y por tolerar y proteger al grupo
político-criminal que lo asesinó.

En
los tiempos que corren el pragmatismo político está por encima de
la vida humana.

Amatán,
es uno de los municipios más pobres del estado de Chiapas. De
acuerdo con el informe anual de pobreza y rezago social (2017),
elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) la mayoría de la población que habita
en las colonias, ejidos y la cabecera municipal, carece de los
servicios básicos de salud, agua potable, vivienda, alimentación y
el 90% de la población de 15 años o más no cuenta con educación
básica completa.

Por
el alto grado de marginación social, Amatán, además del
presupuesto estatal, recibe recursos federales provenientes de 11
programas sociales.

El
municipio se encuentra ubicado en la zona norte de Chiapas y colinda
con Tabasco; es una puerta de entrada o salida a esa entidad
federativa. Su territorio es estratégico para la delincuencia
organizada que lo utiliza como corredor para el trasiego de drogas,
personas indocumentadas, armas de fuego, vehículos robados,
etcétera. Perder el control del territorio, significaría la
reconfiguración de las rutas y los choques con otros grupos
delincuenciales.

Desde
el año 2001, los hermanos Wilber y Manuel de Jesús Carpio Mayorga y
personajes afines a ellos, han detentado el poder político y
económico en el municipio de Amatán, sus vínculos con la
delincuencia organizada han sido objeto de diversas denuncias.

Manuel
de Jesús Carpio Mayorga ha sido presidente municipal de Amatán en
los periodos 2001-2004 postulado por el Partido Acción Nacional
(PAN) y 2012-2015 por el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM). Para el 2018-2021 fue propuesto por MORENA.

Wilber Carpio Mayorga fue electo
presidente municipal por el período 2015-2018 postulado por el PVEM
y en el 2007 perdió la elección al ser abanderado del PAN.

Orbelín
García (compadre de los Carpio) gobernó Amatán en el período
2004-2007 postulado por el PAN.

A
lo largo de 18 años, la familia Carpio Mayorga ha consolidado un
cacicazgo político-criminal, que utiliza el aparato institucional
para ejercer el poder y cometer toda clase de actividades ilícitas.

El
cacicazgo que ejercen los Carpio Mayorga, está cobijado por el grupo
político que gobernó Chiapas en los últimos años y que fue
fortalecido por el pragmatismo de MORENA; hasta la fecha, esa
camarilla controla varios espacios estratégicos de la
administración pública estatal, que le permiten proteger sus
intereses y encubrir sus latrocinios.

El
alto nivel de pobreza y el cacicazgo político-criminal ejercido por
la familia Carpio Mayorga, generó, en la mayoría de la población
del municipio, un hartazgo social, que tuvo su punto de quiebre en la
jornada electoral del dos de julio de 2018, cuando descaradamente el
candidato Manuel de Jesús Carpio Mayorga y sus simpatizantes robaron
y quemaron urnas para alcanzar un triunfo que el pueblo les había
negado a través del voto.

Cansados
del cacicazgo político-criminal de la familia Carpio Mayorga y ante
la total impunidad que mostraron en la jornada electoral, los
ciudadanos decidieron organizarse espontáneamente y constituir el 15
de agosto de 2018, un movimiento de oposición denominado “Movimiento
por la Paz, la Justicia y el Bien Común” (MPJBC)

En
el MPJBC convergieron, ciudadanos sin militancia, activistas,
militantes de partidos, feligreses de iglesias católicas,
cristianas, adventistas y organizaciones sociales, entre ellas, el
Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI CNPA MN) que desde
hace años cuenta con una presencia importante en Amatán.

Como
primer paso en su lucha, los integrantes del MPJBC acordaron plantear
sus demandas al gobierno estatal. Desde la primera reunión los
funcionarios estatales conocieron, a través de testimonios y
documentos, los actos ilícitos que a lo largo de los años había
cometido la familia Carpio Mayorga. Los ciudadanos le solicitaron a
los servidores públicos que intervinieran para darle solución a la
problemática social generada por el ejercicio abusivo del poder.

Desgraciadamente,
la falta de oficio político y la torpeza gubernamental redujo el
grave problema social a un conflicto postelectoral. Para las
autoridades estatales, el problema no tenía asidero social, ya que
se reducía a una “disputa de partidos políticos perdedores” y
de grupos sociales afectados, su torpeza con el tiempo acarrearía
resultados funestos e irreversibles.

Ante
el menosprecio mostrado por las autoridades estatales, los
integrantes del MPJBC sostuvieron entrevistas con Rutilio Escandón
gobernador electo, con Ismael Brito, futuro secretario de gobierno,
con la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y Zoé Robledo
futuros secretaria y subsecretario de Gobernación, respectivamente.
Todos sin excepción, demostraron una falta de sensibilidad y
comprensión del grave problema social que existe en Amatán.

El
nivel de soberbia quedó evidenciado cuando el ahora Secretario
General de Gobierno del estado, Ismael Brito Mazariegos, emplazó a
los miembros del MPJBC para que levantaran el plantón, expresándoles
“que el gobierno estatal estaba dispuesto a pagar el costo
político que derivara del uso de la fuerza”. Es irónico e
incongruente, que un funcionario proveniente de las filas de un
partido político (MORENA) que entre sus actos fundacionales mantuvo
en la ciudad de México el plantón más grande en la historia de
este país, recurría a la amenaza de la represión para acallar la
protesta social.

Ante
la falta de respuesta gubernamental, los integrantes del MPJBC
impidieron que Manuel de Jesús Carpio Mayorga tomara posesión como
presidente municipal de Amatán, y decidieron constituir el 30 de
noviembre de 2018, el Consejo de Gobierno Indígena y Popular de
Amatán, (cerca del 60% de la población pertenece a la etnia Zoque)
cuyas bases legales se apoyan en la Constitución Federal, el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas.

Desde
la fecha en que se constituyó el MPJBC, varios de sus miembros, así
como distintos integrantes del Centro de Derechos Humanos Antonio
Esteban, fueron objeto de agresiones físicas; varios resultaron
heridos con arma blanca o arma de fuego. También recibieron amenazas
verbales, ataques a través de redes sociales y amagos con armas de
fuego de alto calibre, realizados por un grupo de personas que se
encontraba alojada en el domicilio particular de Wilber Carpio
Mayorga.

Sin
excepción, todos los actos de hostigamiento fueron denunciados a las
autoridades estatales y federales. Por esta razón, el 10 de
diciembre de 2018, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, determinó incorporar a 31
integrantes del MPJBC, entre ellos, a Noé Jiménez Pablo.

Noé
Jiménez Pablo, era miembro de la Comisión Política Nacional de la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN), en
Amatán coordinaba las actividades del MOCRI CNPA; él era egresado
de la Universidad Autónoma de Chapingo y acrisolaba las cualidades
de un dirigente con una sólida formación ideológica. Fue un hombre
solidario, férreo defensor de los derechos humanos, preocupado por
el progreso social, con una disciplina que sólo se obtiene a través
de un proceso formativo y de sacrificios personales.

La
decisión del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, exigía a las autoridades de los
tres órdenes de gobierno a proteger la vida e integridad física de
las 31 personas incorporadas. El Estado mexicano tenía la obligación
de salvaguardar los derechos de los beneficiarios y realizar todas
las acciones encaminadas a brindar una protección efectiva, so pena
de incurrir en responsabilidades administrativas y/o penales.

Minutos
después de las dos de la mañana del 17 de enero de 2019, un
operativo perfectamente sincronizado y encabezado por grupo
paramilitar, atacó a los integrantes del MPJBC, que acamparon como
protesta en el Palacio Municipal y las dos entradas principales de la
cabecera municipal.

Con
base en evidencias documentales (video y fotografías) y
declaraciones de testigos presenciales, se pudo advertir que los
integrantes del grupo paramilitar portaban armas de alto poder y
cubrían su rostro con capuchas. Su acción desde un primer momento
fue agredir con arma de fuego a Noé Jiménez Pablo, quien luego de
resultar herido fue conducido por algunos paramilitares hacia un
rumbo desconocido.

Desde
los primeros minutos de la agresión, las autoridades estatales y
federales, fueron alertadas sobre los hechos que se estaban
desarrollando y sobre las personas que habían resultado lesionadas
con arma de fuego.

De
manera puntual el Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del
Estado de Chiapas, Jorge Cruz y los subsecretarios de Gobernación
Zoé Robledo y Alejandro Encinas, tuvieron conocimiento que varios de
los agredidos estaban incorporados al Mecanismo de Protección a
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Durante
las primeras 10 horas, la respuesta de Jorge Cruz fue evasiva; negó
que durante el operativo hubieran resultado lesionados, asesinados o
desaparecidos varios integrantes del MPJBC, aún y cuando en las
redes sociales ya circulaban las fotografías y el video de la
agresión; en ellos se veía en el piso el cuerpo de Noé Jiménez
Pablo. La actitud asumida por Jorge Cruz fue secundada en las
primeras horas por los subsecretarios de gobernación.

El
encubrimiento estatal de la agresión cometida por el grupo criminal
llegó al grado de que la Secretaría General de Gobierno y la
Fiscalía General del estado de Chiapas emitieron sendos boletines en
los cuales de forma tajante negaron la existencia de personas
lesionadas, asesinadas o desaparecidas durante el operativo; incluso
tuvieron el cinismo de afirmar que los pobladores de Amatán, eran
los que habían realizado el desalojo.

De
forma negligente las autoridades estatales retrasaron la llegada de
la fuerza pública al municipio hasta las siete de la tarde del 17 de
enero, dando oportunidad a que los agresores destruyeran las
evidencias y se replegaran.

Aún
ante las pruebas irrefutables de la agresión y de los testimonios
que señalaban el ataque contra Noé Jiménez Pablo y José Santiago
Gómez Álvarez, así como su posterior desaparición, las
autoridades estatales se negaron a realizar cualquier acción de
búsqueda. Los mandos policiales se dedicaron a convivir con algunos
integrantes del grupo agresor.

El
18 de enero integrantes del MPJBC, encontraron sin vida a Noé
Jiménez Pablo y a José Santiago Gómez Álvarez. Sus asesinos los
habían arrojado al basurero municipal; ambos activistas fueron
salvajemente torturados, actuando con una saña demencial.

La
agresión perpetrada el 17 de enero contra los integrantes del MPJBC,
es un desafío al Estado mexicano por parte del grupo
político-criminal que ha gobernado Chiapas en los últimos años. La
acción, no pudo ser orquestada por los caciques Carpio Mayorga sin
el respaldo de sus jefes políticos.

Los
hechos demostraron que en ciertas zonas de la república mexicana
sigue vigente el Estado fallido, que existe una simbiosis
delincuencia organizada-autoridades; que en el caso de Amatán es
prohijada por un poder político aliado a MORENA, ya que bajo las
siglas del partido accedieron al poder varios miembros de ese grupo
político-criminal.

El
asesinato de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez,
evidenció la incapacidad del Estado mexicano para proteger a los
defensores de derechos humanos y la ineficacia para controlar,
mediante el poder punitivo, la actuación de los grupos
políticos-criminales enquistados dentro de la estructura estatal.

A
cuatro semanas de los hechos que segaron la vida de los dos
defensores de derechos humanos, la amenaza de nuevas agresiones
continúa latente. La pasividad de las autoridades es pasmosa, pese a
los llamadas de atención emitidas por varios organismos nacionales e
internacionales de derechos humanos.

COMPORTAMIENTO
JUDICIAL

Viene
el relevo de la Ministra Margarita Luna Ramos, y el Presidente de la
República, envió al Senado una terna de juristas, que si bien no
tienen impedimento legal para acceder al cargo, las tres enfrentan
conflictos de intereses por su ex militancia partidaria o de
negocios.

Si
el Presidente optó por la cuota de género, nada le impedía
proponer a Magistradas del Poder Judicial de la Federación con
méritos similares o mayores de las que fueron propuestas.

Nuevamente
la obcecación por encima de la razón.

La entrada Encubrimiento criminal en Amatán, Chiapas aparece primero en Desinformémonos.


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