Publicado en línea el Jueves 7 de febrero de 2019, por Admin2

La
violencia feminicida en México no está de moda -como refieren
algunas personas-, luego del incremento de la visibilización de este
problema nacional. Este crimen ha dejado mucha desolación, tristeza,
dolor, hogares vacíos, madres, padres, hijas e hijos en desamparo.

La
violencia que rompe la vida de las mujeres, sus familias y el tejido
social, se plasma no sólo en el feminicidio, sino en la desaparición
de mujeres y niñas, en las agresiones sexuales y en la tortura que
muchas veces culmina en la privación de la vida de mujeres de todas
las edades.

A
casi cuatro años de la primera Declaratoria de Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres, declarada en el Estado de México en
2015 – confirmamos y reconocemos que las Alertas han sido un
mecanismo que puede materializar, proteger y garantizar el derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia -cuando hay voluntad
política- la falta de implementación de este mecanismo hace
necesaria una revisión urgente de las 18 Alertas de Violencia
declaradas en 17 estados del país1.

Desde
hace varios años, vivimos un contexto en el que las autoridades en
México han
demostrado su negligencia, falta de voluntad política e incapacidad
gubernamental para emprender acciones contundentes, imperando un
clima de permisibilidad a la violencia feminicida en el territorio
nacional.

Actualmente
56% del territorio se encuentra en Alerta de Violencia de Género.
Aunado a ello, el 70% de los feminicidas se mantiene en el status de
desconocidos, ubicando solo al 30% de los agresores como personas
conocidas de las víctimas, tales como sus parejas, familiares
cercanos, etc. lo que refleja un evidente contexto criminal.

Sin
embargo, lo que han hecho las autoridades estatales es invisibilizar
y reducir el feminicidio al ámbito familiar, a tal grado que del 24%
de los asesinatos de mujeres que se reconoce como feminicidio, la
mayoría la ubican en el ámbito familiar, dejando en la impunidad y
no investigando los que se cometen en el ámbito comunitario, en
donde en muchos casos son cometidos por diversas estructuras
criminales. Prevalece un contexto de simulación de las autoridades
estatales frente a un contexto grave de violencia feminicida.

La
impunidad, corrupción y omisión de las autoridades municipales y
estatales, busca poner bajo la sombra, un crimen abominable, que
rebasa la violencia familiar y la discriminación, y a la que se
imponen los grupos delincuenciales, quienes acaban con la vida de las
mujeres de las maneras más inhumanas.

Como
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) con presencia
en 23 estados del país, hemos documentado: cómo los cuerpos de las
mujeres y niñas son ocultados y sepultados de forma ilegal -incluso
en las viviendas- como fue el caso en Empalme, Sonora. Documentamos
también que sus cuerpos son abandonados o arrojados en la vía
pública, cocinados como sucedió en Taxco, Guerrero o cómo mujeres
son asesinadas para extraer a sus hijos o hijas de sus vientres, sin
que se investigue el paradero de las niñas y niños, y mucho menos
el de los criminales, como sucedió en el Estado de México o
Veracruz.

Pese
a estos crueles y exacerbantes escenarios y los índices más altos
de violencia, podemos afirmar que en México los feminicidios no se
están investigando como tal, sobre todo reconociendo que de acuerdo
a la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
Mariana Lima Buendía2:
“Todas
las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como
feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares
internacionales más altos”. Contrario a ello vemos cómo las
muertes violentas de mujeres se investigan incluso como suicidio.

Por
otro lado, las autoridades niegan la existencia de grupos delictivos
que están operando en diversos estados del país y que ponen en
riesgo la vida e integridad física de las niñas, adolescentes y las
mujeres. Ejemplo de ello, es el Estado de México en donde de acuerdo
a datos oficiales, en 2018 se registró el reporte de 3, 260 mujeres
desaparecidas. De ellas, la mayoría se encuentra entre los 10 a los
17 años de edad3,
del total de casos siguen sin ser localizadas 946 mujeres y niñas.

Otra
omisión, es la no vinculación del feminicidio con otros delitos
como lo es la trata de mujeres y niñas, tal es el ejemplo del estado
de Tlaxcala, en donde los protocolos de búsqueda no se activan de
manera inmediata.

De
igual forma, a pesar de la agudización, saña e incremento de los
feminicidios, las autoridades siguen ocultando las problemáticas y
contrario a ello, realizan prácticas de violencia institucional al
negar los hechos y al desmantelar los Mecanismos de Adelanto para las
Mujeres, los Centros de Justicia para Mujeres como es el caso de
Oaxaca, las Comisiones de Víctimas, la Coordinación de
Implementación de la Alerta de Género en Morelos o los Institutos
de las Mujeres, como sucedió con el Instituto Jaliciense de las
Mujeres, el cual sin más, fue desaparecido el 29 de enero de este
año. Este hecho evidencia un retroceso, y nos alerta del camino que
podrían tomar otros gobernadores, cayendo incluso en omisiones y
desacato de recomendaciones internacionales en la materia, y
violentando la propia Constitución.

A
12 años de nuestra fundación, hoy como Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio, a través de la judicialización y el
acompañamiento de casos, nos
acercamos a entender cada vez más, los patrones y diversos modus
operandi
de
la violencia contra las mujeres.

No
nos queda duda que ésta, nada tienen que ver con los criminales
seriales, los cuales se crean para no investigar más los casos y
para imputar a una sola persona todos aquellos que no han sido
investigados, invisibilizando el contexto real y las bandas
criminales que están operando en determinadas zonas.

A
partir de una actualización de los diagnósticos -realizados en el
marco de las alertas- las autoridades federales y estatales pueden
identificar los contextos reales y las violencias más extremas en
territorios específicos, patrones, agresores individuales y
colectivos, con lo que se podría también diseñar una política
integral de prevención, seguridad y la garantía del acceso a la
justicia del delito de feminicidio y la intervención que actualmente
se requiere.

Frente
a este contexto y con el objetivo de que las políticas públicas que
se establezcan en el Gobierno Federal, impacten de manera positiva en
lo local, el Mecanismo de Alerta de Violencia de Género se debe de
trabajar para que sea un eje de coordinación interinstitucional a
nivel municipal, regional, estatal y federal.

Como
defensoras de los derechos de las mujeres pertenecientes a 43
diversas organizaciones, reconocemos que la
violencia no cesa. Nos encontramos frente a proyectos de vida rotos
y en donde la violencia
contra las mujeres y la violación a nuestros derechos, es innegable.
La violencia estructural genera cifras de muerte en donde es evidente
la ausencia de políticas públicas, la falta de presupuesto asignado
para la atención y prevención de dicha violencia, por lo que la
articulación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres es impostergable.

Es
por ello que México debe investigar prioritariamente los contextos
criminales, de lo contrario no se estará generando la política
pública idónea que erradique el delito. Se sigue con la resistencia
de verlo como hechos aislados pero estamos frente a contextos
criminales que se deben de vincular.

En
este marco, hacemos un llamado para que las entidades federativas y
el Gobierno Federal atiendan de manera urgente y prioritaria
las
deudas y agenda pendiente a través de las siguientes acciones:

-Fortalezcan
la figura y la autonomía del eje rector de las políticas de las
mujeres en cada uno de los estados, específicamente los Institutos o
Secretarías de las Mujeres.

-Que
en los cambios estructurales a las instancias para prevenir y
garantizar los derechos de las mujeres, sean considerados las
organizaciones, mujeres feministas, y expertas en el tema, para que
los proceso sean más democráticos.

-Que
las propuestas legislativas para erradicar la discriminación de las
mujeres y el avance de sus derechos que se encuentran congeladas,
sean retomadas a la brevedad para generar marcos legales garantistas
de los derechos de las mujeres.

-Se
genere una estrategia integral de seguridad, vinculada y coordinada
de manera efectiva a nivel municipal, regional, estatal y federal con
el objetivo de prevenir los delitos contra las mujeres.

-Que
el Gobierno Federal actúe de manera urgente en los lugares en los
que se han identificado patrones criminales, en donde los cuerpos de
las mujeres son encontrados en espacios públicos como los ríos (con
el objetivo de desaparecer toda evidencia, etc.).

-Evalúen
las Alertas de Violencia de Género contra las mujeres que han sido
decretadas, con la finalidad de entrar a la fase de resultados e
impacto de las acciones que se estén llevando a cabo, para lo cual
se requiere saber cuáles son las deficiencias, las medidas que no
impactaron positivamente, las medidas aisladas, etc.

-Se
creen y fortalezcan las Unidades de Análisis y Contexto a fin de
identificar cómo, dónde y por quién están siendo asesinadas las
mujeres y a partir de ello se fortalezcan las investigaciones, se
sancione a los responsables y se evite la propagación de nuevos
feminicidios contra otras mujeres.

-Se
cuente con Bancos Estatales de Datos de Violencia hacia las Mujeres,
actualizados y desagregados que permitan realizar diagnósticos
apegados a la realidad evitando subregistros y estadísticas no
confiables, así como la generación de propuestas de políticas
públicas en la materia.

-Crear
un Consejo ciudadano de familiares y organizaciones defensoras de
derechos humanos, así como expertas en evaluación que permita
supervisar el funcionamiento de los mecanismos de búsqueda de
mujeres y niñas desaparecidas.

-La
desaparición se mire también regionalmente y los protocolos se
apliquen de manera coordinada en regiones con alto índice de
desapariciones.

-Se
sancione a las y los funcionarios que por acción u omisión
contribuyan a la prevalencia de la violencia contra las mujeres y
obstaculicen su acceso a la justicia.

La
protección de la vida y la seguridad de las mujeres continúa
violentándose. La situación de las mujeres sigue siendo de
emergencia, la violencia no sólo no ha disminuido, sino que ha
aumentado de manera exacerbada.

En
México el silencio no nos protege, y la omisión e ineficiencia de
las autoridades, refuerza la violencia feminicida a la que tenemos
que poner fin.

Atentamente,

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio


Atziri
Ávila

Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio

Cel.9512536082

ocnf chez observatoriofeminicidiomexico.org

@OCNF
| FB: OCNFeminicidio México |

www.observatoriofeminicidiomexico.org

1-
Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana
Roo, Estado de México, Campeche, Chiapas, Veracruz (2 Alertas),
Oaxaca, Guerrero, Colima, Morelos, Michoacán, Jalisco, Nayarit.

2-Joven
abogada de 29 años de edad, víctima de feminicidio por parte de su
esposo, que era un policía Ministerial. El caso de Mariana fue
investigado primero como suicidio y luego de la lucha de sus padres
junto con el Observatorio, en 2015 la Suprema Corte de Justicia de
la Nación otorgó el amparo para que su caso se investigara como
feminicidio. Actualmente el agresor está en la cárcel y en espera
de sentencia.

3-

Rango de edad de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas:
00-04 AÑOS: 189,

05-09
AÑOS:169, 10-14 AÑOS: 698, 15-17 AÑOS: 1,141, 18-20 AÑOS: 372,
21-29 AÑOS: 502.

La entrada Omisiones, retrocesos y desafíos de las autoridades a nivel nacional ante entidades feminicidas aparece primero en Desinformémonos.


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