Publicado en línea el Miércoles 6 de febrero de 2019, por Admin2

Ciudad de México | Desinformémonos. Más de 20 indígenas asesinados, decenas de heridos y miles de desplazados zapatistas y “partidistas”, además de casas y cultivos incendiados, tiroteos diarios, tala de árboles y robo de utencilios de labranza, ha dejado el conflicto territorial por 60 hectáreas pertenecientes al municipio de Aldama, disputadas por la comunidad de Santa Martha, del municipio de Chenahó, Chiapas. El problema, advierte la Junta de Buen Gobierno (JBG) zapatista de la zona Altos, “ya no es un problema agrario” entre dos comunidades, sino “un conflicto social donde se enfrentan hermanos indígenas y los principales afectados son las niñas, niños, mujeres, ancianas y ancianos”

En los últimos meses, ya bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón, advierten las autoridades autónomas, han continuado las agresiones de grupos identificados como paramilitares. “Los habitantes partidistas y nuestras bases de apoyo zapatistas viven aterrorizados sin poder salir a trabajar para buscar sus alimentos”, por lo que, señalan, “si continúa la situación así, la salud y la vida están en peligro cada vez más”.

La JBG con sede en Oventik, hizo público un informe y valoración de la situación de la región y responsabilizaron a los actuales gobiernos federal, estatal y municipal de lo que pueda ocurrir, “porque en su momento y ahora no han solucionado a fondo las necesidades y problemas”, y “su política es repartir dinero y migajas, crear conflictos y militarizar a las comunidades indígenas”, con lo que “malacostumbran dando dinero para calmar a la gente. ¿Y eso no es corrupción?”, increpan las bases de apoyo de la región tsotsil.

Desde hace aproximadamente cinco años no se hacía pública una denuncia de una Junta de Buen Gobierno. Ésta vez acompañaron su valoración con cuatro videos testimoniales del terror cotidiano en el que viven las bases de apoyo zapatistas de la región. En el informe, difundido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la JBG advierte que “es su costumbre de los malos gobiernos dejar preparado el terreno para que el que sigue repita las mismas chingaderas, pendejadas y cochinadas. En Aldama y Santa Martha los tres niveles de gobierno pasados y presentes son responsables de la división, enfrentamientos, miedo y rompimiento de la vida comunitaria. Nunca se preocuparon por resolver bien, solo aparentaron acuerdos que no se cumplieron metiéndole más leña al fuego, porque el verdadero objetivo es dividir a las comunidades para que facilite la entrada de los grandes empresarios en los territorios originarios y saquear nuestras riquezas.

Una vez creada esa tensión, provoca que autoridades de los pueblos partidistas manipulados y presionados soliciten la presencia militar, para que la población se vaya acostumbrado a la militarización. Nosotros y nosotras siempre hemos dicho que la solución no es la militarización de los pueblos”.

Los problemas agrarios, de agua, de luz, de carreteras, de escuelas y otros, advierten los zapatistas, “están sucediendo en muchas partes y se van a aumentar cada vez más”. Y en alusión al gobierno de la cuarta transformación se preguntan: “¿A poco es cuarta transformación cuando muchas familias bases de apoyo son balaceadas y gentes de los pueblos mueren por enfrentamientos? Como lo dijimos el 5 de Julio del 2018: falta la realidad. Ya estamos en la verdadera realidad y así va seguir”.

 

El problema no es nuevo 

La JBG “Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo”, explica que desde los años setentas, el gobierno de José López Portillo entregó a la comunidad de Santa Martha (Manuel Utrilla), bajo resolución presidencial, 60 hectáreas de tierra que le pertenecían al municipio de Santa María Magdalena (Aldama).

Después, indican, “se reconoció que los dueños eran los de Aldama” y acordaron en convenio firmado en 1977, respetar su derecho de posesión y realizar ahí las cooperaciones y cargos, pero, explican, los acuerdos no se respetaron y en 1997 Santa Martha exigió la devolución de 30 hectáreas.

“Aldama era antes una comunidad perteneciente al municipio de Chenahó, que con la remunicipalización de 1998 se convirtió en municipio oficial. Este fue un plan contrainsurgente del mal gobierno de (Ernesto) Zedillo y del croquetas Albores, como respuesta a la declaración de Municipios Autónomos que hicimos los pueblos zapatistas en diciembre de 1994”. En la remunicipalización oficial Santa Martha quedó como parte del municipio de Chenahó.

Posteriormente, “en el mal gobierno de (Vicente) Fox y Pablo Salazar en el año 2000, Santa Martha obtiene su plano definitivo, mediante PROCEDE, quedando los terrenos en disputa dentro de su territorio.

Ya en “los malos gobiernos de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello y los presidentes municipales Rosa Pérez Pérez, de Chenalhó y Marcelino Patishtán de la Cruz, de Aldama, el conflicto aumentó”. Y se produjeron ataques “contra todas las personas sin importar sexo y edades”, dejando “viudas, viudos, huérfanos y huérfanas, casas y escuelas autónomas baleadas, animales domésticos muertos y desplazamientos; pérdida de maíz, café, plátano, quemas de caña, y daños a la apicultura”. Afectaciones, reconocen los zapatistas, “de ambos lados”. Al grado de que hoy “ ya no se puede viajar en carro durante el día, sólo de noche con las luces apagadas. Y si tienen que trasladar enfermos y sus cargas, tirotean el carro. Se dañó la unidad, la armonía, las buenas costumbres, los encuentros culturales y religiosos. Son muchas las comunidades afectadas directa e indirectamente porque ya no pueden transitar, trabajar, ni vivir libremente”.

El informe de la Junta de Buen Gobierno es detallado, comunidad por comunidad y desglosa que “de los enfrentamientos más fuertes ya en los tiempos de López Obrador, está el del 21 y 22 de Enero del 2019. Las ráfagas se escuchan en toda la franja del río que sirve de división entre los pueblos”. Y como respuesta, indican, “el gobierno de Obrador y Escandón y los presidentes municipales de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, y de Aldama, Ignacio Pérez Girón, el 23 de Enero enviaron camiones de soldados y policías para instalar una base de operaciones mixtas en la comunidad de Cocó, municipio de Aldama. El mal gobierno dijo a los partidistas que si no aceptaban a su guardia nacional les quitaría sus apoyos económicos”.

El Frayba ha señalado en informes anteriores que el incremento de la violencia es “incentivada desde los centros de poder” y ha documentado desde inicios de 2018 que por lo menos 13 comunidades de Aldama, entre ellas la cabecera municipal, han sido atacadas con armas de fuego provenientes de miembros de la comunidad Santa Martha, Chenalho. Desde hace varios años, indica el centro de derechos humanos, “la raíz no es el problema agrario, y la administración del conflicto por los gobiernos en turno ha permitido que la violencia escale a una situación intolerable. Actualmente se registran miles de víctimas de desplazamiento forzado, además de varios heridos y personas ejecutadas extrajudicialmente”.

El Frayba ha advertido también sobre la operación en esta zona de un grupo armado de corte paramilitar, “que responde directamente al gobierno municipal de Chenalho, desde el gobierno de la ex presidenta Rosa Pérez, quien reactivó a este grupo armado con la asesoría de Agustín Cruz, originario de la colonia Puebla, municipio Chenalho”.

Testigos directos declararon al Frayba que Agustín Cruz, líder de grupos paramilitares, “bendijo las armas con las cuales cometió la Masacre de Acteal, así como el desplazamientos forzado de miles de indígenas de esta region de Los Altos, entre otros hechos, en el marco de la implemntación de la estrategia de contrainsurgencia implementada desde 1994 en el estado de Chiapas”.

Actualmente gobierna en Chenalhó Abraham Cruz Gómez, hijo de Agustín Cruz que en el gobierno de Rosa Pérez fungió como tesorero del municipio. “Este grupo armado reactivó las acciones violentas y mantiene en terror a la población civil desde el 2016, siendo un patrón de impunidad que se ha prolongado hasta ahora”, señala el Centro Fray Bartolomé de las Casas y advierte que las comunidades que están siendo objeto de ataques son Tabak, Coco, Cotzilnam (o San Pedro Cotzilnam, Xuxchen, Chivit, Yetón, la Cabecera Municipal, Tselejpotoptik, Chayomté, Puente (región), Putotik y Chebón. Y, puntualiza, “no podemos decir que los pobladores de las anteriores comunidades serían los únicos en situación de riesgo”.

En este contexto, las autoridades de los pueblos zapatistas acusan al “gobierno de la esperanza y la cuarta transformación, que para nosotros zapatistas es la cuarta conquista, porque una y otra vez repiten sus intenciones de exterminio y destrucción de nosotros los pueblos originarios, como lo hicieron los viejos conquistadores, pero ahora se disfrazan en otro modo y ya están demostrando con su lluvia de balas de diferentes calibres. Un pobre campesino ¿de dónde va a sacar tanto dinero para comprar chingos de balas? “.

La entrada Indígenas asesinados, heridos y desplazados, el saldo de un conflicto inducido en Chiapas que AMLO y Escandón intentan resolver con “dinero y migajas” y militarizando la zona, acusan zapatistas aparece primero en Desinformémonos.

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