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El cerco de la delincuencia organizada en Guerrero

Viernes 7 de diciembre de 2018, por Admin2

Mientras el nuevo gobierno federal afina su estrategia de seguridad con la creación de la Guardia Nacional, colocando al ejército en la línea de fuego supuestamente para pacificar el país, en Guerrero, los grupos de la delincuencia organizada avanzan en sus posiciones para afianzar su poder en las 7 regiones del Estado. Los últimos acontecimientos que se han dado en la sierra guerrerense, fueron protagonizados por el autodenominado Frente de Policías Comunitarios que aglutina a varios grupos de la sierra de Tlacotepec, quienes están en una disputa a muerte con otras organizaciones delincuenciales que se ubican en la parte baja de la sierra, y que tienen fácil acceso a la capital del Estado.

El 11 de noviembre de 2018 se dio la incursión del Frente de Policías Comunitarios para supuestamente romper el cerco que les han tendido sus adversarios que tienen como centro de operaciones el municipio de Chichihualco. Desde esa fecha se han dado cruentos enfrentamientos con el fin perverso de generar terror. Han utilizado las redes sociales para mostrar su poder destructor y desafiar a sus enemigos. Incursionan en las comunidades a punta de bala, disparando contra la población indefensa. Es una lucha a muerte utilizando los métodos más sanguinarios para avanzar en la disputa territorial. Las autoridades del Estado han perdido el control de la situación, más bien dejaron crecer estos conflictos y los sobrellevaron en la medida que generaba buenos dividendos en el negocio de las drogas.

Transformaron a la Sierra en el santuario de la amapola que a lo largo de los años se erigió como el centro estratégico para el trasiego de la droga a Estados Unidos. El cultivo de la amapola y la venta de armas son las que dinamizan una economía maltrecha a causa de la corrupción de la clase gobernante del Estado, estas prácticas nocivas al erario han devastado nuestra entidad dejando un saldo muy alto de asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. El avance de organizaciones criminales que provienen de otros estados ha propiciado que los grupos de la delincuencia, asentados en varias regiones del Estado establezcan alianzas y armen cercos para proteger los enclaves de la economía criminal.

En medio de esta escalada de violencia, la presencia del ejército ha sido una carga onerosa para un pueblo que mantiene viva la memoria de la Guerra sucia. Esta presencia ostentosa en las diferentes regiones del Estado no ha significado para la gente del campo mayor seguridad, por el contrario se acrecienta la desconfianza por el rol que desempeñan en los operativos que realizan. Tampoco representa una amenaza para el crimen organizado que en lugar de replegarse, adquieren más fuerza y lo están demostrando con el despliegue que realizan para ampliar su presencia en otros territorios. Las mismas autoridades saben cómo se multiplican y reposicionan estos grupos a lo largo y ancho del estado. Tienen conocimiento de quiénes ejercen el liderazgo y cómo es su modus operandi; sin embargo, dejan que los grupos ejerzan justicia por su propia mano. En esta disputa, varios agentes del Estado se confabulan con estos grupos para afianzar su poder.

La cartografía oficial ubica que en la zona centro, incluye la región de la Sierra, ubica en esta zona al Cártel del Sur, al Comando Suicida, a los Rojos y a los Ardillos. En la zona norte han asumido el control de la región Guerreros Unidos, la Familia Michoacana, Gente Nueva y los Rojos. En la Tierra Caliente se sabe que están asentados los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, los Tequileros y Cartel de Jalisco Nueva Generación. En el corredor de la Costa Grande hay una disputa férrea por el control territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Granados, los Caballeros Templarios, la Guardia Guerrerense y Sangre Nueva Guerrerense. En la región indígena de la Montaña Alta, los Rojos y los Ardillos aparecen como los principales grupos que se han asentado en varios municipios de la región. La franja de la Costa Chica, que abarca una parte de la zona montañosa, está en disputa por los Beltrán Leyva, los Añorve, los Carrillo y los Marín. El puerto de Acapulco que se ha transformado en una de las ciudades más violentas del país por la lucha encarnizada que libran el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y los Beltrán Leyva que han demostrado tener presencia en varias colonias y enclaves turísticos, gracias al contubernio que existe con elementos de varias corporaciones policiales.

De acuerdo con información del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” A.C. los enfrentamientos que se han dado desde hace cuatro semanas en la región serrana han desplazado a más de 1, 800 personas quienes se han refugiado en la cabecera municipal de Chichihualco. Las familias, sobre todo las mujeres y los niños se encuentran en una situación sumamente riesgosa. Las autoridades han sido incapaces de contener esta escalada de violencia que se va expandiendo de la Sierra a la parte Norte, Tierra Caliente y Costa Grande del Estado.

En los municipios de Chilapa y Zitlala, los asesinatos siguen al alza a pesar de la presencia militar y de los patrullajes policiacos. La incursión en comunidades indígenas en Zitlala no sólo asesina y desaparece a jefes de familias, sino que expulsa a las mujeres y niños para tomar el control de la población. Desde el 2015 se ha incrementado el número de personas desaparecidas y familias desplazadas cuando incursionaron varios grupos que se autodenominaron Policías Comunitarios por la Paz y la Seguridad, quienes en sus operativos contaron con el apoyo del ejército y policía local.

Esta descomposición social y de las mismas instituciones ha normalizado la consumación de graves violaciones a los derechos humanos. Actualmente 20 familias indígenas se encuentran desplazadas en la cabecera municipal de Copalillo, provenientes de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala. El lunes 3 de diciembre a la altura del poblado de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana un grupo de civiles armados bloquearon la carretera de Acapulco-Zihuatanejo para emplazar al gobierno del Estado a que garantice seguridad haciendo pública su postura de que asumirían también funciones de autodefensa para hacer valer su ley, para ello han pedido incorporarse a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Ante esta crisis de inseguridad y desconfianza hacia las corporaciones policiales y del mismo ejército, varias organizaciones de la delincuencia están tomando la iniciativa de erigirse como un poder fáctico que se atrinchere para llenar ese vacío que han dejado las autoridades, tendiendo sus propios cercos para reposicionarse dentro del mapa delincuencial que desquicia al pueblo de Guerrero. Ahora tienen que luchar también contra este flagelo que amenaza la organización de los pueblos en defensa de su seguridad y sus territorios.

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