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Investigación sobre los seis presos de Tlanixco desde un principio estuvo “plagada de inconsistencias”: Front Line Defenders

Viernes 30 de noviembre de 2018, por Admin2

Front Line Defenders exige la liberación inmediata e incondicional de Dominga González Martínez y de las otras 5 personas acusadas por defender el derecho de su comunidad al agua.

Hace un año, el 27 de noviembre de 2017, la defensora de los derechos indígenas Dominga González Martínez fue condenada a 50 años de prisión junto con cinco miembros destacados de la Comisión para la Defensa del Agua, quienes también recibieron la misma condena. Fueron acusados de participar en el asesinato de Alejandro Issak Basso durante un conflicto por el acceso al agua del Río Texcaltenco entre la comunidad de San Pedro Tlanixco y los floricultores de la ciudad de Villa Guerrero. Dominga es una mujer indígena nahua que durante muchos años ha sido una integrante destacada del «Comisariado Ejidal de San Pedro Tlanixco», que ha luchado contra la privatización del suministro de agua, vital para su comunidad.

Los testigos vieron a Alejandro Issak Basso morir tras haber resbalado accidentalmente. A pesar de esto, el caso contra Dominga González Martínez y las otras personas acusadas prosperó y fueron procesados sin tener ninguna prueba convincente contra ellos. Estas personas, defensoras de derechos humanos (DDH), son inocentes de los cargos que se les imputan y el juicio fue una injusticia.

Desde que en 1980 las autoridades otorgaran la concesión del río que crece en la ciudad de San Pedro Tlanixco al municipio de Villa Guerrero, ha habido escasez de agua en el área debido al desvío de agua por parte de los floricultores. Como consecuencia, la comunidad se ha quedado frecuentemente sin agua, a veces durante más de varias semanas. En 2002, CONAGUA (la Comisión Nacional del Agua) otorgó los derechos de agua del río Texcaltenco a la ciudad de Villa Guerrero, pero concedió los derechos de agua de cuatro manantiales a la comunidad local. Varios años más tarde, se informó a la comunidad de que estos derechos ya no eran válidos y que ahora también pertenecían a Villa Guerrero. Este ha sido el motivo de la continua disputa entre la comunidad y los floricultores de Villa Guerrero. Mientras que los floricultores contaban con el apoyo de políticos de alto nivel, la comunidad local no fue consultada de forma adecuada.

El 1 de abril de 2003, un grupo de hombres de Villa Guerrero, liderados por Alejandro Issak Basso, fueron vistos acercándose a lo largo de un parte muy empinada de la orilla del río, gritando insultos y usando un lenguaje racista para acusar a la comunidad de contaminar el agua. Las mujeres hicieron sonar las campanas de la iglesia para convocar a la comunidad y en la confusión Alejandro Issak Basso se resbaló, cayó por un barranco y murió. Las autoridades no llevaron a cabo ninguna investigación exhaustiva sobre el incidente y simplemente dieron por válida la declaración de los hombres de Villa Guerrero de que Issak Barro había sido asesinado por miembros de la comunidad.

En lugar de llevar a cabo una investigación imparcial, las autoridades iniciaron una serie de redadas y detenciones, a menudo por la noche, para intimidar a la comunidad. A las cinco semanas fueron arrestados cinco defensores del agua. Rómulo Arias Mireles, Teófilo Pérez González and Pedro Sánchez Berriozabal. Otros dos hombres, Lorenzo Sánchez Berriozabal y Marco Antonio Pérez González, fueron arrestados en 2006 y por último Dominga Pérez González fue sacada de su casa de forma violenta el 9 de julio de 2007.

Desde el principio, la investigación estuvo plagada de inconsistencias. El juicio ante el «Primer Tribunal de la Alzada del Distrito de Toluca», también estuvo mancillado por la confianza en las pruebas de los «testigos» que no estuvieron presentes en el momento del incidente, así como por la aceptación de unas pruebas tanto contradictorias como inverosímiles. Un testigo de la acusación admitió más tarde que los testigos de la acusación habían sido entrenados por la hermana de Alejandro Issak Basso para acusar a esas personas. Un maestro que supuestamente había participado en la agresión se encontraba en otra aldea dando clase en el momento en que se produjo el incidente, y otra persona acusada llevaba más de un año muerta. La misma Dominga González Martínez estaba en la iglesia con otras dos mujeres, pero el juez simplemente ignoró sus pruebas. Durante los primeros cuatro años de prisión de Dominga González Martínez, no se mencionó la participación de ninguna mujer en el incidente. Más tarde, en 2007, un testigo declaró haber visto a una mujer indígena pequeña de pelo oscuro en el grupo presuntamente responsable de la muerte de Issak Basso. Esta fue la única «prueba» que relacionó a Dominga González Martínez con el presunto delito. Se presentó un recurso el 28 de mayo de 2018, y se dictará sentencia en un plazo de 12 meses.

En el momento de la sentencia, Dominga González Martínez había estado en prisión preventiva 10 años. El Sr. Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las «graves violaciones del derecho al debido proceso evidentes en el caso».1 En su declaración en el momento de la apelación, el Sr. Jarab declaró que esta era una «oportunidad para que el Estado de México» rectifique una grave injusticia que ha tenido como consecuencia que 6 personas pasen más de 10 años en prisión».

En un informe conjunto publicado el 4 de julio de 2018, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria, el relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el relator especial sobre la eliminación de las sustancias y los desechos peligrosos, el relator especial sobre la situación de los/as defensores/as de derechos humanos, el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el relator especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento declararon que: «El proceso judicial relacionado con el caso anteriormente mencionado carecía de los elementos básicos del debido proceso y la sentencia de 50 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y detención ilegal tenían como objetivo criminalizar a los/as defensores/as de derechos humanos involucrados en la defensa del derecho al agua».

Front Line Defenders cree que Dominga González Martínez y las otras 5 personas acusadas son defensores de derechos humanos encarcelados injustamente por su labor pacífica de defensa de los derechos de su comunidad y deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.

For more information:
Jim Loughran
jim@frontlinedefenders.org
1https://www.youtube.com/watch?v=tyupLw7nddY

 

Publicado originalmente en Front Line Defenders

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