Publicado en línea el Miércoles 28 de noviembre de 2018, por Rosmi Berenice Bonilla Ureña

Parte I

La buena fe de los ciudadanos que conformamos el Sistema Estatal Anticorrupción se mantiene firme, más que nunca.

A pesar de los obstáculos, seguimos comprometidos con la prevención, el control y el combate a la corrupción en la medida de nuestras posibilidades y nuestros alcances. Porque, hay que recordar, que el Comité Ciudadano no ejerce recursos públicos.

Aunque los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción elaboramos en el mes de diciembre de 2017 y con la asesoría de dos profesionales una propuesta de presupuesto para el año 2018; se nos indicó que era el Secretario Técnico del Sistema, como director de la paraestatal, quien debía gestionar el recurso.

Un par de meses después de designado el Secretario Técnico, en el mes de abril de 2018, el máximo órgano de dirección del Sistema aprobó un presupuesto por 19 millones de pesos aproximadamente; es decir, 7 millones menos de lo propuesto al inicio del año toda vez que no se ejercerían los recursos de los meses de enero a abril. Aunque no es parte de nuestras atribuciones, el ajuste en comento lo elaboramos los integrantes del Comité Ciudadano con apoyo de un asesor externo que no cobró por sus servicios.

En documento fechado el 28 de junio de 2018, la Secretaría de Finanzas y Administración solicitó una serie de documentos y que se le indicara una cuenta bancaria para iniciar las ministraciones del recurso; sin embargo, el dinero comenzó a fluir hasta el mes de septiembre cuando, a través del nombramiento de José Ignacio Celorio Otero, como Director Administrativo provisional propuesto por el Comité Ciudadano, se hicieron las gestiones necesarias.

De los 19 millones de pesos aprobados y que, según la Secretaría de Finanzas y Administración estaban disponibles, solo se han ministrado 2.9 millones de pesos correspondientes al pago de sueldos y salarios del personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Pero hay que decir que la Secretaría Ejecutiva solamente cuenta con tres funcionarios: el Secretario Técnico, la Contralora Interna y el Director Administrativo provisional toda vez que, sin instalaciones, equipos de cómputo, escritorios, sillas, etc; no se cuenta con las condiciones para la contratación del personal que requiere la entidad paraestatal.

Por esta razón, cerca de 1 millón 300 mil pesos deberían devolverse a la Secretaría de Finanzas y Administración al finalizar el 2018, pues el recurso estaba etiquetado exclusivamente para el pago de sueldos y salarios y al no haber más personal contratado, no podía ejercerse.

Por otra parte, los honorarios de los integrantes del Comité Ciudadano pertenecen al capítulo de Servicios Generales puesto que la ley claramente establece que quienes integran el Comité de Participación Ciudadana (CPC) percibirán una remuneración por horarios, es decir, a través de la prestación de servicios profesionales, convirtiéndose, literalmente, en un proveedor más de insumos para la Secretaría Técnica. Por esa razón, no podíamos recibir pago alguno de los recursos que ya se habían recibido.

Sin embargo, el Director Administrativo gestionó el pago de 3 meses de honorarios a los integrantes del Comité Ciudadano con el dinero que se devolvería a la Secretaría de Finanzas y Administración. Sobra decir que hasta el mes de octubre los ciudadanos del CPC no habíamos cobrado.

Respecto a los honorarios pendientes de pago, seguiremos esperando hasta que la Secretaría de Administración y Finanzas tenga recursos suficientes para pagar el capítulo que corresponde a Servicios Generales como también tendrán que esperar los programas y acciones que propusimos y se contemplaron en el presupuesto para la prevención, control y combate a la corrupción.

Hasta aquí la historia del presupuesto y recursos ejercidos en el 2018. Parece que el ejercicio del presupuesto para el año 2019 no tendrá una historia diferente y estará a su disposición en la siguiente entrega.

La entrada Insuficiente presupuesto para la lucha contra la corrupción se publicó primero en Michoacán.


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