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Comunidades indígenas rechazan foro sobre desarrollo de transición energética por excluir a los pueblos afectados

Lunes 19 de noviembre de 2018, por Admin2

Ciudad de México | Desinformémonos. Comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec y de la Península de Yucatán rechazaron el foro “La dimensión social de la transición energética en México” convocado por el consorcio Comunidades y energías renovables (CER), por excluir a los pueblos directamente afectados por los megaproyectos energéticos y, por el contrario, integrar “plenamente a empresas, consultores, ONG, instituciones y funcionarios públicos que llevan años violando nuestros derechos y despojándonos violentamente de nuestros territorios”.

Aseguraron que con el foro, el consorcio continuará con la promoción del modelo extractivista de transición a las energías renovables, el cual, destacaron, “es completamente contrapuesto a los objetivos y valores de nuestros pueblos”.

“Estos eventos sólo convocan a los intermediarios que son cómplices en la violación de nuestros derechos humanos y que se atribuyen el ‘conocimiento’ y la ‘representación’ de los verdaderos actores sociales”, agregaron.

A continuación el comunicado completo:

Hemos sabido que el consorcio CER (formado por la Iniciativa Climático México (ICM), el Centro de Colaboración Cívica (CCC) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México), recibió 1.8 millones de dólares de USAID para llevar a cabo el proyecto titulado “Comunidades y energías renovables (CER)” y ha convocado el 14 de noviembre a un foro denominado “La dimensión social de la transición energética en México”.

Como comunidades del Istmo de Tehuantepec y de la Península de Yucatán, que somos directamente afectadas por el desarrollo de la transición energética, el tema nos incumbe directamente y consideramos necesario expresarnos colectivamente al respecto.

Rechazamos categóricamente este foro convocado supuestamente para “crear un espacio de reflexión y diálogo” sobre un tema que nos afecta directamente a los pueblos y comunidades indígenas, y sin embargo sí integra plenamente a empresas, consultores, ONG, instituciones y funcionarios públicos que llevan años violando nuestros derechos y despojándonos violentamente de nuestros territorios.

Este sesgo deriva no sólo de una visión miope de “la dimensión social” de la transición energética, sino una contradicción y afrenta, pues se utiliza el nombre de las comunidades y se habla en nuestro nombre cuando en realidad lo que se presenta es la visión del interés económico y la corrupción política.

Con este foro, el consorcio de USAID continúa promoviendo el modelo extractivista de transición a las energías renovables, que es completamente contrapuesto a los objetivos y valores de nuestros pueblos.

El foro supone un ejercicio más de ingeniería social para crear “consenso” a favor de la continuidad (e incluso la aceleración) de un modelo que implica la destrucción de nuestras formas de vida, nuestra forma de entender la relación con la tierra y nuestros valores comunitarios contrapuestos al capitalismo.

Resaltamos que no nos interesa ser parte de estos espacios que discriminan a los pueblos y comunidades directamente afectadas por proyectos energéticos. Estos eventos solo convocan a los intermediarios que son cómplices en la violación de nuestros derechos humanos y que se atribuyen el “conocimiento” y la “representación” de los verdaderos actores sociales.

No estamos dispuestos a legitimar las conclusiones ya elaboradas porque serán solo parches hechos a la medida de sus propios intereses y de las empresas. USAID y otros agentes de la cooperación internacional deben respetar nuestra autodeterminación y entender que no son dueños de nuestros territorios para definir sobre el.

Reiteramos que estamos contra el modelo de transición impuesto en México, que está dirigido y protagonizado por las empresas privadas, y que implica que el control sobre nuestras tierras y territorios pase a manos de dichas empresas. Este modelo representa el origen del conflicto social y la profundización de la corrupción, la pobreza y otros muchos problemas que vivimos en nuestros territorios. Advertimos que el conflicto seguirá donde se imponga este modelo hasta lograr su abolición y la recuperación del control de las tierras por las comunidades indígenas.

Sabemos que la raíz de este modelo es el denominado capitalismo “verde”, al cual nos oponemos porque utiliza hasta el último metro cuadrado de nuestros espacios de vida para acumular riqueza en manos privadas bajo un falso discurso, sin importarle las terribles consecuencias que provoca en nuestro medio ambiente, cultura y tejido social.

Demandamos el fin de la invasión de nuestros territorios por empresas energéticas, y exigimos primeramente el derecho de cada pueblo y comunidad indígena a su autodeterminación territorial y energética. Esto requiere un cambio profundo del marco legal y de política pública que deje a un lado a las empresas que hasta ahora han monopolizado el sector, y que otorgue una base legal y operativa firme a nuestros derechos como pueblos indígenas.

No estamos dispuestos a entrar en un debate cuyo marco ha sido definido sin nuestra participación y que es controlado por los intereses de las empresas privadas. El “debate” planteado por el consorcio de USAID solamente sirve para legitimar y lavar la imagen de las empresas, y para intentar evitar los cambios profundos que son necesarios para que la transición energética sea “justa, ambientalmente coherente y respetuosa del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas”.

El consorcio de USAID se posiciona dentro del discurso de las empresas, simplificando el conflicto a la propiedad social y el ordenamiento participativo. Rechazamos frontalmente esta lógica perversa: el problema son las empresas y sus negocios con el estado, el crimen organizado y su modelo de negocio, que requiere la conversión de la tierra en mercancía. La USAID está impulsando el mismo discurso regresivo que las empresas, que pretende erosionar o desaparecer la propiedad social, convertir la tierra y los bienes naturales y culturales de nuestros pueblos en mercancía y eliminar los mecanismos legales que protegen los territorios indígenas del mercado.

Denunciamos el oportunismo de las ONG e instituciones académicas que participan en el proyecto CER de USAID, que llevan años lucrándose como supuestas “mediadoras” de un conflicto que pretenden distorsionar y manipular, apoyando iniciativas que benefician a empresas energéticas extractivistas, y capacitando a personas (muchas de ellas pertenecientes a pueblos indígenas) para ponerlas al servicio de una ingeniería social perversa cuyo fin es arrebatarnos nuestros territorios y erosionar nuestras culturas. Adjuntamos en el anexo la trayectoria de los miembros del consorcio CER de USAID, y el papel activo que están jugando para facilitar la violación de nuestros derechos colectivos y el despojo de nuestros territorios y recursos.

Nos produce repulsión que se haya invitado a Katya Puga como “experta” en aspectos sociales de la transición. Durante su gentío dentro de la Secretaría de Energía, Katya Puga fue responsable de la concepción e implementación de la supuesta “consulta indígena” respecto al proyecto de Eólica del Sur. Ese ejercicio de violencia estructural contra la comunidad de Juchitán fue el campo de pruebas del desastroso modelo de ingeniería legal agresiva, que ahora está siendo implementado respecto a proyectos en todo el país y cuya legalidad está siendo analizada por la Suprema Corte este mismo día en qué estas personas están aquí sentadas decidiendo por nuestros pueblos.

Invitamos a las organizaciones solidarias a unirse a nuestro rechazo al foro de USAID y otros intentos de lavado de imagen del extractivismo energético.

¡Nunca más un México sin nosotros, sin nosotras!

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra

Territorio Asamblea de Defensores del territorio Maya Múuch’ Xiinbal

Articulación Social de Energía Renovable de Yucatán

Anexo: Trayectoria de las ONGs de USAID

  • El consorcio está formado por la Iniciativa Climática México (ICM, líder del consorcio), el Centro de Colaboración Cívica (CCC) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México.

  • ICM gestionó entre 2012 y 2017 más de 16 millones de dólares en la promoción del capitalismo “verde”1. Para ello, se ha asociado entre otros con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), que representa a todas las empresas que llevan años despojando territorios indígenas en el Istmo de Tehuantepec, Yucatán, Baja California y otros estados. Junto con AMDEE (que estará presente en el foro del 14 de noviembre al cual las comunidades no han sido invitadas), han llevado a cabo los proyectos “Campaña de medios sobre la energía eólica” (100.000 dólares para lavado de imagen) y “Apoyo en la discusión de la Ley de Transición Energética” (44.000 dólares para legislar una transición energética a medida de las empresas privadas).

  • Con el Consejo Coordinador Empresarial, ICM ha llevado a cabo varios proyectos de promoción del capitalismo verde extractivista: “Involucrando al sector privado en la ruta para una economía verde en México” (645.000 dólares), “Fortalecimiento de la participación del sector privado mexicano para lograr las metas de la Estrategia Nacional de Cambio Climático” (510.427 dólares), y “Transición hacia un desarrollo económico verde (crecimiento verde)” (460.000 dólares).

  • Con Pricewaterhouse Coopers (PWC, una mega-consultora estadounidense presente en todo el mundo), ICM ha llevado a cabo los proyectos “Aumento de la escala para generación mini-hidro en México” (301.500 dólares), “Estudio sobre energía eólica” (439.400 dólares) y “Suministro de ideas para la legislación secundaria de la Reforma Energética” (89.000 dólares).

  • Con el Centro de Colaboración Cívica (CCC), ICM ha llevado a cabo un proyecto destinado a (en sus propias palabras) “desbloquear el potencial eólico en el Istmo de Tehuantepec” (290.000 dólares), según el título de una forma justa, pero sus acciones demuestran otras intenciones.

  • El CCC ha recibido numerosos subsidios de países cuyas empresas quieren despojarnos de nuestros territorios. Antes y después de recibir cientos de millones de pesos de USAID, han recabado apoyos de varios países europeos. Con este dinero, CCC pretendió inicialmente “resolver” el conflicto a través de diálogos y negociaciones con las multinacionales energéticas, lo cual fue un completo fracaso dado que nuestros valores y objetivos son irreconciliables con los de las empresas.

  • Tras fracasar en ese intento, el CCC estuvo involucrado en la firma del infame “Memorándum de Entendimiento” a través del cual varios Presidentes Municipales del Istmo “renunciaron” a cobrarle a las empresas eólicas varios años de impuestos adeudados a los municipios de Juchitán, Unión Hidalgo, El Espinal, Santo Domingo Ingenio y Asunción Ixtaltepec, y “se comprometen a no imponer contribuciones en materia eólica en sus respectivas leyes de ingresos”, o sea, liberan a las empresas eólicas del pago de impuestos en el futuro2. Este acuerdo, supervisado y validado por CCC, permite a las multinacionales extranjeras que lo suscribieron (Iberdrola, Fenosa Gas Natural y Acciona de España, Zuma Energy que pertenece al gobierno británico; Enel Green Power de Italia y España; EDF de Francia, y Eólica del Sur de Japón y Australia) seguir extrayendo riqueza del Istmo y despojándonos de nuestra tierra y nuestro viento, sin pagar ni siquiera impuestos municipales. Resulta increíble que CCC disfrace sus proyectos con palabras como “energía justa” mientras apoya esta economía extractivista y neocolonial. No es de extrañar que reciban tanto dinero de la Embajada Británica y otras embajadas europeas.

  • FLACSO se asoció con CCC para llevar a cabo un “Diplomado sobre Evaluación de Impacto Social y Consulta” a través del cual forman mano de obra para los procedimientos burocráticos que pretenden legitimar el despojo de nuestros territorios. El concepto de evaluación y consulta sustentado por ese diplomado es diametralmente opuesto al ejercicio de autodeterminación, y refuerzan la mercantilización de la tierra y del “consentimiento” por parte de comunidades indígenas. Están dando becas (suponemos que con fondos de USAID) para que miembros de comunidades indígenas participen en su programa y se conviertan en promotores de estas herramientas de despojo. Es sumamente triste que una institución respetada, como FLACSO, haya accedido a promover de forma tan acrítica y lamentable las herramientas legitimadoras del capitalismo verde. Invitamos a la organización a replantearse en profundidad su papel en este sector, su marco analítico y sus colaboraciones.

 

1 La lista completa de apoyos gestionados por ICM está disponible en http://www.iniciativaclimatica.org/proyectos-y-financiamiento/

2 https://www.jornada.com.mx/2017/08/13/estados/025n1est

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