Publicado en línea el Martes 13 de noviembre de 2018

Hoy, la comunidad internacional ha ofrecido un apoyo sin precedentes a una petición de la ONU para detener la pena de muerte cuando la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha examinado un borrador de resolución sobre una moratoria en el uso de la pena capital. Un total de 123 Estados miembros de la ONU —la cifra más alta registrada hasta la fecha— votaron a favor de la propuesta, y reflejaron así el creciente aumento del número de países que han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica en todo el mundo.
Una minoría de países (36) votaron en contra de la propuesta, y 30 se abstuvieron. Por primera vez, la República Democrática del Congo, Dominica y Malasia cambiaron a favor su voto para apoyar la resolución, mientras que Antigua y Barbuda pasó de la oposición a la abstención. Guinea Ecuatorial, Gambia, Mauricio, Ruanda y las Seychelles votaron de nuevo a favor de la petición de una moratoria de las ejecuciones, después de no haberlo hecho en 2016. Sólo dos países cambiaron negativamente sus votos en comparación con diciembre de 2016: Bahréin pasó de la abstención al voto en contra, y Surinam del voto a favor a la abstención.
El incremento del apoyo al borrador de resolución ofrece otra señal más de que el mundo sigue dirigiéndose hacia la abolición final de la pena de muerte. Desde la adopción, en 2016, de la última resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria, se han establecido suspensiones indefinidas de las ejecuciones en Gambia, Malasia y Papúa Nueva Guinea, y varios países más han dado pasos importantes en esa dirección. En 2017, Guinea y Mongolia abolieron la pena de muerte para todos los delitos, y Guatemala se convirtió en abolicionista para los delitos comunes. Burkina Faso fue el último país que eliminó la pena de muerte de su Código Penal, el pasado mes de junio, mientras que Gambia ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, el pasado septiembre. El grueso de la pena de muerte se aplica en un grupo aislado de países. En 2017 se tuvo noticia de ejecuciones en 22 Estados miembros de la ONU: un 11% del total. De esos países que llevaron a cabo ejecuciones, sólo 11 (el 6%) eran ejecutores “persistentes”, lo cual significa que en ellos hubo ejecuciones todos los años en los cinco años anteriores.
La adopción continuada, por parte del órgano de deliberación de la ONU, de resoluciones que animan a los Estados a poner fin a las ejecuciones ha reforzado los debates sobre la cuestión de la pena de muerte y ha contribuido a lograr progresos significativos en el ámbito nacional hacia su abolición. Amnistía Internacional insta a todos los Estados miembros de la ONU a que apoyen este borrador de resolución cuando sea el momento de su aprobación definitiva en diciembre. Los países que aún conservan la pena de muerte deben establecer inmediatamente una moratoria de las ejecuciones como primer paso hacia su abolición completa.
Información complementaria
Desde 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado, con un apoyo transregional cada vez mayor, seis resoluciones que piden a los Estados que aún mantienen la pena de muerte que dicten una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir dicha pena. La cifra total de votaciones a favor de estas resoluciones aumentó de las 104 de 2007 a las 117 de 2016. En la votación realizada hoy por la Tercera Comisión la cifra ha aumentado a 123. Tras la votación de hoy, se espera que la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU apruebe a mediados de diciembre este séptimo borrador de resolución para una moratoria de la pena de muerte.
Cuando la ONU se fundó en 1945, sólo ocho países habían abolido la pena de muerte. A día de hoy, 103 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas han abolido la pena de muerte para todos los delitos, y 139 la han abolido en la ley o la práctica. En 2017 no hubo ejecuciones en 170 Estados miembros de la ONU (el 88%).
Aunque no son legalmente vinculantes, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU tienen un considerable peso moral y político. La adopción de estas resoluciones pioneras ha introducido claramente la pena de muerte en las prioridades de derechos humanos de la comunidad internacional, y ha generado un nuevo impulso entre la sociedad civil y los gobiernos de todas las regiones respecto al final de las ejecuciones y a la eliminación de esta pena de la legislación nacional.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.


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